En días recientes, el New York Times publicó un reportaje sobre los ataques ejecutados por fuerzas militares estadounidenses contra pequeñas embarcaciones frente a las costas venezolanas. Estas operaciones, presentadas por la administración Trump como parte de una ofensiva contra el narcotráfico y justificadas bajo la premisa de un conflicto armado contra supuestos cárteles, han resultado en la muerte de al menos 27 personas en cinco incidentes distintos, según cifras oficiales. El presidente estadounidense afirmó en Truth Social el 14 de octubre que un quinto ataque mortal en el Caribe cobró la vida de seis personas a bordo de una pequeña embarcación acusada de transportar drogas.
Sin embargo, el propio trabajo periodístico introduce un matiz que rompe con el tono habitual de esa narrativa. A partir de datos de agencias estadounidenses y de organismos internacionales, el texto reconoce que la mayor parte del tráfico de cocaína hacia Estados Unidos se desplaza por el Pacífico y no por el Caribe, y que Venezuela no figura entre los países con incidencia directa en la producción o el tránsito de drogas.
Los hechos no son nuevos, pero adquieren otra resonancia cuando provienen del propio sistema mediático que, durante años, ha respaldado la retórica de Washington sobre un supuesto "narcoestado" venezolano.
El mapa que desmiente la narrativa
El New York Times reconoce en su propio análisis lo que las cifras oficiales de Naciones Unidas y de la DEA vienen registrando desde hace años: el tráfico de cocaína que abastece al mercado estadounidense no tiene a Venezuela como eje, ni en la producción ni en el tránsito. La cartografía publicada por el diario estadounidense muestra con claridad que las principales rutas del narcotráfico atraviesan el Pacífico, no el Caribe, y que su origen se concentra en Colombia, Perú y Bolivia, los tres grandes productores de hoja de coca del continente.
La llamada guerra antidrogas que hoy justifica operaciones militares frente a las costas venezolanas se apoya, por tanto, en un mapa distorsionado. Mientras Washington habla de "cárteles del régimen" y presenta sus ataques como parte de un conflicto armado, la evidencia empírica ubica el flujo principal de cocaína muy lejos de las aguas caribeñas. Según los informes de la ONUDD, el 87% del tráfico global sale por el Pacífico, especialmente desde los puertos colombianos y ecuatorianos, y solo un 5% intenta cruzar por el territorio venezolano.
En ese 5%, la mayor parte es interceptada antes de salir del país. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) y los organismos de seguridad venezolanos han destruido cientos de pistas clandestinas, derribado más de 400 aeronaves y decomisado más de 56 toneladas de droga solo en 2025, según los reportes del Ministerio de Interior y Justicia. Desde la expulsión de la DEA en 2005, el desempeño de Venezuela en materia de control antidrogas no solo se ha mantenido, sino que ha mejorado de manera sostenida. Esa realidad contrasta con la narrativa internacional que, sin pruebas verificables, insiste en convertir al país en un epicentro del narcotráfico.
La vicepresidenta Delcy Rodríguez, en su conferencia del pasado 9 de septiembre, expuso este punto con un enfoque sistemático: "Durante veintisiete años consecutivos, Venezuela no aparece en los informes de la ONU como país de relevancia en materia de drogas ilícitas". Mostró que los registros oficiales ubican a Ecuador como principal exportador de cocaína del mundo, una afirmación respaldada por la propia Organización Mundial de Aduanas, mientras los Estados Unidos concentran el 85% de las ganancias globales del negocio ilícito en su sistema financiero.
El contraste entre los datos y el discurso político revela un patrón de larga data. Cuando la realidad no coincide con el relato, el mapa se reescribe para sostener la ficción. El New York Times, al reproducir sin adornos las cifras oficiales de la DEA y de la ONUDD, terminó mostrando que la ofensiva militar en el Caribe no se sostiene en fundamentos técnicos, sino en una construcción narrativa que busca criminalizar al Estado venezolano.
