En días pasados, The New York Times publicó que Donald Trump habría autorizado a la Agencia Central de Inteligencia (CIA) para que desarrollase "operaciones encubiertas destinadas a debilitar al gobierno de Nicolás Maduro y favorecer una transición política en Venezuela". La misma fuente precisó que la instrucción fue impartida "en los últimos meses" del mandato de Trump y que contó con el respaldo del senador Marco Rubio, quien habría actuado como "puente entre la Casa Blanca y sectores de la oposición venezolana".
Según la versión, funcionarios anónimos aseguran que la operación incluye "financiamiento de grupos disidentes, ciberataques y sabotajes a infraestructura crítica". Ningún medio ha podido corroborar de manera independiente los detalles del plan, pero se entiende que la orden se inscribe dentro del marco legal de la "autorización presidencial" que la CIA recibe desde 1947 para actuar sin rendir cuentas al Congreso en asuntos de "seguridad nacional".
La supuesta decisión llegó luego de una nota en la que el mismo medio difundió la cancelación abrupta de las negociaciones encabezadas por Richard Grenell, enviado especial de la Casa Blanca, quien había estado en contacto directo con altos funcionarios venezolanos, incluido el propio presidente venezolano.
Detrás de esta narrativa reside la lógica histórica de intervención sistemática de Estados Unidos en América Latina y el Caribe para derrocar gobiernos que se apartan de su órbita geopolítica y económica. La supuesta orden de Trump sería la prolongación de una doctrina de dominación que ha costado cientos de miles de vidas, dictaduras sanguinarias y la destrucción deliberada de proyectos soberanos en la región.
El largo brazo de la CIA: Una cronología de injerencia y terror
No hay nada innovador en la supuesta orden contra Venezuela, sino la aplicación de un protocolo probado en numerosos laboratorios geopolíticos a lo largo del continente. La historia de la CIA en América Latina es una crónica de gobiernos democráticamente electos derribados, movimientos sociales reprimidos y miles de desaparecidos y asesinados.
- Guatemala (1954): El primer golpe significativo de la CIA en la región fue contra el presidente Jacobo Árbenz, derrocado por una operación encubierta, luego de que su gobierno impulsara una reforma agraria que afectó los intereses de la United Fruit Company. Esta corporación estadounidense ha mutado y tiene fuertes vínculos con la inteligencia de ese país. El golpe instaló una dictadura e inauguró décadas de conflicto interno.
- Cuba (décadas de 1960 en adelante): Tras el triunfo de la Revolución, la CIA desplegó una campaña multifacética que incluyó la fallida invasión de Bahía de Cochinos (1961), cientos de intentos de asesinato contra Fidel Castro (como la Operación Mangosta) y un férreo embargo económico que persiste hasta hoy.
- Brasil (1964): La operación "Brother Sam" de la CIA proporcionó apoyo logístico y político al golpe militar que derrocó al presidente João Goulart. La dictadura resultante duró 21 años y fue marcada por una severa represión.
- Chile (1973): La intervención de la CIA en Chile es un caso emblemático. La Agencia financió masivamente a medios de oposición y a sectores golpistas, en el contexto del proyecto "FUBELT", para desestabilizar al gobierno socialista de Salvador Allende, electo democráticamente. Esto culminó con el sangriento golpe de Augusto Pinochet, que instauró una dictadura con miles de ejecutados, desaparecidos y torturados.
- Operación Cóndor (décadas de 1970-80): Una campaña de terrorismo de Estado internacional coordinada por las dictaduras del Cono Sur (Chile, Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Bolivia) con el apoyo logístico, financiero y de inteligencia de la CIA. Su objetivo fue la persecución, secuestro, tortura y asesinato de opositores políticos en todo el continente y más allá. Archivos desclasificados han demostrado el conocimiento y la complicidad de Washington en esta maquinaria transnacional de muerte.
Esta lista no es exhaustiva; la injerencia se extendió a Uruguay, Argentina, Nicaragua –apoyo a los "Contras" con dinero del narcotráfico–, Granada –invasión de 1983– y, en tiempos más recientes, a Honduras –golpe de Estado de 2009– y Bolivia –golpe de Estado de 2019–.
El modus operandi ha evolucionado desde los golpes militares explícitos hacia mecanismos más sofisticados que incluyen guerras judiciales (o lawfare), guerras mediáticas y la explotación de conflictos sociales. Los nuevos documentos desclasificados continúan revelando la profundidad de esta intervención constante, demostrando que la orden de Trump contra Venezuela se inscribe en una doctrina imperial de larga data.
El mismo asedio a la soberanía energética de Venezuela
Las operaciones encubiertas de la CIA en América Latina están íntimamente ligadas al control de recursos estratégicos y, en el caso venezolano, el petróleo ha sido el epicentro de la disputa geopolítica. Desde que el comandante Hugo Chávez asumió la presidencia en 1999 y reafirmó el control estatal sobre la industria petrolera —reversando décadas de apertura neoliberal—, Venezuela se convirtió en un blanco prioritario de la política exterior estadounidense.
