Entre 2017 y 2020, la primera administración de Donald Trump instrumentó contra Venezuela el régimen de sanciones más agresivo de la historia contemporánea contra un país productor de petróleo. El diseño de esta política, lejos de responder a objetivos de derechos humanos como se alegó oficialmente, configuró un embargo de facto orientado a desarticular la columna vertebral de la economía venezolana.
Un estudio de Francisco Rodríguez sobre el tema documenta que la caída de la producción petrolera venezolana se aceleró de -1,0% mensual entre enero de 2016 y agosto de 2017 —mes de las sanciones financieras— a -3,1% mensual durante los siguientes 16 meses. La metodología de control sintético aplicada por el economista venezolano permite establecer que, de no haber existido las sanciones financieras de agosto de 2017, la producción petrolera se habría mantenido estable, estimándose pérdidas entre 616 mil y 1 millón 23 mil barriles diarios.
Trump 1.0: Aceleración del declive petrolero venezolano
La Orden Ejecutiva 13808 de agosto de 2017 constituyó el primer impacto directo contra el circuito financiero de PDVSA, restringió el acceso a financiamiento internacional y congeló activos en jurisdicción estadounidense. El documento analizado detalla que esta medida afectó específicamente a las empresas con acceso a financiamiento externo, que representaban el 46% de la pérdida de producción atribuible a las sanciones.
El segundo golpe llegó en enero de 2019 con la designación de Pdvsa como entidad sancionada y el reconocimiento del gobierno paralelo de Juan Guaidó, lo que provocó una contracción adicional del 35,2% en la producción entre enero y marzo de ese año.
La tercera fase, las sanciones secundarias de febrero-marzo de 2020 contra empresas rusas y mexicanas encargadas de la comercialización internacional, generó una caída del 55,7% entre febrero y junio de 2020.
El mecanismo de destrucción operó mediante múltiples vías. La confiscación de Citgo, valuada en aproximadamente 8 mil millones de dólares, privó a Venezuela de 900 millones de dólares mensuales en dividendos y de la capacidad de adquirir diluyentes necesarios para procesar el crudo extrapesado venezolano.
El diferencial de precios entre el crudo Merey venezolano y el Brent alcanzó descuentos de hasta 40% en 2018, con precios de venta de 18 dólares por barril en 2020 frente a los 41 dólares del referencial internacional.
El presidente Nicolás Maduro reveló en septiembre de 2020 que Venezuela perdió el 99% de sus ingresos petroleros entre 2014 y 2019, una caída que algunos analistas compararon con la de una economía bajo conflicto militar convencional.
La cadena de valor de Pdvsa sufrió un impacto del 70,83% en su efectividad operativa. Las sanciones secuenciales afectaron la exploración, producción, refinación y comercio, restringiendo el acceso a tecnología, repuestos y servicios especializados. La retirada de empresas prestadoras de servicios como Halliburton, Schlumberger y Baker Hughes, limitadas a operaciones de mera preservación de activos, dejó a la industria sin capacidad de mantenimiento preventivo. El número de plataformas petrolíferas operativas cayó en correlación directa con la producción, evidenciando que el colapso no respondió a factores endógenos de gestión sino a la imposibilidad material de operar bajo restricciones financieras y comerciales extremas.
La progresiva recuperación de Venezuela
La respuesta venezolana al asedio estadounidense configuró un proceso de reconfiguración geopolítica energética con implicaciones globales. A partir de 2020, el gobierno de venezolano, con el presidente Maduro a la cabeza, implementó el Plan de Recuperación Integral Productiva (PRIP), estructurado en cuatro fases: contención de la caída, estabilización de la producción, recuperación sostenida y crecimiento.
La entonces vicepresidenta, Delcy Rodríguez, enfatizó en 2025 que "la producción petrolera y de gas de Venezuela se mantiene, y en proceso de recuperación, con esfuerzos propios, que es el camino que debe guiarnos, no hay otro camino"’. Además, ha defendido el derecho venezolano a la cooperación con países amigos, particularmente China, Rusia e Irán.
Los datos oficiales del Banco Central de Venezuela indican que la producción petrolera creció 18,23% en el primer trimestre de 2025, alcanzando niveles superiores a los 800 mil barriles diarios según comunicaciones directas de Pdvsa a la OPEP. Esta recuperación se desarrolló mediante la activación de los Consejos Productivos de Trabajadores Petroleros (CPTP), la rehabilitación de infraestructura crítica y la sustitución de tuberías en el Lago de Maracaibo. La Ley Antibloqueo de octubre de 2020 creó el marco jurídico para operaciones comerciales bajo condiciones de excepcionalidad, permitiendo la diversificación de rutas de exportación hacia mercados asiáticos.
La cooperación estratégica con Irán resultó particularmente crucial. El intercambio de crudo venezolano por gasolina iraní, documentado públicamente desde 2020, permitió estabilizar el suministro interno de combustibles mientras se reconstruía la capacidad de refinación nacional. China, a través de la Corporación Nacional de Petróleo (CNP), y Rusia, vía Rosneft, mantuvieron operaciones en empresas mixtas que se convirtieron en "islas de productividad" dentro del sector. Estas asociaciones estratégicas permitieron reducir la dependencia de mercados occidentales y establecer mecanismos de comercialización alternativos, aunque con costos financieros superiores al 30% por efecto de las sanciones secundarias.
La recuperación operativa se tradujo en resultados macroeconómicos medibles. El PIB venezolano creció 9,32% en el primer trimestre de 2025, acumulando 16 trimestres consecutivos de expansión y cerró 2024 con un crecimiento anual de 8,54%.
