El proceso de diálogo político entre el oficialismo representado por la Asamblea Nacional -electa para el periodo 2025-2031- y un sector de la oposición -representado por la Asamblea Nacional caduca electa en 2015- se ha dado por iniciado.

Este inicio no es como se esperaba; ocurrió por vía telefónica el 1 de agosto de 2026. En el contacto, no presencial por razones que no se han aclarado, las partes acordaron realizar su primera ronda de negociaciones presenciales en Caracas durante la primera semana de agosto.

Este acercamiento institucional está encabezado por Jorge Rodríguez, en su doble rol de presidente de la Asamblea Nacional vigente y coordinador del Gobierno nacional, y Dinorah Figuera, presidenta del parlamento del 2015.

Según los comunicados emitidos por los equipos negociadores, la agenda de trabajo inicial contempla tres puntos con metas que se han definido como "claras y verificables":

• Atención a las víctimas del doble terremoto. Coordinación de ayuda y reconstrucción tras los graves sismos que azotaron al país el pasado 24 de junio.
• Fortalecimiento de la democracia. Restablecimiento, reinstitucionalización y reformas institucionales básicas.
• Derechos y garantías políticas. Trazado de una ruta electoral y mecanismos institucionales de verificación.

No se ha aclarado si el gobierno estadounidense tendrá una participación directa en la mesa, aunque todos los análisis coinciden en que el país norteamericano, mediante su Departamento de Estado, actuaría como mediación y parte activa y parcial de este proceso.

El Departamento de Estado de Estados Unidos saludó el inicio de las conversaciones y la agenda de trabajo conjunta entre el gobierno venezolano y dicho sector de la oposición, destacando el "compromiso con la ruta democrática".

Ambas delegaciones han anunciado a sus respectivos integrantes y se espera que la modalidad de debate sea mediante el mecanismo de mesas de trabajo por temas.

DIÁLOGO INSTITUCIONAL E INFLUENCIA ESTADOUNIDENSE

Este proceso representa un giro en el tablero político venezolano, caracterizado por una reconfiguración forzada de los actores en el poder y un cambio drástico en la política exterior de la Casa Blanca hacia Caracas.

En este proceso, Estados Unidos no actúa como un mediador neutral, sino como un sujeto político activo, parte interesada y parcializada en el conflicto.

Esto se explica dado que Washington ha arengado insistentemente que su rol en Venezuela obedece a una estrategia de tres etapas. La administración de Donald Trump, coordinada por el secretario de Estado Marco Rubio, maneja el tablero bajo una agenda propia. Su prioridad actual no es forzar un cambio de gobierno inmediato mediante elecciones relámpago, sino consolidar primero una etapa de estabilización institucional y económica que sirva a los intereses energéticos y de seguridad de Washington.

Esto ha permitido que la Administración Trump ejerza poder de veto e incentivos. Washington es quien posee las llaves de los incentivos reales en la mesa, como el control de los fondos congelados por ingreso de exportación y la arquitectura de las sanciones económicas mediante las cuales ejerce una presión excesivamente asimétrica contra el chavismo.

De igual manera, funciona así mediante los incentivos. La relación económica regida por el aflojamiento de ciertas sanciones petroleras alejó a Venezuela del colapso y ha facilitado un margen delimitado de maniobra a las instituciones venezolanas.

Entretanto, el chavismo controla la infraestructura de poder interno venezolano. Es la única contraparte en la mesa o el único antagonista genuino de la Administración Trump, pese a la convergencia pragmática que ha tenido la relación entre ambos países en los últimos meses.

La reaparición pública de Dinorah Figuera obedece a su rol como última "presidenta" de la AN 2015. Este "parlamento" extemporáneo sirvió de base para la estructura pseudogubernamental paralela de Juan Guaidó y otros actores políticos que dieron forma al "interinato" de 2019.

Sin embargo, la Comisión Delegada de este extinto parlamento sigue siendo la instancia designada para representar legalmente ciertos activos que han sido retenidos a Venezuela en el extranjero, entre ellos, Citgo Petroleum Corporation, en suelo estadounidense.

SOBRE LOS AUSENTES

La facción opositora liderada por María Corina Machado y Edmundo González Urrutia se desmarcó explícitamente del diseño de este proceso.

A su juicio, concurre una "falta de representatividad real" en la mesa. Machado y González se reunieron hace poco con diversos partidos políticos de la Plataforma Unitaria Democrática (PUD) en Panamá y aseguraron que, en cualquier escenario de negociación, sería Machado quien lideraría y representaría la aspiración opositora.

Pero ahora argumentaron que no formaron parte de la construcción ni del funcionamiento de esta mesa bilateral.

