El 11 de noviembre pasado marcó un nuevo capítulo en la consolidación del sistema de defensa nacional del país, pues el presidente Nicolás Maduro promulgó la Ley del Comando para la Defensa Integral de la Nación, aprobada previamente por la Asamblea Nacional.
La norma busca fortalecer la coordinación institucional en materia de seguridad y defensa, consolidando la doctrina cívico-militar-policial como eje operativo del sistema de protección del territorio.
Ello coincidió con la activación de una fase superior del Plan Independencia 200, considerado el primero en ejecutarse de manera simultánea en todo el país.
Su propósito es evaluar la capacidad de despliegue, coordinación y respuesta táctica en tiempo real de los distintos sistemas de defensa.
El enfoque no se limita al ámbito militar, ya que incorpora la participación civil, la inteligencia territorial y la respuesta interinstitucional como parte de una arquitectura de seguridad adaptada a las nuevas formas de presión internacional.
Frente a la agresión, Venezuela responde
Desde su anuncio en septiembre de 2025, el Plan Independencia 200 se ha consolidado como el eje central de la estrategia venezolana para la defensa integral del territorio frente a la agresión del gobierno estadounidense.
El presidente Maduro presentó la iniciativa el 11 de septiembre, señalando que el despliegue abarcaría "284 frentes de batalla en todo el país", articulados a través de las Zonas Operativas de Defensa Integral (ZODI).
El plan inició en el estado Nueva Esparta con un ejercicio cívico-militar-policial que cubrió 15 puntos estratégicos, entre ellos puertos, aeropuertos y centros de servicios esenciales.
Esta primera fase sentó las bases operativas para extender la cobertura territorial del plan, orientado no solo a la respuesta militar, sino también a la protección de infraestructura crítica y servicios básicos del país.
Cabe destacar que, dentro de los objetivos priorizados, se incluyó la seguridad de las instalaciones petroleras, petroquímicas, oleoductos, plantas eléctricas y estaciones de servicio, así como el control de aeropuertos, terminales y puntos fronterizos.
Estas acciones responden al enfoque de defensa de proteger los nodos vitales del desarrollo nacional ante potenciales agresiones externas o incluso sabotajes. Se trata de una estrategia que busca anticiparse a los manuales de guerra no convencional que tradicionalmente han sido impulsados por Estados Unidos.
El ministro de Defensa, general Vladimir Padrino López, explicó que estas acciones "buscan mantener el control interno y neutralizar el impacto psicológico de las campañas desestabilizadoras".
Añadió que la prioridad es impedir cualquier "parálisis estratégica" del país, reafirmando que el propósito central es preservar la paz mediante la preparación permanente.
Durante octubre, el Plan Independencia 200 amplió su alcance territorial con ejercicios simultáneos en los estados La Guaira y Carabobo, donde se ejecutaron 27 acciones específicas de defensa territorial.
Posteriormente, se incorporaron los estados Zulia, Falcón y Aragua, definidos por el alto mando militar como zonas vitales para la seguridad nacional por su ubicación geoestratégica en el norte y occidente del país. Así como también en Anzoátegui, Monagas y Bolívar.
El despliegue continuó el 15 de octubre en Caracas y Miranda, regiones de alta densidad poblacional y valor institucional.
Desde allí, el presidente Maduro instó a fortalecer la defensa integral de "montañas, costas, escuelas, hospitales, fábricas y comunidades", en una clara demostración de que la seguridad nacional trasciende el plano militar e involucra la movilización de toda la población.
A finales de octubre, el plan se extendió al occidente del país, abarcando los estados Mérida, Trujillo, Lara y Yaracuy, y posteriormente a zonas fronterizas como Táchira y Amazonas, además de territorios insulares.
Esta progresión demuestra una planificación escalonada y simultánea, que refuerza la cobertura nacional desde los Andes hasta el Caribe.
Así, el Plan Independencia 200 se sustenta en la doctrina de Defensa Integral de la Nación, y se desarrolla en cuatro fases estratégicas:
- Alistamiento y organización del Poder Popular, mediante la creación de Unidades Comunales Milicianas (UCM) y brigadas territoriales, más de 15 mil ciudadanos integrados al sistema de defensa, articulados con los Consejos Comunales.
- Entrenamiento territorial y despliegue defensivo, con ejercicios de patrullaje, reconocimiento y aseguramiento de infraestructuras críticas.
