Aunque parecen años, hace apenas cinco meses que el presidente Donald Trump asumió por segunda vez en la Casa Blanca. Su objetivo —condensado de manera eficaz en la consigna MAGA (Hacer a Estados Unidos grande otra vez), es decir, hacer todo lo que haya que hacer para recuperar la primacía perdida— contempla una revolución socio-económico-política no convencional cuyos alcances nos involucran. Por muchas razones, Argentina y, sobre todo, nuestro Sur, están en el rediseño trumpista de "restauración".

Lo dijo claro el 20 de enero de 2025 al asumir en la Casa Blanca: "Se inicia una emocionante nueva era de éxito nacional (…) A partir de este momento el declive de EE.UU. se ha terminado".

El filósofo ruso Alexander Dugin, de gran influencia en el Kremlin, asegura que "la política exterior de Trump se propone un cambio en dos etapas: primero, ir de una perspectiva globalista al centrismo norteamericano y luego al expansionismo estadounidense". Según Dugin, "los ejemplos más claros son las declaraciones de Trump sobre la anexión de Canadá como Estado 51; la compra de Groenlandia; la toma del control del Canal de Panamá y el cambio de nombre del Golfo de México por Golfo de América".

No obstante, el análisis de Dugin está incompleto. El académico ruso no ha tenido en cuenta uno de los puntos estratégicos fundamentales que EE.UU. necesita dominar para alcanzar, con éxito, esa transformación controlada del orden mundial que se propone Trump. Ese punto estratégico es el sur del continente americano, específicamente Tierra del Fuego y Antártida (en las Islas Malvinas ya tiene una base de la OTAN).

Es cierto que el presidente estadounidense no ha vociferado el plan sobre nuestro sur como sí lo hizo con Canadá, Groenlandia y Panamá. No hizo falta. Bajo la presidencia de Javier Milei, la Argentina sumisa se incorporó, sin chistar, a la distribución internacional neocolonialista decidida desde los centros financieros. Lo hizo incluso antes de la llegada de Trump al poder.

En abril de 2024, vestido de uniforme militar, Milei se reunió en Ushuaia con la entonces jefa del Comando Sur, generala Laura Richardson (la que nos avisó que el litio argentino era de EE.UU.), para anunciar "el desarrollo de una Base Naval Integrada" en Tierra del Fuego, espacio que convertiría a ambos países "en la puerta de entrada" a la Antártida.

La idea de la base ya había sido planificada por el gobierno de Alberto Fernández con el objetivo de aprovechar la ubicación excepcional de Ushuaia y convertir el lugar en un polo multifuncional de acceso a la Antártida. El objetivo era que Argentina, a través de una infraestructura portuaria y logística de avanzada, pudiera ofrecer a los países del mundo servicios que significarían reducción de tiempos de navegación, rescate de barcos en emergencia, instalación de espacios científicos, mejora en el acceso al continente blanco, entre otros beneficios.

Estas obras, pensadas en un principio desde una perspectiva de total apego a los dictados de la soberanía nacional, se iniciaron en marzo del 2022, cuando el entonces ministro de Defensa, Jorge Taiana, encargó al astillero Tandanor la planificación y el comienzo de los trabajos.

El interés demostrado por China desde el inicio del proyecto fue, sin duda, una de las causas que encendió las alarmas de EE.UU. Washington no quiere que la pesadilla llamada Puerto de Chancay se reproduzca a kilómetros de la Antártida. El megapuerto que se acaba de inaugurar en la costa pacífica peruana es el primero inteligente en América Latina, y se espera que produzca 4.500 millones de dólares más de ganancias anuales y genere 8.000 empleos directos en Perú.

Por eso, el pasado mes de abril, cuando el nuevo titular del Comando Sur, Alvin Holsey, visitó Tierra del Fuego, dejó claro que, ahora, el control estratégico del Atlántico Sur y el acceso a la Antártida desde la base argentina lo tiene el Pentágono. "EE.UU. quiere reforzar la cooperación militar con el objetivo de fortalecer la seguridad regional y avanzar en intereses compartidos", dijo Holsey desde la Base Naval Integrada. Luego la embajada estadounidense agregó que el objetivo es "interiorizarse sobre las operaciones en la base y el papel clave que desempeñan en la protección de las rutas marítimas vitales para el comercio global".

