En el tablero de la reconfiguración geopolítica en proceso, la disputa tecnológica y la guerra económica librada por Estados Unidos han dejado atrás la retórica del libre mercado para erigirse como pilares estructurales de la doctrina hegemónica estadounidense en su esfuerzo por preservar un orden unipolar en acelerado declive.
Lejos de constituir meros diferendos comerciales, las tensiones entre Washington y Beijing configuran una confrontación total en la que el control de los flujos de información, la infraestructura crítica y los insumos materiales resulta imperativo.
En este escenario, América Latina ocupa una posición dual y subalterna porque es simultáneamente el gran reservorio de recursos críticos indispensable para la transición tecnológica y el teatro de operaciones de una ofensiva de securitización hemisférica que profundiza la dependencia estructural de la región.
De la doctrina al hecho: Privatización de la guerra tecnológica
Lejos de las operaciones encubiertas tradicionales de la Guerra Fría, Washington ha instrumentalizado el espionaje económico como una herramienta de Estado de primer orden y ha delegado progresivamente estas funciones a corporaciones privadas y redes de inteligencia descentralizadas.
Un reflejo de esta mutación doctrinaria es la reciente revelación de que el Pentágono evalúa la creación de un robusto programa de espionaje clandestino para llevar a cabo una guerra económica contra China y otros competidores estratégicos. Esta iniciativa contempla el despliegue sistemático de agentes con cobertura no oficial, conocidos en la jerga de inteligencia como NOC (Non-Official Cover), quienes operarían bajo fachadas de empresarios, académicos o consultores, evadiendo las protecciones diplomáticas para infiltrarse en cadenas de suministro y sectores tecnológicos sensibles.
Ante el declive de la eficacia y el alto costo político de las operaciones encubiertas clásicas, la privatización del espionaje ha ganado un terreno sin precedentes. Firmas de inteligencia privada, como Strider Technologies, han proliferado en Silicon Valley, ofreciendo a gigantes tecnológicos y startups herramientas basadas en inteligencia artificial (IA) para vetar al personal y prevenir la infiltración de naciones competidoras.
En el plano operativo, la administración Trump ha profundizado la integración entre el sector privado tecnológico y el aparato de inteligencia. En mayo pasado, el Departamento de Guerra anunció acuerdos con SpaceX, OpenAI, Google, NVIDIA, Microsoft, Amazon Web Services y Oracle para desplegar sistemas de IA en redes clasificadas de nivel Impacto 6 y 7. La plataforma GenAI.mil ya cuenta con más de 1,7 millones de usuarios militares y ha desplegado cientos de miles de agentes de IA en lo que va de año.
Esta simbiosis entre corporaciones y agencias de inteligencia pasa de ser una anomalía para convertirse en la forma institucional que adopta la disputa tecnológica cuando las operaciones encubiertas tradicionales resultan insuficientes o políticamente costosas.
La innovación en IA y ciberseguridad se ha convertido en el eje de la política de defensa estadounidense y Washington hace esfuerzos disruptivos por redefinir el poder global a partir del control tecnológico. El ecosistema de vigilancia corporativa demuestra cómo la guerra económica se libra también en los laboratorios, las universidades y las juntas directivas. Todo es alentado por las advertencias del Centro Nacional de Contrainteligencia y Seguridad (NCSC) sobre pérdidas anuales que oscilan entre 200.000 y 600.000 millones de dólares por el presunto robo de propiedad intelectual.
La actualización de la Estrategia Nacional de Defensa de 2026 reafirma que la resiliencia de las cadenas de suministro y la supremacía en innovación son, en sí mismas, cuestiones de seguridad nacional. Así se justifica la expansión de las facultades de vigilancia más allá de las fronteras tradicionales y bajo el paraguas de una redefinición del poder global que prioriza la contención tecnológica.
