El 3 de enero ha marcado un nuevo punto de inflexión en la política de la administración de Donald Trump hacia su país y una inmediata reacción dentro del establishment estadounidense. Congresistas de ambos partidos, funcionarios del Ejecutivo, exautoridades y referentes del ámbito estratégico y jurídico comenzaron a pronunciarse sobre el alcance de la operación, su encuadre legal y sus posibles implicaciones para la política exterior y la seguridad nacional de Washington.

Las declaraciones surgidas en los días posteriores abordaron distintos aspectos del episodio. Algunas se concentraron en la justificación de la operación en términos de seguridad y aplicación de la ley, mientras que otras pusieron el acento en la autoridad constitucional del presidente para ordenar una acción de este tipo, la necesidad de autorización del Congreso y los riesgos asociados a una eventual escalada. También aparecieron advertencias sobre los precedentes que podría sentar la intervención, tanto para el orden internacional como para futuras decisiones de política exterior estadounidense.

Este conjunto de pronunciamientos permite observar cómo distintos sectores del poder político e institucional en Washington han interpretado el suceso y sus consecuencias inmediatas. Las reacciones ofrecen un panorama de los debates que se activaron dentro del propio establishment en torno a la legalidad, la conveniencia y el rumbo que podrían tomar las decisiones de la Casa Blanca respecto a Venezuela.

A continuación, se presenta un balance de esas reacciones, atendiendo a los principales argumentos esgrimidos por quienes respaldaron la operación, por quienes la cuestionaron y por quienes expresaron reservas o advertencias desde una perspectiva institucional y estratégica.

Respaldos y justificaciones

Una parte significativa de las reacciones dentro del establishment político estadounidense es de respaldo, presentando la medida como necesaria para la seguridad nacional y como un acto de aplicación de la ley contra un actor que ha sido caracterizado de criminal. En este bloque de opiniones, el énfasis está puesto en la idea de "rendición de cuentas", en los señalamientos de narcotráfico y en la necesidad de enviar una señal de fuerza frente a lo que describen como un régimen ilegítimo y hostil.

Desde el liderazgo republicano en el Congreso, el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, sostuvo que la operación representaba un punto de quiebre frente a años de impunidad. Tras señalar que había conversado con el secretario de Estado Marco Rubio y con el secretario de Defensa Pete Hegseth, Johnson afirmó que el presidente Nicolás Maduro era responsable de "la muerte de cientos de miles de estadounidenses" como consecuencia del tráfico de drogas.

"Nicolás Maduro es responsable de la muerte de cientos de miles de estadounidenses después de años de traficar drogas ilegales y miembros violentos de carteles a nuestro país (…) y hoy aprendió cómo se ve la rendición de cuentas", declaró Johnson.

"Bajo el liderazgo del presidente Trump, Estados Unidos ya no permitirá que regímenes criminales se beneficien causando destrucción en nuestro país". 

En la misma línea, el líder de la mayoría republicana en el Senado, John Thune, dijo que el secuestro de Maduro era "un primer paso importante" para llevarlo ante la justicia por los delitos por los que ha sido acusado en tribunales estadounidenses, y adelantó que esperaba recibir más información del Ejecutivo en los próximos días.

Desde el Comité de Inteligencia del Senado, su presidente Tom Cotton vinculó directamente la operación con la necesidad de redefinir el estatus internacional de Venezuela. Cotton declaró que las autoridades venezolanas debían decidir si continuar "coludiéndose con adversarios" de Estados Unidos o "actuar como una nación normal".

"El gobierno interino de Venezuela debe decidir ahora si continúa con el narcotráfico y la colaboración con adversarios como Irán y Cuba, o si actúa como una nación normal y regresa al mundo civilizado", afirmó Cotton.

Algunos senadores enfatizaron el encuadre constitucional de la operación. El senador Mike Lee, de Utah, señaló que el secretario Rubio le había indicado que Maduro sería trasladado a Estados Unidos y sostuvo que la acción "probablemente" encajaba dentro de la autoridad inherente del presidente bajo el Artículo II de la Constitución, aunque evitó ofrecer mayores detalles sobre el marco legal específico. Lee agregó que, según Rubio, no se anticipaban "acciones adicionales" en Venezuela tras la captura.

Desde el Poder Ejecutivo, el vicepresidente JD Vance elogió directamente a las fuerzas especiales involucradas en la operación y justificó la acción en función de las acusaciones previas contra Maduro.

