La "guerra contra las drogas" ha sido, durante décadas, un estandarte de la política exterior de Estados Unidos hacia América Latina. Sin embargo, un examen minucioso de la aplicación de esta política revela un patrón de conveniencia geopolítica, donde la supuesta lucha contra el narcotráfico se subordina con frecuencia a objetivos de realpolitik e influencia ideológica.
Mientras algunos gobiernos son fustigados y sancionados con todo el rigor de la ley, una serie de casos demuestra que políticos y expresidentes latinoamericanos, cuyas agendas coinciden con los intereses de Washington, han disfrutado de una notable impunidad o de un tratamiento benevolente, a pesar de existir serias acusaciones y evidencias que los vinculan con el crimen organizado y el lavado de dinero.
Paraguay: Horacio Cartes es acusado de narcolavado y perdonado por Trump
En octubre de 2022, un informe de la Comisión Bicameral de Investigación (CBI) del Congreso paraguayo sacudió los cimientos del establishment político debido a que Horacio Cartes fue descrito como el "arquitecto del tráfico ilícito de productos de tabaco en la región". El ahora expresidente del país (2013-2018) y uno de los hombres más poderosos del Cono Sur fue vinculado a lavado de dinero, evasión fiscal, tráfico de armas e incluso alianzas con Hezbollah y la red criminal Primer Comando da Capital (PCC) brasileño.
Las acusaciones no eran nuevas, pero esta vez venían respaldadas por pruebas documentales, registros financieros y testimonios que señalaban una red transnacional de contrabando y blanqueo de capitales que operaba desde su conglomerado empresarial, Grupo Cartes, propietario de Tabacalera del Este (Tabesa).
Según la CBI, durante la presidencia de Cartes, Tabesa habría movido más de 2 mil millones de dólares en transferencias internacionales sospechosas, incluyendo pagos a cuentas en paraísos fiscales como las Islas Caimán. Además, se hallaron indicios de reembolsos tributarios fraudulentos y la participación de su hermana, Sarah Cartes, como testaferro en operaciones de lavado.
El emporio empresarial del entonces presidente -que incluye bancos, tabacaleras y puertos- habría servido como pantalla para lavar más de mil millones de dólares durante su gestión. Los documentos judiciales también mencionan la compra de activos inmobiliarios en Miami a través de sociedades offshore. Además, desde 2018, se documentaron varios operativos antidrogas que involucraron avionetas vinculadas a empresas del expresidente, ninguno de los cuales prosperó en los tribunales locales.
Sin embargo, pese a estas graves imputaciones, y a que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos lo sancionó en 2023 por "participación documentada con organizaciones terroristas extranjeras", el pasado 6 de octubre la administración Trump levantó oficialmente las sanciones que pesaban sobre el expresidente paraguayo.
Muchos analistas consideran el levantamiento de las sanciones emitido por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) como un pretexto para blanquear a un aliado estratégico. Cartes es actualmente titular del oficialista Partido Colorado y tiene una gran influencia en el gobierno de Santiago Peña, quien fue su ministro de economía y es considerado su ahijado político. Peña cumplió dos años en el cargo con mayoría en ambas cámaras del Congreso y un fuerte apoyo en el Poder Judicial. De hecho, en junio pasado la fiscalía paraguaya pidió desestimar las denuncias contra el expresidente.
La intercesión del secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, era esperada por un sector del Partido Colorado desde el año pasado. La decisión fue celebrada por Cartes como una “reivindicación”, pero generó indignación en sectores de la oposición paraguaya y en organizaciones internacionales de transparencia.
Argentina: El ultraderechista José Luis Espert en medio de otro escándalo para Milei
El candidato estrella de Javier Milei para las elecciones legislativas de 2025, José Luis Espert, se vio envuelto en un escándalo a finales de septiembre pasado. Fue denunciado formalmente por sus vínculos con el narcotráfico y la investigación judicial reveló que había recibido 200 mil dólares para su campaña de Federico "Fred" Machado.
El candidato admitió el recibimiento de los fondos, aunque alegó desconocer el origen ilícito del dinero. No obstante, la justicia argentina lo imputó por lavado de dinero, generando una crisis política de primer orden dentro del gobierno de La Libertad Avanza.
