La arquitectura geopolítica de América Latina ha entrado en una fase de reconfiguración forzada. Tras la publicación de la Estrategia de Seguridad Nacional (ESN) en diciembre de 2025, y la Estrategia de Defensa Nacional (EDN), en enero pasado, la administración Trump ha formalizado lo que analistas denominan la "Doctrina Donroe".
Esta aceleración imperial responde a la urgencia de una economía estadounidense en proceso de desindustrialización que necesita, con carácter existencial, asegurar el control de materias primas críticas, mano de obra barata y mercados de proximidad frente al avance sólido de China en el hemisferio occidental.
Un punto coyuntural es la victoria electoral de Laura Fernández Delgado en Costa Rica, el pasado 1 de febrero. La dirigente es descrita como "heredera del expresidente Rodrigo Chaves", abiertamente respaldada por Donald Trump y triunfó con un discurso centrado en seguridad, valores conservadores y alineamiento estratégico con Washington. Este resultado abre perspectivas junto al controversial proceso electoral hondureño, en el que la injerencia del magnate presidente fue elocuente.
Este año irán a las urnas los electorados de Colombia en marzo y mayo, Perú en abril, Brasil en octubre y Nicaragua en noviembre. Los candidatos afines a la agenda trumpista buscarían capitalizar el descontento social, la coerción y la inestabilidad económica propiciada desde Washington para imponer una nueva correlación de fuerzas políticas favorable a los intereses estadounidenses.
Doctrina Donroe: La soberanía como concepto obsoleto
La Doctrina Donroe parte de una lógica de competición de grandes potencias, sitúa explícitamente a China como rival hemisférico y recalca la urgencia imperiosa de Washington por asegurar un predominio en un teatro de operaciones económicas vital que considera su patio trasero. Además de la violencia demostrada contra Venezuela el pasado 3 de enero, Trump y su gobierno también utilizan la promesa de inversiones y la amenaza de sanciones para inclinar la balanza hacia figuras que garanticen el cierre de filas contra la presencia asiática en la región.
El 3 de enero de 2026, el mundo contempló atónito la "Operación Resolución Absoluta": un ataque militar de 150 aeronaves contra objetivos estratégicos en Caracas y los estados La Guaira y Miranda que culminó con el secuestro del presidente Nicolás Maduro y su traslado a Nueva York para enfrentar supuestos cargos de narcoterrorismo.
Entretanto, analistas coinciden en que Estados Unidos ya no apuesta por liderar un orden internacional compartido, sino por administrar su poder mediante zonas de influencia y coerción selectiva. Tanto la ESN como la EDN abandonan toda retórica de cooperación multilateral para adoptar un tono abiertamente confrontacional y de competencia de suma cero.
En 2025, Trump anunció aranceles punitivos —hasta del 25% a Colombia y México— y amenazó con "tomar de vuelta" el Canal de Panamá, logrando que este país se retirara de la Iniciativa de la Franja y la Ruta (BRI) bajo presión del secretario de Estado, Marco Rubio. Estas medidas responden a una urgencia estructural de reconstruir cadenas de suministro mediante el nearshoring. América Latina, rica en recursos y geográficamente accesible, se convierte así en el campo de batalla esencial para la supervivencia económica del imperio en decadencia.
La agresión a Venezuela se entiende como un punto de inflexión en una región fragmentada que facilita una capitulación económica. Este dominio energético se complementa con una injerencia electoral ilimitada. La ESN establece que cualquier proyecto político que contravenga los intereses de "seguridad nacional" estadounidense será tratado como una amenaza hostil.
Por otra parte, la injerencia estadounidense opera sin disimulo para otros gobiernos no alineados enteramente, desde acusaciones contra Gustavo Petro por narcotráfico, pasando por amenazas de incursión militar en México, hasta el apoyo explícito al expresidente brasilero, condenado por intento de golpe de Estado, Jair Bolsonaro. Washington juega todas sus cartas para evitar que quienes considera adversarios ideológicos conserven sus bastiones.