Además del manejo de la base, el Pentágono exigió la operatividad del radar LeoLabs, construido cerca de la localidad de Tolhuin, en Tierra del Fuego. El radar es usado para inteligencia militar y, peor aún, ha sido utilizado por el Reino Unido con fines lesivos contra Argentina. LeoLabs es una empresa norteamericana privada, radicada oficialmente en Londres.

El radar fue desactivado en 2023 por orden del gobierno anterior. El exministro Taiana, con pruebas basadas en un informe técnico, denunció que LeoLabs "vulnera la seguridad nacional, ya que permitiría al Reino Unido monitorear actividad satelital argentina, tanto civil como militar, interceptar datos y observar objetivos terrestres, marítimos o detectar aeronaves", algo que es "incompatible con la Directiva de Política de Defensa Nacional". Por otra parte, Taiana explicó que "no es posible dejar de lado las connotaciones geopolíticas que tiene la instalación de la Estación AGSR por parte de una empresa con domicilio legal en Gran Bretaña".

Esta inaceptable vulneración de nuestra soberanía fue duramente criticada por Gustavo Melella, gobernador de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur (AeIAS), quien denunció la política entreguista del gobierno de Milei y afirmó: "Tierra del Fuego es una zona de paz, no necesitamos bases militares extranjeras".

"Es inadmisible que el Ministerio de Defensa otorgue —luego del pedido del comandante Holsey del Comando Sur— la autorización a la LeoLabs para operar, cuando fue la propia empresa la que publicó la existencia de un contrato con el Ministerio de Defensa del Reino Unido para brindarle información para el monitoreo, control y vigilancia de nuestro Atlántico Sur", objetó Melella.

"Nosotros no hemos recibido ninguna solicitud formal de EE.UU. para una audiencia. Hay dos cuestiones en las cuales tengo la certeza de que ni nuestro gobierno ni nadie en la provincia acompañará: la autorización para que opere el radar de LeoLabs y la instalación de una base militar extranjera o de cualquier otro desarrollo que sea o pueda llegar a ser funcional a los británicos que invaden nuestro Atlántico Sur", aseguró el gobernador.

Días después, Melella pidió que Argentina rechace la designación de David Cairns como nuevo embajador británico en nuestro país, dado que es cómplice del saqueo de nuestro petróleo. Cairns debería asumir en septiembre de 2025. Según informó la cancillería británica, Cairns es vicepresidente de la compañía petrolera Equinor desde "2019 hasta el presente". Equinor es la empresa que asesoró al Reino Unido en la explotación ilegal de hidrocarburos en aguas argentinas circundantes a las Islas Malvinas.

"El Reino Unido viola abiertamente sus obligaciones internacionales: mantiene su ocupación militar, niega el diálogo sobre soberanía, explota ilegalmente nuestros recursos y ahora pretende que aceptemos como interlocutor a un engranaje más de esa maquinaria colonial", argumentó Melella en su cuenta X.

Este avance imperialista sobre nuestro territorio, alentado por el gobierno de Milei, tiene dos ejes principales: la militarización de nuestro Sur y el boicot contra la exitosa gestión industrial fueguina. La eliminación de trabas a la importación de teléfonos y productos electrónicos extranjeros, cuya consecuencia inmediata será el quiebre de las empresas argentinas, no es una medida económico-social sino geoestratégica.

El objetivo trumpista de recuperar la primacía estadounidense no es nuestra causa. Más aún, defenderlo y aceptar la militarización puede implicar un altísimo costo para nuestras generaciones más jóvenes. Reaccionemos antes de que sea demasiado tarde.

Publicado originalmente en Tektónikos el 20 de junio de 2025.