La historia económica de Venezuela está marcada por una estructura productiva profundamente sesgada hacia el sector petrolero, un modelo rentista que ha condicionado su desarrollo desde mediados del siglo XX. Este patrón de acumulación de riqueza basado en los ingresos derivados de la exportación de hidrocarburos ha llevado a una subordinación tecnológica y productiva del resto de los sectores estratégicos del país, especialmente en el ámbito energético y alimentario.
El rentismo petrolero se caracteriza por la dependencia absoluta de los ingresos generados por el crudo para sostener las finanzas públicas. Esta dinámica ha derivado en una baja eficiencia en las decisiones económicas que se han orientado históricamente al manejo de divisas provenientes del petróleo, más que al impulso de una base productiva diversificada y autónoma. La consecuencia inmediata es una debilidad institucional y tecnológica traducida en vulnerabilidad frente a ataques externos, como las sanciones criminales.
Una economía monoproductora no solo limita el crecimiento sostenible sino que también genera una dependencia tecnológica crítica. Las empresas nacionales han operado bajo un marco de externalidades positivas cuando los precios del petróleo están altos, pero carecen de capacidades propias para enfrentar situaciones de bloqueo tecnológico o comercial, como el que ha vivido Venezuela durante la última década.
En el caso del sector alimentario, la política pública ha priorizado durante décadas el acceso a dólares preferenciales para financiar importaciones masivas de alimentos, mientras los amplios incentivos a una agricultura competitiva y autosuficiente tardaron en arrancar. Esto ha generado una dependencia estructural del mercado externo, que se ha convertido en un punto débil ante las sanciones que restringen el acceso a divisas y a tecnologías cruciales.
La deuda tecnológica y productiva que ha vivido Venezuela fue acelerada por las sanciones estadounidenses, pero en un marco más amplio también es producto del arrastre histórico de un modelo rentista que ha impedido el desarrollo endógeno de capacidades industriales y científicas.
Sin embargo, en los últimos años el país parece que ha comenzado a revertir esta tendencia al desarrollar una serie de logros en innovación que permiten vislumbrar la soberanía tecnológica como una senda alternativa.
Logros, datos y capacidades en innovación energética
A pesar del contexto adverso Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA), junto con socios estratégicos, ha avanzado significativamente en la construcción de capacidades tecnológicas propias en la industria petrolera. En noviembre pasado el Complejo Gasífero Muscar, ubicado en Punta de Mata, estado Monagas, fue saboteado y el presidente de la estatal, Héctor Obregón Pérez, afirmó que "los trabajadores están en proceso de reajuste, revisión y reanimación de todas las áreas operacionales", lo cual evidencia la eficacia del esfuerzo colectivo para mantener la producción nacional de hidrocarburos en medio de una campaña de asedio extranjero y de sabotaje a la infraestructura.
Otro hito importante en este proceso es el papel del Instituto de Tecnología Venezolana para el Petróleo (Intevep), entidad que ha desarrollado más de 200 procesos tecnológicos vinculados con la exploración, extracción y refinación del recurso. Estas innovaciones han sido fundamentales para reducir la dependencia de tecnología extranjera y construir una base local de conocimiento aplicable al sector.
Además, proyectos como la activación de la segunda bomba en la Faja Petrolífera del Orinoco demuestran un avance técnico crucial hacia la explotación de reservas pesadas. Por otro lado, PDVSA ha incursionado en la fabricación propia de equipos especializados, como los utilizados en pozos profundos y sistemas de bombeo electrosumergible. Este tipo de iniciativas refleja una cultura de innovación que empieza a tomar cuerpo en el seno de la industria estatal.
La empresa mixta metalmecánica Venezuelan Heavy Industries, C.A. (Vhicoa), filial de PDVSA, ha establecido alianzas estratégicas con empresas internacionales como Schlumberger, con un enfoque de transferencias controladas y aprendizaje tecnológico interno. Además, Venezuela mantiene en desarrollo su estrategia de soberanía científica consolidando centros de investigación y formación técnica dentro del país.
Estos logros, aunque aun en fase de maduración, representan un giro fundamental en la estrategia de recuperación de la industria petrolera. Lejos de depender de proveedores extranjeros, Venezuela apuesta por la autosuficiencia tecnológica como herramienta de resistencia ante las sanciones y como pilar de su futuro competitivo en los mercados energéticos globales.
Potencial tecnológico para un abastecimiento sano
El sector agroalimentario venezolano también ha experimentado un proceso de transformación tecnológica en los últimos años. El país ha logrado consolidar un modelo de crecimiento basado en la soberanía y la seguridad alimentaria al reducir drásticamente la dependencia de importaciones. Otros datos indican que, entre 2020 y 2025, Venezuela pasó de tener 85% de dependencia alimentaria a producir 97% de sus alimentos básicos de forma local.
