En menos de 48 horas el gobierno de Donald Trump dio dos pasos aparentemente contradictorios sobre su política hacia Venezuela. Por un lado, el Departamento del Tesoro estadounidense autorizó a la petrolera Chevron para que reanudase operaciones en el país, renovando su Licencia General y permitiendo la extracción, comercialización y exportación de crudo venezolano bajo ciertas condiciones. Por otro lado, al día siguiente, el secretario de Estado, Marco Rubio, lanzó una ofensiva mediática al acusar al presidente Nicolás Maduro de ser el "líder del Cartel de los Soles", una organización calificada de narcoterrorista que, según afirmó, "se ha apoderado de un país" y colabora con el Cartel de Sinaloa y el Tren de Aragua.
Esta contradicción no es un error de cálculo: es el reflejo de una batalla interna en la administración Trump, donde intereses económicos, geopolíticos y personales se entrecruzan en un tablero cada vez más inestable.
Chevron reanuda operaciones en Venezuela: ¿Un guiño pragmático?
La decisión de permitir que Chevron retome sus actividades en Venezuela fue anunciada con discreción, pero con un impacto directo sobre los mercados energéticos globales. Según reportes, la licencia renovada permite a la empresa operar en joint ventures con Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA), especialmente en proyectos como Petropiar, estado Anzoátegui, y en campos claves en el estado Zulia.
La medida, aunque limitada, representa un giro pragmático frente a años de sanciones que han paralizado la economía venezolana y, paradójicamente, debilitado la influencia estadounidense en la región. Para el gobierno de Trump, esta reapertura responde a una necesidad inmediata: estabilizar los precios del petróleo y asegurar suministros alternativos en un contexto de tensiones globales y amenazas de recesión.
Para Chevron, que ya había invertido millones en infraestructura venezolana, representa un activo listo para producir, sin necesidad de nuevos desembolsos masivos. La reanudación de la licencia no es un acto de buena voluntad sino una maniobra de supervivencia económica en un escenario de volatilidad energética.
La petrolera ha negociado con el gobierno venezolano incluso durante los años más álgidos de la presión estadounidense, buscando proteger sus activos y mantener una posición privilegiada para cuando las condiciones cambiaran.
Sin embargo, la medida también expone una fisura en la política exterior de Trump: mientras su gobierno ha mantenido una retórica maximalista contra Maduro, la realidad energética y económica obliga a flexibilizar el cerco.
Tal acercamiento pragmático choca frontalmente con la narrativa oficial que ha promovido una de las figuras más influyentes del gabinete: Marco Rubio.
Resurrección de una narrativa falsa: el Cartel de los Soles
Poco después de la autorización a Chevron, Rubio irrumpió en redes sociales con una declaración incendiaria: "Maduro no es el presidente de Venezuela y su régimen no es el gobierno legítimo. Maduro es el líder del Cartel de los Soles, una organización narcoterrorista que se ha apoderado de un país", escribió el secretario de Estado en su cuenta de X.
Esto coincidió con las elecciones municipales en Venezuela, en las que una parte de la oposición decidió abstenerse.
Lo llamativo no es solo el contenido, sino el momento. La reactivación de Chevron implicaba un reconocimiento de facto del gobierno venezolano como interlocutor válido para acuerdos energéticos. ¿Cómo conciliar eso con una acusación de narcoterrorismo? La respuesta parece estar en la fractura interna del gobierno de Trump: mientras algunos sectores buscan soluciones prácticas otros, encabezados por Rubio, necesitan mantener viva la narrativa del "enemigo" para justificar su existencia política.
El problema de dicho relato es que nunca se han presentado pruebas concluyentes que respalden la acusación. El "Cartel de los Soles" es una construcción retórica que ha sido desmontada en múltiples ocasiones por expertos en seguridad y relaciones internacionales. No existe evidencia concreta de una organización con ese nombre, ni de que el alto gobierno venezolano dirija una estructura de tráfico de drogas con fines criminales. Más bien, se trata de una herramienta de deslegitimación, usada una y otra vez desde la década pasada, para justificar sanciones, bloqueos y presión internacional.
