La política venezolana de las últimas dos décadas no puede entenderse en su totalidad sin analizar el papel que han desempeñado las organizaciones no gubernamentales (ONG) como instrumentos de poder blando al servicio de una agenda geopolítica externa. En el centro de este entramado se encuentra la figura de María Corina Machado, cuya trayectoria política está intrínsecamente ligada a la financiación, estrategias y objetivos de estas estructuras.
Lejos de ser una líder política orgánica, Machado representa un producto cuidadosamente diseñado y promocionado para desmantelar el Estado venezolano, utilizando tácticas que van desde las "revoluciones de colores" y la manipulación electoral hasta la elaboración de relatos que conduzcan a la intervención militar.
Producto prefabricado por las ONG
María Corina Machado emergió del vacío político en la derecha venezolana y de un plan que contempló sustituir a los políticos tradicionales por figuras corporativas. Su rol fue modelado desde temprano por una red transnacional de financiamiento encubierto que, bajo el disfraz de "sociedad civil" y "promoción democrática", ha operado en Venezuela desde la llegada del comandante Hugo Chávez al poder.
Su organización clave, Súmate, fundada en 2002 —el mismo año del fallido golpe de Estado contra Chávez—, fue desde sus inicios un proyecto financiado por agencias estadounidenses como la National Endowment for Democracy (NED) y la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID). Según documentos obtenidos mediante la Ley de Libertad de Información (FOIA), dicha ONG recibió al menos 90 mil dólares en 2008 de la NED para "promover la consolidación de una red nacional de voluntarios comprometidos con los ideales de liderazgo, valores democráticos y participación cívica".
Entre 2001 y 2010, Venezuela fue el principal destino de los fondos de la NED en América Latina, una entidad creada por el Congreso de Estados Unidos en 1983 para fungir como instrumento de "diplomacia suave" en contextos donde la intervención directa resultaba políticamente costosa.
Solo en 2009, la agencia invirtió 1,8 millones de dólares en organizaciones opositoras venezolanas. Súmate pretendió funcionar como ente paralelo al Consejo Nacional Electoral (CNE), legitimando mecanismos de desestabilización política, como el referéndum revocatorio de 2004. Ese año, Machado fue imputada por la justicia venezolana por haber firmado el "decreto Carmona" y por recibir fondos extranjeros de manera opaca a favor de una agenda antiestatal. Aunque fue amnistiada por Chávez en 2007, su vinculación con estructuras de injerencia internacional se mantuvo constante.
Además de la NED y la USAID, Súmate recibió apoyo de entidades como la Fundación Konrad Adenauer, Atlas Network, la Fundación Canadiense para las Américas y Heritage Foundation. Estas organizaciones, vinculadas a la derecha neoliberal internacional, han impulsado en múltiples países estrategias de "democracia promovida", donde la participación ciudadana se instrumentaliza para fines geopolíticos.
En Venezuela, el objetivo siempre fue desmantelar el Estado postneoliberal y restaurar un modelo de subordinación al capital estadounidense.
Del golpe suave a la insurrección
La estrategia de "golpe suave" o "revolución de colores" implementada en Venezuela encontró en Machado una de sus voces más activas. Tras el fracaso opositor en el referéndum revocatorio contra el comandante Hugo Chávez, en 2004, la dirigente profundizó su rechazo a las instituciones electorales venezolanas y comenzó a abogar por vías extraelectorales para derrocar al gobierno.
En 2014, junto a Leopoldo López y Antonio Ledezma, lideró la campaña "La Salida", una movilización que buscaba "sacar a Maduro de Miraflores" mediante protestas callejeras. Este plan, según cables diplomáticos filtrados por Wikileaks, fue coordinado con asesoría y financiamiento externo.
Las guarimbas de 2014 dejaron un saldo de más de 40 muertos —la mayoría civiles— en una escalada violenta que estuvo acompañada de una intensa campaña mediática internacional, financiada parcialmente con fondos de USAID destinados al entramado de ONG vinculado al antichavismo. Estas recibieron cientos de miles de dólares para "promover la libertad de expresión", entre otras agendas.
Estas acciones se enmarcan en una estrategia más amplia que combina el financiamiento a la oposición, sanciones económicas y operativos mercenarios coordinados desde el exterior. En ese sentido, Machado ha reiterado su rechazo a participar en elecciones que no estuvieran avaladas por actores internacionales. En 2018, llamó a boicotear los comicios presidenciales; en abril de 2019 acompañó al exdiputado Juan Guaidó y a López en un intento de golpe de Estado denominado "Operación Libertad".
