El 10 de junio el Gobierno Bolivariano respondió con claridad la inclusión de Venezuela en la lista de países "de alto riesgo" publicada por la Unión Europea. Denunció el carácter selectivo, anacrónico y profundamente hipócrita de una burocracia que no puede garantizar orden en su propia casa.

La denuncia señala una verdad incómoda: Europa es, hoy por hoy, uno de los principales epicentros del lavado de dinero a escala global, donde el crimen financiero goza de una infraestructura sólida, tolerada y protegida.

La narrativa de la transparencia y la legalidad se desmorona al mirar hacia adentro. Lo que se presenta como control y sanción, en realidad opera como un sistema de protección para intereses selectos. Europa y, por ende, Estados Unidos no combaten el lavado de dinero: lo gestionan, lo exportan y lo blanquean con discursos. Y a quienes no se alinean con esa lógica, los ponen en listas negras.

Panorama 2025: el mapa del dinero sucio

La dimensión del problema ya no cabe en los márgenes de los reportes técnicos. En 2023 se lavaron unos 750 mil millones dentro de la UE, suma que equivale a 2,3% del PIB del bloque y concentra casi una cuarta parte del monto global estimado para ese año.

Para ilustrar ese flujo, el reporte Financial Crime Insights: Europe, elaborado por Nasdaq Verafin, desglosa así la cifra:

• 178 mil millones de dólares procedentes del narcotráfico.
• 82 mil millones de dólares provenientes de la trata de personas.
• 2,7 mil millones de dólares ligados a la financiación del terrorismo.
• 487 mil millones de dólares derivados de otras actividades ilícitas, entre ellas crimen organizado, fraude y corrupción.

Naciones Unidas, por su parte, sigue fijando el intervalo mundial del lavado entre 2% y 5% del PIB planetario, un rango que sitúa a Europa como protagonista de los circuitos financieros ilícitos.

La edición 2025 del Financial Secrecy Index expone dónde se esconde esa opacidad: Estados Unidos repite en el puesto 1 y Suiza en el 2, mientras que dentro de la propia UE sobresalen Luxemburgo (5.º), Alemania (6.º) y Países Bajos (7.º). El entramado británico tampoco es ajeno. Su dependencia, Guernsey, se sitúa entre los diez primeros, y el propio Reino Unido, si bien ha retrocedido, permanece aun en el puesto 20.

En conjunto, estas jurisdicciones occidentales concentran más de una quinta parte de la opacidad financiera mundial, realidad que desmonta el discurso moralista con el que Bruselas y Washington señalan a terceros países.

El corredor oriental

La ruta más permeable del dinero sucio europeo se extiende hasta los Balcanes. Moldavia abre el camino: en diciembre de 2023 su parlamento destituyó al gobernador del Banco Central por su inacción ante el "robo del siglo", cuando en 2014 1 000 millones de dólares evaporaron 12% del PIB del país. Un año después, el índice CPI 2024 le otorgó 43 puntos, lo que certificó que la corrupción sigue incrustada en la institucionalidad financiera.

El siguiente eslabón es Hungría. Bruselas mantiene congelados 6 mil 300 millones de euros de fondos de cohesión por "riesgo sistémico de corrupción" y falta de reformas judiciales. La señal se refuerza con su peor desempeño histórico en Transparencia Internacional: 41 puntos en 2024, el registro más bajo de toda la UE. Hungría se consolida de esta manera como centro logístico donde confluyen flujos ilícitos de la península balcánica y dividendos de oligarquías locales que luego se reciclan en bancos austriacos o alemanes.

Al sur, Kosovo, con un panorama más turbio, completa el corredor. Más de 30% de su economía se mueve en efectivo y la vigilancia bancaria sigue siendo mínima. El Informe de Ampliación de la UE 2024 admite que Pristina apenas ha "parcialmente" armonizado su ley contra el lavado y la financiación del terrorismo y que todavía debe reforzar los supervisores financieros.

