Lun. 24 Junio 2024 Actualizado Sábado, 22. Junio 2024 - 14:48

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Tras 20 meses se concreta el robo por parte del gobierno de Estados Unidos y la República Argentina (Foto: AP)

Se concreta el robo: Caso Emtrasur, cronología del pillaje

Tras 20 meses fraguando un nuevo acto de pillaje y piratería, este 12 de febrero de 2024 se conoció que el avión Boeing 747-300M, propiedad de la empresa venezolana Emtrasur, partió de la ciudad de Buenos Aires con destino hacia Estados Unidos, lo cual concretó el robo de la aeronave, iniciado el 8 de junio de 2022 cuando fue retenido en el aeropuerto por autoridades argentinas.

En poco más de año y medio asistimos a la violación sistemática del Derecho Internacional Público y de las normativas aplicables a la aeronáutica civil internacional, presenciamos también la manera en que opera la extraterritorialidad de las leyes estadounidenses con la anuencia de autoridades nacionales en distintos países y cómo ante las pretensiones de los poderosos solo queda la dignidad de quienes, sabiendo que actuaron a derecho, se niegan a sus abusos y arbitrariedades.

En correspondencia al seguimiento que de forma exhaustiva se le hizo al caso de Emtrasur desde esta tribuna, queremos presentarles una cronología actualizada de los hechos más resaltantes de este thriller que devela cómo opera el supuesto “orden basado en reglas” que tanto pregona Occidente, con Estados Unidos a la cabeza.

4 de junio de 2022. El avión Boeing 747-300M aterrizó en la ciudad mexicana de Querétaro, donde recogería mercancía de la empresa Volkswagen. El carguero aterrizó hacia las 06:30 horas —del tiempo del centro de México—.

5 de junio de 2022. La nave partió de Querétaro a las 18:37 horas “con el conocimiento de la Agencia Federal de Aviación Civil, el Instituto Nacional de Migración”, las autoridades aduaneras y la administración del aeropuerto, todas autoridades mexicanas certificadas.

6 de junio de 2022. El avión Boeing 747-300M, propiedad de Emtrasur, arribó a Buenos Aires, Argentina, desde Querétaro, México, luego de pasar provisoriamente por la ciudad de Córdoba. Debido a las sanciones impuestas contra Venezuela, la empresa Shell se negó a cumplir con el contrato, anteriormente prepagado, para surtir combustible a la aeronave en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza.

8 de junio de 2022. La tripulación decidió volar a Uruguay para cargar combustible. Cerca del espacio aéreo uruguayo, el gobierno de ese país decidió revocar el permiso, lo que obligó al avión a retornar a Buenos Aires. Nuevamente en Argentina, la Dirección Nacional de Migraciones retuvo los pasaportes de la tripulación y autorizó su estancia provisoria, lo que no implicaba su ingreso legal al país. Ese mismo día se inspeccionó la carga y el avión en general, pero las autoridades no encontraron ningún hallazgo de interés.

17 de junio de 2022. El ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, aseguró que "el análisis de la Policía Federal es que no hay ninguna relación específica con organizaciones terroristas".

18 de junio de 2022. El juez Villena no encontró ninguna evidencia que relacionara a la tripulación con actos de terrorismo islámico o espionaje ilegal, a partir del contenido de los teléfonos y documentos retenidos en el allanamiento —que fue ordenado el 14 de junio—.

27 de junio de 2022. El juez Villena autorizó, por falta de pruebas contundentes, la devolución de los teléfonos a los 14 venezolanos de la tripulación, pero retuvo los dispositivos de los cinco tripulantes iraníes. Ese mismo día, un grupo de 12 senadores del Partido Republicano le pidió al fiscal general de Estados Unidos, Merrick B. Garland, que "responda y ayude con prontitud a Argentina" para investigar al avión de Emtrasur.

19 de julio de 2022. El Tribunal del Distrito de Columbia (Washington, D.C.), encabezado por el juez Michael Harvey, emitió una orden de incautación del Boeing 747 de Emtrasur mediante la justificación de que “el avión está sujeto a decomiso con base en violaciones de las leyes de control de exportaciones de Estados Unidos relacionadas con la transferencia no autorizada del avión de Mahan Air”. El tribunal esgrimió que desde 2008 el Departamento de Comercio de Estados Unidos emitió “una orden de denegación que prohíbe a Mahan Air participar en cualquier transacción que involucre cualquier producto exportado de Estados Unidos”.

25 de julio de 2022. El juez Villena ordenó liberar la carga —autopartes de Volkswagen— del avión de Emtrasur.

