En el siglo XXI las sanciones económicas se han convertido en un factor decisivo de mortalidad. Un estudio publicado el 25 de julio de 2025 en The Lancet Global Health estima que estas medidas causan 564 mil muertes adicionales cada año, más de la mitad en niños menores de cinco años.

La investigación, dirigida por los economistas Francisco Rodríguez, Silvio Rendón y Mark Weisbrot, basada en datos de 152 países a lo largo de cinco décadas, documenta cómo los embargos impulsados por Estados Unidos y la Unión Europea actúan como asesinos silenciosos restringiendo divisas, insumos médicos y alimentos, lo cual aumenta las tasas de mortalidad sin dejar la huella visual que acompaña los conflictos armados.

Desde 2010 hasta 2022 25% de los países del planeta sufrió, al menos una vez, algún tipo de sanción impuesta por EE.UU., por la UE o por sus socios satelitales; en los años sesenta eran apenas 8%. El aumento exponencial coincide con la consolidación de la llamada guerra híbrida, un ecosistema de presión que mezcla operaciones psicológicas, lawfare, control de plataformas digitales y el estrangulamiento financiero.

Bajo el eufemismo de "medidas restrictivas", la Casa Blanca ha institucionalizado el asedio económico como arma de destrucción masiva de bajo costo político. No necesita congresos de autorización, no expone tropas propias y, gracias al monopolio mediático, tampoco llena las pantallas de cadáveres.

Ese velo de normalidad es parte del dispositivo. Al marcar un país como "amenaza inusual" ―la cláusula administrativa que habilita el decreto sancionatorio en el sistema legal estadounidense―, Washington lo empuja fuera del circuito bancario global. La fuga de divisas, la ruptura de las cadenas de suministro y el colapso presupuestario se traducen en hospitales sin insumos, plantas eléctricas paradas y sistemas de agua que fallan por falta de cloro o tuberías. El estudio de The Lancet demuestra que cuanto más tiempo se prolonga el embargo, más se dispara la mortalidad: en el caso de los lactantes, la tasa sube 10 puntos logarítmicos cuando el bloqueo supera los siete años.

La expansión del arma financiera coincide con la consolidación del dólar y del euro como divisas de liquidación global. Ningún otro actor posee la capacidad de derribar economías enteras con solo pulsar el interruptor de la liquidez. 

Resultados y casos que desmienten la neutralidad económica

La investigación se apoya en un panel de 152 países que cubre el periodo 1971-2021. Para cada jurisdicción los autores recopilaron tasas de mortalidad en siete grupos etarios —desde neonatos hasta adultos mayores de 60 a 80 años— con base en registros de Naciones Unidas, del Banco Mundial y de la Base de Datos de Mortalidad Humana. Los episodios de sanciones se obtuvieron de la Global Sanctions Database y se clasificaron por ámbito —económicas o no económicas—, autoría —Estados Unidos, Unión Europea o Naciones Unidas— y naturaleza —unilaterales o multilaterales—.

El estudio combina modelos de efectos fijos a dos vías, pruebas de causalidad de Granger y variables instrumentales derivadas de votaciones de la Asamblea General de la ONU. Este diseño permite aislar el efecto propio de las sanciones respecto de otros factores como guerras civiles, nivel de ingreso per cápita, estructura etaria o régimen político.

Los resultados son consistentes a lo largo de distintas especificaciones. En promedio, las sanciones unilaterales elevan la mortalidad de los niños menores de cinco años en 8,4 puntos logarítmicos y la de los adultos mayores de 60 a 80 años en 2,4 puntos logarítmicos. El traslado de esos coeficientes a personas concretas, la estimación para el periodo 2010-2021 es de 564 mil muertes adicionales cada año.

Este excedente representa cerca de 3,6% de todas las defunciones registradas en los países bajo sanciones y supera con amplitud la media anual de fallecimientos vinculados con conflictos armados, unos 106 mil en la misma ventana temporal. En la distribución etaria del daño, 51% corresponde con menores de cinco años y 26% con personas mayores de sesenta.

La duración del embargo agrava el problema. En mortalidad infantil, una sanción económica añade 5,9 puntos logarítmicos en los tres primeros años, 8,3 puntos entre el cuarto y el sexto, y 10 puntos cuando el episodio supera los siete años.