Bajo el gobierno del presidente Nicolás Maduro, esta tensión se ha intensificado, no solo por los fundamentos antiimperialistas del chavismo, sino porque el país posee las mayores reservas probadas de petróleo del mundo, estimadas en más de 300 mil millones de barriles.
Documentos desclasificados de la CIA, como el titulado "Vulnerabilidad al sabotaje de instalaciones petroleras en Venezuela, Aruba y Curazao" (1948), ya advertían el interés estadounidense por tener un conocimiento suficiente de la industria petrolera venezolana con el fin de defender la capacidad energética de Estados Unidos ante una nueva guerra, siendo Venezuela un fiel abastecedor de crudo en la época. Aunque ese documento data de la Guerra Fría, persiste la idea basada en que cualquier gobierno que cuestione la hegemonía energética del país norteamericano es percibido como hostil.
En los últimos años, la estrategia de la CIA ha evolucionado hacia métodos más sofisticados y menos visibles que los golpes militares clásicos. Según un informe del Centro Nacional de Respuesta a Emergencias de Virus Informáticos de China y la empresa china de ciberseguridad 360, la Agencia utiliza al menos cinco tácticas contemporáneas para desestabilizar gobiernos: redes de comunicación cifrada (como TOR), herramientas de coordinación de protestas (como el software "Riot"), sistemas anticensura financiados por el Departamento de Estado, plataformas de comunicación offline (como "Speak2Tweet") y tecnologías de "enjambre" desarrolladas por la Corporación RAND para movilizaciones masivas. Estas herramientas no solo facilitan la organización de opositores, sino que permiten la infiltración digital en infraestructuras críticas.
Precisamente, la infraestructura energética venezolana ha sido blanco recurrente de sabotajes. En 2012, la refinería de Amuay —una de las más grandes del mundo— sufrió una explosión que dejó 48 muertos. Aunque inicialmente se atribuyó a un accidente, investigaciones posteriores revelaron indicios de un ataque deliberado con fines desestabilizadores. Entre 2018 y 2023, Venezuela reportó múltiples intentos de ataque cibernético contra la estatal petrolera, PDVSA, muchos de ellos originados en servidores estadounidenses. Estos ciberataques buscan no solo paralizar la producción, sino erosionar la legitimidad del Estado al generar escasez, apagones y caos social.
El objetivo último no es solo político, sino económico. Estados Unidos trata de recuperar el control sobre un sector que, en su apogeo, generaba más del 90% de las divisas a Venezuela. Empresas como Chevron, ExxonMobil y Halliburton han presionado históricamente a Washington para revertir la recuperación de la Plena Soberanía Petrolera acelerada desde 2007. En este contexto, las acusaciones de "narcoterrorismo" contra Maduro —como las promovidas por Marco Rubio— sirven como pretexto legal para justificar operaciones militares o sanciones que socavan aún más la industria.
La CIA opera en red con actores locales, medios de comunicación, ONGs financiadas desde el exterior y sectores empresariales. Su estrategia actual combina presión económica, guerra mediática, ciberataques y el fomento de una oposición interna articulada digitalmente. Pero el corazón de su operación sigue siendo el mismo desde 1954 en Guatemala: neutralizar cualquier proyecto que ponga en riesgo el acceso de Estados Unidos a recursos estratégicos.
Nada nuevo desde Washington
El presidente Nicolás Maduro calificó la información "filtrada" por The New York Times como una "burda y grosera política intervencionista" y recordó el historial desclasificado de la agencia estadounidense en la región. Además, cuestionó la narrativa de que estas operaciones sean algo nuevo:
"¿Alguien se puede creer que la CIA no está operando en Venezuela desde hace 60 años? ¿O que no ha conspirado durante 26 años contra Chávez y contra mí?".
El mandatario puso como ejemplo de la injerencia actual el intercambio humanitario de julio pasado, donde Venezuela liberó a "10 terroristas vinculados a la CIA" a cambio de 252 venezolanos secuestrados en El Salvador. Estos fueron recluidos cuando la excusa contra Venezuela era la banda criminal El Tren de Aragua, pero hoy la excusa para amenazar al país es el supuesto Cartel de los Soles.
Nada nuevo hay en lo que "filtró" el medio estadounidense, reconocido por su papel díscolo en la campaña de presión y amenazas en marcha. Si bien hace unas semanas publicó una nota respecto al rechazo mayoritario de la población venezolana a una intervención militar por parte de Estados Unidos, su comportamiento usual consiste en privilegiar este tipo de informaciones para ejercer vocería pasivo-agresiva de los planes de un sector del halconato estadounidense encabezado por Rubio, quien disputa su influencia sobre las decisiones ejecutivas de Trump frente a sectores MAGA.