2 de agosto de 2022. El juez Villena autorizó la salida de Argentina y devolución de pasaportes a 12 de los tripulantes, once venezolanos y un iraní. Ese mismo día, el Departamento de Justicia de Estados Unidos transmitió una solicitud a las autoridades argentinas para la incautación del avión Boeing 747, orden proveniente del Tribunal del Distrito de Columbia.

8 de agosto de 2022. La fiscal Incardona apeló el fallo del juez Villena, decisión que obstaculizó la salida del país de la tripulación, y la resolución pasó a la Cámara de la Plata.

11 de agosto de 2022. En el marco del Tratado de Asistencia Jurídica Mutua en Asuntos Penales con Estados Unidos, aprobado por la ley 24.034, el juez Villena accedió al pedido de Estados Unidos de incautar el avión venezolano retenido en Ezeiza. En el operativo participó el FBI. Más temprano, de acuerdo con Télam, la fiscal Incardona había dictaminado que era "formalmente procedente" el reclamo de la Justicia de Estados Unidos de incautar el Boeing 747-300M de Emtrasur.

Entre los días 16 y 17 de agosto de 2022, la defensa de Emtrasur apeló la decisión de incautar el avión basada en el argumento de que el tratado en el que se fundamentó el juez Villena era de naturaleza penal, por lo que los ámbitos comerciales y económicos quedaban fuera de su jurisdicción, como expresa en el pedido de incautación de Estados Unidos sobre el avión venezolano.

El 22 de agosto de 2022, trascendió a la prensa que el juez Villena negó a los abogados argentinos Gabriel Palmeiro y Maximiliano Rusconi representar a Venezuela y a Emtrasur, en una maniobra que buscaba privar, ilegalmente, a la República Bolivariana de su derecho legítimo a defender a sus ciudadanos retenidos y sus intereses comerciales, al tratarse de un avión de envergadura que venía ejerciendo labores humanitarias de importancia.

El 27 de agosto de 2022, en lo que puede interpretarse como una respuesta sincronizada con la declaración del embajador Ostfield, medios argentinos informaron que el fiscal ante la Cámara Federal de La Plata, Diego Iglesias, respaldó la resolución que tomó el juez Federico Villena de incautar el avión de Emtrasur y también se mostró favorable a la maniobra de anular la defensa de la República Bolivariana de Venezuela en pos de los derechos de los tripulantes de Emtrasur.

13 de septiembre de 2022. La Cámara Federal de La Plata otorgó la autorización de salida del país de los 12 tripulantes.

27 de septiembre de 2022, trascendió que el juez Federico Villena resolvió el sobreseimiento de 14 tripulantes de la aeronave de Emtrasur.

14 de octubre de 2022. Tribunales argentinos ordenaron la liberación de cinco tripulantes del avión de la empresa Emtrasur que aun quedaban en territorio argentino bajo investigación por posibles vínculos con el terrorismo.

4 de mayo de 2023. Randolph Moss, juez federal norteamericano, ordenó el decomiso del avión de la empresa Emtrasur retenido desde el año pasado en el Aeropuerto de Ezeiza.

29 de diciembre de 2023, el juez Federico Villena decidió que se cumpliera el decomiso ordenado por la justicia de Estados Unidos del Boeing 747-300, número de matrícula YV-3531.

3 de enero de 2024. Emtrasur emitió comunicado en el que rechazó la decisión arbitraria e ilegal del juez argentino Federico Villena de decomisar, a petición de Estados Unidos, el avión Boeing 747-300.

5 de febrero de 2024. Medios de comunicación argentinos acusaron de espionaje a funcionario diplomático de la embajada de Venezuela en Argentina, quien buscaba información sobre aeronave en el aeropuerto de Ezeiza, Buenos Aires.

10 de febrero de 2024. Embajada de Venezuela repudió, a través de comunicado oficial, las informaciones difundidas por el diario Clarín en las que se desinformaba y especulaba acerca de la actuación de un funcionario diplomático de dicha embajada, quien buscaba conformar la presencia de la aeronave en el aeropuerto.

11 de febrero de 2024. La Alianza Bolivariana de los Pueblos, Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA – TCP), repudió los intentos de consumar el robo de la aeronave venezolana,y así se adelantaba a las acciones ya anunciadas de salida del avión de territorio argentino.

12 de febrero de 2024. Durante las horas de la madrugada, se conoció el despegue del avión propiedad de Emtrasur con rumbo a los Estados Unidos, lo que materializó la acción de pillaje y piratería por parte de Washington.

Este mismo día la Cancillería de Venezuela emitió un comunicado oficial con el que rechazó de manera categórica el robo descarado de la aeronave luego de la confabulación entre los gobiernos de Estados Unidos y de la República de Argentina, quienes violando todas las normas que regulan la aeronáutica civil, así como los derechos comerciales, civiles y políticos que asisten a la referida empresa, colocan en riesgo la seguridad aeronáutica en la región.

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