El pasado 25 de mayo Venezuela dio un paso histórico hacia la consolidación de su soberanía al celebrar elecciones regionales en el estado Guayana Esequiba, territorio que históricamente forma parte del espacio geográfico, cultural y legal venezolano. El almirante retirado Neil Villamizar fue proclamado gobernador con más de 97% de los votos, una victoria que refleja el respaldo popular a la incorporación plena del Esequibo como parte integral de la nación.

Este proceso electoral es resultado directo del referendo consultivo del 3 de diciembre de 2023, cuando más de 10,5 millones de venezolanos ratificó su rechazo al arbitraje ilegítimo de 1899 y su determinación por recuperar la soberanía sobre el Esequibo. La decisión de sumar formalmente este espacio en la estructura institucional venezolana no solo tiene valor simbólico, sino jurídico e histórico.

Pero Guyana responde con declaraciones altisonantes, operaciones de bandera falsa y movimientos militares cerca de la frontera, acciones que evidencian que su obsesión con el Esequibo no responde a derechos históricos sino a intereses corporativos y geopolíticos que buscan mantener el control sobre recursos estratégicos, especialmente los hidrocarburos descubiertos en aguas cercanas.

Tensión prefabricada: Operaciones de bandera falsa y amenazas militares

En las semanas previas a las elecciones del 25 de mayo Guyana incrementó deliberadamente la tensión en la frontera con Venezuela. El 16 de mayo las Fuerzas de Defensa de Guyana (GDF) denunciaron supuestos ataques desde territorio venezolano, sin presentar pruebas tangibles ni testimonios creíbles. La respuesta venezolana fue tajante: se trataba de una nueva operación de "falsa bandera", diseñada para victimizar el gobierno de Irfaan Alí y justificar una escalada militar.

Estas acusaciones forman parte de una narrativa repetida que busca legitimar la presencia estadounidense en la región y crear condiciones para una intervención encubierta. Según informes del Ministerio de Defensa venezolano, todo indica que estas acciones están orquestadas desde laboratorios del Comando Sur de Estados Unidos, con el objetivo de construir un casus belli que legitime la intervención militar.

Además, el brigadier Omar Khan, jefe del Estado Mayor de Guyana, realizó múltiples visitas a comunidades limítrofes, acompañado de personal militar y comunicados cargados de retórica belicista. En medio de esta escalada, Khan incluso amenazó con deportación a quienes ejercieran su derecho al voto en las elecciones venezolanas.

Venezuela respondió que no se distraería con provocaciones ni mentiras. La vicepresidenta ejecutiva y ministra de Hidrocarburos, Delcy Rodríguez, afirmó antes de la jornada electoral que "el pueblo venezolano está decidido a defender el Esequibo y sus recursos energéticos, y el 25 de mayo es una elección trascendental porque vamos a elegir gobernador y cuerpo legislativo para la Guayana Esequiba".

Venezuela como cortina de humo

Aunque el presidente guyanés, Irfaan Ali, ha adoptado un discurso confrontativo y supuestamente nacionalista frente a Venezuela, su administración enfrenta una profunda crisis interna que incluye escándalos de corrupción, protestas sociales y una gestión deficiente de servicios básicos.

El mandatario enfrenta denuncias de corrupción sistémica en distintas áreas del Estado. Desde el saqueo de fondos públicos hasta contratos petroleros ilegales que benefician a ExxonMobil, la administración de su Partido Popular Progresista (PPP) está bajo escrutinio nacional e internacional.

El pasado 26 de mayo, día de la Independencia del vecino país, Alí convocó las elecciones generales y regionales de Guyana de forma unilateral. La oposición reaccionó afirmando que la comisión electoral (Gecom) no está preparada y que la fecha de los comicios fue declarada fuera de los procedimientos adecuados. Desde 2022, por lo menos, las fallas en el Registro Electoral aparecen como limitantes para unos sufragios transparentes; hasta el cierre de esta nota, ningún actor de la "comunidad internacional" se ha manifestado, lo que sí acostumbran a hacer cuando se trata de procesos en Venezuela.

El gobierno de Ali es señalado por nepotismo, opacidad en la gestión de ingresos petroleros y favoritismo en adjudicaciones. Lejos de atender estos asuntos urgentes, ha utilizado la disputa con Venezuela como cortina de humo. A través de declaraciones maximalistas como "ni un centímetro cuadrado será cedido… ni ahora ni nunca", busca desviar la atención de su fracaso político y económico, mientras promueve una agenda de confrontación que beneficia más a actores extranjeros que a su propio pueblo.

Una red de intereses: Estados Unidos, ExxonMobil y aliados regionales

Detrás del endurecimiento del discurso de Irfaan Ali se encuentra una red de intereses globales liderada por Estados Unidos y empresas multinacionales como ExxonMobil, que han convertido a Guyana en un enclave estratégico para el control de nuevas reservas de petróleo y gas en el Atlántico.