Este cambio no es espontáneo ni accidental sino producto de políticas públicas orientadas a fortalecer la capacidad tecnológica del campo venezolano. La Alianza Científico-Campesina, promovida por el Ministerio de Ciencia y Tecnología (Mincyt), logró que la producción de semilla de papa se incrementara 5 900% entre 2019 y 2024, lo cual representa una sustitución de importaciones por más de 2 mil millones de dólares en los últimos seis años. Además, este programa ha permitido aumentar la productividad de cultivos claves como maíz, arroz y caña de azúcar.
Proyectos de biotecnología agrícola como los impulsados por el Centro Biotecnológico de Capacitación en la Producción de Semillas Agámicas (Cebisa), combinan conocimientos campesinos con biotecnología para obtener nuevas semillas a partir de las ancestrales utilizando un software desarrollado por sus mismos investigadores y aplicando nutrientes de nanofertilizantes formulados por venezolanos.
Universidades venezolanas han desarrollado programas de transferencia tecnológica rural, lo cual ha facilitado el acceso de pequeños y medianos productores a herramientas modernas de cultivo. Estas innovaciones incluyen semillas resistentes a condiciones climáticas extremas, técnicas de fertilización orgánica y sistemas de riego eficientes adaptados a la geografía local.
Asimismo, el Ministerio para la Agricultura ha promovido el uso de drones y sistemas digitales de monitoreo agrícola para optimizar la producción y prevenir pérdidas. Otro ejemplo emblemático es el caso de la empresa AgroBioTech Venezuela que, en alianza con universidades nacionales, se especializa en el desarrollo de insumos biológicos para el uso agrícola y contribuye con la producción de cultivos bajo un enfoque agroecológico mediante biocontroladores bacterianos y fúngicos. Este sistema permite anticipar problemas fitosanitarios y actuar con precisión evitando el uso excesivo de pesticidas y mejorando la calidad del suelo.
Todo esto, además de impactar directamente en la disponibilidad de alimentos en el mercado interno, constituye un potencial para que Venezuela logre abastecerse sin recurrir masivamente a las importaciones de agroinsumos. También permitirá que el país comience a posicionarse como exportador de rubros agrícolas seleccionados, especialmente en mercados de América Latina y África. Este logro, antes impensable, es posible gracias a la combinación de inversión estatal, formación técnica y adopción de tecnologías disruptivas en el campo.
Hacia la soberanía nacional se transita por la tecnología
La soberanía tecnológica no es solo un objetivo simbólico; es una necesidad estratégica para cualquier país que aspire ser independiente en materia económica. En el caso de Venezuela, la ruptura de la dependencia tecnológica en el sector petrolero es un paso fundamental para asegurar su presencia en los mercados internacionales.
Las dificultades han conducido a que la visión del Comandante Chávez se concrete. Iniciativas como el Plan de Independencia Productiva Absoluta (PIPA), impulsado por el presidente Maduro este 2025, buscan garantizar condiciones de resistencia ante las sanciones mediante la producción local de repuestos, la automatización de procesos y el fortalecimiento del talento humano en ingeniería petrolera. Todo ello tiene un doble propósito: proteger la producción nacional y posicionar Venezuela como un actor relevante en el mercado energético global.
La tecnología, además de ser una herramienta de defensa frente al bloqueo, es también un factor clave de competitividad. Países como Irán, Rusia y China han demostrado que el desarrollo tecnológico propio les permite resistir las presiones externas y acceder a nuevos mercados. Venezuela sigue este camino, apostando por una integración Sur-Sur que le permite compartir y recibir conocimientos en distintas áreas.
La industrialización del petróleo y la incorporación de tecnologías limpias son componentes esenciales de esta nueva etapa. Venezuela no pretende seguir siendo solo un exportador de crudo sin valor agregado; en los planes está avanzar hacia una matriz productiva más compleja, donde el conocimiento y la innovación sean los principales motores de la economía.
Los avances descritos permiten que Venezuela pueda superar las limitaciones del rentismo y construir una base productiva sólida y autónoma. Aunque los retos persisten y el camino es arduo, los logros en innovación demuestran que es posible generar conocimiento local, transferirlo a la práctica y hacerlo funcionar en condiciones de bloqueo.
La soberanía tecnológica no es únicamente una cuestión de dignidad nacional sino de supervivencia económica en un mundo multipolar donde la competencia tecnológica marca las reglas del juego. Venezuela está trazando un nuevo mapa de posibilidades que, si se consolida, podría servir como referencia para otros países que buscan escapar de la trampa del rentismo y caminar hacia la independencia real.