El relato oficial estadounidense sobre la epidemia de opioides, que vive una nueva ola con el fentanilo, se ha construido diligentemente sobre la búsqueda de chivos expiatorios externos.
Las semillas de su peor crisis de salud pública en décadas fueron plantadas, cultivadas y cosechadas dentro de las propias fronteras de Estados Unidos por actores domésticos que operaron bajo el amparo de la codicia corporativa y la mirada negligente –o cómplice– de las instituciones.
La sociedad que medicalizó el dolor ahora criminaliza su alivio
Se estima que 80 mil 391 personas murieron por sobredosis de drogas en 2024, una caída de 27% con respecto a las 110 mil 35 muertes registradas el año anterior y el nivel más bajo desde 2019. Los decesos por fentanilo pasaron de aproximadamente 76 mil en 2023 a 48 mil 422 el año pasado, siempre por encima de la mitad de los casos.
El fentanilo —sintético, barato, fácil de producir y 50 veces más potente que la heroína— apareció en seis de cada diez casos, pero su origen reside en el propio sistema médico. Entre 1999 y 2030, aproximadamente un millón de personas habrá muerto por sobredosis de opioides. Esto incluye recetados e ilegales.
Pero el origen de estas "olas" de opioides reside en un fenómeno que ha sido bautizado como "medicalización de la vida y la sociedad", que transformó malestares cotidianos en diagnósticos rentables. Así lo resume la socióloga Susana Rodríguez Díaz:
"Hacer creer a la gente que está enferma puede ser una sustanciosa fuente de dinero. Una de las maneras de conseguir esto es ampliar los límites de las enfermedades tratables (…) por ejemplo, dolencias ordinarias en problemas médicos, leves síntomas en graves, problemas personales en problemas médicos o convirtiendo riesgos en enfermedades".
Los procesos comunes de la vida han sido medicalizados, incluyendo la ansiedad y ciertos estados de ánimo, la menstruación, el control de la natalidad, la infertilidad, el parto, la menopausia, el envejecimiento y la muerte. Fueron redefinidos como condiciones clínicas que requerían intervención farmacológica.
Este marco promovido por el complejo médico-farmacéutico —o Big Pharma—, abrió la puerta a una avalancha de recetas de opioides como OxyContin, producido por Purdue Pharma. La trama arranca con una carta de 1980 publicada en el New England Journal of Medicine —citada después 600 veces— que aseguraba que los opioides eran "raramente adictivos" cuando se usaban para el dolor crónico. Purdue Pharma, propiedad de la familia Sackler, tradujo esa frase en 1996 para su campaña para OxyContin: "Reduce el dolor, no la calidad de vida". Este analgésico, al igual que el fentanilo, está químicamente relacionado con la heroína.
Para 2001, la compañía pagó a médicos líderes en el campo del dolor para asegurar a los pacientes que el medicamento era seguro. También financió grupos, como la Fundación Estadounidense del Dolor, que se autodenominaban defensores de los pacientes con dolor. Varios de estos grupos minimizaron el riesgo de adicción y lucharon contra los esfuerzos para reducir el uso de opioides en pacientes con dolor crónico.
Ya en 2012, los médicos en Estados Unidos prescribían 259 millones de recetas de opioides al año, suficientes para que cada adulto estadounidense tuviera su propio frasco de pastillas. Cuando las autoridades empezaron a restringir el acceso a píldoras legales, millones de pacientes dependientes migraron al mercado "negro".
El fentanilo, hasta entonces reservado a esquemas de quimioterapias, ocupó el vacío. La primera ola de sobredosis —2009-2014— fue de analgésicos; la segunda —2015-2019— de heroína; la tercera, en curso, ya es de fentanilo y estimulantes. Este opioide llegó a superar a las armas de fuego como causa de muerte en adultos entre 18 y 49 años y ha redefinido la relación de Estados Unidos con la muerte, el dolor y el control social.
El fentanilo también beneficia a los de siempre
Detrás de cada muerte por fentanilo hay una cadena de ganancias. La familia Sackler, dueña de Purdue Pharma, amasó una fortuna con la venta de OxyContin, sabiendo desde los años 1990 que el producto era altamente adictivo. A pesar de múltiples demandas colectivas, esta familia logró proteger miles de millones de dólares en un acuerdo que muchos calificaron de "impunidad estructural". El imperio del dolor, como lo llamó el periodista Patrick Radden Keefe, sigue vigente mientras las familias entierran a sus seres queridos.
