Mié. 27 Octubre 2021 Actualizado 5:26 pm

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Los demandantes de Citgo esperan tomar los activos de la compañía como parte de pago por reclamaciones a Venezuela (Foto: Paul Marotta / Getty Images)

Los activos venezolanos en el fuego cruzado corporativo: caso Crystallex

El pasado 9 de abril la transnacional minera canadiense Crystallex International Corporation emitió una solitud a la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, sus siglas en inglés) para obtener una licencia que permite la venta judicial de acciones de Citgo Petroleum Corporation, propiedad del Estado venezolano.

Se recuerda que en enero 2021 el juez estadounidense Leonard Stark, adscrito a un tribunal del estado de Delaware, en Estados Unidos, autorizó a Crystallex para seguir adelante con la venta de acciones de la empresa la referida filial de PDVSA para hacer cumplir a su favor una adjudicación de 1.2 mil millones de dólares, en el contexto de la nacionalización de hace más de una década de un yacimiento de oro operado por la minera canadiense en Venezuela.

La carta de la OFAC

El Departamento de Estado de Estados Unidos, después de estudiar la petición de Crystallex, consideró que la solicitud de licencia debía ser denegada por algún cambio en la política exterior con Venezuela.

La agencia de noticias Reuters informó hace una semana que tuvieron la carta en cuestión y explicaron, sin mostrar la carta, algunas consideraciones.

No obstante, Misión Verdad logró tener acceso al documento del Departamento del Tesoro de Estados Unidos y a continuación desplegamos algunas claves, haciendo la salvedad de que cada punto descrito en la carta posee el tinte de intromisión e injerencia del gobierno estadounidense sobre los activos del Estado venezolano, pues son las justificaciones de la OFAC refutando las razones hechas por Crystallex:

  • Alejados de toda legalidad, para la administración estadounidense el mandato de la desusada Asamblea Nacional (AN) finaliza en enero de 2022, admitiendo que la gestión parlamentaria extendió -según ellos- el periodo por doce meses.
  • Agregan que Estados Unidos reevaluará si la venta de las acciones de PDV Holding es consistente con la política exterior de Estados Unidos, a medida que evolucione la situación en Venezuela, contando que pudiera definirse el asunto de las acciones durante la primera mitad de 2022, "según lo justifique el cambio de circunstancias".
  • La OFAC argumenta que la solicitud de licencia hecha por Crystallex no se enfoca en un acuerdo negociado con el Gobierno de Venezuela, sino que se trata de una venta forzosa, lo que implica diferentes consideraciones en la política aplicada que indica la reestructuración o refinanciamiento de la deuda.
  • La OFAC hace referencia a su autoridad discrecional para emitir o retener licencias, ya que ésta depende del gobierno de los Estados Unidos de adaptar las medidas coercitivas unilaterales a la evolución de la política exterior y las necesidades de lo que ellos supongan como seguridad nacional.

Cabe destacar que el grupúsculo de Juan Guaidó son los que fungen como actores "legales" reconocidos por la administración estadounidense, y sus maniobras en la defensa de los activos ha sido tanto adrede como deplorables.

En definitiva, el despojo de los activos del Estado venezolano queda en manos de la OFAC, y como producto del bloqueo económico, financiero y comercial que Estados Unidos ha impuesto en contra de la representatividad legítima del Gobierno venezolano, la capacidad de acción ha estado totalmente limitada.

Punto crítico

En este punto de la trama se puede inferir que los demandantes de Citgo esperan tomar los activos de la compañía como parte de pago por reclamaciones a Venezuela. Vale señalar que Crystallex junto con la petrolera estadounidense ConocoPhillips son los principales demandantes en la dinámica de desmembramiento de Citgo.

No menos importante, se estima que el valor de Citgo en la actualidad ronda los 7 mil 800 millones de dólares y que demandas en su contra alcanzan un monto de 7 mil millones, según la firma BancTrust & Co.

Es importante señalar que la Oficina de Rendición de Cuentas del gobierno de los Estados Unidos (GAO, siglas en inglés) publicó el aviso en febrero 2021 sobre las refinerías de la Costa del Golfo estadounidense, puesto que han estado buscando fuentes y tipos de crudo alternativos, ya que estas refinerías han pasado a utilizar fuentes de crudo no venezolanas, lo que ha reducido sus ganancias.

Este escenario se arma en medio de unas cifras deprimentes, publicadas por Bloomberg en 2020, donde Citgo registró pérdidas millonarias en manos de la pseudo junta de Guaidó registrando así una alarmante cifra de 667 millones de dólares en merma.

En cuanto al cambio de situación de la política, como ellos mencionan, en relación al diálogo en marcha en México, puede llegar a traducirse en un "cambio de estrategia" sobre la estatal venezolana, sin sugerir más detalles en la carta, pero asomando la inminente pérdida de los activos en cuestión.

En este sentido, la administración estadounidense ha mantenido la narrativa sobre "el cambio de régimen" en Venezuela como la opción abusiva de canjear Citgo. Así que ese cambio de estrategia puede estar dirigido también a otro manual de presiones en contra del Gobierno venezolano para el próximo año.

Sin embargo, no se descarta la salida por la tangente y montar un control de daños, trasladando toda responsabilidad a los errores a la oposición venezolana.

A pesar de la negación de la licencia, la respuesta de la OFAC deja igualmente el camino abierto para que la compañía minera canadiense vuelva a presentar una solicitud en los próximos meses.

Si bien el alargue a la maniobras de despojo de este activo por parte del gobierno estadounidense está llegando al nodo crítico de insostenibilidad, continúa sobre la mesa la opción de mantener las presiones en contra del gobierno venezolano, ya que este caso está sometido a las instancias estadounidenses fuera de propósitos de la soberanía venezolana.

Aunque sea paradójico, por tratarse de la poca capacidad de compromiso estadounidense, se espera que la administración de Joe Biden respete lo acordado en los diálogos de México, especialmente lo referente a los activos venezolanos.

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