El presidente Nicolás Maduro firmó una medida cautelar para suspender el Acuerdo Marco de Cooperación Energética con Trinidad y Tobago, luego de que el gobierno de ese país se sumara abiertamente al plan guerrerista de Estados Unidos contra Venezuela.

Anteriormente, durante una reunión con la directiva del Ministerio del Poder Popular para los Hidrocarburos y de PDVSA, la vicepresidenta Delcy Rodríguez denunció que la primera ministra Kamla Persad-Bissessar había decidido convertir el territorio trinitense en una base militar al servicio del Comando Sur, rompiendo con los principios de hermandad y cooperación energética que históricamente unieron a ambas naciones: "Lo que se pretende instalar en nuestra región es una guerra de hidrocarburos que amenaza la paz y la estabilidad del Caribe", advirtió la vicepresidenta, al tiempo que destacó que la decisión venezolana responde a la defensa de su soberanía y a la necesidad de preservar el Caribe como zona de paz.

El contexto

El anuncio se produce en medio del nuevo despliegue militar estadounidense en Trinidad y Tobago. El Pentágono, a través de su portavoz Sean Parndell, confirmó el 24 de octubre que el secretario de Guerra, Pete Hegseth, ordenó el despliegue del portaaviones USS Gerald R. Ford y su grupo de ataque en el área de responsabilidad del Comando Sur.

Según Washington, esta medida busca "reforzar la capacidad estadounidense de detectar, monitorear y desmantelar actores ilícitos que comprometen la seguridad y la prosperidad de Estados Unidos". Sin embargo, la magnitud del operativo, un portaaviones con capacidad para más de 75 aeronaves y más de 4 mil 500 efectivos, revela un movimiento de provocación belicista en contra de Venezuela.

Simultáneamente, Trinidad y Tobago recibió al USS Gravely (DDG-107), un destructor de misiles guiados que atracó en Puerto España para participar en ejercicios militares conjuntos con la 22ª Unidad Expedicionaria de Marines de los Estados Unidos.

La primera ministra trinitense celebró abiertamente la llegada de las tropas extranjeras, afirmando que estas actividades fortalecen la cooperación en materia de seguridad. "El Ministerio de Asuntos Exteriores y la CARICOM han informado que el USS Gravely visitará Trinidad y Tobago del 26 al 30 de octubre, mientras la 22ª Unidad Expedicionaria de Marines realizará ejercicios conjuntos con la Fuerza de Defensa de Trinidad y Tobago", declaró la funcionaria, legitimando una presencia que viola la vocación de paz del Caribe.

Por su parte, la encargada de negocios de la Embajada de Estados Unidos en Trinidad y Tobago, Jenifer Neidhart de Ortiz, afirmó que "la alianza entre Estados Unidos y Trinidad y Tobago ejemplifica la fortaleza regional mediante la colaboración", añadiendo que ambos países trabajan juntos para enfrentar "amenazas compartidas" y promover la "resiliencia" regional.

Detrás de esa retórica diplomática se esconde un nuevo formato de intervención militar, disfrazado de cooperación, que busca reubicar la presencia armada estadounidense en el Caribe, utilizando a Trinidad y Tobago como plataforma de operaciones.

El peón militar: Kamla Persad-Bissessar

La trayectoria de la primera ministra Kamla Persad-Bissessar retrata con nitidez el tránsito de una dirigente que pasó de defender la soberanía caribeña a convertirse en pieza funcional de la política injerencista de Estados Unidos.

Formada bajo el amparo de los programas educativos estadounidenses, el programa Fulbright y la Universidad de Columbia, permitió que Persad-Bissessar moldeara su pensamiento político en esos entornos académicos, donde la cooperación se enseña como subordinación y la diplomacia como alineamiento estratégico.

Así que, durante su primer mandato (2010-2015), Persad-Bissessar dio pasos concretos hacia una relación de dependencia. Firmó el Acuerdo sobre el Estatuto de las Fuerzas (SOFA), que otorga privilegios e inmunidad a las tropas estadounidenses en territorio trinitense, y que en la práctica convirtió al país en una extensión logística del Comando Sur.

La entonces primera ministra fue celebrada en Washington por su disposición a "cooperar" en seguridad y energía, e incluso viajó en repetidas ocasiones a Estados Unidos para fortalecer lazos con el Departamento de Estado y la Casa Blanca. En esas reuniones, su discurso siempre fue complaciente con las líneas de política exterior estadounidense, presentándose como una "aliada confiable" en el Caribe.

Debe recordarse también que, siguiendo la línea política de la Casa Blanca en aquel entonces, para 2019, desde el curul del parlamento trinitense, reconoció a Juan Guaidó; en 2023 intensificó contactos con la embajadora Candace Bond; y en 2025, ya reelecta, a finales de septiembre se reunió con Marco Rubio en Washington para recibir el aval estadounidense en torno al campo gasífero Dragón, perteneciente a Venezuela.

Esa exención, tal como confirmó el fiscal general de Trinidad y Tobago, John Jeremie, se refería a que el gobierno estadounidense otorgó una nueva licencia de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, sus siglas en inglés) por seis meses, con el fin de permitir la continuidad de las negociaciones con Venezuela sobre el desarrollo del campo Dragón.

Ese nuevo movimiento en realidad evidenció un retroceso en las condiciones iniciales del acuerdo, pues la nueva licencia restringe las operaciones a una fase de conversaciones, sin facultar aún la producción ni la exportación del gas venezolano.

