El fiscal general de Trinidad y Tobago, John Jeremie, confirmó que el gobierno estadounidense otorgó una nueva licencia de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, según siglas en inglés) por seis meses, con el fin de permitir la continuidad de las negociaciones con Venezuela sobre el desarrollo del campo gasífero Dragón.

A diferencia de la licencia previa, esta no habilita operaciones ni exportaciones, sino únicamente el inicio de conversaciones, enfatizó Jeremie, lo que representa una modificación sustancial en los términos originalmente acordados.

Es decir, aunque la autorización fue informada por el Fiscal trinitense como una señal de avance, en realidad evidencia un retroceso en las condiciones iniciales del acuerdo, pues la nueva licencia, restringe las operaciones a una fase de conversaciones, sin facultar aún la producción ni la exportación del gas venezolano.

Evidentemente responde a la lógica de control y condicionamiento político de Washington en medio de necesidades energéticas en la cuenca caribeña.

Cabe recordar que:

• La licencia otorgada en 2023 tenía vigencia hasta octubre de 2025, por lo que su revisión y sustitución eran previsibles.
• Y en abril de 2025, la OFAC revocó las licencias (luego de un prolongado proceso de negociación en 2023) que permitían a la petrolera Shell, a la Compañía Nacional de Gas (NGC) y a sus contratistas avanzar en la exploración, producción y exportación desde los campos Dragón y Cocuina-Manakin.

La secuencia de concesiones, revocaciones y renegociaciones han ralentizado el desarrollo de uno de los yacimientos gasíferos más importantes de la región.

Detrás de ese patrón se perfila una maniobra deliberada impulsada por la Casa Blanca, en principio, forzada por la facción política que encabeza el secretario Marco Rubio, cuyo objetivo es ganar tiempo y prolongar la presión sobre Venezuela, utilizando el asunto energético como elemento dentro de su agenda de cambio de régimen.

El largo trayecto de una negociación bajo sanciones ilegales

A modo de recordatorio, el punto de mayor avance en este complejo proceso se remonta a enero de 2023, cuando el entonces primer ministro de Trinidad y Tobago, Keith Rowley, anunció que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos había autorizado una licencia para desarrollar el campo gasífero Dragón, ubicado en aguas venezolanas frente a las costas del estado Sucre, limítrofe con la nación isleña.

En su declaración de aquel momento, Rowley reconoció que el principal obstáculo para el desarrollo gasífero trinitense había sido precisamente el régimen de sanciones estadounidenses, que obstaculizaba tanto la cooperación bilateral como el acceso a fuentes energéticas cercanas y seguras.

Durante todo 2023, funcionarios de Puerto España realizaron constantes viajes a Caracas y Washington con el propósito de definir los términos del nuevo mecanismo de intercambio gasífero, buscando sortear las restricciones impuestas por las medidas coercitivas.

No fue sino hasta casi diez meses después, tras arduas negociaciones, cuando la OFAC modificó la licencia inicial para permitir que la petrolera Shell y la Compañía Nacional de Gas (NGC) pudieran adquirir gas venezolano producido en el Campo Dragón.

Ese ajuste técnico-político representó un punto de inflexión, ya que eliminaba la principal limitación de la autorización original. El entonces ministro de Energía, Stuart Young, precisó que la licencia modificada, extendida hasta el 25 de octubre de 2025, facultaba a Trinidad y Tobago a pagar el gas natural exportado desde Venezuela en cualquier moneda, incluidos dólares estadounidenses, o mediante mecanismos de cooperación humanitaria.

Además, Shell asumiría la operación del campo para transportar el gas hacia la plataforma Hibiscus y, desde allí, a las plantas procesadoras en territorio trinitense.

El 21 de diciembre de 2023, el Ministerio del Poder Popular de Petróleo de Venezuela (ahora, de Hidrocarburos) formalizó el otorgamiento de la licencia de exploración y producción del Campo Dragón a la NGC Exploration & Production Ltd. (NGC) y a Shell, consolidando así el marco jurídico binacional para el desarrollo conjunto del yacimiento.

Durante el acto de firma, la vicepresidenta ejecutiva Delcy Rodríguez subrayó que "este gran proyecto marca un momento histórico para Venezuela, ya que por primera vez se va a producir y exportar gas; y también significa un ejemplo de lo que deben ser las relaciones de cooperación y amistad entre nuestros países".

Ese hito cerraba un ciclo de más de una década de esfuerzos diplomáticos y técnicos, desde que el proyecto se iniciara en 2008. No obstante, el prolongado sistema de sanciones estadounidenses frenó reiteradamente su ejecución.

El propio Keith Rowley reconoció que, en los últimos cinco años, tanto él como el ministro Young realizaron múltiples visitas a Washington para convencer a los responsables políticos de permitir la operación de Campo Dragón.

Esa persistencia terminó por traducirse en una autorización limitada, que hoy vuelve a ser objeto de revisión y restricción.

La nueva licencia

El Fiscal Jeremie, informó que la nueva exención de la OFAC fue emitida el 8 de octubre bajo determinadas órdenes ejecutivas del gobierno estadounidense. El permiso autoriza a empleados, afiliados, contratistas y proveedores de servicios vinculados al gobierno de Trinidad y Tobago, a la Compañía Nacional de Gas (NGC), a Shell PLC, a Futura Clara Ltd. y a sus subsidiarias, a participar en transacciones con la estatal venezolana PDVSA dentro del marco del acuerdo de gas Dragón.