Esto pone en jaque los principios de soberanía y autodeterminación, por lo que las elecciones de 2026 en América Latina serían consultas vigiladas en las que la Casa Blanca desplegaría herramientas de presión financiera y mediática para asegurar que los recursos —petróleo, cobre, litio, y minerales estratégicos— permanezcan bajo control de corporaciones estadounidenses. El permanente intento de predominio político y económico mediante la extracción y mano de obra a bajo costo.
El secuestro de Maduro, además del control del petróleo venezolano, busca convertir a la soberanía en un concepto obsoleto cuando entra en conflicto con los intereses de Washington. El secretario de Estado, Marco Rubio, ha dejado claro que la estrategia combina diplomacia, coerción económica y fuerza militar, y que la "cuarentena naval" impuesta a Venezuela —que intercepta petroleros y controla los ingresos del crudo— es aplicable a otros escenarios.
Esta doctrina implica la redefinición de los minerales críticos y el petróleo como parte de la infraestructura de defensa nacional, y además habilita la intervención económica y militar bajo el argumento de "seguridad energética".
China como "rival hemisférico" de Estados Unidos: Pulso por la influencia en la región
La administración Trump busca forzar un "desacoplamiento" de China en el continente, incluso si esto significa socavar los intereses económicos de sus socios latinoamericanos que dependen del mercado asiático.
Frente a la ofensiva estadounidense, China ha reconfigurado su estrategia en América Latina sin abandonar la región, pero adaptándose a un contexto de mayor hostilidad. Según el Monitor de Inversiones de China en América Latina y el Caribe, la inversión directa china se ubicó en 8 mil 748 millones de dólares en 2023, apenas el 10% del total recibido por la región, lo que evidencia una caída respecto al pico de la década anterior.
Sin embargo, esta contracción cuantitativa acompaña a una reorganización cualitativa en la que Beijing ha desplazado su enfoque desde grandes préstamos estatales hacia inversiones en nueva infraestructura —tecnología 5G, energía limpia, electromovilidad e inteligencia artificial— que representaron más del 60% de los proyectos anunciados en 2022.
Aun así, China sigue siendo el principal socio comercial de nueve países latinoamericanos, con un comercio bilateral que superó los 500 mil millones de dólares en 2024. Su estrategia se basa en inversiones en infraestructura, energía y minería —especialmente en el "Triángulo del Litio"— y en ofrecer financiamiento sin condicionalidades políticas, en contraste con la diplomacia coercitiva de Washington.
La estrategia china apuesta por el multilateralismo y la no injerencia, principios que contrastan con el unilateralismo trumpista y que encuentran receptividad en gobiernos progresistas de la región.
El documento de política china hacia América Latina, publicado en diciembre de 2025, reafirma la región como socio clave, pero prioriza la cooperación "de alta calidad" en sostenibilidad e innovación tecnológica. Esta reorientación responde a la presión estadounidense que establece explícitamente como objetivo frenar la influencia china en el hemisferio, calificando a Beijing como el rival principal.
La presión estadounidense ha generado fisuras mediante una combinación de "palos y zanahorias" donde la amenaza de sanciones económicas es tan real como la promesa de acceso al mercado estadounidense. El 29 de enero pasado, la Corte Suprema de Panamá declaró inconstitucional la concesión que por casi 30 años tuvo la empresa de Hong Kong CK Hutchison para operar los puertos de Balboa y Cristóbal, ubicados en cada extremo del Canal de Panamá. Por su parte, Brasil ha rechazado adherirse formalmente; Luiz Inácio Lula da Silva ha preferido acuerdos bilaterales "en términos mutuamente aceptables".
Para muchos países latinoamericanos, esta competencia había sido una oportunidad para diversificar alianzas, pero la nueva estrategia de Trump busca eliminar esa ambigüedad estratégica y forzar una realineación total. La disputa es comercial en lo cortical pero geopolítica y tecnológica en lo vertebral.
La fragmentación como el mayor aliado de Washington
Las elecciones de 2026 serán determinantes debido a que, en Brasil, Lula busca la reelección en octubre frente a la maquinaria bolsonarista; en Colombia, Iván Cepeda encabeza las encuestas pero enfrenta una derecha resurgente. Ambos países, junto a México, como ejemplos, concentran el 66% del PIB regional y representan el 59% de la población latinoamericana, pero su incapacidad para coordinar una respuesta conjunta ante la agresión a Venezuela evidencia una crisis regional que parece ser de sentido histórico.
