La implementación del Programa de Convivencia Democrática y Paz reabre el debate sobre un tema álgido y, simultáneamente, invisibilizado en la discusión política nacional: la diversidad sexual y de género.

En el marco de dicho proceso, la presidenta encargada Delcy Rodríguez solicitó a la Sala Constitucional del TSJ el desarrollo de una “doctrina sobre la diversidad como derecho humano fundamental”, con referencia explícita a la población LGBTIQ+. Esta iniciativa ha convocado al sector a reposicionar sus demandas y a participar activamente en los espacios de construcción política, con la consecuente y predecible movilización de sectores conservadores y religiosos en contra.

A su vez, esta apertura permite revisar críticamente cómo se ha abordado el tema. Pero esta vez, el objetivo no es insistir en las reiteradas demandas de reconocimiento de derechos ante el Estado, sino formular un diagnóstico que parta del seno de la población venezolana y de las variadas expresiones del activismo diverso.

TRASCENDER LO JURÍDICO

Se señala sistemáticamente a Venezuela como un país “atrasado” en materia de diversidad sexual y de género. El calificativo usualmente se sustenta en la ausencia de un marco jurídico específico para dicha población, así como en la escasa aplicación de las normas que ya contemplan la no discriminación por orientación, identidad o expresión de género. Frente a este panorama, dos demandas resultan centrales: el matrimonio igualitario (o, en su defecto, el reconocimiento jurídico de las familias homo-lesboparentales) y el cambio legal de nombre y género para las personas trans.

Vale recordar que en 2014 se presentó ante la Asamblea Nacional un Proyecto de Ley de Matrimonio Igualitario, y que desde 2009 la Ley Orgánica del Registro Civil (artículo 146) permite rectificar el nombre cuando este no coincide con la identidad de género. Sin embargo, pese a las cláusulas legales existentes y que ya se han interpuesto acciones legales para ajustar documentos de identidad, lo cierto es que estas iniciativas han tenido escaso desarrollo práctico.

Pero este estancamiento también encubre un problema más profundo: la agenda diversa no ha logrado traducirse ni extenderse al conjunto de la sociedad venezolana. Mientras las preocupaciones fundamentales de la población giran en torno a la recuperación del entorno socioeconómico y a vivir en condiciones de tranquilidad, persiste una resistencia social a reconocer que la discriminación sigue vigente.

Tal resistencia se articula, por lo general, en tres modalidades recurrentes en el debate público y los espacios digitales. La primera es la negación o minimización del problema, que sostiene que “aquí no ocurre nada” contra la población diversa y reduce sus demandas a un intento de llamar la atención frente a prioridades más urgentes. La segunda recurre a la estigmatización sustentada en argumentos religiosos o moralistas, que apelan a la defensa de un orden familiar tradicional, al esencialismo biológico o presuntos riesgos sobre la infancia. La tercera —frecuente, por cierto, en algunos sectores de izquierda— parte de una pretendida superioridad ética o intelectual para desestimar la necesidad de un marco normativo e institucional específico, bajo la premisa de que esa lucha fragmenta la agenda social; postura que, en la práctica, solo evidencia la falta de voluntad política para reflexionar sobre el asunto y reconocer las vulnerabilidades estructurales que atraviesan al colectivo.

La paradoja es evidente: ¿cómo sostener que no existe discriminación cuando persisten calificativos que estigmatizan a las personas sexo-género diversas como “enfermas”, “desviadas” o “inmorales”? ¿Por qué no sería prioritario construir un entramado institucional mínimo para atender a un grupo históricamente marginado, con barreras socioeconómicas, laborales, sanitarias y securitarias específicas? ¿Puede argumentarse que proteger la vida y el reconocimiento pleno de un sector no es urgente cuando este carece de las garantías que goza el resto de la población?

Desde el punto de vista de la sociología jurídica, esta brecha no es solo normativa, sino también cultural y política; y representa una limitante fundamental sobre la cual el activismo sexo-género diverso debe actuar. Sin embargo, a la inacción estatal se ha sumado la subordinación de este activismo a las lógicas del financiamiento externo, transformándolo en buena medida en gestión de proyectos o emprendimientos con metas cuantitativas por cumplir, cifras por reportar al sistema “humanitario” internacional y agendas, metodologías y categorías de análisis dictadas desde fuera; una dinámica que ha desplazado la discusión orgánica y la ha distanciado de la construcción popular.

