En medio de la tensión generada por las publicaciones del New York Times, Reuters y CNN sobre la existencia de una orden ejecutiva secreta de Washington que autoriza el despliegue militar en el Caribe bajo el pretexto de la "lucha contra el narcotráfico", varios gobiernos de la región han reaccionado en sincronía con la agenda impulsada —principalmente— por Marco Rubio, quien ahora cuenta con dobles funciones en el Ejecutivo estadounidense: es secretario de Estado y consejero de Seguridad Nacional interino.

En general, la estrategia combina presión mediática y política, y se sostiene sobre la reedición de la narrativa sobre el denominado "Cártel de los Soles", utilizada como carta de criminalización contra el gobierno venezolano.

Uno de los primeros en sumarse fue el gobierno de Paraguay, haciéndose eco inmediato del discurso estadounidense.

Días después, los gobiernos de Guyana y Trinidad y Tobago expresaron de manera explícita su respaldo al relato y a los despliegues militares impulsados por Washington bajo el argumento de la lucha contra el narcotráfico, con implicaciones directas para Venezuela.

ENCLAVE GUYANÉS: el origen de la agenda de Rubio

Marco Rubio, en su rol actual al frente de la política exterior estadounidense y consejero de Seguridad Nacional interino, ha precisado a Guyana como un punto de apoyo clave para su estrategia contra Venezuela.

La debilidad institucional del enclave guyanés y la permeabilidad de su élite política facilitaron la inserción de una agenda que combina narrativa mediática, cooperación en seguridad y acercamiento militar con Estados Unidos, especialmente luego de la visita en marzo del secretario estadounidense a Georgetown.

La disputa territorial con Venezuela ha servido de marco idóneo para proyectar allí una agenda geopolítica que combina cooperación militar, intercambio de inteligencia y respaldo político a iniciativas de mayor presencia estadounidense en el Caribe.

El 21 de agosto, el gobierno de Irfaan Ali emitió un comunicado, en el que señaló:

"El gobierno de la República Cooperativa de Guyana observa con gran preocupación la amenaza que representan para la paz y la seguridad de la región la delincuencia organizada transnacional y el narcoterrorismo, en los que a menudo participan redes delictivas como el Cártel de los Soles de Venezuela, designado como organización terrorista por algunos países de la región".

Cabe destacar que el propio Rubio publicó este comunicado antes, incluso, que el presidente guyanés, lo que pone en evidencia el nivel de tutela política que ejerce Washington sobre Georgetown, y el rol instrumental que cumple Guyana en la estrategia regional contra Caracas.

Con esta declaración, Guyana replicó de forma textual la etiqueta fabricada en Washington del "Cártel de los Soles" y se comprometió a respaldar iniciativas multilaterales destinadas a "desmantelar" dichas redes. En términos prácticos, estos movimientos eran previsibles desde inicios de año, cuando Georgetown comenzó a ejecutar operaciones de bandera falsa y, posteriormente, firmó el memorando de seguridad con Washington que abrió la puerta a una sumisión militar más pronunciada.

Trinidad y Tobago: la ambigüedad conveniente

El 23 de agosto, dos días después del pronunciamiento guyanés, Trinidad y Tobago publicó un comunicado emitido en la cuenta oficial de Facebook de la nueva primera ministra Kamla Persad-Bissessar. El texto abre con un apoyo explícito a Washington:

"El despliegue de activos militares estadounidenses por parte del gobierno de Estados Unidos en la región del Caribe para destruir los cárteles terroristas de la droga cuenta con el pleno apoyo del gobierno de Trinidad y Tobago".

Con esta declaración, la primera ministra refuerza la narrativa estadounidense de que se trata de una operación estrictamente "contra el crimen organizado" y no de un movimiento geopolítico. Incluso insiste en que "las únicas personas que deberían preocuparse por la actividad militar estadounidense son quienes participan o facilitan actividades delictivas. Los ciudadanos respetuosos de la ley no tienen nada que temer".

De ese modo, construye una excusa que convierte a Estados Unidos en garante de seguridad frente a mafias transnacionales y normaliza su presencia militar, presentándola como algo incuestionable bajo el pretexto de la lucha contra los cárteles. Porque, ¿quién puede estar a favor de las mafias transnacionales y terroristas? Es la justificación perfecta.

En un intento de lavarse las manos, la mandataria introduce luego un matiz diplomático: "El gobierno estadounidense nunca ha solicitado que sus activos militares accedan a territorio trinitense para ninguna acción militar contra el régimen venezolano. Trinidad y Tobago siempre ha mantenido buenas relaciones con el pueblo venezolano y así continuará". Con esta aclaratoria busca proyectar cierta neutralidad frente a Caracas, como si se desmarcara de la narrativa de intervención directa. Pero este gesto de equilibrio dura poco.

Acto seguido, el discurso da un viraje hacia Guyana: "Sin embargo, quiero dejar muy claro que si el régimen de Maduro lanza algún ataque contra el pueblo guyanés o invade territorio guyanés y el gobierno estadounidense solicita acceso a territorio trinitense para defender el pueblo de Guyana, mi gobierno se lo concederá sin reservas".

Esta frase revela el verdadero trasfondo: el casus belli predilecto está en Guyana, y allí Trinidad y Tobago se ofrece de antemano como plataforma logística para la operación que impulsa Washington bajo el liderazgo de Rubio.

Lo que en apariencia era un mensaje de prudencia se convierte en un cheque en blanco para abrir su territorio, en franca contradicción con la tradición caribeña de protegerse de las intervenciones militares extranjeras.

