¿Se tratará de un desarrollo soberano o de un retorno a la mentalidad proteccionista? El futuro del hemisferio occidental no se asegurará volviendo a la lógica de las esferas de influencia exclusivas, sino adoptando un orden genuinamente plural basado en normas.

Mientras el presidente estadounidense Donald Trump celebraba su cumbre regional en Florida el mes pasado, el hemisferio occidental se encuentra una vez más en un punto de inflexión histórico. Lo que Washington presenta como una misión para "restaurar el orden" y contrarrestar la influencia china "depredadora", se percibe cada vez más en América Latina como algo mucho más familiar: el resurgimiento de la Doctrina Monroe estadounidense del siglo XIX.

Durante casi dos siglos, esa doctrina ha ensombrecido las relaciones interamericanas. Si bien a menudo se expresaba en términos de protección y estabilidad, en realidad afianzó una jerarquía en la que la soberanía de América Latina se volvió condicional y sus opciones estratégicas quedaron limitadas.

Hoy, los críticos argumentan que está surgiendo una nueva versión, adaptada a las realidades de la competencia entre grandes potencias en el siglo XXI. El "precedente de Panamá" —donde las resoluciones judiciales desplazaron efectivamente a operadores portuarios vinculados a China—, junto con el creciente escrutinio del megapuerto de Chancay en Perú, revela un claro cambio en la estrategia estadounidense. Washington ya no se limita a competir con Beijing por contratos e influencia. Está convirtiendo cada vez más en cuestiones de seguridad la logística, las redes digitales y la infraestructura crítica de la región, y está presionando a los gobiernos latinoamericanos para que prioricen las preocupaciones estratégicas de Estados Unidos sobre sus propios imperativos de desarrollo.

El "corolario Trump"

La postura de seguridad nacional de la actual administración ha formalizado lo que se ha dado en llamar el "corolario Trump" de la Doctrina Monroe. Al afirmar que el hemisferio occidental debe permanecer aislado de potencias externas a la región —en particular de China—, Washington ha dado señales de alejarse del compromiso multilateral y de adoptar un modelo de influencia más asertivo y transaccional.

Este cambio no es meramente retórico. Bajo lemas como la cooperación antidrogas, el control migratorio y la seguridad marítima, Estados Unidos ha ampliado su presencia diplomática y naval. La Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de EE. UU. ha intensificado su actividad, y los despliegues marítimos en el Caribe y el Pacífico se han vuelto más frecuentes.

Sin embargo, el mensaje subyacente es estratégico, no meramente técnico: la infraestructura es ahora seguridad nacional. Los puertos, los cables de fibra óptica y las redes eléctricas se consideran menos activos comerciales y más nodos en una contienda geopolítica. La captura del líder venezolano en enero de 2026 —celebrada en Washington como una victoria en materia de rendición de cuentas— fue interpretada en algunas partes de la región como una demostración de la rapidez con la que la soberanía puede volverse negociable cuando prevalecen los discursos de seguridad.

Para los responsables políticos latinoamericanos, esto plantea un dilema: alinearse plenamente con Washington puede reportarles favores diplomáticos a corto plazo, pero conlleva el riesgo de reintroducir una asimetría en la que la planificación económica interna quede subordinada a la percepción de amenaza de Estados Unidos.

Déficit de credibilidad

El esfuerzo de Washington por movilizar a la región en torno a la defensa de la soberanía y un "orden basado en normas" se enfrenta a una creciente falta de credibilidad. Resulta difícil abogar por la estricta observancia de las normas internacionales mientras se contemplan debates sobre la anexión territorial en otros lugares o se especula públicamente sobre la intervención en la gobernanza interna de los países vecinos.

Además, el manual de comunicación estratégica, que en su momento demostró su eficacia, parece estar perdiendo fuerza. Desde la politización de las narrativas sobre la pandemia hasta las invocaciones selectivas de los derechos humanos, muchos en América Latina perciben un patrón en el que los principios se aplican de forma desigual. El orden basado en normas se interpreta a menudo menos como un marco compartido y más como un instrumento utilizado para excluir a la competencia.

Esta percepción se acentúa especialmente cuando los proyectos de infraestructura se politizan. El puerto de Chancay, en Perú, por ejemplo, promete reducir drásticamente los tiempos de envío transpacífico y reposicionar a Sudamérica dentro de las cadenas de suministro globales. Pero cuando estos proyectos se presentan principalmente desde una perspectiva de seguridad, los líderes regionales se preguntan si las preocupaciones por el desarrollo están siendo eclipsadas por la rivalidad geopolítica.