En ese ecosistema prosperan redes que ya demostraron su alcance en la saga de la clínica Medicus, donde decenas de riñones fueron vendidos por hasta 100 mil euros cada uno, blanqueados luego en propiedades y cuentas en el exterior.

Paraísos en casa y un reglamento que no alcanza

Los paraísos fiscales no están solo en islas lejanas. Luxemburgo, que saltó a la fama en ese renglón con los LuxLeaks, sigue ofreciendo acuerdos tributarios secretos que permiten a grandes empresas pagar casi nada de impuestos. Por eso todavía figura en el puesto 5 del Financial Secrecy Index 2025.

Más al sur, Chipre dejó pasar el 20 de mayo de 2025, plazo que la UE le dio para abrir una unidad nacional de sanciones, porque el poderoso colegio de abogados frenó la ley ya que temen perder el negocio de crear sociedades pantalla, es decir, compañías sin empleados ni actividad real que solo sirven para ocultar al dueño verdadero y mover dinero sin dejar rastro.

Bruselas presume de la Sexta Directiva Antilavado (AMLD 6), pactada políticamente en enero 2024 y aprobada en mayo del mismo. Una ley marco que amplía la lista de delitos de blanqueo y lanza la Autoridad Europea Antilavado (AMLA). Sin embargo, las nuevas reglas no se aplicarán del todo hasta 2027 y, mientras tanto, la vigilancia depende de 27 supervisores nacionales con criterios distintos.

El informe EU-Socta 2025 advierte que, aprovechando esas grietas, el crimen organizado ya usa un "sistema financiero paralelo" sostenido por plataformas financieras digitales opacas y redes de testaferros que la normativa vigente no atrapa.

Ucrania: el socio intocable

Pese al evidente panorama de corrupción que se arrastra desde el Euromaidán, Ucrania sigue fuera de las listas negras de la UE. El propio Vladímir Zelenski admitió hace poco "esquemas financieros ocultos" en los servicios tributario y de supervisión: redes donde "oligarcas, funcionarios y parlamentarios" habrían desviado miles de millones de grivnas.

Los señalamientos sobran, así como los casos que involucran a Bruselas. El exministro alemán Oskar Lafontaine declaró el 31 de diciembre de 2024 que el país "está gobernado por oligarcas corruptos" sostenidos con subsidios europeos, y tres días antes el senador estadounidense Mike Lee lo calificó de "símbolo universal del blanqueo de capitales".

En mayo, en un artículo publicado en el portal ruso Izvestia, el politólogo bielorruso Petr Petrovski advirtió que las compras de armamento realizadas por Kiev a proveedores desconocidos, por "cientos de millones de dólares", podrían formar parte de un "esquema de la Unión Europea para el lavado de dinero".

Y Europol desarticuló una red que aprovechaba el estatuto de protección temporal de los refugiados ucranianos para mover grandes sumas en efectivo entre países de la UE.

Aun así, el bloque europeo blinda a Kiev con liquidez. Desde febrero de 2022 ha comprometido cerca de 148 mil millones de euros para sostener al gobierno ucraniano. De esa cifra, 77 mil millones figuran como "ayuda financiera, económica y humanitaria", al tiempo que fluyen recursos militares y fondos especiales. El último giro de 3 mil 500 millones de euros del Ukraine Facility se realizó el 1 de abril de 2025, y elevó hasta unos 20 mil millones las transferencias canalizadas por ese programa en apenas doce meses.

La conveniencia política pesa más que los indicadores de riesgo. Exhibir a Kiev como foco de lavado socavaría el relato geopolítico que justifica la guerra y el negocio multimillonario detrás de ella.

De esta manera se hace evidente que la etiqueta de "alto riesgo" funciona como un candado que la UE abre y cierra cuando le conviene para proteger sus privilegios, mientras el lavado de dinero sigue tranquilo en las grandes plazas financieras europeas.

Apuntar a gobiernos con autonomía y soberanía política, como el de Venezuela, revela el verdadero propósito de la lista: criminalizar terceros por agendas desestabilizadoras y blanquear los crímenes propios con abierta hipocresía.