El mapa del narcotráfico en América Latina ya no responde a la lógica de los grandes carteles que monopolizaban territorios y rutas. Hoy es un entramado fragmentado, con múltiples organizaciones medianas y pequeñas que, en alianza o competencia, se disputan los corredores hacia Europa y Norteamérica. En esa gama de actores se encuentran las mafias albanesas, clanes discretos que han logrado insertarse en la cadena logística, sobre todo en los puertos del Pacífico y del Caribe.

Es en ese contexto donde cobran relevancia las denuncias de Diosdado Cabello: además de estar vinculados al tráfico de cocaína, estos grupos han aparecido conectados con operaciones de desestabilización y un intento de atentado en Caracas. Su presencia en la región plantea una pregunta inevitable: ¿por qué estructuras criminales extranjeras terminan involucradas en tramas de violencia política contra Venezuela?

La clave está en que estas mafias funcionan como piezas de un tablero más amplio, donde el narcotráfico se convierte en logística y financiamiento para agendas de guerra híbrida.

Quiénes son las mafias albanesas y cómo llegaron a Sudamérica

Las mafias albanesas tienen su origen en los Balcanes de los años noventa, cuando Occidente (con Estados Unidos a la cabeza) propició la fragmentación de Yugoslavia. La guerra, el colapso institucional y la economía sumergida que siguieron a esa intervención crearon el escenario perfecto para el surgimiento de estructuras criminales. El objetivo de Washington de desmembrar al Estado yugoslavo se cumplió, y una de sus consecuencias fue la proliferación de redes mafiosas que aprovecharon ese vacío de poder.

De allí emergieron los clanes familiares, conocidos como fis, que funcionan con disciplina tribal y códigos de lealtad férreos. Esa organización les otorga cohesión y, al mismo tiempo, la capacidad de adaptarse a distintos contextos, infiltrándose con facilidad en economías legales a través de negocios fachada.

A diferencia de los carteles latinoamericanos, los grupos albaneses no producen cocaína. Su estrategia global es pragmática: compran en origen y controlan los eslabones más rentables de la cadena, garantizando la llegada del cargamento a Europa, donde la diferencia de precios multiplica sus beneficios.

Su desembarco en Sudamérica se dio entre los años ochenta y noventa, cuando intermediarios balcánicos instalados en Estados Unidos comenzaron a establecer puentes con los productores latinoamericanos. A partir de allí, expandieron sus operaciones hacia Colombia, Brasil y, posteriormente, Ecuador. En todos los casos aprovecharon debilidades institucionales y vulnerabilidades portuarias para insertarse como un actor más en el mosaico fragmentado del narcotráfico global.

El epicentro regional

La presencia de la mafia albanesa en Sudamérica tiene puntos focales claros: Ecuador y Colombia.

En Guayaquil se ha consolidado como un verdadero hub del narcotráfico global. La dolarización, como expone una investigación previa publicada en nuestra tribuna, abrió la alfombra roja al lavado de dinero: "nuestros puertos están totalmente desprotegidos porque estamos dolarizados, y ese es un elemento que ayuda al narcoterrorismo", reconoció incluso el actual presidente Daniel Noboa en su etapa de candidato.

En un sistema donde el dólar circula sin rastro cambiario, las mafias internacionales —entre ellas las albanesas— encontraron el escenario perfecto para blanquear capitales y mover grandes volúmenes de cocaína disfrazada en exportaciones legales, desde bananos hasta camarones. Casos como el de Dritan Gjika o la red Kompania Bello son ejemplos de cómo estos grupos cooptaron puertos y sectores de seguridad para garantizar el flujo hacia Europa.

Colombia constituye el otro vértice del mapa. Allí la conexión es directa con los productores de Nariño y Cauca, principales territorios de cultivo de cocaína, y con el puerto de Buenaventura, que funciona como salida natural al Pacífico. Las mafias albanesas no sustituyen a los actores locales, pero sí actúan como compradores mayoristas y operadores logísticos que facilitan la exportación a gran escala.

La Guajira, aunque representa un porcentaje menor en el flujo de cocaína, es igualmente estratégica. Se trata de un enclave atravesado históricamente por el contrabando de gasolina, alimentos y armas, donde la frontera sirve como corredor para químicos y cargamentos menores de droga. En esa lógica, Venezuela resulta impactada por estas dinámicas transfronterizas que se originan y se estructuran en Colombia.

otro brazo criminal que Washington convierte en arma política

Washington ha construido una narrativa donde Venezuela aparece como "narco-Estado": recompensas millonarias contra el presidente Nicolás Maduro, despliegue de buques militares frente a las costas y un entramado de sanciones económicas bajo el argumento de criminalizar al país.

Son las mafias transnacionales del narcotráfico, entre ellas las albanesas, las que verdaderamente articulan las redes de cocaína y lavado de dinero. Operan en Sudamérica, enlazan puertos europeos y mueven capitales en Estados Unidos sin recibir el mismo celo mediático ni sancionatorio.

Sus funciones trascienden lo meramente criminal, como lo demuestra la operación desarticulada en Caracas, donde se enlazan con conspiraciones internas en las que  María Corina Machado y su entorno desempeñan un papel central. Maduro incluso ha expuesto a la mafia albanesa en Ecuador con el envío de mercenarios entrenados para atentar en Venezuela, un señalamiento que se enlaza con la visita a Quito del empresario y exmilitar estadounidense Erik Prince, fundador de Blackwater, quien ofreció asesorías de seguridad al gobierno de Daniel Noboa. Los hechos muestran con nitidez cómo lo delictivo y lo político convergen en la estrategia de la oposición extremista orientada a forzar un cambio de régimen.

Mientras Venezuela es presentada como foco de criminalidad y sometida a medidas coercitivas, dedica esfuerzos a contener esas dinámicas en su territorio y en su frontera. Al mismo tiempo, las redes transnacionales que realmente administran los circuitos de la droga y del lavado financiero se convierten en herramientas útiles para la estrategia de desestabilización impulsada por Estados Unidos.