El gobierno de Venezuela oficializó el lanzamiento de un proceso "formal, integral y ordenado" para la reestructuración de su deuda pública externa y la de la estatal Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA), tras casi una década en situación de impago (default) selectivo.

En un comunicado emitido por la Vicepresidencia de Economía y Finanzas, el gobierno venezolano indicó que históricamente el país honró fielmente sus compromisos con sus acreedores hasta que en el año 2017 la oleada de sanciones contra PDVSA y contra el Banco Central de Venezuela (BCV) impidieron la interacción de los entes venezolanos con instancias internacionales.

RAZONES, LICENCIAS Y DEUDAS

El marco regulatorio de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) estadounidense, vía licencias, y la situación judicial de los bonos en los tribunales norteamericanos son los principales elementos que definen el camino de la reestructuración venezolana.

Hasta la fecha han trascendido en la opinión pública diversas estimaciones del monto de la deuda venezolana; algunas son incluso rocambolescas. Esto se explica por el hecho de que el país y sus entidades que han emitido bonos, como PDVSA y el BCV, han incurrido en impagos involuntarios. De acuerdo con los contratos y términos de deuda, esos impagos generan intereses acumulativos.

Ello explica que, pese a que Venezuela no ha adquirido nuevas deudas en nueve años, los montos de los compromisos frente a los acreedores siguen incrementándose, haciendo inviable los pagos en las condiciones económicas actuales y a expensas del acumulado destructivo de las sanciones ilegales.

Por ende, esta es la primera razón de peso por la cual es necesario el proceso de reestructuración: determinar en conjunto con los acreedores y mediante un arbitraje técnico cuánto se va a pagar, cómo y en qué lapso.

La Licencia General Nº 58 (mayo 2026) es clave para explicar el anuncio de reestructuración. Autoriza formalmente al gobierno venezolano y a PDVSA a contratar servicios de asesoría legal, financiera y consultoría para lidiar con este proceso.

Esta licencia prohíbe expresamente las negociaciones directas con acreedores para cerrar acuerdos de liquidación, canjes de deuda o pagos alternativos (como transferencias en oro o tokens digitales). Sirve únicamente para la fase preparatoria y exploratoria de los equipos técnicos.

Por otro lado, el litigio en los tribunales estadounidenses sobre los bonos venezolanos es uno de los frentes más complejos a lidiar debido a los reclamos de los tenedores y órdenes de embargo. Es necesario recordar el caso de los Bonos PDVSA 2020 y Citgo. El foco principal de las cortes de Nueva York y Delaware ha sido el bono con vencimiento originalmente pautado en 2020, el cual cuenta con 50,1% de las acciones de Citgo Holding Inc. como garantía colateral.

Pero, hasta ahora, CITGO no ha sido definitivamente desmembrado dado que el Departamento del Tesoro estadounidense ha extendido periódicamente una licencia especial que la protege de ser embargada o tomada por acreedores, incluyendo los tenedores del Bono PDVSA 2020.

El anuncio de reestructuración de la deuda de PDVSA busca frenar la pérdida definitiva de activos de Citgo intentando incorporar las demandas judiciales dentro del paquete global de negociación macroeconómica una vez que la OFAC levante la prohibición de liquidación de pasivos.

Lo que se espera es que el anuncio de reestructuración imponga nuevos términos entre las entidades venezolanas y sus acreedores para honrar sus compromisos, mediante un carácter de "sostenibilidad" que no comprometa las perspectivas de recuperación de la economía venezolana.

Sobre la deuda contraída con la República Popular China, esta se ha sujetado sobre otros mecanismos de pago y compensación, como el suministro petrolero. El default de Venezuela no ha sido lineal, se le considera selectivo, ya que desde 2017 Venezuela ha honrado parte de sus compromisos con la nación asiática mediante el envío continuo de crudo.

LOS OBJETIVOS DE VENEZUELA

El gobierno venezolano está planteando un reseteo de los términos de su condición de deudor. No será un proceso unilateral, tendrá que contar con el aval de sus acreedores. Pero honrar viejos compromisos de deuda no debe limitar las posibilidades de reimpulso económico a las que apuesta el gobierno a cargo de la presidenta (e) Delcy Rodríguez.

El gobierno venezolano, por el contrario, espera que un proceso de reestructuración redefina los términos que permitan mejorar la situación de Venezuela en su interacción con las instancias internacionales, entes de financiamiento y actores inversores.

Durante casi 10 años, a causa de las sanciones coercitivas, Venezuela no pudo pagar sus deudas en bonos. Pero independientemente de que esa sea la causa, la cuestión concreta y objetiva es que el país está endeudado y con intereses en mora.

Una vez que las licencias habilitan la interacción financiera de Venezuela, el país también se vuelve blanco vulnerable de nuevos procesos de judicialización por impago.

