Cuba atraviesa una de las crisis más graves de las últimas décadas. La escasez de combustible, el colapso del sistema eléctrico y el deterioro acelerado de las condiciones de vida se producen en un contexto de presión económica creciente por parte de Estados Unidos, marcada por sanciones, amenazas de aranceles secundarios y un cerco energético que ha reducido drásticamente las posibilidades de abastecimiento de la isla. La situación ha reactivado el debate sobre la política de Washington hacia La Habana.

En ese marco, el presidente Donald Trump ha afirmado públicamente que existen conversaciones en curso con altos funcionarios cubanos, presentándose como un actor dispuesto a explorar una salida negociada al actual impasse. Desde La Habana, el gobierno cubano ha reiterado en múltiples ocasiones su disposición a dialogar sobre una amplia gama de temas, siempre que las conversaciones se desarrollen sin presiones ni precondiciones y sobre la base del respeto a la soberanía.

Sin embargo, una investigación periodística y exclusiva publicada por Drop Site News desmonta esa narrativa. De acuerdo con fuentes cubanas y estadounidenses citadas por el medio, no existen ni han existido negociaciones de alto nivel entre Washington y La Habana. Las supuestas conversaciones a las que alude Trump serían, en realidad, una ficción construida desde el propio Departamento de Estado. Según el reportaje, el presidente estaría siendo deliberadamente desinformado sobre el estado real de los contactos con Cuba, parte de una estrategia interna para bloquear cualquier avance diplomático.

La investigación señala que el secretario de Estado, Marco Rubio, es el principal operador de esta maniobra para ganar tiempo, fabricar el relato de un diálogo fallido y, llegado el momento, justificar una política de endurecimiento aún mayor.

La ficción diplomática

Según el artículo de Drop Site News, un elemento clave para entender la política de Washington hacia Cuba en el actual gobierno de Donald Trump es la existencia de una diplomacia paralela operada desde el propio Departamento de Estado.

Este mecanismo cumple una función precisa. Permite simular un intento de negociación destinado al fracaso, de modo que, una vez agotada esa vía ficticia, pueda argumentarse que la intransigencia cubana dejó como única opción una política de "máxima presión". La maniobra no solo bloquea cualquier acercamiento real, sino que preserva a Rubio frente a un dilema político interno: firmar o facilitar un acuerdo con el gobierno cubano significaría traicionar a la base que sostiene su poder político.

La política hacia Cuba está condicionada por una constelación de intereses electorales, ideológicos y financieros asentados en el sur de Florida, capaces de castigar políticamente a cualquier figura republicana que se aparte de una línea dura contra La Habana. Rubio representa a esa base y actúa como su garante dentro del aparato ejecutivo.

Las declaraciones públicas de Trump muestran que el presidente no percibe a Cuba como un enemigo ideológico central. Fuentes citadas por Drop Site señalan que su interés se orienta más hacia oportunidades económicas y control migratorio que hacia un cambio de régimen en la isla. Esa diferencia de enfoque explica por qué el bloqueo interno resulta necesario. Rubio no puede oponerse abiertamente al presidente sin pagar costos políticos inmediatos, pero sí puede condicionar la información que recibe y administrar los tiempos de la diplomacia.

La dinámica no es nueva. Durante años, la política estadounidense hacia Cuba ha estado atravesada por un sistema de intermediación donde actores del exilio cubanoamericano han ejercido una influencia desproporcionada. Lo que distingue el momento actual es el grado de autonomía con el que esa lógica opera dentro del Ejecutivo.

El veto de Miami

Buena parte de la conducta de Marco Rubio en política exterior no puede entenderse únicamente como una expresión ideológica personal ni como una extensión mecánica de la agenda de Donald Trump. Responde, ante todo, a un veto político estructural asentado en el sur de Florida, donde el anticastrismo más radical funciona en calidad de factor de disciplinamiento interno dentro del Partido Republicano y constituye un límite infranqueable para cualquier intento de negociación con La Habana.

