Jue. 13 Junio 2024 Actualizado 11:28 am

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Ministerio Público señaló las implicancias nacionales e internacionales del plan para atentar contra el evento electoral del 3 de diciembre (Foto: EFE)

Sectores opositores y ExxonMobil conspiraron contra referéndum consultivo

El Referéndum Consultivo sobre la Guayana Esequiba ha otorgado a Venezuela la legitimidad de la población que ha decidido por los canales constitucionales la ruta a seguir para defender la integridad territorial de la nación.

Este acontecimiento convocó a más de diez millones de personas para dar su aprobación al tema, lo que representa una advertencia para Guyana, como gobierno títere de intereses extranjeros, ExxonMobil y Estados Unidos, los cuales pretenden apoderarse de los recursos petroleros y gasíferos de las aguas territoriales del Esequibo.

La preocupación de estos actores por el desarrollo del Referéndum se evidenció con el escalamiento de posiciones confrontativas mediante el anuncio de mayores colaboraciones militares entre Guyana y Estados Unidos, así como con las declaraciones amenazantes del Presidente y demás altos funcionarios guyaneses.

Sin embargo, su rechazo a que se supiera concretamente la posición de la población venezolana ante esta disputa territorial quedó aun más obvio con la reciente puesta en evidencia de un plan para boicotear las elecciones del pasado 3 de diciembre.

El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, brindó una rueda de prensa el 6 de diciembre en la que reveló la existencia de una trama conspirativa financiada por la transnacional estadounidense, cuyas implicanciones se extienden al ámbito internacional.

Tras una rigurosa investigación, el Ministerio Público determinó la ocurrencia de una serie de financiamientos provenientes del lavado de activos por parte de organizaciones internacionales y empresas extranjeras, entre ellas la ExxonMobil, destinados a operaciones disruptivas contra el Referéndum.

Hasta los momentos, se ha dado a conocer que dos ciudadanos estadounidenses se han visto involucrados en la red criminal. El primero de ellos, Damián Merlo, es un antiguo empresario de las telecomunicaciones con un historial en política exterior y exasesor del expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, así como del presidente de El Salvador, Nayib Bukele. Merlo utilizaba criptomonedas para monetizar los financiamientos y Savoi Jandon Wright, el segundo estadounidense implicado, era su contacto.

Para evitar controles financieros, además de encubrir el origen y destino de los fondos utilizados para intentar sabotear las elecciones, se realizaron transacciones de grandes sumas de dinero a través de la criptomoneda USDT.

Según informó el Fiscal, Wright se encuentra detenido.

El plan contó con la participación de individuos cercanos a la dirigente opositora María Corina Machado, quien se destacó como la principal defensora de la campaña en contra del Referéndum, iniciativa que no recibió un respaldo significativo ya que hubo un consenso nacional entre los diversos partidos políticos para unirse en la defensa del Esequibo. Se trata de Claudia Macero, Pedro Urruchurtu y Henry Alviárez, quienes forman parte de la directiva nacional de Vente Venezuela, así como de Roberto Abdul, directivo de la organización Súmate.

Según Saab, estas personas mantenían relaciones económicas con Jandon Wright y utilizaban su respaldo económico para llevar a cabo actividades desestabilizadoras y conspirativas. Estas acciones eran dirigidas por Yon Goicochea, Juan Guaidó, Julio Borges, Andrés Izarra, David Smolanksi, Léster Toledo, Carlos Vecchio, Leopoldo López y Rafael Ramírez.

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Operadores en la trama conspirativa financiada por ExxonMobil (Foto: Ministerio Público)

Tales significativos hallazgos han llevado a la solicitud de órdenes de aprehensión contra ellos, quienes actualmente se encuentran en el extranjero. Además, también se emitieron órdenes contra los operadores nacionales Roberto Abdul, Henry Alviárez, Claudia Macero y Pedro Urruchurtu.

Las acusaciones que recaerán sobre estos individuos abarcan delitos de gran envergadura, como traición a la patria, conspiración, legitimación de capitales y asociación para delinquir.

La investigación, que ahora ha pasado a una segunda fase, cuenta con la colaboración de un testigo protegido que está brindando información importante sobre las conexiones nacionales e internacionales del asunto, por lo que se esperan nuevos detalles próximamente.

Una vez más, nos encontramos ante un vergonzoso episodio en el que sectores de la oposición venezolana se ven comprometidos en acciones que ponen en peligro la soberanía nacional.

Su colaboración con una empresa petrolera extranjera en detrimento de la protección de la Guayana Esequiba chocó de manera estrepitosa con la muestra de unidad nacional que se logró con el Referéndum Consultivo, contra el que no pudieron hacer nada.

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