Jue. 23 Mayo 2024 Actualizado ayer a las 5:04 pm

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El gasoducto Antonio Ricaurte se vio severamente afectado por la implementación de las sanciones estadounidenses (Foto: Getty Images)

¿Es posible la integración energética entre Colombia y Venezuela?

Cuando se ha planteado la posibilidad de que América Latina y el Caribe se consoliden en un polo o centro de poder mundial, dentro de la nueva arquitectura internacional cada vez más pluricéntrica y multipolar, no se parte solo desde el simple deseo y la añoranza de ver nuestra región posicionándose con voz propia y defendiendo los intereses de la población, se parte por el contrario de un hecho objetivo y que salta a la vista de cualquiera: la zona tiene el potencial material y humano necesario para garantizar su prosperidad y desarrollo, y nuestros países tienen una capacidad de complementarse que facilitaría aun más ese proceso.

No obstante, como experiencias anteriores nos han mostrado, no es suficiente en ese propósito alinear la voluntad política de la clase dirigente de los países y los intereses de sus élites económicas para que se consoliden iniciativas de integración, pareciera que deben deslastrarse los prejuicios ideológicos que en muchos países persisten y que constituyen verdaderos escollos para consolidar proyectos conjuntos de amplios beneficios para las naciones.

La energía como motor integrador

Si la Comunidad Europea del Carbón y del Acero (CECA) sentó las bases iniciales de lo que cuatro décadas después se llamaría Unión Europea, líderes suramericanos vieron en el gas y el petróleo la columna vertebral de lo que podría erigirse como un proceso de integración robusto para la región. Hugo Chávez, por ejemplo, apostó por la construcción del llamado gasoducto del sur, que llevaría el recurso desde el Caribe hasta la Patagonia y, en lo concreto, junto con los presidentes de Colombia, Álvaro Uribe, y de Panamá, Martín Torrijos, desarrollaron el Gasoducto Transcaribeño Antonio Ricaurte.

La interconexión energética es una realidad mundial y cada día adquiere más importancia; miles de kilómetros de gasoductos y oleoductos están uniendo diferentes puntos geográficos, sobre todo en Asia Central y África, con miras a aprovechar al máximo los recursos de los países. Más allá de las valoraciones ideológicas, están privando los intereses geopolíticos y geoeconómicos asociados con los hidrocarburos.

Incluso el sabotaje y posterior destrucción del NordStrem 1 y 2 se circunscribiría en esta misma argumentación, porque si bien para ejecutar tales acciones privaron intereses geopolíticos altamente influenciados por prejuicios ideológicos, desconectar Europa (Alemania) del gas ruso le proporciona nuevas y mejores ventajas comerciales y energéticas a Estados Unidos.

Megaproyectos de interconexión gasífera están uniendo Asia desde diversos puntos. El gasoducto China-Asia Central es el primer gasoducto transnacional de China y se extiende desde la frontera de Turkmenistán y Uzbekistán hasta conectar con el gasoducto que cruza China desde el Oeste al Este en Horgos, después de atravesar Uzbekistán y Kazajistán.

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Gasoducto Turkmenistán-Afganistán-Pakistán-India TAPI (Foto: Wikimedia Commons)

Otro ejemplo es el Gasoducto Turkmenistán-Afganistán-Pakistán-India (TAPI), también conocido como gasoducto Transafgano, proyecto de infraestructura impulsado por la República de Turkmenistán desde la década de 1990. Más recientemente, China y Rusia alcanzaron un acuerdo para construir el gasoducto Fuerza de Siberia 2 con capacidad para transportar 55 mil millones de metros cúbicos del recurso a través de 2600 kilómetros que unirán Siberia con la provincia china Xinjiang, después de atravesar Mongolia.

La interconexión energética es una realidad mundial y debería ser asumida de esa manera por la región latinocaribeña, que además de tener la disponibilidad de los recursos, tanto petróleo como gas, cuenta con la geografía y en muchos casos con la infraestructura ya lista para comenzar a consolidar estos proyectos de integración energética.

El Gasoducto Transcaribeño Antonio Ricaurte

Sin querer adentrarnos en temas técnicos ya abordados con anterioridad sobre este proyecto, que validan su importancia e impacto positivo tanto para la economía colombiana como para la economía venezolana, se toma de ejemplo porque la sola posibilidad de reactivación despierta escozor en sectores colombianos, seguramente influenciados por intereses foráneos relacionados con los Estados Unidos y las empresas energéticas, que ven mucho más viable importar energía de latitudes remotas que hacerlo desde la vecina Venezuela.

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Gasoducto Antonio Ricaurte (Foto: El Colombiano)

El pasado 18 de noviembre de 2023, tras celebrar su quinto encuentro bilateral, los presidentes Gustavo Petro de Colombia y Nicolás Maduro de Venezuela ofrecieron una declaración conjunta en la que se destacó, de todos los anuncios, la propuesta de una alianza energética entre los dos países que incluye ambas empresas nacionales de petróleo: Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA) y Ecopetrol. El presidente Gustavo Petro se refirió a tal posibilidad como el inicio de una verdadera integración energética colombo-venezolana.