El presidente colombiano Gustavo Petro mostró contundencia al calificar el ataque a Venezuela de "retorno a la era de las intervenciones brutales" y "espectáculo de la muerte comparable a Guernica". Además, convocó una reunión de emergencia de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) con resultados difusos.
Petro ha convertido a Colombia, tradicional aliado incondicional de Estados Unidos, en el epicentro de una estrategia diplomática que terminó en una reunión con Trump el 3 de febrero pasado. Sus propios funcionarios intentan contener la escalada para no poner en riesgo la cooperación antinarcóticos.
La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum combina su alta popularidad interna con una retórica de soberanía. Condenó la agresión a Venezuela pero su lenguaje fue más medido, lo que refleja la extrema sensibilidad de la relación con su vecino del norte. Sin embargo, ha rechazado tajantemente la subordinación a Estados Unidos frente a las exigencias de Trump de romper lazos con China, Rusia e Irán.
Su negativa a asistir a la Cumbre de las Américas por la exclusión de Cuba, Venezuela y Nicaragua, y su anuncio de ayuda humanitaria a Cuba pese a las presiones de Washington, marcan una línea de independencia que contrasta con su pragmatismo comercial.
El eje clave, sin embargo, es Brasil. El presidente Lula se encuentra en una posición incómoda porque su gobierno busca preservar la relación con Estados Unidos, crucial para la tecnología y las inversiones, pero al mismo tiempo no puede ni quiere renunciar a la alianza estratégica con China, pilar de la economía brasileña.
En el Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe 2026, organizado por el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) en enero pasado, Lula denunció que América Latina vive "uno de los momentos de mayor retroceso en materia de integración", criticando que la CELAC "no consigue ni producir una sola declaración contra intervenciones militares ilegales". Su llamado a superar las divisiones ideológicas mediante el pragmatismo, y a construir una integración que recuerde al Congreso de Panamá de 1826, resuena en un vacío institucional dado que la Unasur "sucumbió al peso de la intolerancia" y la OEA permanece como instrumento de influencia estadounidense.
Esta doble dependencia paraliza la capacidad de liderazgo regional de Brasilia. Un análisis de la Revista Fal plantea que "la unidad latinoamericana se posterga una vez más, no por falta de retórica, sino por la convergencia de presiones externas abrumadoras y cálculos nacionales divergentes", lo que muestra al exsindicalista como articulador frustrado de una unidad que no llega. Se trata del mismo Lula que votó contra Venezuela en 2023 para su ingreso a los Brics y que declaró recientemente que, más que la liberación de Nicolás Maduro y Cilia Flores, "la preocupación principal es fortalecer la democracia en Venezuela".
El año 2026 se perfila como un punto de inflexión para una América Latina, dividida y fragmentada, que se arriesga a perder la oportunidad histórica de construir un polo propio en el nuevo orden multipolar. Esto debido a que los escenarios de integración necesaria parecen más lejanos que nunca, justo cuando más se necesitan.
La ofensiva militar, económica y diplomática de Trump es para recolonizar, en términos prácticos, su esfera de influencia. Esto haría que fuerzas conservadoras internas, revitalizadas por el apoyo externo, vean la oportunidad de revertir proyectos nacional-populares e institucionalizar, mucho más, el saqueo estructurado.
La verdadera batalla, sin embargo, no es entre China y Estados Unidos sino por el derecho de América Latina a existir como un conjunto de naciones soberanas capaces de diversificar sus relaciones internacionales sin sufrir coerciones, y por definir su propio modelo de desarrollo.
La respuesta a este desafío dependerá de que los líderes y los pueblos de la región puedan, finalmente, superar la fragmentación y construir una unidad de propósito y acción que trascienda las coyunturas electorales y los intereses partidistas inmediatos. De lo contrario, el sueño de la definitiva independencia seguirá postergándose, ahogado en el ruido de la disputa entre gigantes.