Reconocer esto no implica ceder ni postergar aún más las demandas legítimas de la población LGBTIQ+ venezolana. Pero sí implica asumir que el colectivo tiene que fortalecer su autonomía y coordinación en torno a una agenda política propia, articulada con las urgencias y desafíos que presenta el contexto nacional, que vaya más allá de lo sectorial, de la disputa coyuntural y del enfoque asistencial, para contemplar una visión anclada en la realidad histórica, con vocación de construcción política y transformación social a largo plazo.

EL RETO: TRAZAR UNA RUTA PROPIA

En 2019, en el marco del simposio “Conversas púrpuras”, la historiadora y profesora universitaria Marianela Tovar planteó la necesidad de que el colectivo sexo-género diverso desarrolle su propio “Manifiesto de Cartagena”, en alusión directa al documento desarrollado por El Libertador en 1812.

En él, Bolívar realiza un autodiagnóstico sobre las causas políticas e institucionales de la caída de la Primera República, priorizando los errores internos sobre el poderío militar español. Así, propone un programa de acción anclado en las circunstancias para superar los errores cometidos y avanzar en el proceso de independencia. En ese sentido, la referencia de Tovar invita a replicar ese ejercicio de autocrítica situada para alcanzar un objetivo claro.

Es preciso que las expresiones organizadas de la diversidad sexual y de género construyan un programa que trascienda el discurso “queer”, el calco y copia de las luchas del Norte Global y los planteamientos meramente identitarios. Se requiere incorporar una visión orientada a las particularidades y retos del territorio nacional, consciente del momento político que atraviesa el país, capaz de incidir en las esferas cultural, espiritual, educativa, comunicacional y jurídica. Este enfoque debe partir de las vulnerabilidades específicas y más urgentes de la población LGBTIQ+, así como de los desafíos concretos que cada uno de esos ámbitos plantea.

La misma pasa por reconocer el papel fundamental del Estado en el cuidado y la protección de toda la sociedad, sin perder de vista las políticas de reconocimiento y exigiendo dejar de tenerle miedo a validar otras formas de familia, de deseo, de construcción de la identidad y de las expresiones de género, bajo el entendido de que las personas homosexuales, lesbianas, bisexuales, trans y no binarias hacen parte de las luchas y la construcción cotidiana del país.

Es necesario transversalizar lo LGBTIQ+ a la defensa de derechos fundamentales para toda la población, como lo es el acceso al trabajo, al salario, a la educación, a la vivienda y a una salud digna; todos aspectos duramente golpeados tras años de bloqueo y de afectación de la inversión social, y en torno a los que la población sexo-género diversa sufre desigualdades que limitan gravemente su acceso, producto de la discriminación.

Simultáneamente, es preciso dejar de lado el señalamiento supuestamente “autocrítico” que nos tilda de “atrasados”: ¿atrasados respecto a qué? Esta etiqueta es profundamente dañina en tanto se realiza en relación de comparación con modelos externos, aspirando a replicar otras realidades mientras se desvía la mirada del propio contexto, de su devenir histórico y de la capacidad de acción política frente a los desafíos presentes.

En todo caso, se trata de una reflexión que el propio activismo tiene que dar pero que, en esta ocasión, se realiza desde el conocimiento y la pertenencia al propio colectivo. Desde esta crítica, se considera que quedarse en el lugar de la demanda permanente con el Estado no permite avances reales; y que resulta clave que el activismo LGBTIQ+ se reconozca verdaderamente como actor y no sólo como acreedor, en aras de la reparación subjetiva que la propia diversidad merece y tiene que forjar para sí.

Por tanto, sí, es preciso conquistar un marco jurídico que garantice el reconocimiento pleno como sujetos de derecho, pero corresponde al colectivo presentar al país un proyecto nacional que trascienda lo normativo e incorpore las demandas de la sexo-género diversidad en una propuesta estratégica, capaz de presentar una concepción de sociedad en la que podamos vernos reflejados todos, todas y todes.