La Asamblea Nacional de Venezuela aprobó por unanimidad la Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática, un instrumento jurídico promovido por la presidenta encargada Delcy Rodríguez que busca ofrecer clemencia a personas procesadas por hechos políticos ocurridos desde 1999 hasta 2025, con mecanismos de aplicación y exclusiones específicas.
La norma, que fue remitida inmediatamente al Ejecutivo Nacional para su promulgación tras un amplio proceso de consulta y debates parlamentarios, fue presentada por sus impulsores como un paso hacia la promoción de la convivencia democrática entre los venezolanos.
El proceso de construcción y aprobación de esta ley supone, en términos políticos e institucionales, un punto de inflexión respecto a cómo el Estado venezolano ha utilizado, en distintos momentos de su historia reciente, instrumentos similares para encauzar periodos de alta conflictividad y recomponer espacios de convivencia política. En ese sentido, la amnistía actual se vincula con un patrón histórico de medidas de clemencia que han acompañado la salida de ciclos políticos tensos, abriendo la puerta el inicio de nuevos.
La amnistía de Hugo Chávez tras 2002–2003
Uno de los precedentes más significativos en la historia venezolana reciente sobre el uso estatal de la amnistía como instrumento de recomposición política se remonta al 31 de diciembre de 2007, cuando el presidente Hugo Chávez promulgó, mediante Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Especial de Amnistía, un mecanismo de gracia que buscaba cerrar las brechas jurídicas y políticas derivadas de la confrontación vivida en los años anteriores. Este decreto fue publicado en la Gaceta Oficial Extraordinaria N° 5870 y se enfocó en hechos relacionados con el 11 de abril de 2002 —el intento de golpe de Estado— y episodios de violencia política y paro petrolero que marcaron la primera década del milenio en Venezuela.
El decreto incorporó exclusiones importantes, entre ellas personas implicadas en delitos de lesa humanidad o violaciones graves de derechos humanos, de conformidad con los parámetros constitucionales de la época. Esto implicó que la medida fuera un perdón sujeto a criterios legales que buscaban equilibrar la clemencia con obligaciones constitucionales y judiciales.
Esta decisión cerró una etapa de confrontación abierta para reencauzar la vida política e institucional del país. En los hechos, permitió dar salida a procesos que habían sido uno de los focos de tensión más visibles entre el Estado y distintos sectores opositores, reabriendo espacios de actuación bajo el amparo de la normalidad institucional. En declaraciones de la época, autoridades del gobierno señalaron que esta medida buscaba enviar un mensaje de paz y de invitación a participar de manera legal en la vida política.
2020: El indulto presidencial del presidente Maduro
El antecedente más cercano, impulsado desde el gobierno en ejercicio, fue el indulto presidencial decretado por el mandatario Nicolás Maduro el 31 de agosto de 2020. La medida quedó formalizada en el Decreto N° 4.277, publicado en la Gaceta Oficial Extraordinaria N° 6.569, e incluyó a un conjunto amplio de ciudadanos con causas penales vinculadas al conflicto político de esos años.
El valor analítico de este caso está en cómo el Ejecutivo argumentó el indulto y qué objetivos buscó activar en el terreno institucional. En los considerandos del Decreto 4.277, el propio texto establece tres líneas de motivación que son clave para entender su función política:
- Reconciliación y convivencia pacífica como eje de política pública, citando explícitamente la necesidad de "promover la convivencia pacífica y la resolución de las controversias por vías constitucionales, electorales y pacíficas".
- Ampliación de la participación política en el marco de las elecciones parlamentarias previstas para diciembre de 2020, presentadas en el decreto como una oportunidad para garantizar la participación más amplia posible.
- Unión interna frente a la presión externa, al enmarcar el momento como uno de "unión nacional" para enfrentar el bloqueo y la coyuntura de la pandemia.
Ese encuadre del indulto fue reforzado por vocerías políticas de alto nivel. El presidente Maduro dijo que el decreto se inscribía en una semana "de diálogo, de la reconciliación, del reencuentro y de las garantías más amplias para la vida política democrática del país", mientras que el entonces ministro de Comunicación, Jorge Rodríguez, leyó el decreto señalando que la intención era “profundizar el proceso de reconciliación nacional” de cara al escenario electoral.
En paralelo, la medida recibió respaldo institucional de la Asamblea Nacional Constituyente (entonces órgano político de alto rango dentro del orden institucional), que la presentó como una decisión orientada a "consolidar el diálogo y la paz nacional".
La Ley de Amnistía en la actualidad
La nueva disposición legal introduce un alcance y una arquitectura normativa que la distinguen de sus antecedentes. Mientras aquellos instrumentos respondieron a coyunturas específicas, la ley actual asume explícitamente un período histórico amplio (desde 1999 hasta su entrada en vigencia) y lo aborda como un ciclo político caracterizado por episodios de alta confrontación.
La norma establece un procedimiento institucional acelerado, con plazos concretos para que tribunales revisen casos, y contempla la revisión tanto de medidas cautelares como de sentencias firmes, lo que sugiere una operación jurídica de mayor escala. Además, crea una instancia parlamentaria de seguimiento para supervisar su aplicación, elemento que refuerza su dimensión política e institucional.
Una de las características más destacadas de la ley es que define con precisión sus excepciones. No abarca delitos como homicidio intencional, delitos de lesa humanidad, narcotráfico o actos vinculados con acciones armadas contra la soberanía nacional. No es un mecanismo que desarticule el marco penal del Estado ni que anule otras leyes vigentes, incluidas aquellas destinadas a sancionar expresiones de violencia política.
En un análisis previo, mencionamos que esta ley se enmarca en un reordenamiento normativo del campo político interno. Es decir, reafirma las reglas del juego, al tiempo que ofrece la posibilidad de reinserción política a quienes encuadren dentro de los supuestos establecidos.
Otro elemento distintivo es que la ley introduce explícitamente la noción de rectificación y no reincidencia. Las personas beneficiadas que incurran en nuevos delitos posteriores a su entrada en vigencia serán procesadas conforme al ordenamiento jurídico ordinario. Esto convierte la amnistía en una suerte de pacto condicionado. El perdón político está acompañado de una expectativa de conducta ajustada a las normas constitucionales y legales.
Se trata de una intervención normativa que busca redefinir las condiciones de participación política bajo reglas explícitas de convivencia democrática. En este sentido, intenta establecer un nuevo punto de partida para la interacción política interna. Esa dimensión estructural es la que permite identificar que forma parte de una secuencia histórica en la que el Estado venezolano ha utilizado instrumentos de clemencia para reencauzar ciclos de confrontación, preservando al mismo tiempo los límites fundamentales del orden institucional.