Mientras circulan los rumores mediáticos sobre un posible ataque militar estadounidense contra Venezuela, los hechos en el terreno —revelados por documentos oficiales del Departamento de Defensa de EE.UU.— indican algo más grave y duradero: una guerra que ya comenzó, aunque aún no tiene nombre.

Se trataría de una acumulación logística deliberada, que proyecta la presencia militar estadounidense en el Caribe hasta noviembre de 2028, casi coincidiendo con el final del segundo mandato de Donald Trump. Esto quiere decir que el presente despliegue no consiste en una operación táctica, ni en una maniobra disuasiva pasajera.

Así lo confirma The Intercept, medio que publicó, el pasado 25 de noviembre, una investigación basada en documentos de contratación de la Agencia Logística de Defensa (DLA, por sus siglas en inglés) que no dejan lugar a dudas:

"El suministro de alimentos se destinará a casi todas las ramas de las fuerzas armadas estadounidenses… decenas de miles de libras de productos de panadería están programadas para ser entregadas del 15 de noviembre de este año al 11 de noviembre de 2028".

Entre los alimentos listados: "panes de miel envueltos individualmente, pastelitos de vainilla, panes dulces y para hamburguesas y tortillas de harina". Detalles aparentemente triviales que, sin embargo, revelan una verdad incómoda: la guerra se sostiene antes que nada con logística, como lo ha demostrado el escenario ruso-ucraniano.

Y cuando se garantizan alimentos durante tres años, no se está preparando una operación: se está consolidando una.

Una flota de la Guerra Fría para el siglo XXI

Desde el verano de 2025, EE.UU. ha desplegado en el Caribe una fuerza de 15 mil efectivos, la mayor concentración naval desde la Guerra Fría. Entre sus componentes:

• El portaaviones USS Gerald R. Ford, con más de 75 aeronaves y 5 mil marineros a bordo.

• 13 buques de guerra, cinco buques de apoyo y un submarino nuclear.

• Tres destructores de misiles guiados: USS Jason Dunham, USS Gravely, USS Stockdale.

• El buque de asalto anfibio USS Iwo Jima y su Grupo Anfibio, que incluye a la 22ª Unidad Expedicionaria de Marines (MEU, por sus siglas en inglés), una unidad entrenada específicamente para desembarcos anfibios (invasiones terrestres desde el mar).

Los documentos de la DLA, reseñados por los periodistas Sam Biddle y Nick Turse, confirman que estos buques figuran explícitamente como destinatarios de alimentos, junto con el MV Ocean Trader, un buque nodriza de operaciones especiales que "hace apariciones periódicas en puntos calientes de todo el mundo"; y, por primera vez, el USS Truxtun, no antes reportado como parte del despliegue.

Puerto Rico: el posible puente aéreo y logístico hacia Venezuela

El reactivamiento de la base naval de Roosevelt Roads —cerrada en 2004 tras décadas de uso colonial-militar— es un hecho simbólico y estratégico de primer orden. Ubicada a 500 millas (aproximadamente 805 kilómetros) de Venezuela, desde noviembre alberga a 4.500 marines y aviones del Cuerpo de Marines.

Pero no es el único nodo. También se mencionan:

• Fort Buchanan, cerca de San Juan.

• La base de la Guardia Nacional Aérea de Muñiz, dentro del aeropuerto internacional Luis Muñoz Marín.

• El aeropuerto José Aponte de la Torre, donde se proveerán alimentos a la 22.ª MEU "desde el 15 de septiembre hasta el 31 de diciembre de 2025".

Y aún más revelador: en una enmienda del 4 de septiembre, aparece un cliente con un código que parece salido de la ficción: "DoDAAC-M20179, Cliente-USS Hiroshima".

El USS Hiroshima no existe: es un acorazado del universo de Star Trek, ironizan Biddle y Turse. Pero el código M20179, según un documento logístico del Cuerpo de Marines para el año fiscal 2026, corresponde exactamente a la 22ª MEU. La ficción burocrática sería un sistema de ocultamiento deliberado, una forma de operar en la sombra institucional.