La cuestión fundamental no radica en la legitimidad del escrutinio —los Estados soberanos tienen todo el derecho a evaluar las implicaciones estratégicas de la inversión extranjera—, sino en si este es imparcial y respetuoso con la autonomía local. Cuando las campañas de presión parecen diseñadas para limitar las opciones en lugar de ampliarlas, la resistencia es un resultado previsible.

Contraste del desarrollo

En este contexto, la participación de China —en gran medida facilitada por la Iniciativa de la Franja y la Ruta— ha tenido buena acogida entre muchos gobiernos latinoamericanos. El enfoque de Beijing se ha caracterizado por una lógica que prioriza la infraestructura: puertos, autopistas, enlaces ferroviarios, centrales eléctricas y conectividad digital.

Para países como Perú, Brasil o Colombia, el atractivo reside en los resultados tangibles. Los proyectos financiados por China prometen menores costos logísticos, mayor capacidad de exportación e integración en los mercados asiáticos. Se basan en la "igualdad soberana" y la no injerencia, principios que tienen especial relevancia en una región con una larga historia de intervención externa.

Los críticos señalan, con razón, la necesidad de transparencia, sostenibilidad de la deuda y salvaguardias ambientales en cualquier inversión importante. Sin embargo, desde la perspectiva de muchos líderes regionales, la participación china ofrece diversificación. Proporciona influencia en las negociaciones con socios tradicionales y amplía el abanico de opciones de desarrollo.

Es importante destacar que no se trata de una cuestión de alineación ideológica. Las principales economías latinoamericanas han mostrado poco interés en los bloques exclusivos. Más bien, buscan autonomía estratégica a través de la capacidad de cultivar múltiples alianzas sin renunciar a una política exterior independiente. En un entorno multipolar, la diversificación no es un acto de rebeldía, sino de prudencia.

Encrucijada en Florida

La reciente cumbre de La Florida fue una prueba de fuego. Si bien una "coalición de dispuestos" se hizo eco de las prioridades de Washington de "Estados Unidos primero", la ausencia de las principales economías —incluidas Brasil, México y Colombia— denotó inquietud ante la posibilidad de ser percibidos como un escenario de contención.

Latinoamérica no busca un nuevo protector. Tampoco ignora las complejidades de relacionarse con China. Lo que rechaza es un enfoque binario que reduce su futuro a una elección entre superpotencias. La experiencia histórica de la región le ha enseñado los costos de la dependencia, ya sea económica, política o estratégica.

Seguir a Washington sin cuestionarlo implicaría el riesgo de resucitar el paradigma del "patio trasero", en el que las trayectorias de desarrollo se moldean externamente y la disidencia se equipara con la deslealtad. Sin embargo, depender exclusivamente de Beijing simplemente invertiría la asimetría.

El camino más sostenible reside en otro lugar: en fortalecer las instituciones regionales, mejorar las normas regulatorias y negociar desde una posición de confianza colectiva. La influencia de América Latina aumenta cuando habla con mayor unidad y articula prioridades de desarrollo claras.

Por lo tanto, la disyuntiva que enfrenta la región no es entre Washington y Beijing, sino entre aceptar una jerarquía renovada o afirmar su soberanía en un mundo en disputa. Inspirada por una larga tradición de resistencia a la imposición externa, desde los movimientos independentistas hasta el no alineamiento del siglo XX, América Latina se encuentra en un momento decisivo. En esta encrucijada, el imperativo es claro: el desarrollo debe estar al servicio de los pueblos de la región, no del mapa estratégico de ninguna superpotencia. El futuro del hemisferio no se cimentará volviendo a la lógica de las esferas de influencia exclusivas, sino adoptando un orden genuinamente plural y basado en normas, en el que se respete la soberanía, se diversifiquen las alianzas y el crecimiento se defina localmente en lugar de imponerse desde el exterior.

Tian Shichen es fundador y presidente del Instituto de Gobernanza Global (GGI). Doctor en Derecho Internacional Público por la Universidad de Wuhan, magister en Derecho Internacional Público por la Universidad de Nottingham y en Derecho Militar por la Academia de Política de Xi'an del Ejército de Liberación Nacional (ELN). Oficial retirado del ELN, donde se desempeñó como jefe del Departamento de Gestión de Crisis y Relaciones con los Medios en la Oficina de Información del Ministerio de Defensa Nacional de China.

Este artículo fue publicado originalmente en Tektónikos el 4 de abril de 2026.