Jeremie explicó que, en esta etapa inicial, la licencia sólo permite iniciar negociaciones y que su vigencia de seis meses está sujeta al cumplimiento de condiciones específicas vinculadas a los intereses de Estados Unidos.

Una vez alcanzados esos objetivos, principalmente la garantía de beneficios comerciales para empresas estadounidenses y la adecuación de los términos del acuerdo a lineamientos políticos fijados por Washington, se procedería a las fases siguientes.

Según sus palabras, "la licencia nos autoriza a entablar conversaciones. Está sujeta a condiciones. Una vez que cumplamos con esas condiciones respecto a los beneficios para Estados Unidos y a garantizar que las negociaciones se ajusten a ciertos lineamientos con Venezuela, se pasará a la segunda y tercera etapa".

El funcionario admitió que la licencia actual difiere "en forma y sustancia" de la anterior. Mientras el acuerdo original contemplaba la autorización integral del proyecto, el nuevo documento establece un "enfoque escalonado", en el que Trinidad y Tobago sólo dispone de autorización para negociar hasta abril de 2026.

Durante ese período, deberá cumplir metas comerciales específicas "razonables", según Jeremie, que aseguren resultados tangibles para Estados Unidos y, en otra medida, para las partes caribeñas.

El Fiscal insistió en que el gobierno confía en obtener la licencia completa una vez alcanzadas esas metas, lo que, según dijo, responde a una "nueva relación" entre Puerto España y Washington.

No obstante, esa supuesta "nueva relación" se ha desarrollado en un marco de claros alineamientos políticos. La llegada al poder de la primera ministra Kamla Persad-Bissessar introdujo un cambio en la orientación diplomática de Trinidad y Tobago.

Su trayectoria, marcada por recurrentes acercamientos a Washington y por una formación académica en territorio estadounidense, ha redefinido la política exterior del país hacia una posición de complacencia estratégica frente a la Casa Blanca.

El pasado 23 de agosto, Persad-Bissessar publicó un comunicado en su cuenta oficial de Facebook expresando apoyo total a las operaciones militares estadounidenses en la región:

"El despliegue de activos militares estadounidenses por parte del gobierno de Estados Unidos en la región del Caribe para destruir los cárteles terroristas de la droga cuenta con el pleno apoyo del gobierno de Trinidad y Tobago".

Ese pronunciamiento funcionó como su carta de arrastre ante la administración Trump, para que le dieran el permiso de reanudar las negociaciones con Venezuela sobre el campo gasífero Dragón, un proyecto que había avanzado en un clima de buena vecindad antes de ser parcialmente interrumpido por Washington.

En efecto, su postura, marcada por una ambigüedad calculada, intenta proyectar neutralidad mientras consolida una posición de subordinación a la Casa Blanca.

Así, la concesión actual mantiene el proyecto vivo, pero atado a condicionamientos que priorizan los intereses de Washington, una práctica recurrente dentro de la lógica del régimen de sanciones ilícitas.

Buena vecindad y desarrollo de campos compartido

Los recursos naturales no conocen fronteras políticas, cuando un yacimiento se extiende más allá de los límites soberanos, la cooperación se convierte en un deber jurídico y una necesidad estratégica.

En estos casos, el principio de buena vecindad, consagrado en el Derecho Internacional, se erige como pilar esencial para garantizar el desarrollo conjunto y el aprovechamiento equitativo de los recursos compartidos.

Tal como lo expresó el jurista Sompong Sucharitkul, "la cooperación es imperativa para la supervivencia de todos los Estados de esa vecindad".

Esa visión ha sido asumida con claridad por Caracas. Al suscribirse el acuerdo con Trinidad y Tobago, se reitera lo dicho por la vicepresidenta ejecutiva Delcy Rodríguez: "Una oportunidad histórica para desarrollar la industria del gas y fortalecer las relaciones de vecindad y hermandad entre nuestros países, en el marco de la legalidad y el derecho internacional".

El presidente Nicolás Maduro, por su parte, advirtió que "las grandes transnacionales exploran y buscan campos compartidos para enemistar a los países, pero Venezuela y Trinidad y Tobago desarrollan los campos gasíferos en paz".

En esa línea, la cooperación gasífera binacional se ajusta a la Resolución 3129 (XXVIII) de la ONU (1973), que exhorta a los Estados a "garantizar una explotación armoniosa de los recursos naturales comunes en el contexto de relaciones normales y pacíficas".

La realidad energética de Trinidad y Tobago otorga aún mayor sentido a este marco de entendimiento. El país caribeño enfrenta una caída sostenida de su producción de gas natural y, según datos del Statistical Review of World Energy de BP, sus reservas podrían agotarse en una década. En este contexto, el gas venezolano emerge como un factor indispensable para la continuidad de su industria y la estabilidad regional.

En síntesis, la nueva licencia de la OFAC para el campo Dragón no representa un avance real, sino una maniobra de control de los intereses de Washington. Bajo un marco de sanciones aún vigente y condicionamientos políticos crecientes, Venezuela mantiene su apuesta por la cooperación soberana y la buena vecindad como vía legítima para aprovechar recursos compartidos y mantener la estabilidad del Caribe.