Además, la Estrategia de Inteligencia Artificial del Departamento de Guerra, publicada a comienzos de este año, establece explícitamente que la este campo constituye un "pilar central del poder nacional" y que su integración en los sistemas de mando y control tiene como objetivo mantener la "superioridad de decisión" en todos los dominios de la guerra.
Este enfoque convierte a la tecnología en un instrumento de guerra económica y no en un ámbito de cooperación internacional.
IA, biotecnología y semiconductores avanzados como escenarios de espionaje
La IA, la biotecnología y los semiconductores avanzados constituyen el epicentro de esta confrontación silenciosa, redefiniendo los límites de la soberanía tecnológica. La Estrategia de IA subraya la integración de sistemas autónomos, la ciberseguridad robusta y el trabajo en equipo entre humanos y máquinas como elementos indispensables para mantener una ventaja decisiva en el campo de batalla moderno.
Sin embargo, la búsqueda de supremacía ha cruzado umbrales éticos y legales, normalizando el robo de secretos industriales como política de Estado. En septiembre pasado, el subdirector de la CIA, Michael Ellis, afirmó explícitamente que las empresas chinas vinculadas a la IA, los semiconductores y la biotecnología son "objetivos legítimos" para las actividades de espionaje estadounidense.
Además de la franqueza del funcionario estadounidense, destaca la ruptura que representa con la doctrina formal de Washington. La Directiva de Política Presidencial 28 (2014) y la Orden Ejecutiva 14086 (2022) establecían restricciones explícitas a la recolección de información comercial privada con el fin de otorgar ventajas competitivas a empresas estadounidenses. Ellis ignoró esas restricciones y las reemplazó por una justificación explícitamente economicista del espionaje.
Por su parte, Beijing condenó enérgicamente tales afirmaciones, las calificó como "lógica de bandidaje hegemónico" y advirtió que activará su Ley de Contraespionaje para proteger los frutos del trabajo de sus investigadores, los cuales no deben ser considerados "presa para ser codiciada arbitrariamente". Un editorial de Global Times afirma que la narrativa de la "amenaza de espionaje china" no es más que un caso de "ladrón que pide que paren los ladrones".
Esta securitización de lo científico-tecnológico es particularmente evidente en el ámbito de la biotecnología. Entre 2025 y 2026, el FBI y el Departamento de Agricultura de Estados Unidos desplegaron una ofensiva contra investigadores chinos en universidades estadounidenses, acusándolos de "contrabando de materiales biológicos" por transportar cepas de hongos y material genético de uso rutinario en laboratorios.
Cuatro investigadores postdoctorales fueron condenados y expulsados, mientras que el profesor Roger Innes, de la Universidad de Indiana, vio su laboratorio clausurado por las autoridades federales después de testificar en defensa de uno de los acusados. La colaboración científica internacional es reemplazada progresivamente por una atmósfera de sospecha permanente y da paso a lo que analistas denominan una "guerra biológica fría".
En el ámbito de los semiconductores y la IA, la estrategia estadounidense combina el espionaje con el control de exportaciones y la presión diplomática. China ha respondido acelerando su infraestructura de cómputo con pasos como la activación de un pool de computación de IA de 2.000 kilómetros de extensión, en un intento por reducir su dependencia de hardware estadounidense.
En paralelo, Estados Unidos alerta a los gobiernos de América Latina sobre el supuesto "espionaje tecnológico chino" en la región, con lo que busca alinear a los países del hemisferio con sus propios estándares de exclusión tecnológica.
De esta manera, Washington intenta imponer una suerte de "guerra fría tecnológica" que obligue a los países a elegir bando, mientras China resiste esa presión. La carrera no es solo por el dominio de la tecnología, sino por la capacidad de definir los estándares globales que regirán la próxima década, de allí que el componente intelectual sea clave en la disputa.