En la Cámara de Representantes, el presidente del Comité de Inteligencia, Rick Crawford, comparó la operación con la captura del exdictador panameño Manuel Noriega en 1990 y sostuvo que la acción debía entenderse como parte de una estrategia más amplia de seguridad regional.

"Es un gran día para Venezuela", dijo Crawford en entrevista con CBS News. "Si vamos a tener un Estados Unidos seguro, eso requiere un vecindario seguro".

Uno de los respaldos más enfáticos provino del congresista Mario Díaz-Balart, vicepresidente del Comité de Asignaciones de la Cámara y presidente del Subcomité de Seguridad Nacional, Departamento de Estado y Programas Relacionados. En una declaración oficial, Díaz-Balart elogió al presidente Trump y a las Fuerzas Armadas:

"La acción de hoy, ordenada por el presidente Trump, es un claro ejemplo de liderazgo decisivo (...) El régimen ilegítimo de Maduro ha representado durante años una amenaza sin precedentes a la seguridad nacional de Estados Unidos".

Estas posiciones presentan la operación del 3 de enero bajo el encuadre de una acción legítima y largamente postergada, enmarcada en un lenguaje de seguridad y justicia. Sin embargo, como muestran las reacciones que se detallan a continuación, este respaldo no agotó el debate ni logró cerrar filas dentro del propio establishment estadounidense.

Objeciones institucionales y advertencias estratégicas

La operación en Venezuela también activó una serie de objeciones dentro del propio establishment estadounidense que se formularon desde las preocupaciones institucionales, estratégicas y jurídicas vinculadas a los intereses y a la credibilidad de Estados Unidos.

Estas críticas ponen el foco en la legalidad de la acción, en la ausencia de autorización del Congreso, en los riesgos de precedentes internacionales y en los costos políticos y de seguridad asociados a una escalada sin un marco claramente definido.

En el grupo demócrata en el Congreso, las primeras objeciones se centraron en la falta de autorización legislativa y en la ausencia de un plan claro para el "día después". El líder de la minoría en la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, calificó a Maduro como un "criminal y dictador autoritario", pero subrayó que ello no exime al Ejecutivo de cumplir con los procedimientos constitucionales.

"El presidente tiene la responsabilidad constitucional de seguir la ley y proteger las normas democráticas en Estados Unidos", afirmó Jeffries, advirtiendo que "la promoción de la seguridad y la estabilidad en la región requiere más que solo fuerza militar".

En términos similares se expresó el líder de la minoría en el Senado, Chuck Schumer, quien dijo que la decisión fue "imprudente" al haberse ejecutado sin autorización del Congreso y sin un plan creíble sobre lo que vendría después. Schumer cuestionó abiertamente la idea de que Estados Unidos pueda asumir un rol de administración directa sobre Venezuela.

Las críticas se profundizaron en el ámbito de la política de defensa. Adam Smith, principal demócrata del Comité de Servicios Armados de la Cámara, cuestionó de forma directa la utilidad estratégica de la operación y su vínculo con la seguridad estadounidense.

"No hay ninguna evidencia de que esto haga a Estados Unidos más seguro (...) Esto no parece tener mucho que ver con drogas. Parece que se trata de que Trump quiere el petróleo de Venezuela".

Smith advirtió además sobre el riesgo de una escalada mayor, recordando precedentes como Irak y Libia, donde intervenciones presentadas como limitadas derivaron en escenarios prolongados y costosos.

Una de las críticas más duras en el Senado la proclamó Tim Kaine, miembro del Comité de Servicios Armados y del Comité de Relaciones Exteriores. Kaine habló de un "ataque militar no autorizado" y un retroceso hacia una política de dominación hemisférica.

"El ataque militar no autorizado del presidente Trump contra Venezuela es un regreso enfermizo a una época en la que Estados Unidos se arrogaba el derecho de dominar los asuntos internos de todas las naciones del hemisferio".

Kaine anunció que su resolución bipartidista de poderes de guerra sería sometida a votación, subrayando la necesidad de que el Congreso recupere su rol constitucional en materia de uso de la fuerza.

Las objeciones no se limitaron al Partido Demócrata. Algunos republicanos expresaron reparos desde una lógica constitucional o estratégica. El congresista Thomas Massie cuestionó públicamente la solidez legal de la operación.