El comunicado también busca justificar la decisión en clave interna de emergencia, pues recurre al relato de violencia, bandas criminales y desbordamiento del delito para legitimar la entrada de fuerzas externas: "Los pequeños Estados insulares como el nuestro simplemente carecen de los recursos financieros y militares necesarios para enfrentar a los cárteles de la droga". En este esquema, los "cárteles" aparecen como enemigo común que justificaría la cesión de soberanía, mientras que Venezuela queda planteada como un riesgo externo en caso de un eventual choque con Guyana.

Aunque asegura que Trinidad y Tobago no pretende intervenir en Caricom y que "cada Estado miembro puede hablar por sí mismo al respecto", su postura rompe de hecho con la línea histórica de consenso regional y se alinea con la agenda de Washington.

En paralelo, lanza un mensaje interno que mezcla pragmatismo con desdén hacia las críticas: "Ninguna rabieta provocada por el síndrome de trastorno mental de Trump ni propaganda antiamericana impedirá que mi gobierno acepte la ayuda". Esta frase, cargada de ironía, busca blindarse frente a la oposición interna y mostrarse firme en la decisión de abrir las puertas a la militarización.

En definitiva, el discurso de la primera ministra trinitense está marcado por una ambigüedad calculada, es decir, es un intento fallido de equilibrar fuerzas, quedar bien con todos y justificar lo injustificable, que termina revelando a Trinidad y Tobago como pieza dispuesta en el tablero estratégico de una facción de la clase política estadounidense.

Perfil político de Persad-Bissessar

La postura ambigua del gobierno de Trinidad y Tobago frente a la actual coyuntura responde al perfil político de la primera ministra Kamla Persad-Bissessar, cuya trayectoria muestra un historial de acercamientos recurrentes a Washington.

En su primer gobierno (2010-2015) Persad-Bissessar realizó frecuentes visitas oficiales a Estados Unidos y en 2013 firmó el Acuerdo sobre el Estatuto de las Fuerzas (SOFA, según siglas en inglés), que estableció un marco para la cooperación militar y otorgó un estatus especial al personal estadounidense en territorio trinitense.

Posteriormente, ya como líder de la oposición, mantuvo una línea consistente de alineamiento con la política exterior estadounidense.

En 2017 envió una carta al presidente Donald Trump en relación con la Ley de Cumplimiento Tributario de Cuentas en el Extranjero (Fatca), mostrando disposición a cooperar en un asunto sensible para Washington.

Dos años más tarde, en 2019, expresó abiertamente su apoyo a Juan Guaidó, cuando señaló que el Congreso Nacional Unido —su partido político— estaba dispuesto a "sumarse al mundo libre y reconocerlo como presidente interino de Venezuela hasta que se celebren nuevas elecciones justas y libres".

Más recientemente, en 2023, sostuvo reuniones frecuentes con la embajadora estadounidense en Puerto España, Candace Bond, en los que reforzó esos vínculos políticos.

Incluso en el terreno discursivo Persad-Bissessar ha mostrado una orientación claramente adherida a los intereses estadounidenses. En enero de este año, tras la toma de posesión de Trump, calificó la gestión demócrata de Joe Biden como "un desastre para el pueblo estadounidense y el mundo", en un guiño al nuevo gobierno.

Este patrón de conducta política contrasta con la tradición caribeña de defensa de la soberanía regional y también con el desarrollo reciente de la relación bilateral con Venezuela, en la que se han consolidado proyectos energéticos conjuntos bajo principios de buena vecindad, respeto mutuo y cooperación soberana.

La trayectoria de Persad-Bissessar sugiere que un frente sumiso a Estados Unidos podría emerger nuevamente. En ese marco, cabría esperar que el nuevo gobierno en Puerto España adopte una política más equilibrada y digna frente a la presión externa, capaz de sostener los avances energéticos con Caracas sin supeditar la agenda nacional a los vaivenes de Washington.

Cabe recordar que en 2015, durante la VII Cumbre de las Américas, la entonces primera ministra Kamla Persad-Bissessar pronunció un discurso claro en defensa de la soberanía venezolana y en rechazo a las sanciones impuestas desde Washington que estaban por imponerse.

"Por lo tanto, por lo que abogo, presidente Maduro, es que alcemos de nuevo colectivamente nuestras voces, y también individualmente como naciones de la región, alcemos nuestras voces contra esta orden ejecutiva, que usted me recordó que alguna vez hubo una similar en la historia a la que siguió una invasión. Así es que, si bien una orden ejecutiva en papel no es un acto o declaración de guerra, para nosotros sí es causa de gran preocupación.

"Hago estos comentarios iniciales después de haber escuchado a los presidentes de Estados Unidos, Cuba y Venezuela. En el Caribe solemos decir que "cuando los elefantes retozan y juegan, el césped queda pisoteado". Nosotros somos el césped en la Caricom, somos países muy pequeñitos, pero muy independientes y en favor de la democracia y el estado de derecho.

"Creemos inherentemente en la soberanía de las naciones y, por ello, estamos con usted, presidente Maduro, por su soberanía y por la determinación del derecho de su pueblo a ser regidos como ellos quieran. Y pido que todos nosotros alrededor de la mesa nos compete en este momento, en los primeros días de la orden ejecutiva, que hablemos ahora y que la orden ejecutiva se elimine".

Estas declaraciones reflejaban una postura firme a favor del respeto a la autonomía regional y de los países pequeños del Caribe frente a presiones externas.

En este contexto, resulta pertinente esperar que la nueva administración de Persad-Bissessar recuerde estas palabras y actúe en consonancia con lo que la región requiere que es, en definitiva, una política que garantice paz, cooperación y estabilidad, sin caer en servidumbres externas, y que sitúe a Trinidad y Tobago a la altura de sus responsabilidades soberanas en el Caribe.