El debate técnico en torno al impacto de las medidas coercitivas unilaterales aplicadas contra Venezuela cuenta con un nuevo elemento de análisis tras la publicación del documento académico El papel de las sanciones en el colapso de Venezuela: Un comentario crítico sobre Santos et al. (2026). En esta investigación, el economista de oposición Francisco Rodríguez desarma la metodología de las narrativas que pretenden exculpar al bloqueo estadounidense de los problemas financieros de la nación. Su postura se basa en el examen de los datos empíricos y la realidad institucional, lo que ofrece un respaldo técnico adicional a los argumentos sobre el daño estructural provocado por Washington.

El documento tiene como objetivo refutar un estudio previo firmado por Miguel Ángel Santos, José Morales-Arilla y Zinedine Partipilo Cornielles. Estos economistas forman parte de redes de académicos e investigadores asociados a centros de pensamiento internacionales y universidades extranjeras que han diseñado propuestas económicas de corte neoliberal para la oposición venezolana. En sus escritos, estos autores defendían que la mayor parte de la caída de los ingresos de Venezuela ocurrió antes de las primeras restricciones financieras de 2017 y que el ritmo de contracción de la economía no se había incrementado tras la aplicación del bloqueo.

Al respecto, Rodríguez replica: "Ambas afirmaciones son falsas. Incluso si fueran verdaderas, respaldarían las conclusiones de los autores únicamente si se ignorara el efecto de los precios del petróleo en la economía venezolana".

A través de una revisión de las estadísticas, este aporte ayuda a evidenciar las inconsistencias de los discursos que intentan invisibilizar los efectos del asedio exterior, sumando argumentos clave sobre el impacto del bloqueo en el aparato productivo nacional.

El quiebre de la tendencia y la aceleración matemática del daño

La revisión de los datos del producto interno bruto expone que la premisa metodológica de Santos, Morales-Arilla y Partipilo es errónea debido a un desfase en la organización de la cronología. Los citados autores defienden que el 52% de la contracción de la economía venezolana ocurrió antes de la imposición de las primeras sanciones financieras. No obstante, el estudio de Rodríguez demuestra que este cálculo resulta del error de incluir el año 2017 dentro del periodo previo a las medidas coercitivas. Al aplicar las restricciones en agosto de ese año, la actividad económica ya se encontraba afectada por las decisiones de Washington, lo que invalida el uso de 2017 como una referencia de ausencia de bloqueo.

Al corregir esta distorsión en la metodología, la distribución de la serie estadística cambia sustancialmente y se alinea con los argumentos que sostienen los organismos públicos de la nación. Los datos reales reflejan que la caída de los ingresos de Venezuela durante el ciclo previo a las sanciones representa únicamente el 35,6% del descenso total observado entre los años 2013 y 2023. Este porcentaje cae incluso al 31,6% si se aplican los indicadores oficiales más recientes publicados por el Banco Central de Venezuela. Por lo tanto, la matemática demuestra que la mayor parte del desplome de la producción nacional se ejecutó bajo el impacto directo de las resoluciones punitivas del Gobierno estadounidense, desarticulando el relato del colapso interno.

El estudio explica que los economistas defensores del bloqueo miran los datos de producción como una línea recta en caída y asumen erróneamente que la crisis siempre avanzó al mismo ritmo. Sin embargo, en la realidad, perder la misma cantidad de dinero o de producción cada año es mucho más destructivo cuando la economía ya se ha vuelto pequeña, porque cada nueva pérdida representa un porcentaje de daño mucho mayor sobre lo poco que queda. Al calcular los datos bajo un indicador de porcentaje acumulado, se evidencia un quiebre total en el rumbo de la economía nacional, demostrando que el verdadero desplome acelerado comenzó exactamente con los decretos norteamericanos firmados a mitad de 2017.

Las tasas de variación anual recopiladas a partir de las bases de datos del Fondo Monetario Internacional ratifican este peor comportamiento de la economía del país. La contracción anual promedio de la nación durante los cuatro años anteriores al bloqueo (2013-2016) fue de un 6,7%. En contraste, la velocidad de la caída se disparó al 23,5% anual promedio durante los cuatro años posteriores a la aplicación de las medidas financieras (2017-2020). Rodríguez resume este quiebre explicando que los datos institucionales, tanto anuales como trimestrales, reflejan un empeoramiento inmediato después de las sanciones, y añade que la caída de la economía amagaba con frenarse en la primera mitad de 2017, pero volvió a hundirse con fuerza tras las medidas aplicadas en el tercer trimestre de ese año.

Aquí tienes el desarrollo del segundo subtítulo (y bloque de cierre) corregido, utilizando únicamente los apellidos de los autores para mantener la fluidez y el estilo analítico de la nota:

El sesgo de variable omitida y el petróleo como factor geopolítico

En la economía venezolana, el ingreso nacional está históricamente atado al valor del barril de petróleo. El documento de Rodríguez expone un fraude metodológico grave en el informe de Santos, Morales-Arilla y Partipilo, al cual la teoría económica define bajo el concepto técnico de "sesgo de variable omitida", lo que implica que los autores sacaron intencionalmente la variable del precio del petróleo de sus fórmulas matemáticas para poder culpar exclusivamente a la gestión interna y ocultar el impacto devastador de las medidas coercitivas.

Al revisar los datos reales de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), se evidencia que el precio del barril venezolano, que había caído un 66% entre 2012 y 2016, comenzó una recuperación sostenida justamente a partir de 2017, pasando de un promedio de 36 dólares a 79 dólares por barril para el año 2022. En condiciones normales de mercado, esta importante subida de los precios internacionales debió generar una estabilización y un crecimiento natural de la economía venezolana. Sin embargo, la realidad económica del país no mejoró debido a que las sanciones financieras y el posterior bloqueo petrolero total de 2019 impidieron de forma matemática que la nación aprovechara la bonanza comercial, asfixiando el ingreso de divisas.

Dice Rodríguez: "La conclusión errónea de SMP se deriva de ignorar el efecto de un determinante clave del crecimiento económico venezolano que se movió en dirección opuesta a las sanciones en el periodo analizado".

Si los precios del petróleo suben pero las sanciones destruyen la capacidad de producción y exportación en un 75%, el resultado final será un desplome general del ingreso nacional. Dos fuerzas opuestas coincidieron en el tiempo: el aumento del precio del crudo que ayudaba a Venezuela, y el torniquete del bloqueo de Washington que la asfixiaba. Por lo tanto, omitir el comportamiento del petróleo en el análisis es una manipulación científica burda, como detalla el documento.

El cierre del análisis debilita por completo la tesis de que el bloqueo estadounidense constituye un conjunto de "restricciones saludables a la autoridad". La asfixia en la disponibilidad de divisas extranjeras provocada por las órdenes ejecutivas de la Casa Blanca cayó con el mismo peso destructivo sobre el sector público y sobre el aparato industrial privado no petrolero, reduciendo drásticamente las importaciones esenciales para la población.

De este modo, la evidencia institucional y matemática confirma de forma irrefutable que las sanciones y sus efectos negativos son el principal factor de alteración y daño estructural contra la economía venezolana.