- Lucha no armada, orientada a resistir la guerra económica y las operaciones psicológicas.
- Lucha armada como último recurso, bajo los principios de defensa legítima y soberanía territorial, sin promover acciones ofensivas.
Esta arquitectura táctica refuerza la capacidad de respuesta del Estado venezolano frente a cualquier escenario de provocación o de embate directo.
En lo operativo, el plan consolida la integración entre la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), la Milicia Bolivariana, los cuerpos de seguridad ciudadana y la organización popular, garantizando cohesión y reacción rápida en situaciones complejas de esta naturaleza.
En definitiva, en términos estratégicos, el Plan Independencia 200 demuestra que la defensa nacional no es reactiva, sino preventiva y estructural.
Fase superior
La agresión contra Venezuela ha seguido un patrón progresivo, ejecutado por fases. Primero se presentó como un rumor amplificado por medios estadounidenses, luego se tradujo en maniobras visibles, como el hostigamiento a embarcaciones pesqueras, violaciones al espacio aéreo en total movimiento de provocación, operaciones conjuntas del Comando Sur en distintas etapas e incluso anuncios públicos de operaciones clandestinas.
Ahora, la presencia de portaaviones estadounidenses marca una nueva fase del despliegue militar en el Caribe, frente a la cual Venezuela ha activado sus mecanismos de defensa y coordinación estratégica.
Apenas semanas después de que el presidente Donald Trump ordenara el despliegue del portaaviones USS Gerald R. Ford, bajo el pretexto de operaciones "antinarcóticos", el Comando Sur confirmó su ingreso a la zona el 11 de septiembre.
Con más de 4 mil efectivos y un amplio arsenal aéreo embarcado, la maniobra representó una clara demostración de proyección de poder que encendió las alertas estratégicas en la región.
Ante ese contexto, Venezuela respondió con la activación de una fase superior del Plan Independencia 200, que elevó el nivel de preparación operacional en todo el territorio nacional.
Según lo informado por el general Padrino López, cerca de 200 mil efectivos de la FANB, junto con la Milicia y las fuerzas de seguridad, participan en el despliegue integral.
El ministro de Defensa subrayó que el país "se encuentra resguardado y protegido por una FANB cohesionada", y precisó que esta activación no interfiere con las operaciones habituales del Comando Estratégico Operacional, responsable de la vigilancia en las fronteras y del combate contra grupos armados irregulares.
Desde la Base Aérea Generalísimo Francisco de Miranda, en Caracas, el alto mando militar confirmó la puesta en marcha de medios terrestres, navales y misilísticos, además de la instalación de todos los Órganos de Dirección para la Defensa Integral (ODDI) en estados y municipios.
Esta fase, ejecutada entre el 11 y 12 de noviembre, marca un punto de inflexión en la estrategia defensiva venezolana.
La movilización simultánea de recursos humanos y materiales refuerza la fusión entre el componente militar, el Poder Popular y las instituciones civiles, configurando una respuesta coordinada frente a amenazas externas y escenarios de desestabilización.
El despliegue, además, optimiza las maniobras tácticas y los ejercicios de campaña previamente ensayados, ajustándolos a escenarios reales de contingencia.
En paralelo, la promulgación de la Ley del Comando para la Defensa Integral de la Nación dota al sistema de defensa de un marco jurídico actualizado y coherente con la doctrina constitucional.
El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, explicó que la ley, compuesta por 22 artículos, tiene como base el artículo 326 de la Constitución, que establece la corresponsabilidad entre Estado y sociedad en la salvaguarda de la soberanía. "Es una ley concreta, clara y fácilmente comprensible por el pueblo venezolano", señaló Rodríguez.
El presidente Maduro enfatizó que la norma llega en un momento clave, en plena ejecución del plan militar, y formaliza la participación de todos los sectores del país en la defensa integral.
Con esta ley, la estrategia de protección deja de depender únicamente del despliegue operativo y se convierte en una política de Estado institucionalizada, donde cada instancia pública y cada comunidad organizada tiene un rol definido en el sistema de defensa.
En un entorno regional marcado por la presencia militar extranjera, Venezuela ajusta sus esquemas de seguridad y defensa a una nueva realidad estratégica, que redefine los códigos de relacionamiento en el continente.