En marzo de 2025, el secretario de Estado, Marco Rubio, emprendió una gira por Jamaica, Surinam y, por supuesto, Guyana, anunciada por el Departamento de Estado como parte del esfuerzo por "impulsar las prioridades de política exterior del presidente Donald Trump en el Caribe".

Durante su visita a Georgetown, obviamente, Rubio centró su atención en la controversia territorial entre Venezuela y el enclave guyanés; y, claro está, en las conveniencias de la ExxonMobil.

Para ese momento, típico en él, calificó a Venezuela como un "régimen narcotraficante" con "reclamos territoriales ilegítimos" y advirtió que cualquier acción venezolana contra Guyana o contra los intereses de ExxonMobil traería "graves consecuencias".

Con esas palabras ya asomaba sus intenciones por forzar la imposición de una agenda de agresión que hoy se desarrolla en el Caribe, materializada en el despliegue operativo y militar contra Venezuela.

En esa gira, también sostuvo una reunión con el entonces primer ministro de Trinidad y Tobago, Stuart Young, en Kingston, capital de Jamaica. Según medios como The Guardian, el encuentro giró en torno a la cooperación en materia de inteligencia, la designación del Tren de Aragua como organización terrorista y, sobre todo, al respaldo que Washington exigía a los gobiernos del Caribe frente a Venezuela.

Rubio insistió en lo de siempre: la necesidad de "aislar al régimen de Maduro" y "limitar sus fuentes de financiamiento", una referencia directa a las sanciones energéticas que condicionan los proyectos de gas compartidos entre ambos países.

Young, por su parte, calificó la reunión de "exitosa" y reconoció que Rubio mostró interés en mantener la licencia sobre Campo Dragón, ubicado en aguas venezolanas y vital para la seguridad energética trinitense. Sin embargo, tras aquel encuentro comenzó a delinearse un cambio político que alteraría por completo el panorama.

Al mes siguiente, Kamla Persad-Bissessar asumió la jefatura de gobierno, y con ella se consolidó una alianza funcional a los intereses estadounidenses. Su administración introdujo un giro hostil hacia Venezuela, reactivó los vínculos con ExxonMobil y respaldó abiertamente el despliegue militar estadounidense en la región.

En agosto, el nuevo gobierno trinitense firmó un contrato multimillonario con ExxonMobil, el primero desde 2003, que marcó el retorno de la transnacional al país en plena escalada de tensiones contra Caracas.

La coincidencia temporal entre la reunión de Rubio, la llegada de Persad-Bissessar al poder y la firma del contrato con ExxonMobil no fue un hecho fortuito.

Aquella visita no fue un acto protocolar por parte del jefe de la política exterior de Estados Unidos, sino el anclaje operativo para cimentar una escalada de presión política, económica y militar que responde realmente a los intereses de la transnacional que, hasta el presente, continúa con su despecho por haber perdido el control de los recursos energéticos en Venezuela.

De ese trauma se derivan los constantes ataques contra el país, utilizando a su peón político preferido: Marco Rubio.

Rubio es ficha original de la familia Bush

El ascenso político de Marco Rubio no puede comprenderse sin examinar la red de poder que lo amparó desde sus inicios: la familia Bush y el entramado energético y político asociado a ExxonMobil.

Rubio no surgió como un fenómeno espontáneo dentro del Partido Republicano: es el producto de una construcción política impulsada por Jeb Bush, exgobernador de Florida, heredero del capital político de su padre George H. W. Bush y de su hermano, el expresidente George W. Bush, ambos profundamente ligados al sector petrolero texano.

Desde su época como legislador estatal, Rubio fue apadrinado por Jeb Bush, quien no solo lo promovió como figura emergente del conservadurismo latino, sino que lo insertó en los circuitos de financiamiento y lobby de la industria energética estadounidense.

En 2006, durante una ceremonia simbólica, Bush lo proclamó públicamente "uno de los grandes guerreros conservadores del futuro", confirmando así la relación de mentor y delfín que los uniría durante más de una década.

Detrás de ese gesto se movían las mismas redes corporativas que habían acompañado a los Bush desde la era Reagan: conglomerados petroleros, contratistas de defensa y fundaciones de corte neoconservador; e incluso la plataforma privada de servicios carcelarios que actualmente lo patrocina.

La conexión de la familia Bush con ExxonMobil es tan antigua como la propia historia del petróleo en Texas. George H. W. Bush inició su fortuna en la industria energética a través de Zapata Petroleum Corporation, y su entorno político siempre estuvo imbricado con los intereses de la Standard Oil y sus sucesoras, entre ellas Exxon.

