El medio estadounidense The Intercept publicó detalles sobre las operaciones militares ordenadas por la administración Trump en el Caribe. De acuerdo con esa información, se registraron dos ataques con explosivos contra embarcaciones y un asalto a un barco atunero venezolano.

La actualización más reciente del reporte, con fecha 15 de septiembre, daba cuenta de estos hechos. Sin embargo, el 16 de septiembre Donald Trump declaró que en realidad habían sido destruidos tres barcos, aunque solo dos se han mostrado públicamente.

Al interior de la propia administración y en otros espacios institucionales de Estados Unidos han surgido declaraciones que no están en sintonía con la versión del presidente. Las declaraciones apuntan a que lo ocurrido no tiene sustento legal y que se trata, en esencia, de una política de agresión contra Venezuela.

Declaraciones desde el interior de Estados Unidos

Entre las voces que han salido a pronunciarse destaca la representante demócrata Sara Jacobs, quien advirtió sobre la gravedad de las acciones emprendidas por la administración Trump.

"Estoy profundamente preocupada por este nuevo informe que indica que la Administración Trump lanzó múltiples ataques contra el barco frente a Venezuela. Ni siquiera se molestaron en solicitar la autorización del Congreso, presumieron de estos asesinatos y adelantaron que habría más", señaló.

A su juicio, la delegación de responsabilidades de guerra al Ejecutivo ha llegado demasiado lejos:

"Durante décadas, el Congreso ha cedido injustamente al presidente la responsabilidad de declarar la guerra, y ahora vivimos con esas consecuencias. Por eso nunca ha sido más importante que el Congreso recupere nuestras responsabilidades en materia de poderes de guerra y garantice una supervisión exhaustiva y transparencia en todas las acciones militares de la Administración Trump".

En la misma línea, la congresista Ilhan Omar presentó una resolución que busca "poner fin a las hostilidades contra Venezuela y contra las organizaciones criminales transnacionales que la administración ha designado como terroristas este año".

Desde el ámbito legal, Sarah Harrison, exconsejera del Pentágono y actual analista del International Crisis Group, cuestionó de forma categórica la narrativa de la guerra esgrimida por Trump. "Enmarcar la guerra confunde el asunto. Esto no es una guerra. Las fuerzas estadounidenses salieron y cometieron asesinatos", afirmó.

Para Harrison, no existe ninguna justificación que habilite el uso de la fuerza:

"No hubo ningún ataque armado contra Estados Unidos que permitiera a este país usar la fuerza en defensa propia. No existe ningún conflicto armado entre Estados Unidos y ningún cártel ni país latinoamericano. La designación de cualquiera de estos grupos como terrorista extranjero no cambia eso. No autoriza el uso de la fuerza contra ellos".

La jurista subrayó además el carácter ilegal de los hechos:

"El asesinato de estos 11 hombres fue ilegal. Fue un asesinato premeditado de presuntos delincuentes —por definición, civiles—, basado en los hechos proporcionados por la propia administración".

En el mismo sentido, aclaró que:

"Según el derecho nacional, y la misma norma se aplica al derecho internacional de los derechos humanos, el uso de fuerza letal solo puede ejecutarse si existe una amenaza inminente para la vida o lesiones corporales graves".

A estas valoraciones se sumó Sarah Yager, exasesora de derechos humanos del Estado Mayor Conjunto y actual directora de Human Rights Watch en Washington:

"Creo que esto debería ser una verdadera preocupación para todos: que el Estado de derecho se está viendo socavado, y desconocemos qué restricciones existen al uso de la fuerza".

Civiles como blanco y el disfraz del narcotráfico

En el primer ataque anunciado por Estados Unidos, murieron once personas que habían logrado sobrevivir a una primera embestida antes de ser alcanzadas nuevamente. Se trataba de "presuntos delincuentes —por definición, civiles—", como señaló Harrison, lo que confirma que no eran un blanco militar legítimo. En el otro episodio, un atunero venezolano con nueve pescadores a bordo fue abordado por un destructor de la Armada estadounidense, que retuvo a los tripulantes durante varias horas antes de dejarlos en libertad.

Sobre estas operaciones, Donald Trump afirmó que las acciones formaban parte de la lucha contra el narcotráfico. "¡ATENCIÓN! SI TRANSPORTAN DROGAS QUE PUEDEN MATAR ESTADOUNIDENSES, ¡LOS ESTAMOS PERSIGUIENDO!", escribió en sus redes sociales al anunciar uno de los ataques.

En esa misma línea, el secretario de Estado, Marco Rubio, fue tajante: "En lugar de interceptarlo, por orden del presidente, lo hicimos estallar, y volverá a suceder".

El conjunto de estos hechos y declaraciones revela que lo ocurrido no corresponde a operaciones legítimas de interdicción, sino a ataques unilaterales contra embarcaciones civiles. Desde el punto de vista legal, constituyen una violación de normas elementales del derecho internacional y del derecho internacional de los derechos humanos, que prohíben el uso de fuerza letal contra civiles y en ausencia de una amenaza inminente.

La narrativa de "lucha contra el narcotráfico" sirve como pretexto: se presentan los barcos atacados como supuestos cargamentos de drogas, pero no existe prueba de ello ni de que procedieran de Venezuela. En la práctica, se trata de una política de agresión encubierta bajo una justificación que no resiste el contraste con los propios testimonios recogidos dentro de Estados Unidos.