Es un punto de inflexión histórico burdo pero no menos dramático: Estados Unidos abandonó cualquier hilacha retórica y confiesa sin ambigüedades el verdadero núcleo de su política: el robo de los recursos venezolanos.

El mensaje de Donald Trump en la noche del 16 de diciembre es la verbalización cruda de una doctrina que el Estado venezolano ha denunciado durante más de dos décadas.

Cuando Trump exige que Venezuela "devuelva" a Estados Unidos "su petróleo, sus tierras y sus activos", lo que hace es certificar que Washington siempre ha concebido al país como otro territorio expropiable, un protectorado hidrocarburífero frustrado que debe ser reconquistado, un orden perdido, uno en el que Venezuela funcionaba como enclave energético subordinado.

De hecho, reorgniza las relaciones de dependencia. Ante esto, ¿quién depende más de quién?

Esta admisión pública desmonta definitivamente el andamiaje que Estados Unidos utilizó durante años para justificar sanciones ilegales, operaciones encubiertas, agresiones abiertas y, ahora, bloqueo y amenazas bélicas.

Esa franqueza delata una reducción peligrosa de los márgenes de maniobra de Washington. El lenguaje se vuelve crudo cuando el relato se agota y cuando la coerción necesita mostrarse para seguir siendo creíble.

No buscan administrar la agresión, necesitan precipitarla.Lo hacen mediante extorsión de manual, con un mensaje directo: o Venezuela cede el control de sus recursos estratégicos, o el costo económico, operativo y comercial seguirá aumentando.

El daño es el instrumento central. Se bloquea, se incauta y se interrumpe el flujo comercial para exhibir capacidad de castigo y forzar concesiones bajo presión.

Esta lógica está explícitamente descrita en la Estrategia de Seguridad Nacional, que normaliza el uso de la coerción económica y militar como herramientas primarias de disciplinamiento geopolítico.

La pregunta, entonces, no es si Estados Unidos está dispuesto a escalar, sino por qué necesita hacerlo con tanta urgencia.

¿La respuesta estará en el frente interno?

La administración Trump atraviesa una crisis que erosiona su capacidad efectiva de gobernar. La militarización de ciudades chocó de frente con el poder judicial y derivó en fallos que ordenaron el retiro de la Guardia Nacional, dejando al Ejecutivo atrapado en un vacío legal que amenaza con llegar a la Corte Suprema.

Este conflicto expone los límites constitucionales del uso de la fuerza militar en seguridad interior y muestra a una Casa Blanca que estira al máximo la noción de emergencia nacional para compensar su debilidad política y su pérdida de control institucional.

El deterioro económico refuerza ese cuadro. La aprobación del manejo en este tema de la administración Trump se desploma, el respaldo ciudadano apenas alcanza a un tercio del electorado y persisten tensiones inflacionarias, fatiga del consumidor y malestar social.

La más reciente encuesta de PBS News/NPR/Marist registró que 57% de los estadounidenses desaprueba la gestión económica del gobierno, considerada en su momento de campaña una de sus fortalezas.

Aunado a ello, solamente 36% afirma que el presidente está haciendo un buen trabajo: el porcentaje más bajo que esta encuesta ha encontrado en sus dos mandatos.

El propio Trump ha reconocido que no puede garantizar que sus políticas se traduzcan en victorias electorales, una admisión poco común que revela conciencia del riesgo real de perder la Cámara de Representantes en las elecciones intermedias del año que viene.

A esto se suma la fractura dentro del Partido Republicano. La negativa de legisladores en Indiana a redibujar distritos congresionales golpea directamente la estrategia electoral de la Casa Blanca, que ve en la redistribución un instrumento clave para sostener el poder legislativo.

La rebelión de congresistas moderados que se alinean con los demócratas para extender subsidios de salud muestra que las lealtades no son homogéneas.

El hiperpresidencialismo táctico de Trump, basado en órdenes ejecutivas y decisiones unilaterales, ha generado la pálida institucional y resistencias que ahora confluyen con un calendario electoral cada vez más apremiante.

En ese contexto de debilidad interna más o menos inconfesada, la agresión contra Venezuela cumple una doble función. Hacia afuera, intenta reafirmar una hegemonía regional, reeditando la vieja lógica monroísta con el Corolario Trump.

Hacia adentro, busca cohesionar apoyos, desplazar el foco del deterioro económico y fabricar un enemigo externo que justifique medidas excepcionales.

La narrativa de la "seguridad nacional", que mezcla narcotráfico, terrorismo y amenazas existenciales, permite empujar los límites legales, pero también abre flancos que el Congreso ya comenzó a explorar.

Las resoluciones sobre poderes de guerra, a pesar de haberse decantado a favor de la administración en la cámara baja, y las exigencias de transparencia sobre las operaciones marítimas, indican que la Casa Blanca ya no cuenta con un cheque en blanco para escalar.

Ahora bien, la escalada en el Caribe se convirtió en un problema político interno de alto costo. El centro de la controversia es el ataque del 2 de septiembre, cuyo registro audiovisual completo el Pentágono se niega a hacer público, pese a las exigencias de legisladores de ambos partidos.