Décadas después, Rex Tillerson, presidente ejecutivo de ExxonMobil durante más de una década, fue nombrado secretario de Estado por Donald Trump, gracias a las recomendaciones directas de figuras en el círculo Bush como Condoleezza Rice y Robert Gates.

Tillerson, junto con Dick Cheney, James Baker III y otros veteranos del aparato petrolero, tejió durante años una red de influencia global que convirtió a ExxonMobil en un brazo económico complementario a la política exterior estadounidense.

Cuando Jeb Bush lanzó su candidatura presidencial en 2015, los mayores donantes fueron precisamente los directivos y contratistas asociados a ExxonMobil, además de inversionistas texanos vinculados al American Petroleum Institute.

Tras la caída de Bush hijo en las primarias republicanas, Marco Rubio absorbió gran parte de ese capital político y financiero, heredando no solo a sus donantes, sino también su programa estratégico: una política exterior centrada en "restaurar la influencia de Estados Unidos en el hemisferio occidental" y desarticular los proyectos energéticos en países que no convenían con los caprichos de la transnacional.

De esta manera, Rubio consolidó su figura como operador de la agenda de ExxonMobil. Desde el Senado, fue el arquitecto del régimen de sanciones contra PDVSA y presionó para restringir las licencias de la OFAC a empresas que comerciaran con Venezuela.

Ahora se dedica a garantizar los intereses de la ExxonMobil por medio de –y en– los dos nuevos enclaves caribeños: Guyana y Trinidad y Tobago.

Citgo también forma parte de su agenda

El caso Citgo Petroleum Corporation, filial pirateada de PDVSA en Estados Unidos, representa otro episodio del saqueo de activos venezolanos bajo el amparo de la política de "máxima presión" impulsada por la administración Trump.

En ese entramado, Rubio desempeñó un papel clave, pues como senador por Florida promovió el despojo de Citgo, y terminó directamente vinculado a una red de corrupción y tráfico de influencias que involucró al Departamento de Estado, la OFAC, ExxonMobil y el funesto "proyecto Guaidó".

Las investigaciones del Servicio de Impuestos Internos (IRS, sus siglas en inglés) y del Departamento de Aplicación de la Ley de Florida (FDLE, sus siglas en inglés) señalan que una fuente interna de Citgo vinculó a Rubio con su amigo y excongresista David Rivera, en operaciones de lavado de dinero y desvío de fondos corporativos hacia cuentas privadas en Suiza, Austria, Hong Kong y México.

Es oportuno recordar que, durante las primarias republicanas, Jeb Bush encendió el ventilador sobre Marco Rubio, recordando que el senador y David Rivera habían estado envueltos en polémicas financieras en Florida.

Ahora bien, las transferencias, canalizadas a través de Interamerican Consulting Inc., empresa de Rivera, beneficiaron a un pequeño círculo de operadores, entre ellos Esther Nuhfer, asesora cercana a Rubio, y Viviana Bovo, quien habría prestado su identidad para encubrir las transacciones del senador.

El New York Times reveló en 2020 que Citgo había demandado a Rivera por incumplimiento de contrato, abriendo así la puerta a una investigación del FBI y el Departamento de Justicia. Entre 2017 y 2020, el denunciante protegido detalló que Rubio y Rivera acordaron hacer lobby para frenar esas pesquisas federales, valiéndose de su influencia política en Florida.

Testimonios posteriores indicaron que la tesorera de Citgo, Gina Coon, resguardaba documentos, mensajes y audios que probaban la coordinación entre ambos.

Cuando Rivera fue arrestado en Atlanta, en diciembre de 2022, por lavado de dinero y conspiración, las autoridades federales identificaron en los documentos judiciales a un "Senador 1", descrito como senador republicano por Florida y amigo cercano de Rivera; todo apunta a Marco Rubio.

En marzo de 2025, el empresario Alejandro Terán, director de la Asociación Latinoamericana de Empresarios del Petróleo en Texas, confirmó que Rubio recibió fondos de la Fundación Simón Bolívar de Citgo, controlada entonces por el entorno de Guaidó.

Cabe destacar en este punto que ExxonMobil y Citgo han operado como competidoras en el sector de refinación estadounidense.

Actualmente, miembros del consejo de administración de ExxonMobil se han unido a grupos de inversión que pujan por la adquisición facinerosa de Citgo.

Todo queda claro: no hay nada más por decir sobre el Secretario de Estado y su obsesión con Venezuela, en su desespero por garantizar el negocio hidrocarburífero de la ExxonMobil.