Marco Rubio como ficha de ExxonMobil
Aquí entra en juego un factor clave que rara vez aparece en los comunicados oficiales, pero que mueve los hilos tras bambalinas: ExxonMobil. La petrolera estadounidense ha mantenido una guerra prolongada contra Venezuela por décadas, acelerada por las actividades de exploración en el bloque offshore Stabroek, en aguas que son disputadas entre Venezuela y Guyana.
Venezuela no reconoce la soberanía de Guyana sobre esa zona, y su gobierno ha logrado frenar las ambiciones de la Big Oil, que explota el campo con apoyo de las administraciones estadounidenses más recientes.
Alejandro Terán Martínez, director de la Asociación Latinoamericana de Empresarios del Petróleo, ha sido claro: "Esta guerra es la guerra de ExxonMobil y Marco Rubio contra Chevron". En entrevista con la Agencia Venezuela News, Terán afirmó que Rubio ha sido el principal promotor de sanciones contra Venezuela, no por razones ideológicas sino por intereses corporativos: "Él es el responsable de estos hechos que están sucediendo en Venezuela", sostuvo.
De hecho, el presidente Maduro ha acusado directamente a Rubio de conspirar para derrocarlo y entregar el Esequibo a ExxonMobil. Y no es una acusación gratuita: en marzo pasado la vicepresidenta ejecutiva y ministra de Hidrocarburos, Delcy Rodríguez, denunció una trama conspirativa en la cual la susodicha petrolera es la protagonista de acciones lesivas contra Venezuela.
Mostró un documento titulado "Sanciones en el petróleo de Venezuela: menos dinero significa menos poder", firmado por operadores políticos y lobbistas estadounidenses de ExxonMobil, entre quienes estaba David Scott Scheer. Este contratista militar de Northrop Grumman y financista del actual secretario de Estado, Marco Rubio, participó en el cabildeo para que la administración Trump, vía Departamento del Tesoro, revocara la licencia a Chevron y así cesara sus operaciones en Venezuela.
La revocatoria previa de la licencia a Chevron, en 2023, ocurrió justo cuando ExxonMobil intensificaba su explotación en Guyana. Ahora, con Chevron de vuelta, ExxonMobil ve amenazada su posición hegemónica en la región. Rubio, como su vocero político, responde atacando el gobierno venezolano con una narrativa ya desgastada, pero efectiva para generar tensión.
Entre divisiones, contradicciones, escándalos mediáticos y fakes
El gobierno de Trump es un campo de batalla entre facciones que representan intereses distintos: el ala pragmática, preocupada por la economía y la estabilidad energética; y el ala ideológica, encabezada por figuras como Rubio, que prioriza la confrontación y la narrativa de la "amenaza roja" en América Latina.
Se trata de una fractura expuesta: desde distintos enfoques de análisis se ha señalado cómo Trump navega entre escándalos, baja popularidad y una posible recesión. Su estrategia hacia Venezuela refleja esa precariedad: busca beneficios económicos inmediatos —como el petróleo venezolano— sin ahuyentar a los inversores que exigen estabilidad, al tiempo que debe complacer sus bases más radicales, que exigen mano dura contra gobiernos como el de Venezuela.
Además, la proliferación de fake news y narrativas sin sustento, como la supuesta Empresa Criminal Conjunta Bolivariana —inventada en 2019—, el Tren de Aragua —extinto en Venezuela— o el Cartel de los Soles —inexistente—, forma parte de una táctica de distracción. Mientras la prensa internacional debate sobre supuestos trenes o carteles, se desvían las miradas de los verdaderos intereses en juego: el control del petróleo, la hegemonía regional y los contratos multimillonarios que están en disputa.
En medio de este tira y afloja, Venezuela ha logrado capitalizar las contradicciones de Washington mostrando que la "máxima presión" no ha funcionado. Mientras tanto, Trump sigue navegando en un mar de crisis internas, donde cada movimiento en política exterior parece responder más a cálculos de supervivencia que a una estrategia coherente.
En este contexto, Venezuela es por sí un tablero. Y los jugadores no son solo sus líderes sino las corporaciones y los políticos que usan el sufrimiento como moneda de cambio. La contradicción entre Chevron y el Cartel de los Soles no es un error: es el diseño.