"Si esta acción fuera constitucionalmente sólida, la fiscal general no estaría tuiteando que arrestaron al presidente de un país soberano por violar una ley de armas de 1934", escribió Massie.

En una línea distinta, pero también crítica, el congresista republicano Don Bacon advirtió sobre los riesgos de precedente internacional, señalando que otras potencias podrían utilizar el caso venezolano para justificar acciones similares.

"Mi principal preocupación es que Rusia use esto para justificar sus acciones en Ucrania, o que China lo use para justificar una invasión de Taiwán", escribió Bacon.

Las advertencias sobre precedentes y costos sistémicos también aparecieron en el ámbito del análisis estratégico y jurídico. Instituciones como Chatham House, Brookings Institution y CSIS publicaron análisis señalando que presentar una operación militar en tanto "aplicación de la ley" erosiona normas fundamentales del derecho internacional y puede debilitar la posición de Estados Unidos a largo plazo. Estos centros subrayaron el impacto negativo sobre la credibilidad estadounidense en un contexto global cada vez más competitivo.

En el plano jurídico, FactCheck.org recopiló evaluaciones de expertos que señalaron que la acción choca con la Carta de Naciones Unidas y que, incluso bajo interpretaciones constitucionales restrictivas, el uso de la fuerza requeriría autorización expresa del Congreso.

Desde la prensa internacional vinculada al establishment, The Guardian recogió críticas de expertos legales sobre los métodos empleados en operaciones “antinarcóticos”, incluyendo preocupaciones sobre la legalidad operativa y el uso de tácticas que podrían vulnerar principios básicos del derecho de los conflictos armados, lo que, según estos análisis, genera costos reputacionales y de seguridad para Estados Unidos.

Un balance abierto en Washington

Las declaraciones de quienes apoyaron la decisión insisten en el lenguaje de la seguridad nacional, el narcotráfico y la rendición de cuentas, encuadrando el episodio como una extensión de la aplicación de la ley estadounidense más allá de sus fronteras. Dicho enfoque permite desplazar la discusión desde el terreno del derecho internacional, la soberanía y la beligerancia hacia un marco de legalidad doméstica y de persecución criminal, una lógica que coincide con la interpretación desarrollada por algunos analistas jurídicos reseñados por esta tribuna. Desde esta perspectiva, se presenta la supuesta legitimidad de la operación por su coherencia con el aparato jurídico interno de Estados Unidos.

Sin embargo, incluso dentro de este bloque de respaldo aparecen matices relevantes. Algunas voces subrayan que este episodio no debe entenderse como el inicio de una intervención más amplia, mientras que otras enfatizan la ausencia de planes adicionales o la necesidad de limitar el alcance de la acción para evitar escenarios de escalada. Estos matices revelan que, aun entre quienes defienden la decisión, existe conciencia de los riesgos políticos y estratégicos asociados a su desarrollo posterior.

En paralelo, las objeciones provenientes de otros sectores del establishment no se concentran tanto en una impugnación directa del uso de la fuerza, sino en la evaluación de su conveniencia en el contexto actual. Las críticas apuntan a los costos potenciales de haber ejecutado la operación de manera abierta y explícita, a las dificultades para sostener su legitimidad frente a aliados y competidores, y a los efectos que puede tener sobre la posición internacional de Estados Unidos. En este plano, la preocupación central son las repercusiones de haber cruzado ciertos umbrales sin un marco narrativo o estratégico suficientemente consolidado.

A este debate se suma un componente político interno. Algunas figuras y sectores aprovechan el episodio para cuestionar a la administración Trump desde una lógica de competencia doméstica, siendo un punto de apoyo para disputar liderazgo en el escenario nacional. Estas críticas responden a dinámicas propias de la política interna estadounidense y a la pugna por capitalizar errores percibidos del Ejecutivo.

Las reacciones al caso venezolano dejan al descubierto una dificultad mayor: tras la agresión del 3 de enero, Estados Unidos no presenta una línea unificada para defender y proyectar su actuación. La falta de consenso sobre los fundamentos, los límites y los objetivos de la operación sugiere que la decisión no fue acompañada de una planificación política y estratégica capaz de anticipar el saldo de consecuencias internas e internacionales.

El episodio refleja una manera de proceder que, al no cerrar filas dentro del propio establishment, refuerza la percepción de una política hacia Venezuela marcada por la improvisación y por cálculos incompletos.