Mientras tanto, efectivos de esa misma unidad entrenan en Trinidad y Tobago, a tan solo unos pocos kilómetros de Venezuela, una proximidad que el presidente Nicolás Maduro calificó como una afrenta grave contra la paz del Caribe, al señalar que el país vecino, mientras cede soberanía, permite que se utilicen sus aguas y su tierra para amenazar la estabilidad regional.

Operación Lanza del Sur: la guerra encubierta bajo el manto antidrogas

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, ha bautizado oficialmente esta campaña como Operación Lanza del Sur como una especie de despliegue humanitario a favor de la seguridad nacional estadounidense. Pero los hechos desmienten esa narrativa. Hasta la fecha, EE.UU. ha llevado a cabo más de 20 ataques contra barcos sospechosos, con un saldo de más de 80 civiles muertos, según The Intercept.

Ningún tribunal ha juzgado a las víctimas; ningún mecanismo de revisión ha evaluado la proporcionalidad de los ataques. Y, sin embargo, la administración Trump ha declarado en secreto que se encuentra en un "conflicto armado no internacional" contra 24 cárteles y grupos armados, incluido el ficticio "Cártel de los Soles"; la ironía es brutal: "a pesar de las escasas pruebas de que tal grupo exista", según reconoce el mismo reporte de The Intercept.

Aquí no opera la evidencia, sino la construcción discursiva de la amenaza. Se trata de una técnica ya clásica en la estrategia de cambio de régimen: primero se fabrica la figura del enemigo —un "narcoterrorista" híbrido, difuso, transnacional— y luego se legitima cualquier acción militar contra él bajo el principio excepcional de "necesidad preventiva".

La excepción como régimen: hacia una guerra permanente

Los documentos reseñados describen la instalación de un estado de excepción a largo plazo: un régimen en el que se ejecuta una guerra no declarada; donde la soberanía de terceros Estados se viola sistemáticamente bajo el pretexto de la seguridad hemisférica; y la muerte civil se vuelve estadísticamente aceptable como "daño colateral".

Gabe Murphy, analista político de Taxpayers for Common Sense, citado por The Intercept, lo sintetiza con precisión:

"Estos documentos sugieren que la administración Trump planea mantener una presencia militar significativamente mayor en el Caribe durante el resto del mandato del presidente Trump. Con los continuos ataques militares contra presuntos narcotraficantes en el Caribe y el Pacífico, el potencial de escalada entre EE.UU. y Venezuela en particular es alto, incluso si la administración no lo está buscando".

Pero la pregunta que algunos no se atreven a formular es la siguiente: ¿Acaso esta escalada no es, precisamente, lo que se busca?

Trump ha confirmado haber autorizado "en secreto a la CIA a realizar operaciones encubiertas en Venezuela". Ha amenazado con "futuros ataques en territorio venezolano". Ha dicho que no descarta "una invasión de Venezuela por parte de tropas estadounidenses". Y aunque responde con ambigüedad cuando se le pregunta si irá a la guerra, afirma sin titubear sobre Maduro: "Creo que sus días están contados".

Es una estrategia. La ambigüedad es un arma. Pretende mantener al adversario en tensión permanente y desgastar su capacidad de respuesta, mientras autoriza internamente operaciones que, en un contexto de claridad declarativa, serían políticamente insostenibles.

Una amenaza sistémica contra la autodeterminación regional

Este despliegue es una reconfiguración geopolítica del Caribe como zona de control militar directo por parte de EE.UU., en la que Puerto Rico opera como plataforma logística, Trinidad y Tobago como base de proyección cercana y Venezuela como objetivo implícito (o explícito, según el momento).

La Operación Lanza del Sur es una operación de contención continental en su fase algorítmica, que anticipa —y prepara— una posible intervención más amplia. No se trata en absoluto de una respuesta táctica a un fenómeno criminal.

Y mientras eso ocurre, América Latina y el Caribe debe responder con lucidez y reconocer que estamos frente a una nueva fase del imperialismo, en la que la dominación se ejerce mediante una presencia físico-logística prolongada, enmarcada en una ficción jurídica que convierte al derecho internacional en un teatro de sombras.

La defensa de la paz en el Caribe ya no es solo una causa venezolana: es una responsabilidad colectiva. Porque lo que se juega hoy en Puerto Rico, mañana puede estar en Cartagena, en Río de Janeiro o en las costas del Atlántico Sur.