Un país endeudado que no logre una renegociación de deuda es un país donde ni su gobierno ni sus actores económicos generan confianza. En ese sentido, Venezuela no sería viable para emitir nuevos bonos, ni para acceder a financiamiento, ni para canjear deuda. Tampoco es fiable para recibir nuevas inversiones, porque las condiciones de confianza permanecen rotas desde hace años por razones de "insolvencia".

Pero el meollo central de Venezuela está en renegociar para poder pagar en las condiciones de mayor comodidad posible en el contexto actual. Esto significa: impedir que el peso de la deuda arrebate al país la oportunidad de recuperarse y crecer.

Considerando que Venezuela recibe ahora nuevos recursos y que ha sido habilitado vía licencias para interactuar en el sistema financiero internacional, no puede retomar sus compromisos en el estatus y términos en que quedaron en 2017, menos aún con intereses de deuda acumulados. Es necesario un nuevo acuerdo y tal vez este sea el mejor momento para ello.

A eso se refiere el gobierno venezolano al indicar una renegociación para liberar carga presupuestaria. Es decir, reducir el peso de las obligaciones insostenibles para redireccionar ingresos hacia salud, educación e infraestructura pública.

El proceso de reestructuración podría decantarse incluso en una reducción del monto real de deuda a pagar, dando al traste con las estimaciones maximalistas que pululan en la opinión pública. Dado que los montos por intereses acumulados hacen inviables las posibilidades de pago. Así que la renegociación también conviene a los acreedores.

Además, el vicepresidente de Economía y Finanzas, Calixto Ortega, ha dicho que el país busca acceso a financiamiento, refiriéndose en concreto al sector privado venezolano. Esto sugiere "permitir que el sector privado nacional recupere líneas de crédito internacional y atraiga inversión extranjera directa".

Sobre la reestructuración como proceso, la estrategia se fundamenta en los principios claves de "transparencia, integralidad, sostenibilidad y celeridad” con el objetivo de garantizar un proceso "honesto, versátil, duradero y se ejecute en el menor tiempo posible sin comprometer la inversión social", destacó Ortega.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) también ha anunciado que hasta el presente no hay ningún proceso de conversación con Venezuela en materia de endeudamiento.

OTRAS DIFÍCILES COORDENADAS POLÍTICAS

Uno de los elementos menos discutidos, pero no por ello menos importante, ha sido la pertinencia de que sea el gobierno de la presidenta encargada Rodríguez el que firme los términos de reestructuración.

Ortega indicó que el proceso de reestructuración se ha discutido "durante meses" con equipos técnicos y parece que existen condiciones para un humo blanco con algunos acreedores, dado que el Vicepresidente ha señalado la posible "celeridad" del proceso.

Esto podría explicar por qué el gobierno estadounidense ha allanado el camino con licencias que habilitan la interacción financiera internacional de Venezuela tras casi 10 años.

Dicho de otra forma: el gobierno estadounidense está "resarciendo" con licencias el daño que ocasionaron con sanciones, daños que también cayeron contra los acreedores de deuda venezolana. Una parte considerable de los tenedores de bonos son estadounidenses.

Otro elemento a destacar es que el gobierno venezolano haya avanzado en esa dirección, incluso luego del 3 de enero, cuando en el análisis político se ha pregonado que Venezuela se aproxima a una "transición".

La magnitud e importancia de un proceso de reestructuración de deuda externa es muy significativo, y se supone que tal asunto debería ser delegado al finalizar la "transición". Pero evidentemente este no es el caso, muy probablemente porque en Venezuela las condiciones reales en el terreno desmienten el curso de una transición y el chavismo apuesta a su afianzamiento.

Lo anterior sugiere que las dimensiones del realismo político venezolano siguen tomando distancia de ciertas dinámicas normativas o creencias tradicionales. El gobierno nacional ha anunciado reestructurar la deuda en las condiciones actuales, considerando que tiene la oportunidad de obtener ventajas de ese proceso. El anuncio de ello es en sí mismo indicio de que las discusiones, posiblemente, se estén zanjando en una perspectiva favorable para honrar compromisos y viabilizar la recuperación económica.

Aquí podría haber un punto de convergencia y distensión en la estrategia de Caracas y Washington. La Administración Trump apuesta, ahora sí, por el éxito de las inversiones estadounidenses en Venezuela (en papeles de deuda y energía), las mismas que las políticas de sanciones del mismo mandatario arruinaron desde 2017. Por lo tanto, podría apostar a que el país deje atrás su estado actual como gran deudor por las implicaciones que tiene el peso de la deuda para el desempeño económico del país.

Esto, mientras Caracas da señales de que desea mejorar su posición macroeconómica luego de renegociar su deuda.

En otras palabras, es probable que la participación de Washington en la reestructuración de deuda sea la de facilitar condiciones, tal como se está haciendo vía licencias, pero sin renunciar todavía a sus mecanismos coercitivos sancionatorios, pues siguen siendo expresión de su pie de fuerza y presión sobre Miraflores.

Venezuela, por su parte, gana oxígeno, tiempo y nuevas oportunidades para seguir reorganizando la economía.