Ahora bien, cuando inició la agenda de agresión militar en contra de Venezuela, en agosto, la oficina de la primera ministra difundió un comunicado oficial respaldando abiertamente el despliegue en el Caribe: "El despliegue de activos militares estadounidenses para destruir los cárteles terroristas de la droga cuenta con el pleno apoyo del gobierno de Trinidad y Tobago", afirmaba el texto.

Con ese mensaje, Persad-Bissessar adoptó el discurso de Washington según la cual la presencia del Comando Sur responde a "la lucha contra el crimen organizado", ocultando el carácter geopolítico del operativo. "Los ciudadanos respetuosos de la ley no tienen nada que temer", añadió, reduciendo un despliegue bélico a una supuesta operación de seguridad.

Luego hizo una aclaratoria en el tenor de un intento fallido de suavizar la postura: "El gobierno estadounidense nunca ha solicitado acceso a territorio trinitense para ninguna acción militar contra el régimen venezolano". Sin embargo, esa afirmación se desmorona frente a los hechos.

Con el arribo de los buques de guerra estadounidenses a puertos trinitenses queda en evidencia la absurda neutralidad. La pasividad con la que la primera ministra ha recibido estas unidades navales revela una vez más su complacencia activa.

Finalizó el mensaje con "Si el régimen de Maduro lanza algún ataque contra el pueblo guyanés y Estados Unidos solicita acceso a nuestro territorio para defender a Guyana, mi gobierno lo concederá sin reservas". A su vez, rompió con la política histórica de la CARICOM y con el principio de que el Caribe es una zona de paz.

En definitiva, su carrera política ha estado marcada por esa ambigüedad de arrastre hacia Washington, porque si el interlocutor estadounidense frunce el ceño, cambia el discurso; si asiente, continúa con entusiasmo.

El comunicado al final muestra en el fondo su alineamiento real: Trinidad y Tobago se ofrece como otro enclave logístico de Estados Unidos; es el otro casus belli predilecto (el primero es el enclave guyanés).

Campo Dragón en reposo: La ExxonMobil detrás

El desarrollo del campo Dragón, uno de los yacimientos gasíferos más relevantes de la región, representa un proyecto estratégico de cooperación binacional y un ejemplo de buena vecindad entre Venezuela y Trinidad y Tobago.

Desde su concepción en 2008, el proyecto ha atravesado más de una década de negociaciones técnicas, diplomáticas y legales, incluyendo obstáculos impuestos por el prolongado régimen de sanciones ilegales de Estados Unidos, que han buscado frenar su ejecución y condicionar sus beneficios al interés de Washington.

El punto de mayor avance se registró en enero de 2023, cuando el entonces primer ministro Keith Rowley reconoció que el principal obstáculo para la cooperación energética había sido precisamente la presión de sanciones estadounidenses.

Tras arduas negociaciones y ajustes de licencias emitidas por la OFAC, se logró permitir que empresas como Shell y la Compañía Nacional de Gas (NGC) pudieran operar en el campo Dragón, bajo un marco jurídico binacional que formalizó la explotación conjunta del yacimiento y aseguraba mecanismos de pago flexibles, incluyendo dólares estadounidenses o intercambios humanitarios.

Este proyecto no solo constituye un hito histórico para la industria del gas venezolano, como lo destacó la vicepresidenta Rodríguez, sino que también reafirma el principio de buena vecindad y cooperación pacífica sobre recursos compartidos, respaldado por normas internacionales.

La visión estratégica de Venezuela ha sido siempre la de garantizar el desarrollo conjunto, equitativo y soberano de los campos gasíferos como herramienta de estabilidad regional y de fortalecimiento de relaciones bilaterales.

No obstante, la reciente política del gobierno trinitense, bajo la administración de la primera ministra Kamla Persad-Bissessar, ha introducido un giro hostil que amenaza la continuidad de esta cooperación.

El comunicado del 23 de agosto, en el que expresaba su apoyo al despliegue militar estadounidense en la región, coincide con la firma de un contrato multimillonario con ExxonMobil (simultánea a la escalada contra Venezuela) evidencian un alineamiento estratégico con intereses externos que comprometen la cooperación gasífera.

El contrato reanuda las operaciones comerciales de la transnacional en Trinidad tras su salida en 2003 y se concretó 100 días después de que el gobierno de coalición liderado por Persad-Bissessar ganara las elecciones generales del pasado abril.

"Por primera vez desde 2003, ExxonMobil regresa a Trinidad y Tobago. Acordamos un plan de exploración por etapas para explorar una zona de aguas ultraprofundas que abarca siete bloques de la costa este de Trinidad, de entre 2.000 y 3.000 metros de profundidad", dijo en ese momento la primera ministra.

La coincidencia temporal entre estas decisiones y la suscripción del pacto con ExxonMobil no es fortuita.

En este contexto, las grandes corporaciones internacionales continúan operando en detrimento de los acuerdos de buena vecindad, con el objetivo de apropiarse de recursos compartidos bajo la cobertura de gobiernos serviles. La realidad muestra que sin cooperación soberana los recursos naturales se convierten en instrumento de conflicto, y la estabilidad regional queda expuesta a riesgos estratégicos latentes.

El presidente Nicolás Maduro lo advirtió el año pasado: "Las grandes transnacionales exploran y buscan campos compartidos para enemistar a los países, pero Venezuela y Trinidad y Tobago desarrollan los campos gasíferos en paz".

En consecuencia, Venezuela se ve en la obligación de suspender los acuerdos relacionados con el campo Dragón y otros en defensa legítima de su soberanía. Bajo un escenario de guerra y agresión externa, no es posible mantener una cooperación energética con actores beligerantes que garantice paz y estabilidad.