La representación opositora recae formalmente sobre los exdiputados que sostienen la continuidad legal de la Asamblea Nacional electa en 2015.

Por otro lado, mientras que la coalición de Machado ha exigido de manera constante una ruta expedita para elecciones presidenciales libres, el plan diseñado por el Departamento de Estado y la AN de 2015 prioriza la reconstrucción institucional paso a paso, postergando la fecha electoral con la justificación de que los comicios inmediatos carecerían de garantías institucionales confiables.

Este es un nudo crítico de la notable ausencia. Machado ha centralizado en su propia figura la capitalización del liderazgo opositor. La cita en Panamá también sirvió para que Edmundo González renunciara a su aspiración presidencial, desistiendo de hacerla efectiva y entronizando a Machado como único referente.

Seguramente, Washington ha confirmado la escala abierta de los métodos personalistas, extremistas e intransigentes de la dirigenta y, por ello, la consideran, por ahora, un elemento de perturbación al desarrollo de los debates.

Pese a las diferencias, el ala de Machado declaró que observará el proceso y no obstaculizará ningún avance real –acorde a su perspectiva– que implique conseguir sus demandas.

LA CONVERGENCIA PRÁCTICA ENTRE LAS PARTES VENEZOLANAS

Este espacio de diálogo tiene matices únicos. Uno de ellos es el aparente interés de producir una convergencia práctica entre las partes, como la situación legal, uso y destino de ciertos activos venezolanos que están bajo el paraguas "legal" de la AN 2015, gracias a la venia de Washington.

Hace poco, el gobierno estadounidense ha dado reconocimiento objetivo, diplomático y legal al "Gobierno Encargado" de Venezuela, lo que habilita a Caracas a interactuar en espacios donde Washington no lo permitía por su política sancionatoria y de reconocimiento al interinato fake.

Entonces, esto impone una nueva situación de emplazamiento al estatus legal y condición de los bienes venezolanos congelados en el extranjero.

La tragedia natural y el doblete sísmico del 24 de junio aceleraron los mecanismos financieros de negociación, interconectando directamente los tres puntos de la agenda.

Esto se encuadra dentro de la flexibilización temporal de sanciones organizada por el Tesoro estadounidense. Para permitir las labores de rescate y reconstrucción, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) y la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) abrieron una ventana especial (vigente del 27 de julio de 2026 al 29 de enero de 2027).

Esta medida otorga cobertura legal y bancaria a instituciones financieras estadounidenses para operar con Venezuela sin temor a penalizaciones por la Ley de Secreto Bancario.

Esto abre una ventana. Pero es necesario atender el nudo de los activos y el financiamiento para la atención del desastre y demás labores de reconstrucción. Los costos estimados de reconstrucción serían de decenas de miles de millones de dólares, según estimaciones. La única manera viable de financiar la catástrofe es destrabar progresivamente los activos soberanos de Venezuela en el exterior, bajo la administración conjunta o la veeduría técnica de las partes involucradas.

Jorge Rodríguez y Diosdado Cabello han afirmado, a nombre del gobierno venezolano, que la continuidad de las sanciones es un asunto a discutir en la mesa. Es probable que la mesa pueda ofrecer una petición conjunta del retiro escalonado y diferenciado de sanciones, a modo de dar viabilidad práctica a los acuerdos de abordaje y reconstrucción favorables a la población.

En cuanto al plano político, Venezuela se aproxima a una nueva etapa de replanteamiento institucional y acuerdos en materia política y electoral.

Pero estos ítems forman parte de un cuadro claramente mayor; este nuevo diálogo institucional puede actuar como el motor político y financiero para rescatar, expandir y consolidar los programas de convivencia y paz que ya están activos en el país, así como la recuperación post-terremotos y del cuadro económico.

Un programa de convivencia no es sostenible si las cúpulas políticas mantienen una retórica de confrontación total. El diálogo desarma los discursos extremistas, lo que disminuye la posibilidad de violencia política en las calles y permite que los planes de paz sean aceptados por todos los sectores, sin importar su ideología.

Las reformas institucionales previstas en la agenda (TSJ y Poder Electoral) buscan devolver la confianza en los canales legales para resolver disputas.

Este elemento emplaza directamente a María Corina Machado y su entorno, pues es probable que otros sectores opositores decidan avanzar sobre los resultados de los debates en el diálogo. Machado tendría que elegir entre la adaptación al contexto o seguir profundizando su aislamiento. En el segundo caso, habría más dificultades para la disminución de las tensiones políticas, debilitando las posibilidades de convivencia.

Esto impone una congruencia práctica a quienes están en la mesa: avanzar y dar credibilidad y sostenibilidad a nuevas agendas políticas.

Los límites de los acuerdos que ya se avizoran, así como su desarrollo práctico, claramente están por verse.