La respuesta oficial fue tan reveladora como la acusación misma debido a que se filtró la información de que el gobierno de Milei, en un movimiento sin precedentes, pretende la urgente reimpresión de todas las boletas electorales para el distrito de Buenos Aires, con el evidente objetivo de borrar el nombre de Espert de las mismas. Según cálculos de algunos medios, reimprimir las boletas costaría 14 mil millones de pesos (10,4 millones de dólares), una cifra imposible de justificar en medio del ajuste fiscal. Es una clara señal del pánico generado por un caso que mancha al principal aliado político de Milei en la capital.
El contexto es crucial porque Milei mantiene una alineación incondicional con el gobierno de Estados Unidos, que se ha mostrado dispuesto a comprar deuda pública argentina, tanto en el mercado secundarios como en el primario, acudiendo directamente a las emisiones. "Estamos trabajando con el gobierno argentino para poner fin a las exenciones fiscales para los productores de materias primas que conviertan divisas", ha dicho el secretario del Tesoro, Scott Bessent.
Estados Unidos inició un "rescate" cambiario al gobierno Milei con un swap de 20 mil millones de dólares apenas una semana después de que trascendieran los audios de Espert. El candidato, economista ultraliberal que propone "dinamitar el Banco Central", ha sido sugerido por Milei como ministro de Seguridad cuando la actual ministra, Patricia Bullrich, sea senadora.
Por su parte, cuando fue recibido en el Senado estadounidensepara ser considerado como jefe de la diplomacia, el actual secretario de Estado, Marco Rubio, elogió a Milei diciendo que "es un economista serio y bien formado" y que "está haciendo cosas muy necesarias para reestructurar la dirección de la economía argentina de una manera muy positiva".
La administración Milei ha mostrado ampliamente una adhesión ideológica al trumpismo y el escándalo Espert plantea la incómoda pregunta de si Washington estaría dispuesto a pasar por alto los vínculos de un aliado clave con el narcotráfico con tal de no debilitar a un gobierno afín en un país de importancia estratégica como Argentina.
Ecuador: Noboa está vinculado al narcotráfico y lavado de dinero
Daniel Noboa, presidente de Ecuador desde noviembre de 2023, pertenece a una de las familias más ricas del país. Su imperio corporativo —que incluye empresas como Noboa Trading, exportadora de banano y dueña de navieras— ha estado bajo sospecha durante años.
En abril pasado, se reveló que una de sus empresas fue utilizada por un exportador vinculado al narcotráfico para enviar cocaína a Europa. Además, la Revista Raya tuvo acceso a documentos de la Policía ecuatoriana que detallan cómo la empresa bananera de la familia Noboa está involucrada con la exportación de casi dos toneladas de cocaína desde 2020 a varios países de Europa. La droga estaba camuflada en medio de cajas de bananos en puertos de Guayaquil. Aunque la Policía capturó los cargamentos en flagrancia, los implicados no han enfrentado la justicia.
Distintas fuentes reportan que la naviera del clan Noboa transportó al menos tres cargamentos de cocaína a puertos europeos entre 2021 y 2023. Estas operaciones habrían sido facilitadas por la laxitud regulatoria del Estado ecuatoriano. Noboa Trading controla toda la cadena de suministro del banano ecuatoriano, que funge como canal privilegiado para la cocaína que sale de Ecuador. Se trata de 1 mil 751 kilos de cocaína incautados entre 2020 y 2025, según confirman distintas fuentes compiladas por The Grayzone.
Por otra parte, la administración que encabeza Noboa ha asignado unos 5 mil dólares a la Unidad de Inteligencia de Puertos y Aeropuertos de la Policía Nacional, la diferencia con respecto a la cantidad de dinero que mueve el negocio ilegal de traficar cocaína es notoria. Aunque Noboa niega cualquier participación directa, los hechos lo delatan:
- El nombramiento de Edgar Lama Von Buchwald —un abogado vinculado a la defensa de implicados en incautaciones de cocaína— como ministro de Salud. Era su asesor cuando ejerció la defensa señalada.
- La vinculación a María Beatriz Moreno Heredia, presidenta de su movimiento político Acción Democrática Nacional (ADN) que ha sido señalada por corrupción en negocios con la familia Noboa y presuntos vínculos con el narcotráfico, refuerzan las dudas sobre la transparencia de su gobierno.