Desde 2015, cuando se descubrieron grandes yacimientos offshore, ExxonMobil ha mantenido un rol dominante en la economía guyanesa. Sin embargo, los contratos firmados con el gobierno de Ali han sido calificados como ilegales, irreversiblemente defectuosos y producto de corrupción o ineptitud institucional.

El apoyo explícito del secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, al gobierno de Ali no es casual. Su visita a Georgetown en marzo de 2025 marcó un giro en la relación bilateral, con la firma de un memorando de entendimiento en materia de seguridad, cuyos términos permanecen clasificados. Este acuerdo, junto con la cooperación militar y de inteligencia, refuerza la posición de Guyana como satélite regional de Washington, utilizado para contener el avance soberano de Venezuela.

Países como Reino Unido, Canadá y algunos miembros de Caricom también respaldan a Guyana en el frente diplomático. Además, a comienzos de mayo, la Corte Internacional de Justicia ordenó a Venezuela abstenerse de celebrar o preparar elecciones en la región en disputa. Se trata de un ente multilateral que no es reconocido por ninguno de los dos países.

Tanto los países como las instituciones que se manifestaron contra las elecciones del pasado 25 de mayo hicieron silencio cuando Guyana otorgó mar pendiente por delimitar para exploraciones petroleras. Además, sus declaraciones desconocen la historia colonial que fundamenta la actual posesión del Esequibo por parte de Georgetown.

Tal complicidad revela que la postura internacional de estos no obedece a principios de justicia, sino a intereses corporativos y geopolíticos bien definidos.

Venezuela apuesta por el diálogo y la integración regional

Frente a la escalada de tensiones y las maniobras injerencistas, Venezuela mantiene un discurso coherente basado en la paz, el diálogo y la integración regional. El país ha reiterado su disposición a resolver diferencias dentro del marco del Acuerdo de Ginebra, único instrumento reconocido por ambas partes para abordar la controversia territorial.

Durante la firma de los Acuerdos de Argyle en diciembre de 2023, el Gobierno Bolivariano reafirmó su compromiso con soluciones negociadas con vistas a evadir provocaciones que podrían desestabilizar la región. Además, el canciller Yván Gil ha señalado que las acusaciones de Guyana carecen de fundamento y forman parte de una estrategia diseñada en los despachos de Washington.

Además de rechazar la intromisión de terceros, el presidente Nicolás Maduro ha llamado en varias ocasiones al diálogo directo con Irfaan Ali, recordando que ambos pueblos comparten raíces culturales y necesitan colaborar en temas de seguridad, comercio y protección ambiental. Sin embargo, Guyana, condicionado por la dependencia económica y militar de Estados Unidos, ha preferido seguir una ruta de confrontación innecesaria.

Venezuela rechaza rotundamente la instrumentalización del Esequibo como herramienta de chantaje o distracción política. Para Caracas, el futuro de la región pasa por el fortalecimiento de bloques como Caricom y Celac, donde la cooperación y no el conflicto debe ser la atmósfera de las relaciones internacionales.

Crisis y subordinación disfrazadas de amenaza

La administración de Irfaan Ali intenta maquillar sus fracasos internos con una narrativa de amenaza externa. Mientras las protestas urbanas, los escándalos de corrupción y la crítica situación socioeconómica ponen en riesgo su legitimidad, el mandatario recurre a la guerra retórica contra Venezuela para ganar puntos políticos y cohesionar a su base electoral de cara a las elecciones de septiembre próximo en las que intentará reelegirse.

Sin embargo, detrás de esa narrativa se esconde una realidad compleja: Guyana se convierte cada vez más en un estado semicolonial, donde la voluntad política está subordinada a los intereses de ExxonMobil, influyente en la administración Trump. Lejos de defender la soberanía de su pueblo, Ali parece haber aceptado un papel subordinado en un juego global que sacrifica el desarrollo sostenible en aras del saqueo petrolero.

Por su parte, Venezuela continúa firme en su reclamo histórico sobre el Esequibo, pero con una propuesta de solución dialogada, integradora y respetuosa del derecho internacional. El mensaje del gobierno es claro: no permitirá que potencias foráneas manipulen conflictos artificiales para perpetuar el despojo histórico y desarticular la posibilidad de que el Caribe sea, junto a América Latina, un polo dentro de un nuevo orden global.

La elección de Neil Villamizar como gobernador del estado Guayana Esequiba no apunta hacia la confrontación sino a la afirmación identitaria y constitucionalmente legal. Es una expresión de la voluntad nacional que busca cerrar heridas del pasado y construir un futuro compartido en toda la región.

Mientras tanto, Guyana se debate entre el desgobierno y la dependencia imperial. Ni Ali, mucho menos sus patrocinadores extranjeros, pueden dar vuelta a esta situación.