La reciente irrupción militar de Estados Unidos sobre un tanquero en el Caribe, a escasa distancia de las aguas venezolanas, volvió a revelar el tipo de operaciones que Washington ejecuta bajo el amparo de sus sanciones unilaterales. El abordaje, realizado mediante helicópteros y personal armado, fue presentado por las autoridades estadounidenses como una acción "legal" derivada de un mandato federal, pese a que no existe reconocimiento internacional para esas medidas extraterritoriales ni jurisdicción alguna que las valide fuera de su territorio.

Desde Caracas, la vicepresidenta Delcy Rodríguez denunció el robo dirigido a apropiarse del petróleo venezolano y advirtió que el país acudiría a instancias multilaterales para exponer la violación flagrante del derecho internacional.

La operación encaja en una tendencia creciente de interdicciones marítimas ejecutadas por Washington en escenarios donde pretende imponer su autoridad más allá de cualquier marco jurídico reconocido.

El abordaje en el Caribe y la expansión de la doctrina de interdicción estadounidense

La operación contra el tanquero M/T SKIPPER, ejecutada por fuerzas especiales, infantes de marina y personal del Coast Guard, expone la lógica que Washington intenta normalizar en el Caribe: aplicar sanciones unilaterales mediante despliegues militares en aguas internacionales o adyacentes a zonas jurisdiccionales sin reconocimiento de los Estados.

Según los reportes difundidos, dos helicópteros MH-60 insertaron tropas en la embarcación a primera hora de la mañana, en un procedimiento que recuerda operativos de captura de objetivos en zonas de guerra más que acciones de supuesta "seguridad marítima".

El argumento estadounidense se sostiene en acusaciones de vínculos con la Guardia Revolucionaria iraní y Hezbolá, etiquetas recurrentes en su política exterior para justificar medidas extraterritoriales. Sin embargo, la propia administración norteamericana ha condenado abordajes similares cuando los ejecuta otro país. Cuando Irán interceptó un buque en 2024, el Comando Central calificó el hecho de "violación del derecho internacional" y de amenaza a la libertad de navegación. La contradicción deja al descubierto la doble vara jurídica que Washington emplea para legitimar acciones que ninguna convención marítima autoriza.

La respuesta del Gobierno venezolano subrayó esta ilegalidad. En su declaración oficial, Delcy Rodríguez afirmó que la operación revela que el verdadero objetivo de Estados Unidos es apropiarse del petróleo venezolano sin mediación legal ni compensación alguna. También anunció el inicio de una ruta de denuncias internacionales, al señalar que el incidente constituye un ilícito que compromete la responsabilidad del Estado norteamericano.

Un patrón consolidado

Para Washington, la piratería de Estado en alta mar se ha convertido en una práctica normalizada, presentada bajo el ropaje de "operaciones de cumplimiento" o "acciones de seguridad", pero orientada en realidad a la confiscación de cargamentos energéticos estratégicos. En los últimos años, esta lógica se ha desplegado con especial intensidad contra buques vinculados a Irán, Rusia y Venezuela, extendiendo al océano la aplicación extraterritorial de sanciones que ningún organismo internacional ha autorizado y que vulneran la libre navegación. Ese prontuario permite entender que lo ocurrido con el Skipper no constituye una excepción, sino la continuidad de un método sistemático.

En agosto de 2020, el Departamento de Justicia anunció la confiscación de cuatro tanqueros que transportaban gasolina iraní hacia Venezuela (los buques Bella, Bering, Pandi y Luna) en una operación apoyada por "socios extranjeros" y presentada como un acto de cumplimiento de sanciones.

Tres años después, en 2023, Estados Unidos repitió la fórmula con el petrolero Suez Rajan, acusado de movilizar crudo iraní hacia Asia. El cargamento fue retenido y confiscado tras presiones legales y financieras sobre el operador, un procedimiento que Teherán calificó abiertamente de robo estatal.

Con Rusia, el esquema adquirió nuevas dimensiones. Tras las sanciones de 2022, varios buques con petróleo o refinados relacionados con compañías rusas han sido interceptados o redirigidos bajo la amenaza de sanciones secundarias, con carga posteriormente confiscada y vendida en beneficio del Tesoro estadounidense.

Venezuela ha sido uno de los principales blancos. Entre 2019 y 2021, múltiples embarques de combustible enviados desde Irán fueron perseguidos, obstaculizados o confiscados por Estados Unidos, en ocasiones subastados luego en el mercado interno estadounidense.

Más de 30 buques petroleros sancionados por Estados Unidos que operan en Venezuela podrían enfrentar acciones similares tras la incautación del Skipper, según Reuters. La medida ha puesto en alerta a navieras, operadores y agentes marítimos, muchos de los cuales están reconsiderando zarpar de puertos venezolanos ante el riesgo de ser abordados en alta mar.

Piratería como doctrina

Cuando Washington decide actuar de este modo en el mar Caribe, lo hace desde la premisa tácita de que cualquier espacio donde circulen recursos energéticos puede transformarse, de un momento a otro, en escenario de "interdicción legítima". No importa si la operación se presenta como tarea policial, maniobra de seguridad o simple extensión de sanciones; el resultado apunta siempre a hacer sentir su autoridad sobre buques y cargas que no le pertenecen.

Estas acciones crean un ambiente donde la excepcionalidad deja de ser excepcional. La captura de cargamentos iraníes, la confiscación de otros vinculados a Rusia, las maniobras contra buques que transportan crudo venezolano están asentando un precedente que se aplica sin mediación multilateral y sin someterse a los marcos del derecho internacional. Cada nueva acción amplía un territorio operativo que Washington administra a conveniencia, aun cuando sus propias agencias han condenado maniobras idénticas cuando son ejecutadas por terceros que no les favorece.

De ahí que Venezuela insista en llevar el caso a las instancias internacionales. Detener el avance de esta práctica significa también impedir que se normalice un modelo de despojo donde los recursos de un país pueden ser saqueados sin consecuencia alguna. En un Caribe al que Estados Unidos pretende tener cada vez más militarizado, comprender este patrón resulta esencial.