A pesar de la gravedad de estas revelaciones, que conectan directamente al presidente en ejercicio con una estructura de lavado de dinero, la respuesta de la administración estadounidense ha sido discreta. Marco Rubio visitó Ecuador en septiembre pasado y reiteró el apoyo del país norteamericano al gobierno de Noboa en la supuesta lucha contra el narcotráfico.
Además, una delegación del Congreso estadounidense se reunió en Quito con el ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo, para fortalecer la cooperación en seguridad y defensa y priorizar necesidades estratégicas frente a grupos criminales. Estos grupos han sido la excusa perfecta para la injerencia estadounidense en Ecuador en donde la criminalidad ha aumentado a la par de la desregulación neoliberal y la desarticulación del Estado.
En un país donde Estados Unidos tiene una profunda injerencia en materia de seguridad y lucha antidrogas, el silencio sobre el caso Noboa es elocuente, especialmente si se considera que su gobierno ha mantenido una línea de adhesión total a los mandatos de Washington. El heredero del imperio bananero ecuatoriano ha facilitado operaciones militares extranjeras en su territorio y pretende instalar bases militares. Esto último fue realizado durante el Plan Colombia con el conocido fracaso como resultado.
¿Un patrón de tolerancia con sesgo ideológico?
Este patrón de tolerancia no es nuevo, en Colombia el gobierno de Iván Duque (2018-2022) se vio sacudido por el escándalo de la "Ñeñepolítica", que expuso los vínculos entre políticos de alto nivel y el narcoganadero José Guillermo "Ñeñe" Hernández. Este financió campañas de importantes figuras del uribismo y resultó asesinado por presuntas disputas criminales en Brasil.
Aunque el escándalo salpicó a su propio partido y a su gobierno, que otorgó armamento a Hernández para su seguridad, Duque nunca fue directamente cuestionado por Washington, manteniendo su estatus de aliado principal en la región durante la "máxima presión" contra Venezuela impuesta por Trump en su primera administración . Recién electo, el presidente uribista se reunió con Rubio para acordar acciones contra el gobierno venezolano.
En 2022, la Fiscalía colombiana reveló que alias "Calzones", otro narcotraficante, impulso la campaña del partido Centro Democrático. Cesar Augusto Giraldo Montoya fue jefe de la organización criminal La Cordillera y, durante el desarrollo del Plan Colombia, llevó a esta estructura de ser una banda de surtidores de droga a incursionar en el lavado de activos, la distribución internacional de cocaína y el tráfico interior. Fue identificado por un exsocio de la banda criminal como “inversionista” para enviar cocaína al exterior, pero a pesar de las evidencias, el gobierno Trump nunca sancionó a Duque.
El caso más paradigmático, sin duda, es el del expresidente hondureño Juan Orlando Hernández (JOH) que gobernó entre 2014 y 2022. Durante esos años, mientras su gobierno recibía elogios y apoyo militar de las administraciones de Obama y Trump, era investigado por fiscales estadounidenses como un cómplice clave de los cárteles de la droga. Fue condenado en marzo de 2024 a 45 años de prisión en una corte de Nueva York por narcotráfico luego de que las pruebas fueran contundentes: recibió millones de dólares de los cárteles para financiar sus campañas a cambio de protección e impunidad.
En 2018, JOH estuvo reunido en torno a la VIII Cumbre de las Américas con el entonces senador, y ahora reflotador de la narrativa del "Cartel de los Soles", Marco Rubio. Así demostraba cómo su alineamiento con la agenda de Washington —especialmente en temas migratorios y contra gobiernos de izquierda— le compró impunidad hasta que su utilidad se agotó.
La presencia de Rubio como articulador en los casos mencionados no pareciera casualidad, pero la estrategia es clara: perdonar los pecados de sus aliados mientras criminaliza a gobiernos progresistas por supuestos vínculos con las drogas. Se aplica la "guerra contra el narcoterrorismo" con todo su peso contra gobiernos considerados adversarios, mientras se ignora, minimiza y se perdona cuando los acusados son actores políticos cuyas agendas convergen con los intereses hegemónicos de Estados Unidos en la región.
Esta doble moral convierte la lucha contra las drogas en un arma geopolítica, donde la legalidad se flexiona según la ideología del infractor.