El análisis no detecta efectos estadísticamente significativos para los regímenes de sanciones aprobados por el Consejo de Seguridad de la ONU, lo que sugiere que la amplitud y la unilateralidad, no la mera existencia de restricciones, son determinantes en el nivel de daño.

Tres experiencias nacionales ilustran la tendencia. Venezuela, sometida a sanciones financieras y petroleras a partir de 2017, registró entre 2012 y 2020 una contracción económica de 71% y picos de escasez que afectaron directamente la disponibilidad de tratamientos oncológicos y retrovirales.

En Irak, el embargo impuesto tras la invasión de Kuwait coincidió con la muerte de más de 500 mil niños durante la década de 1990, de acuerdo con Unicef.

Siria, por su parte, acumuló sucesivas rondas de sanciones desde 2011, reforzadas con la Ley César en 2020, y hoy cuenta con 90% de su población bajo la línea de pobreza, un entorno donde la vulnerabilidad sanitaria se multiplica.

En los tres casos, la combinación de restricciones financieras y obstáculos para importar repuestos, alimentos o fármacos se reflejó en un deterioro sostenido de los servicios de agua, electricidad y salud, y en un aumento documentado de muertes evitables. El patrón coincide con los promedios globales que revela The Lancet: cuando las sanciones son amplias, prolongadas y dictadas por las principales potencias económicas, la mortalidad escala a niveles comparables, e incluso superiores, a los de un conflicto armado convencional.

El costo humano fuera de foco, ventaja táctica del bloqueo

El derecho humanitario internacional prohíbe cualquier medida que castigue de forma indiscriminada a la población civil. Las Convenciones de Ginebra son explícitas al respecto; privar un país de insumos esenciales constituye castigo colectivo.

Los datos de The Lancet indican que las sanciones económicas amplias concentran el exceso de mortalidad en menores de cinco años y adultos mayores, sectores completamente ajenos a cualquier pugna política.

En el ámbito interno de los países sancionadores, la potestad de imponer restricciones parte de leyes de emergencia nacional que conceden al poder ejecutivo amplios márgenes de discreción. Pocos actores, respaldados por el control del sistema financiero y de pagos internacional, pueden excluir a un país entero de las cadenas de suministro sin revisión multilateral efectiva.

El contraste con los embargos aprobados en el Consejo de Seguridad de la ONU es importante. El estudio no encuentra aumentos significativos de mortalidad cuando la medida pasa por el filtro multilateral, lo que confirma que la unilateralidad y la amplitud del castigo son las variables letales.

La discusión moral es planteada desde dos miradas:

1. Enfoque deontológico. Si la vida y la salud son derechos inalienables, una política que cada año ocasiona más de medio millón de muertes —con 77% entre niños y ancianos— deviene moralmente inadmisible.
2. Enfoque consecuencialista. La legitimidad dependería de que el daño evitara un mal mayor. Sin embargo, la evidencia muestra que las sanciones amplias se emplean sobre todo para inducir cambios de régimen que no se alinean con intereses estratégicos o económicos occidentales, no para detener atrocidades de gran escala. A la ineficacia reconocida para lograr dichos objetivos se suma el costo humano que documenta The Lancet. Bajo este prisma, la balanza se inclina de forma abrumadora hacia la deslegitimación de la medida.

La investigación deja las siguientes constataciones:

• Escala del daño. Las sanciones unilaterales provocan un número de muertes comparable al de las guerras abiertas de nuestro tiempo.
• Sesgo demográfico. La mayoría de las víctimas pertenece a grupos tradicionalmente protegidos por el derecho humanitario.
• Relación causal robusta. El efecto persiste tras controlar ingresos, estructura política y conflictos internos, crece con la duración del embargo y desaparece cuando la medida es multilateral.

Los datos confirman que el embargo financiero se ha convertido en una pieza central de la guerra híbrida. Permite proyectar poder sobre territorios soberanos sin el costo político de desplegar tropas. Al cortar divisas, repuestos y fármacos, convierte el sistema circulatorio de una sociedad en un campo de batalla invisible.

Para los países sometidos a sanciones, el desabastecimiento inducido no es una intervención quirúrgica sino una forma sostenida de coerción. Con 564 mil muertes adicionales al año, la etiqueta de "medida no violenta" se derrumba. Estudios como el de The Lancet levantan la cortina estadística que intenta ocultarlas. Ignorar esa evidencia equivale a legitimar la letalidad como táctica política.