El pasado lunes 24 de noviembre, la administración Trump ejecutó un salto sin precedentes al designar al llamado "Cártel de los Soles" como organización terrorista extranjera, categoría reservada para las amenazas más graves contra la seguridad nacional estadounidense.
La decisión abrió la puerta a nuevas herramientas de presión contra el gobierno venezolano, aunque expertos legales coinciden en que no habilita explícitamente el uso de fuerza letal sin autorización adicional. Lo paradigmático del anuncio radica en la construcción misma del objeto de la sanción: una entidad que no existe como organización criminal estructurada, sino como retórica política convenientemente elevada a estatus legal.
El término "Cártel de los Soles" no describe una organización delictiva tradicional con cadena de mando, infraestructura transnacional y capacidad operativa comparable a los cárteles mexicanos o colombianos. Según múltiples análisis, se trata de una nomenclatura que la Casa Blanca se apropió para referirse a una supuesta red ilícita de alcance nacional cuyo líder sería el propio presidente Nicolás Maduro.
En realidad, la expresión surgió en los años 90 para designar casos específicos de corrupción militar. En 1993, dos generales de la Guardia Nacional —Ramón Guillén Dávila y Orlando Hernández Villegas— fueron acusados de facilitar el tráfico de cocaína. El apodo, que alude a las insignias solares del uniforme militar, se consolidó como etiqueta periodística para la corrupción institucional, no como nombre de un grupo cohesionado.
El salto cualitativo ocurrió cuando esa retórica interna fue adoptada por Washington. En marzo de 2020, el Departamento de Justicia presentó acusaciones formales contra Maduro, el vicepresidente sectorial para Seguridad Ciudadana, Justicia y Paz, Diosdado Cabello y el ministro para la Defensa, Vladímir Padrino López, enmarcándolas bajo la etiqueta del "Cártel de los Soles". En 2025, la rearticulación de esta narrativa coincidió primero con la invocación de la obsoleta Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, instrumento que suspende el debido proceso para acelerar deportaciones masivas y, recientemente, con un despliegue militar sin precedentes en el mar Caribe.
La secuencia revela un patrón en el que cada vez que la estrategia de "máxima presión" requiere de un impulso discursivo, el fantasma criminalizador del Estado venezolano resurge con renovado vigor.
Tren de Aragua, auge y declive de una excusa criminalizadora
El ascenso del Tren de Aragua (TdA) desde la oscuridad mediática a la condición de "amenaza terrorista global" constituye uno de los ejemplos más elocuentes de fabricación de enemigos en la era Trump. Hasta 2022, la banda era prácticamente inexistente en los titulares estadounidenses. A pesar de que el portal Insight Crime —financiado directamente por el Departamento de Estado— la venía cubriendo desde 2019, su presencia en el debate público norteamericano fue marginal hasta que la coyuntura migratoria y política lo hizo conveniente.
El punto de inflexión ocurrió en agosto de 2023, cuando Jason Owens, entonces jefe de la Patrulla Fronteriza, publicó en Twitter la primera mención oficial de presuntos miembros del TdA intentando ingresar a Estados Unidos. La intervención fue replicada por CNN, estableciendo el patrón que dominaría los meses siguientes: acusaciones basadas en sospechas, validación mediática inmediata y poca o nula evidencia forense.
En septiembre de 2023, la Operación de Liberación Cacique Guaicaipuro en el penal de Tocorón —donde operaba la banda— generó una cobertura masiva simultánea en The Washington Post, The Economist, Insight Crime y el OCCRP, otro portal investigativo con financiamiento estadounidense que se especializa en enemigos geopolíticos de Washington.
La criminalización migratoria alcanzó su cénit en febrero de 2024 con el asesinato de Laken Riley, estudiante de enfermería en Georgia. El acusado, José Ibarra, es venezolano, y su hermano Diego fue vinculado al TdA "basándose únicamente en tatuajes", según el Ministerio Público venezolano.
La presión fue incremental, en julio de 2024, la OFAC lo declaró organización delictiva transnacional, y el 20 de enero pasado, en su primera tanda de órdenes ejecutivas, Trump lo elevó a organización terrorista global. El homicidio citado se convirtió en catalizador legislativo, el 29 de enero, Trump firmó la Ley Laken Riley.
El mecanismo de criminalización ha operado en tres niveles:
- Mediático: la banda pasó de ser un fenómeno penitenciario local a una "megabanda" con presencia en 16 estados, según afirmó New York Post en noviembre de 2024.
- Político: congresistas como María Elvira Salazar y Mario Díaz-Balart, con fuerte influencia del lobby cubanoamericano, encuadraron la migración venezolana como "invasión criminal".
- Militar: el despliegue de barcos de guerra en el Caribe se justificó como respuesta antidroga para atacar al TdA, aunque un experto como el coronel retirado Mark Cancian, asesor del Center for Strategic and International Studies, admitió que se trató de "una cuestión de señalización política", sin autoridad para operaciones de interdicción real.
El gobierno venezolano desarticuló efectivamente la organización. En septiembre de 2023, la Operación Cacique Guaicaipuro resultó en la detención de 44 integrantes y órdenes de captura contra 102 más, incluido su líder Héctor Guerrero Flores. En 2024, las cifras oficiales mostraron una reducción del 93% en robos de vehículos, 87% en homicidios calificados y 77% en robos agravados desde 2019. No obstante, la eficacia real del Estado venezolano fue sistemáticamente ignorada, mientras que las sospechas sobre venezolanos en el extranjero se multiplicaban sin corroboración forense.