El mito del fentanilo
El segundo gran punto que confirma el New York Times es también el más revelador en la narrativa reciente de Washington: Venezuela no tiene ningún vínculo con el fentanilo. Los datos oficiales del propio gobierno estadounidense, reunidos en el International Narcotics Control Strategy Report (INCSR 2025) del Departamento de Estado y en los informes de la DEA, establecen que la totalidad de la producción ilícita de esa sustancia proviene de laboratorios instalados en México, donde se sintetiza con precursores químicos importados desde China y otras naciones asiáticas.
El documento señala que Venezuela no figura ni como país productor, ni como zona de tránsito, ni como mercado relevante dentro de la cadena del fentanilo. La droga que alimenta la crisis de sobredosis en Estados Unidos tiene un circuito cerrado que involucra la fabricación en México, transporte terrestre hacia la frontera norte y distribución interna por redes del crimen organizado estadounidense.
Esa estructura explica por qué los ataques militares contra pequeñas embarcaciones en el Caribe carecen de lógica operativa. El fentanilo se moviliza en cantidades reducidas y de alto valor, muchas veces en pastillas o polvo, lo que facilita su traslado terrestre o por paquetería comercial. No requiere barcos, ni rutas marítimas largas, ni infraestructuras logísticas costosas. Su tráfico, de hecho, está diseñado para evadir la detección masiva, no para llenar lanchas con cargamentos visibles desde drones o radares.
En ese contexto, la afirmación de Donald Trump de que las embarcaciones destruidas frente a las costas venezolanas transportaban "drogas suficientes para matar a decenas de miles de estadounidenses" se desmonta por sí sola. Ni el New York Times ni los informes técnicos de la DEA ofrecen evidencia que vincule esas operaciones con el fentanilo. Washington utiliza el tema del fentanilo, una crisis doméstica que en 2024 causó más de 80 mil muertes por sobredosis, como un pretexto de presión internacional, desplazando la atención de su responsabilidad interna hacia un enemigo externo conveniente.
Del relato al pretexto
La metáfora elegida por la vicepresidenta Delcy Rodríguez hace un mes ("Estados Unidos necesita ajustar el GPS") adquiere una literalidad incómoda a la luz del reportaje del New York Times. Si los propios mapas del sistema estadounidense señalan que el tráfico de drogas se desplaza por el Pacífico y que Venezuela no figura ni como productor ni como corredor relevante, la pregunta se impone por sí sola: ¿por qué los misiles apuntan al Caribe?
La respuesta se halla en la política exterior y la proyección de fuerza. Desde la firma del decreto de Barack Obama en 2015, que calificó a Venezuela como una "amenaza inusual y extraordinaria" para la seguridad nacional de Estados Unidos, el argumento de las drogas ha sido un recurso recurrente para justificar presiones, sanciones y ejercicios militares. Lo que hoy se presenta como una guerra contra los cárteles venezolanos continúa esa misma lógica de intervención bajo otro nombre.
Como subrayó Rodríguez, el narcotráfico es el pretexto funcional de una hoja de ruta geopolítica que busca deslegitimar al Estado venezolano y erosionar su soberanía sobre los recursos estratégicos. En ese guion, los barcos destruidos y las imágenes de operativos en el Caribe cumplen un papel simbólico: proyectar una amenaza inexistente para sostener la idea de un enemigo a las puertas del hemisferio.
Los informes técnicos del propio sistema estadounidense y de la ONU revelan otro panorama. La crisis de sobredosis que asola a Estados Unidos es una epidemia interna, alimentada por redes financieras, farmacéuticas y logísticas que operan dentro de su territorio.
La vicepresidenta fue tajante al respecto: "El 85% de las ganancias del narcotráfico se queda en el sistema financiero norteamericano". Esa cifra, respaldada por organismos internacionales, coloca el centro del problema no en los mares del Caribe, sino en Wall Street.
Así, el reportaje del New York Times, al exhibir la disonancia entre los datos oficiales y la retórica bélica, termina validando, aunque de manera indirecta, la tesis venezolana. Los ataques contra pequeñas embarcaciones no buscan frenar el narcotráfico, sino ejercer presión política sobre un país que ha resistido más de dos décadas de asedio económico, diplomático y mediático.