En ese video, según senadores que han tenido acceso parcial a su contenido, se observa a dos sobrevivientes de un primer ataque aéreo estadounidense aferrados a los restos de su embarcación, antes de ser asesinados en el agua durante una segunda ofensiva.

El jefe del Pentágono, Pete Hegseth, defendió en el Capitolio la negativa a divulgar el material íntegro, alegando que se trata de un video clasificado de máxima seguridad y que su publicación supuestamente pondría en riesgo operaciones, personal y activos militares en el área de responsabilidad del Comando Sur.

Hegseth, el ex presentador de TV, sostuvo que divulgarlo revelaría métodos, tácticas y capacidades sensibles.

Legisladores demócratas y republicanos coinciden en que el argumento de seguridad nacional pierde fuerza cuando el propio Departamento de Defensa ha difundido ya más de veinte clips editados de ataques en el Caribe, en los que siguen siendo visibles detalles técnicos, armamento y patrones operativos.

La resistencia del Pentágono ha provocado una reacción inédita en el Congreso. El proyecto anual de presupuesto de defensa, una ley de aprobación obligatoria, incluye ahora una cláusula que retendría parte de los fondos del Pentágono hasta que Hegseth entregue el video completo a los comités de Servicios Armados del Senado y la Cámara de Representantes, a saber:

"La votación de 77 a 20 vio un apoyo sustancial de demócratas y republicanos para impulsar la Ley de Autorización de Defensa Nacional de 901 mil millones de dólares... El proyecto de ley restringe una cuarta parte del presupuesto de viajes del Secretario de Defensa Pete Hegseth hasta que el Congreso reciba las imágenes".

En resumen, la operación en el Caribe ha comenzado a contaminar la agenda legislativa más sensible de Washington. Cuando una acción militar pone en riesgo la aprobación del presupuesto de defensa, deja de ser un asunto periférico y pasa a ser un problema estructural.

El malestar no se limita a un solo partido.

El senador republicano Lindsey Graham, uno de los defensores más férreos del uso de la fuerza, exigió la publicación del material y afirmó que las operaciones son legales, minimizando el impacto del video: "Lo que menos me preocupa es este maldito video. Publíquenlo".

Pero incluso en su defensa quedó expuesta una contradicción central, al comparar la actual campaña con la invasión estadounidense a Panamá en 1989, reconoció implícitamente que se trata de una operación abiertamente tanto desesperadamente muscular como abiertamente militar.

Al mismo tiempo, el líder demócrata del Senado, Chuck Schumer, señaló que el argumento de clasificación pierde peso cuando las explicaciones se dan en salas seguras (SCIF), diseñadas precisamente para manejar información sensible sin recurrir al secreto absoluto.

Chris Murphy denunció que la sesión informativa ofrecida por Hegseth y el secretario de Estado Marco Rubio duró apenas 50 minutos, con escaso espacio para preguntas, y sostuvo que nada de lo presentado justifica legal ni tácticamente las acciones en curso.

Calificó la operación como un despliegue costoso, improductivo y carente de objetivos claros. Incluso, senadores republicanos reconocieron que el fin último de la campaña sigue sin definirse con precisión. Cuando Graham preguntó abiertamente si el objetivo real es derrocar al gobierno venezolano, dejó al descubierto el vacío estratégico que rodea la intervención.

Este escenario ha generado una preocupación transversal en el Congreso, pues el expediente de crímenes de guerra amenaza con desbordar el caso puntual del Caribe y convertirse en un obstáculo para toda la agenda futura de la administración Trump.

Legisladores advierten en privado que avalar sin aclaraciones una operación bajo sospecha de ejecuciones extrajudiciales podría sentar precedentes jurídicos peligrosos, comprometer responsabilidades individuales y, sobre todo, envenenar debates clave que vendrán después como las asignaciones presupuestarias, autorizaciones de uso de la fuerza, proyectos energéticos, incautaciones de activos e incluso, nuevas sanciones.

En otras palabras, la Casa Blanca necesita reconstruir consenso interno para sostener su política de agresión, pero el tema de los crímenes de guerra ha introducido un factor de alto riesgo.

Cada paso adicional en el Caribe incrementa la posibilidad de litigios, investigaciones formales y choques institucionales que pueden bloquear iniciativas estratégicas más amplias.

Por eso la administración se mueve ahora en una absurda paradoja, ya que acelera la presión externa mientras intenta contener el daño político interno que esa misma presión está generando.

El Congreso, las audiencias y las investigaciones que hasta ahora buscaban establecer responsabilidades o matices operativos quedan ahora en un segundo plano, debido a que el propio mandatario ha declarado explícitamente que el objetivo es apoderarse de los recursos estratégicos venezolanos: petróleo, tierras y activos.

Si la nueva Estrategia de Seguridad Nacional revela, paradójicamente, las inseguridades y ansiedades externas, el rumbo que ha cobrado el "expediente Venezuela" delata las internas. Es el nuevo punto de cruce donde se contrae el declive. 

La transparencia brutal se traduce a un demencial reclamo directo de apropiación, ahora declarada sin ambigüedad y doctrinariamente como un proceso de recolonización urgente. Existencialmente urgente.