Ese veto explica por qué Rubio está dispuesto a operar incluso contra el propio presidente. En ese esquema, cualquier acercamiento real con el gobierno cubano supondría para él una ruptura con la base que sostiene su poder político, financiero y electoral.

Rubio construyó su carrera desde Florida articulando una identidad política inseparable del anticastrismo militante. Desde sus primeros cargos locales hasta su proyección nacional, el tema cubano es un eje estructurante de su discurso, convirtiéndose en un mecanismo de acumulación de poder dentro de una comunidad política altamente organizada, movilizada y con capacidad de castigo electoral.

Este posicionamiento le permitió consolidarse como portavoz privilegiado de los sectores más duros del exilio cubanoamericano, al tiempo que lo proyectó como operador clave en la agenda hemisférica de Washington. La consecuencia directa es una política exterior rígida, donde el margen de maniobra presidencial queda subordinado a los equilibrios internos de Florida.

Ese perfil ideológico se encuentra respaldado por estructuras materiales concretas. Tal como documentan investigaciones previas de nuestra tribuna, el ascenso de Rubio ha estado acompañado por lobbies empresariales y sectoriales con intereses bien definidos, entre ellos la industria carcelaria privada, desarrolladores inmobiliarios de Florida y grupos de presión proisraelíes.

El vínculo con empresas como GEO Group, altamente beneficiadas por políticas de criminalización migratoria y expansión del sistema de detención, refuerza una agenda securitaria donde la coerción estatal se traduce en rentabilidad económica. En este entramado, el discurso de "mano dura" hacia Cuba, Venezuela o la migración es funcional a intereses corporativos que financian y sostienen su carrera.

Más delicado aún es el ecosistema político que rodea a Rubio en el sur de Florida. El senador ha recibido respaldo explícito de organizaciones y figuras históricamente vinculadas a la violencia política y al terrorismo contra Cuba.

Entre ellas destaca la Brigada 2506, organización directamente asociada a la invasión de Bahía de Cochinos, referente simbólico y político del anticastrismo más extremo. A ese entramado se suman personajes como Orlando Gutiérrez-Boronat, dirigente que ha llamado reiteradamente a la intervención militar estadounidense en Cuba, y Luis Posada Carriles, responsable de múltiples acciones terroristas, incluida la voladura de un avión civil con 73 personas a bordo, fallecido en Miami sin rendir cuentas ante la justicia estadounidense.

El silencio institucional y mediático frente a estos respaldos revela hasta qué punto el control político del anticastrismo radical en Florida es capaz de condicionar a gobiernos, partidos y medios.

Desde esta perspectiva, el comportamiento del secretario de Estado frente a Cuba —y su disposición a sabotear cualquier vía de negociación— es la expresión coherente de un poder local que proyecta su influencia sobre la política exterior de Estados Unidos. Un poder que, en palabras del periodista cubano Iroel Sánchez, explica por qué en Washington no hay simple cautela frente al exilio de Miami, sino temor.

Política exterior capturada y consecuencias regionales

El caso cubano funciona como un laboratorio donde se observa un patrón más amplio: la captura de decisiones estratégicas por actores capaces de operar por encima del presidente y de las instituciones formales del Estado, precisamente por responder a intereses corporativos de mayor peso. Marco Rubio es una de las expresiones más acabadas de ese sistema.

Esto se replica en otros frentes. La obsesión de Rubio con el cambio de régimen no se limita a La Habana. Venezuela es un segundo eje permanente, donde la presión económica, la criminalización de la migración y la militarización discursiva cumplen funciones similares. Su capacidad para bloquear negociaciones, condicionar información y forzar escenarios de confrontación muestra hasta qué punto Estados Unidos admite y normaliza este tipo de prácticas.

Lo que confirma este caso es una arquitectura de poder donde la simulación diplomática, por un lado, y las medidas de asfixia económica, por el otro, se integran como herramientas habituales. En ese marco, la pregunta ya no es si habrá negociaciones con Cuba, sino quién decide realmente que no las haya. Y la respuesta deriva sobre Miami y sus alrededores.