Reciclaje y giro hacia el mito del Cartel de los Soles
Si el TdA sirvió para criminalizar la migración, el "Cártel de los Soles" funciona como justificación de alta política para el cerco militar y financiero. La reciente designación no introduce evidencias nuevas; más bien, recicla una acusación que carece de sustento en los propios informes de inteligencia estadounidenses.
La Evaluación Nacional de Amenazas de Drogas (NDTA) de la DEA para 2024 es explícita: los grupos que concentran mayor control son el Cártel de Sinaloa y el Cartel Jalisco Nueva Generación. Ni Venezuela, ni mucho menos el "Cártel de los Soles", aparecen como amenazas estructurales.
Los datos desmontan la narrativa. Según la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), el 61% de la cocaína proviene de Colombia, 26% de Perú y 13% de Bolivia. Venezuela no es productora relevante. En cuanto a rutas, el 87% de la droga sale por el Pacífico; solo el 8% transita por el Caribe Oriental, donde se ubica la costa venezolana. De ese porcentaje minoritario, las autoridades venezolanas incautan y destruyen el 70%, según cifras oficiales. La geografía del narcotráfico no coincide con la geografía política que dibuja Washington.
El reciclaje del mito obedece a una lógica de "bandera falsa" geopolítica. En marzo de 2020, cuando la estrategia de "máxima presión" mostraba signos de agotamiento, el fiscal William Barr convenció a Trump de pivotar hacia la narrativa antidrogas. El despliegue de fuerzas navales y aéreas en el Caribe bajo el pretexto de operaciones antinarcóticos generó titulares de firmeza sin comprometer recursos en un conflicto directo. Como documentó el periodista Elías Ferrer en su investigación para Guacamaya, la intención era "comenzar una retirada ordenada" de la política de cambio de régimen sin aparecer débil.
Cinco años después, el libreto se reactiva con ajustes. La designación conjunta del TdA y el "Cártel de los Soles" permite aplicar la Ley Antiterrorista estadounidense contra Venezuela mientras se preservan intereses empresariales: la OFAC sancionó al "cártel" como entidad de terroristas globales pero no identificó personas concretas, lo que permite que corporaciones como Chevron continúen operando sin violar las normas. Marco Rubio, secretario de Estado y asesor de Seguridad Nacional, ha sido el arquitecto discursivo de este encuadre, alineando la retórica venezolana con la agenda "America First" y el lobby cubanoamericano del sur de Florida.
La campaña mediática tiene un claro objetivo de presión psicológica. Al saturar el espacio informativo con relatos sobre la infiltración del crimen en las más altas esferas del gobierno y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), se busca sembrar desconfianza, desmoralización y caos. El mensaje subyacente para los militares venezolanos es: "sus superiores son narcoterroristas, aliénse con nosotros". Es una estrategia clásica de guerra psicológica destinada a fracturar la lealtad institucional y crear las condiciones para desarticular los tejidos institucional y social, un elemento indispensable para cualquier escenario de cambio de régimen forzado.
El despliegue militar en el Caribe, que incluye la incursión armada contra embarcaciones en aguas internacionales frente a Venezuela, no responde a una amenaza real de narcotráfico. Como explicó Cancian, "los barcos no tienen autoridad para hacer cumplir la ley, a diferencia de la Guardia Costera". Su función es señalizar disposición bélica, no interdictar drogas. La península de Paria, señalada como supuesto corredor, ha experimentado un declive notorio en actividad ilícita desde 2020, con incautaciones como los 790 kilos de cocaína destruidos en Macuro en febrero de 2025.
La presión psicológica sobre la población venezolana opera en dos frentes:
- Externamente, los migrantes enfrentan criminalización masiva —o crimigración—, 238 venezolanos que fueron deportados a la cárcel de máxima seguridad de El Salvador (CECOT) en marzo de 2025, sin juicio previo, invocando la Ley de Enemigos Extranjeros.
- Internamente, la campaña busca erosionar la moral de la FANB y de la población para generar quiebre institucional y caos social.
El pasado jueves, la vicepresidenta Delcy Rodríguez denunció que la estrategia estadounidense responde a un interés histórico por controlar el territorio venezolano, no solo por sus riquezas naturales y su ubicación geoestratégica, sino también por su “concepción política estratégica antiimperialista y anticolonialista”.
En reacción a la designación del supuesto Cartel de los Soles, la alta funcionaria manifestó que "no somos nosotros una potencia militar ni quienes asesinan millones de personas en el mundo para robar los recursos".
La estrategia busca que las sanciones, los bloqueos y las amenazas militares generen fracturas en la cúpula militar, replicando el modelo de "guerra híbrida" aplicado en otros escenarios. Esto sumado al uso de nuevas tecnologías —vía operación Lanza del Sur— en las que prevalecería la participación de los nuevos amigos de Trump: las Big Tech.
Washington ha fabricado un enemigo que encaja en su narrativa sin importar la evidencia. Mientras el sistema financiero estadounidense absorbe el 85% de las ganancias del narcotráfico global —equivalente al 2,7% de su PIB—, y mientras Ecuador, según la Organización Mundial de Aduanas, se ha convertido en el principal exportador de cocaína del mundo, la atención se mantiene fija en Venezuela.
El Tren de Aragua y el Cartel de los Soles son comodines discursivos para violar el derecho internacional, justificar el asedio militar y financiero, y crear las condiciones de caos interno necesarias para un cambio de régimen que, a la postre, busca apropiarse de los recursos estratégicos del país y eliminar un referente crítico a su decadente visión unipolar.