Rol de América Latina: Securitización hemisférica, extractivismo y dependencia
La Estrategia de Seguridad Nacional de 2025 y la Estrategia de Defensa Nacional de 2026 introdujeron un giro doctrinal de consecuencias profundas para América Latina. Bajo el llamado "Corolario Trump a la Doctrina Monroe", el Departamento de Guerra se comprometió a "restaurar la dominación militar estadounidense en el Hemisferio Occidental" y a garantizar el "acceso militar y comercial a terreno clave desde el Ártico hasta Sudamérica".
La región dejó de ser un vecindario diplomático y un escenario periférico para convertirse en un teatro de operaciones de la competencia con China bajo un esquema de securitización hemisférica que subordina el desarrollo regional a sus intereses. La hegemonía estadounidense sobre el campo tecnológico requiere de recursos minerales, energéticos y del agua asociada a su extracción.
La retórica de la "lucha contra el narcotráfico" sirve hoy como cortina de humo para iniciativas como el "Escudo de las Américas", promovido durante la gira del secretario de Estado, Marco Rubio, por la región andina hace pocas semanas. Más allá de la cooperación policial, este mecanismo busca asegurar el control de corredores logísticos y, crucialmente, de los minerales críticos necesarios para la industria de defensa y su enfoque tecnocorporativo.
La presión estadounidense se ha focalizado en desacelerar o cuestionar la inversión china en infraestructura estratégica, como el puerto de Chancay en Perú, tildándola de una amenaza a la seguridad de los datos y la soberanía regional. Pero también, en febrero, Ecuador y Estados Unidos suscribieron un acuerdo marco para el suministro de oro, cobre, plomo y tierras raras. En marzo, Chile firmó una declaración conjunta para fortalecer las cadenas de minerales críticos, y Perú un memorándum de entendimiento similar.
Movimientos como la adquisición, en abril pasado, de la empresa brasileña de tierras raras Serra Verde por parte de la corporación estadounidense USA Rare Earth, buscan contrarrestar el dominio chino, que controla más del 90% de la capacidad global de refinación de estos elementos. Brasil concentra 21 millones de toneladas de tierras raras, equivalentes al 23 % de las reservas mundiales (85 millones de toneladas al cierre de 2025), sin embargo, produce 2.000 toneladas, una pequeña parte si se compara con las 270.000 toneladas que aportó China en 2025.
El interés de Washington sobre la seguridad regional, en la que Brasil posee grandes retos, coincide con sus intereses estratégicos. Esto explica la injerencia de grandes tecnológicas en el proceso electoral reciente y también los eventos que seguirán.
A esto se suman pasos como el acuerdo firmado entre Colombia y Estados Unidos, sobre minerales estratégicos, que ha estado bajo el secreto del gobierno de Abelardo De la Espriella. Según fuentes, el documento abre a Estados Unidos acceso a información geológica privilegiada y facilidades para acelerar proyectos de minerales estratégicos. No incluye salvaguardas ambientales ni garantías explícitas para las comunidades, mientras el gobierno colombiano modifica medidas de protección en zonas como Santurbán y La Guajira.
El extractivismo de minerales estratégicos se ha intensificado con acuerdos y contratos firmados en lo que va de año. Estos atan a la región a la cadena de suministro occidental, en un claro ejercicio de friend-shoring o abastecimiento entre aliados.
Washington y sus aliados en la Minerals Security Partnership (MSP) aseguran el acceso a las materias primas bajo la promesa de altos estándares ambientales y de gobernanza, mientras América Latina enfrenta el riesgo inminente de una "transición energética dependiente". La región aporta el litio, el cobre y las tierras raras, pero carece de la capacidad industrial y tecnológica para procesarlos, por lo que queda atrapada en un extractivismo primario-exportador.
Análisis geopolíticos afirman que si los países latinoamericanos no logran integrar procesos de industrialización local y soberana, la disputa tecnológica entre las superpotencias consolidará su dependencia estructural.
En este contexto, la soberanía queda subordinada a la competencia entre grandes potencias, donde los recursos naturales de la región se convierten en el simple combustible de una hegemonía que no les pertenece, mientras la retórica de la seguridad nacional justifica una nueva era de intervencionismo encubierto.