En su declaración, el presidente Petro mencionó lo que podría ser un trabajo conjunto en un futuro cercano, entre ambos países y sus compañías petroleras: "Es muy probable que Ecopetrol se vuelva socia de PDVSA en la explotación de campos de gas en Venezuela y campos de petróleo, así se va a asegurar, en ambas vías, energía eléctrica a Venezuela, materias primas fósiles a Colombia".

La lectura de los beneficios que tal alianza representa para ambos países no exige modelos científicos complicados ni rigurosos, es sencilla: energías baratas (gasolina, electricidad, etcétera) para ambos lados de la frontera y la posibilidad de potenciar la transición energética para todas las partes. No obstante, como ya se mencionó, los prejuicios ideológicos ya nublan lo que debería ser una apuesta binacional segura.

Las reacciones, entre el sinsentido y lo paradójico

Entre las distintas reacciones que han sido señaladas por los medios de comunicación se destacan las de los expresidentes Álvaro Uribe, quien —paradójicamente— inauguró el gasoducto en 2007, e Iván Duque, declarado enemigo de todo lo que tenga que ver con Venezuela. El último expresó que "unir Ecopetrol con una empresa capturada y corrompida por la dictadura de Maduro solo destruirá valor en Colombia, además de ser el vehículo para crear la dependencia energética con Venezuela que anunciaron hace meses".

Los exministros de Hacienda y de Energía y Minas, José Manuel Restrepo Abondano y Juan Camilo Restrepo, respectivamente, también fueron particularmente críticos ante la posibilidad de reactivación de los acuerdos entre las compañías energéticas nacionales de ambos países. Para los exministros, el hecho de que Ecopetrol desarrolle negocios en Venezuela y no en Colombia o en otros países es una mala decisión. Olvidan los exfuncionarios los cuestionamientos que se le han realizado a dichaindustria por las pérdidas que sus inversiones "inseguras" en Angola, Brasil y Perú le han dejado al país.

El tema se vislumbra que escalará. En el Congreso, los representantes a la Cámara por el Centro Democrático Oscar Villamizar y Juan Espinal anunciaron un debate de control político al ministro de Minas, Andrés Camargo, y al presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, por el anuncio de integración energética entre Colombia y Venezuela. Los congresistas afirmaron que "el país no puede depender energéticamente de Venezuela".

Para los exfuncionarios y congresistas citados, así como para una parte importante de la clase política colombiana —y por qué no, de la clase política de América Latina y el Caribe—, la integración es dependencia.

Un escenario complejo, pero no negado

Como muchos de los proyectos que tenía previsto desarrollar o continuar desplegando el Estado venezolano, el gasoducto Antonio Ricaurte se vio severamente afectado por la implementación de las sanciones estadounidenses que han perjudicado la gestión estatal —de lo público— y por el rompimiento de las relaciones entre Colombia y Venezuela durante la administración de Iván Duque.

Ante ese escenario, la empresa colombiana venía negociando con la OFAC, desde finales de 2022, una licencia parecida a la que se le otorgó a Chevron para operar en Venezuela. En este sentido, las autorizaciones emitidas el pasado 18 de octubre formalmente abrieron las oportunidades para todas las empresas, incluida Ecopetrol. Al respecto, en el marco de los anuncios realizados por los mandatarios y como contraparte de la ola de desinformación y críticas contra ellos, la petrolera colombiana emitió un comunicado en el que manifestaba que se:

"están analizando las alternativas presentadas por PDVSA en la reciente visita del gobierno colombiano al vecino país, las cuales incluyeron opciones de proyectos bilaterales, tendientes, entre otras, a suministrar gas natural a Colombia a partir de diciembre de 2024, mediante el gasoducto binacional Antonio Ricaurte".

De concretarse la alianza entre las empresas de ambos países, el principal punto a resolver será solventar el deterioro en el que cayó el gasoducto y allí jugarán un rol importante las empresas privadas. Se ha conocido que Chevron sería una de las posibles candidatas de PDVSA y Ecopetrol para llevar a cabo esta adecuación, no solo por su cercanía y buena relación con el gobierno venezolano y con la empresa colombiana, sino también por ya contar con la licencia necesaria para operar en Venezuela.

Lo importante a señalar es la apuesta que está haciendo el presidente Petro, a pesar de la oposición interna, ya no solo de implementar un acuerdo energético que, como él mismo comentó, se podría ampliar a Ecuador, Panamá y Brasil, sino también en términos mucho más generales en ordenar, para el bien de ambas naciones, el relacionamiento bilateral tan dañado por la administración extremista de Duque.

Queda por discernir de cara al futuro si este buen ánimo y entendimiento por el que transitan Colombia y Venezuela podría cambiar ante una eventual salida del Pacto Histórico de la Casa de Nariño, dadas las prerrogativas ideológicas que su oposición —con ganas de volver al poder— ponen sobre la mesa a la hora de decidir políticas en aras o no de la integración.

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