En marzo pasado, un tribunal de quiebras aprobó el plan de Purdue Pharma en el que la familia Sackler aportará 7 mil millones de dólares —el 63% de su fortuna, aproximadamente— a cambio de inmunidad civil total. El acuerdo blinda a unos 40 miembros del clan, que ya habían trasladado 10 mil 800 millones a Delaware, el paraíso fiscal interno de Estados Unidos, entre 2008 y 2018. Otros 1.500 millones de dólares terminaron en entidades registradas en las Islas Vírgenes Británicas y Luxemburgo. El Tribunal de Apelaciones otorgó inmunidad en 2023; contra lo que la administración Biden tomó acciones; sin embargo, el negocio del dolor sigue siendo rentable incluso en la supuesta quiebra.
El año pasado, Endo Health Solutions se declaró culpable de un cargo penal corporativo 10 años después de que comenzaran las denuncias en su contra, por lo que se anunció que enfrentaría 1.500 millones de dólares en multas y decomisos. Las agencias federales, que habían afirmado que la empresa adeudaba hasta 7 mil millones de dólares en multas penales, impuestos atrasados y otros cargos, llegaron a un acuerdo por tan solo 200 millones de dólares, un 2,8% de la deuda.
Los abogados ganaron 350 millones de dólares, algunos ejecutivos se repartieron 95 millones de dólares en bonificaciones y miles de víctimas de opioides se repartirán 40 millones de dólares, unos mil dólares por cada una.
Otras Big Pharma como Teva, Pfizer y Johnson & Johnson también han sido señaladas por su papel en la saturación del mercado con opioides; entre 1995 y 2022, sus acciones aumentaron entre 900 y 1000%. Aunque negaron cualquier responsabilidad directa, documentos internos sugieren que algunos ejecutivos ignoraron señales de alerta sobre el uso indebido de sus productos químicos.
Hace menos de un año, la DEA acusó a ejecutivos de tres distribuidoras farmacéuticas de distribución ilegal de casi 70 millones de pastillas de opioides y más de 30 millones de dosis de otros medicamentos recetados de uso común a supuestas farmacias de venta libre en el área de Houston, Texas.
Según la investigadora Helena Glass, 40% del fentanilo incautado en la calle proviene de lotes "desviados" de plantas en Nueva Jersey y Carolina del Norte. La cadena es circular: la misma Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés), que en 2016 restringió opioides, aprobó 50 nuevas licencias para fentanilo "transmucoso" para pacientes oncológicos en 2022. El excedente —miles de millones de dosis— alimenta el mercado "negro" sin necesidad de importar nada.
Aunque distintas autoridades y medios afirman que la mayoría del fentanilo se produce en el extranjero, omiten el hecho incómodo de que gran parte del opioide sintético que circula en Estados Unidos ya no solo es fabricado en China, sino sintetizado en laboratorios clandestinos dentro del propio territorio estadounidense, utilizando precursores que muchas veces pasan desapercibidos.
Estos laboratorios clandestinos han crecido exponencialmente. Según el portal del programa Narconon, "el fentanilo ya no es solo un problema de tráfico transnacional: se produce localmente, en garajes y casas rurales, a partir de precursores importados". Se estima que hay 3 mil 500 kitchen labs de fentanilo en 48 estados, la mayoría en garajes de suburbios de clase media. El costo de producción es de 30 centavos por píldora. Pero el relato de los medios sostiene que los precursores llegan a Estados Unidos, son enviados por paquetería a México y luego vuelven al norte transformados en millones de pastillas.
La crisis que vive Estados Unidos con los opioides sintéticos es una síntesis del declive de un modelo basado en la impunidad estructural, cuyo vehículo es un mercado que solo es libre para quienes pueden obtenerlo todo a partir del lobby. Mientras desde Washington se juzga la supuesta corrupción en otros países y se externalizan las responsabilidades, estas drogas demuestran la corrosión que habita en las letras pequeñas de la ley de la oferta y la demanda.