Según el Balance Preliminar de las Economías de América Latina y el Caribe 2025, presentado por la Comisión Económica para las Naciones Unidas para América Latina y el Caribe (CEPAL), Venezuela es uno de los países con mayor crecimiento en la región en 2024 (8,5%) y 2025 (6,5%), superando ampliamente el promedio regional (2,3-2,4%). Esta trayectoria, desarrollada en paralelo con la contención de la inflación de 130.060% en 2018 a niveles de dos dígitos en la actualidad, evidencia que la economía venezolana logró adaptarse operativamente al régimen de sanciones mediante la reconstrucción de cadenas de comercialización alternativas y el fortalecimiento de la cooperación Sur-Sur.
La estrategia de desdolarización de las ventas petroleras ha sido una respuesta directa para evadir la arquitectura financiera de la OFAC, vinculando la producción nacional a un bloque de poder emergente que desafía la hegemonía del petrodólar.
El petróleo venezolano: parte vital de una competencia sistémica
La Asamblea Nacional aprobó en enero pasado la Ley de Reforma Parcial de la Ley Orgánica de Hidrocarburos, un instrumento que redefine el marco de participación en el sector petrolero venezolano. La reforma mantiene el dominio público de los yacimientos mientras introduce mecanismos de flexibilidad contractual: permite la participación de empresas privadas domiciliadas en Venezuela en actividades primarias, establece regalías de hasta 30% e impuestos integrados de hasta 15%, e incorpora cláusulas de arbitraje internacional para resolución de controversias. La duración máxima de empresas mixtas se fija en 25 años prorrogables por 15 adicionales, con reversión de activos al Estado al término de los contratos.
Esta reforma legislativa adquiere particular relevancia ante los planes anunciados por la administración Trump tras la operación militar del 3 de enero de 2026 que resultó en el secuestro del presidente Maduro y la primera dama, Cilia Flores. Aunque busca atraer inversión, establece marcos de control estatal y condiciones fiscales que priorizan la soberanía y la recuperación de la capacidad operativa nacional, no una entrega del patrimonio.
El episodio criminal creó una coyuntura de incertidumbre pero no alteró algunas dificultades estructurales. Los planes de Trump, catalogados como "una ruptura con precedentes para tomar control", dependen de una complejidad política y jurídica, también de la voluntad de corporaciones que hoy miran con más recelo los riesgos geopolíticos.
El secretario de Estado, Marco Rubio, detalló un plan de tres fases —estabilización, recuperación y transición— que incluiría la obtención y venta de petróleo venezolano por parte de Estados Unidos, con control de los ingresos para "beneficiar al pueblo venezolano". Sin embargo, la viabilidad de este esquema enfrenta obstáculos estructurales significativos:
- Años de sanciones han dejado una industria con una prolongada falta de acceso a capital y mantenimiento regular, por lo que la necesidad de inversiones masivas en rehabilitación disuaden a las corporaciones, que evalúan riesgos legales —las sanciones podrían reinstaurarse dada la ambigüedad de Trump— y operativos enormes.
- Las empresas mixtas operativas mantienen contratos vigentes con socios chinos, rusos e iraníes, cuya rescisión unilateral implicaría costos jurídicos y comerciales considerables.
- La reforma de la Ley de Hidrocarburos de 2026 establece que la propiedad de los yacimientos permanece inalienable, limitando el alcance de cualquier transacción que pretenda transferir el control estratégico del recurso.
- La experiencia de las sanciones ha demostrado que la comercialización petrolera venezolana puede operar con relativa autonomía de los circuitos financieros occidentales, reduciendo la efectividad de la coerción como instrumento de política exterior.
Las sanciones estadounidenses, lejos de consolidar la hegemonía energética de Washington, aceleraron la diversificación de socios de Venezuela hacia potencias que compiten directamente con Estados Unidos en el tablero tecnológico global.
El intento de Trump por poner a PDVSA en función de los intereses de Washington choca con una realidad: la infraestructura petrolera venezolana ya no depende exclusivamente de la tecnología estadounidense. La presencia de socios estratégicos en la Faja del Orinoco y las deudas vigentes con acreedores no occidentales actúan como un freno natural. Además, las sanciones que el propio Trump impuso en su primer mandato destruyeron los puentes logísticos que ahora sus corporaciones necesitarían para operar con eficiencia.
Más allá de las declaraciones de Trump, el contexto internacional añade una variable adicional de complejidad. El ascenso tecnológico y energético de China muestra que Beijing ha tomado la delantera en 57 de 64 tecnologías críticas entre 2019 y 2023, incluyendo energías renovables, fabricación de semiconductores y computación cuántica. Esta realidad transforma la disputa por el petróleo venezolano en un componente de una competencia sistémica más amplia, donde el control de recursos energéticos convencionales resulta estratégico para la dinámica energética global.
La paradoja final reside en que la "máxima presión" ejercida por Trump en su primera administración generó las condiciones para una reconfiguración del sector petrolero venezolano que podría dificultar los objetivos de su segunda administración. La recuperación con esfuerzo propio, la diversificación de socios estratégicos y la actualización del marco legal crean un escenario nucleado por una realidad operativa transformada.
El petróleo venezolano, lejos de constituir un botín accesible para la reconversión de la industria bajo control estadounidense, se ha convertido en un indicador de la multipolaridad energética emergente, donde la coerción unilateral pierde eficacia frente a la diversificación de alianzas.
Se trata de una batalla que ha dejado de ser un asunto bilateral para convertirse en un capítulo significativo en la reconfiguración del poder global.