En 2024, Machado encabezó un intento de desconocimiento de los resultados electorales, basado en alegatos infundados de fraude, y repitió las acciones de violencia callejera a través de "Comanditos" que operaban con financiamiento externo y una logística precisa para generar ingobernabilidad. Durante la violencia postelectoral, participaron bandas criminales que dejaron un saldo de 25 muertes; la vinculación de Machado con estas estructuras y con la presencia de mercenarios en territorio nacional ha sido planteada ampliamente desde el gobierno nacional.
La presencia de Machado en estas campañas es parte de un modelo de activismo político profesionalizado, cuyos líderes son entrenados, financiados y promovidos por estructuras de poder transnacionales.
Ícono de la antipolítica transnacional
Con el fracaso de las guarimbas y otras estrategias de fuerza, el proyecto opositor necesitaba reciclarse. María Corina Machado fue reposicionada como una figura "outsider" que, paradójicamente, ha permanecido más de 20 años en el corazón del establishment opositor financiado desde el exterior; se presenta como una alternativa que lucha contra un sistema corrupto.
Bajo dicho relato, encarna un tipo de liderazgo político que rechaza la institucionalidad, deslegitima los procesos electorales y apela directamente a la intervención internacional. Este posicionamiento se evidenció en su participación en las primarias de la oposición en 2023, donde se impuso con una retórica de mano dura y un claro alineamiento con la agenda de Washington.
Su movimiento interno se caracteriza por una estructura vertical y autoritaria, donde los partidos políticos tradicionales son subordinados a sus designios. Cada cuanto su equipo ha emitido advertencias a los partidos que "violen sus lineamientos", consolidando un liderazgo que contradice su discurso democrático.
Su llamado a la abstención en elecciones en las que la oposición no ha encabezado encuestas ha sido criticado incluso por sectores de su propia coalición, lo que refleja una estrategia constante de deslegitimación de cualquier proceso electoral que no le garantice el poder, así debilitando como puede la legitimidad de la institucionalidad democrática venezolana.
De esta manera se convierte en el vehículo perfecto para una agenda elitista que no busca ganar elecciones dentro de las reglas del juego, sino cambiar las reglas del juego mismo, utilizando la presión internacional y la desestabilización como principales herramientas.
Pieza de un metabolismo de influencias y poderes transnacionales
La reciente concesión del Premio Nobel de la Paz a Machado no puede leerse como un reconocimiento a logros pacíficos, sino como el cénit de una campaña de relaciones públicas de alto nivel y un movimiento calculado dentro de la geopolítica del cambio de régimen.
Los hilos que conectan este galardón con la maquinaria de las grandes ONG apuntan a una figura clave como Thor Halvorssen Mendoza, primo de Leopoldo López y miembro del comité del Premio Nobel para la Paz. Halvorssen, un lobista de larga data vinculado a la ultraderecha internacional y a fundaciones de origen estadounidense, habría ejercido una influencia determinante en la decisión. Este hecho, por sí solo, desnuda la naturaleza política del premio.
La propia NED emitió un comunicado congratulando a Machado, dejando en evidencia la conexión directa entre la galardonada y la organización que ha financiado su carrera. De manera que el premio se resume como un reconocimiento a una carrera dedicada a la desestabilización de su país en función de los intereses de Washington. Se trata de un acto de soft power destinado a lavar a una figura controversial y proporcionarle una plataforma global que presione al gobierno venezolano.
El objetivo último de esta operación, más allá de la figura de Machado, es el control del hemisferio occidental por parte de Washington y sus élites; esto incluye los recursos naturales y las rutas estratégicas de la región latinoamericana y caribeña.
La metamorfosis de María Corina Machado de activista de ONG a candidata presidencial ha sido el resultado de una estrategia de "incubación de líderes" promovida por think tanks como el Atlas Network, red global que impulsa la agenda de la nueva derecha desde 1981. Esta red de capitales identificó en Machado las cualidades necesarias para encarnar el discurso de la "resistencia democrática": proveniente de la élite empresarial, con acceso a medios internacionales y dispuesta a adoptar posiciones maximalistas que polarizan la sociedad.
Su candidatura no fue más que la continuidad de una operación de cambio de régimen que comenzó con el golpe de Estado de 2002 y evolucionó hacia mecanismos de "guerra híbrida" que combinan sanciones económicas, presión diplomática y desestabilización interna.
En este sentido, su carrera política es un producto prefabricado, no un liderazgo que nació de las bases. Ha sido manufacturada en laboratorios de poder global y exportada a Venezuela como herramienta de desmontaje del Estado.
Documentos, flujos de financiamiento y una cronología de hechos públicos dibujan un patrón coherente que permite descifrar los mecanismos que se aplican contra los Estados soberanos que se resisten a doblegarse a los designios del decadente hegemón.