Este 8 de abril, la presidenta encargada Delcy Rodríguez presentó al país un conjunto de declaraciones, datos y anuncios de carácter esencialmente económico.
La presentación se centró en un sincero y contundente balance sobre las dinámicas económicas y políticas de los últimos años, enfatizando sobre los estados de cuenta principales del país en cuanto a los efectos de las sanciones sobre los ingresos nacionales, el financiamiento de la Seguridad Social, el estatus de salarios y pensiones públicas, entre otros temas.
Del mismo modo, realizó un conjunto de anuncios para atender estos asuntos indicando la necesidad de no repetir errores del pasado y estableciendo un cambio de perspectiva en la gestión del Estado, la política económica y el abordaje de sectores económicos más allá del gobierno.
LA PÉRDIDA DE LA BASE DE RECURSOS
La Presidenta (E) reveló un dato duro que ilustra las dimensiones del Producto Interno Bruto (PIB) real, con respecto a 2012.
Es necesario aclarar que, si bien el PIB nominal anualizado ha registrado un crecimiento mucho mayor en términos porcentuales, el cálculo de esta base del PIB real se realiza de acuerdo con el tamaño de la economía de 2012.
Según indicó, al cierre de 2025, el PIB real sería apenas de 35,7% del tamaño que tuvo en 2012. Esto sugiere que la economía venezolana, en términos reales, es un 64,3% más pequeña que en 2012, por lo tanto, es una economía que genera menos ingresos netos reales.
La tendencia decreciente en el PIB real es claramente apreciable desde 2016, año en que se toman cuerpo las bases legales sancionatorias de los años 2014 y 2015, cuando el gobierno estadounidense publicó sus primeras leyes y órdenes ejecutivas que han sido los pilares legales de una lista de más de 1000 sanciones a Venezuela.
Según una imagen divulgada por la mandataria, el año del punto máximo de caída del PIB real fue el 2020, con 24,9%. Desde entonces, se ha apreciado un crecimiento moderado de este indicador, lo cual sugiere que la economía sigue recuperándose, pero sigue lejos de alcanzar su máximo histórico y punto de mayor bonanza.
Rodríguez indicó que la relación entre la caída del PIB real está directamente vinculada a la caída del valor de las exportaciones nacionales. Según señaló, esta ha sido de un 91% en el ciclo 2012 y 2020. Es decir, para el año 2020 ingresó al país un 9% de lo que ingresaba en 2012; esto está claramente asociado al boicot a las actividades de hidrocarburos mediante sanciones y bloqueo.
Una imagen presentada en la alocución sugiere que desde 2022 y hasta 2025, las exportaciones totales de esos cuatro años apenas superaron los 93 mil millones de dólares y esa cifra sigue siendo inferior a los ingresos tan solo del año 2012.
Lo que refiere la imagen es que los ingresos por exportaciones de petróleo y derivados, que son la base fundamental del presupuesto nacional, si bien se han recuperado en los últimos años, son abrumadoramente menores que en 2012, año en que se aprobó la actual Ley Orgánica del Trabajo (LOTTT).
INFLACIÓN Y PÉRDIDA DEL PODER DE COMPRA DE LOS SALARIOS
Delcy Rodríguez indicó, con necesaria crudeza, una paradoja que existe en el ingreso mínimo de la clase trabajadora. Por un lado, el ingreso mínimo nacional se ha recuperado en un valor equivalente desde 30 dólares en octubre de 2021, hasta su valor actual de 190 dólares. Esa recuperación ha sido en términos nominales. Pero, en simultáneo, el poder de compra del ingreso mínimo se ha deteriorado gravemente.
Una gráfica presentada por la mandataria ilustra de manera ejemplar, que en junio de 2018 se realizó un aumento del ingreso integral a los trabajadores y, seguidamente, la inflación pulverizó el poder de compra real logrado en ese ajuste, hasta un dramático 0,1% en menos de un año, hasta abril de 2019.
También indicó que en 2022 se realizó otro ajuste salarial "sin respaldo", el cual detonó la inflación mensual.
La premisa es muy simple: en el caso del sector público, los incrementos salariales no deben realizarse sin fortalecer la base de ingresos del Estado. De lo contrario, se acude a la emisión de bolívares como mecanismo de financiarización del déficit fiscal. Esto implica un incremento de la masa monetaria en moneda nacional acelerando la inflación.
Por otro lado, aunque los ingresos salariales de los trabajadores privados sean sustanciosos, la capacidad real de compra de esos ingresos también será diluida si se agudiza la emisión monetaria para financiar los salarios públicos. Según la más alta funcionaria, esto fue palpable en 2018 y 2022. Hay lecciones aprendidas y prácticas que no se deben reeditar.
Asimismo destacó la necesidad de romper la tendencia y actuar en favor de una corrección estructural.
SOBRE EL SISTEMA DE PENSIONES
La Presidenta (E) reveló datos sobre situaciones apremiantes en el sistema de pensiones. Desde la puesta en vigencia de la Ley de Protección de las Pensiones, el sector privado ha incrementado su aporte, pero este representa solo el 9% de la base de recursos para financiar el sistema.
Entretanto, el Estado venezolano paga el 91% del pago de pensiones.
Un dato claramente preocupante es el del número de cotizantes versus el número de pensionados. En el país hay 5,3 millones de trabajadores activos cotizando y 6,2 millones de jubilados y pensionados.
El significado de esos datos se decanta de varias maneras: primeramente, el sistema actual es inviable al haber más dependientes del sistema que cotizantes que lo sostengan. En segundo lugar, hay un claro vacío que ha dejado la pérdida demográfica (por migración) de población en edad económicamente activa. En tercer lugar, existe una importante masa trabajadora no reflejada en estos datos, que permanece en el sector informal y que por ende no cotiza ante la Seguridad Social.
ANUNCIOS Y MEDIDAS
La presidenta (e) Rodríguez indicó que el próximo 1º de mayo anunciará un aumento "responsable" del ingreso mínimo a los sectores de trabajadores.
Considerando los datos y reflexiones que ha presentado, ello sugiere que será un incremento realista, de acuerdo con la modesta recuperación de los ingresos nacionales, sin que esté apalancado mediante la emisión de bolívares.
Por otro lado, declaró que el modelo actual de pensionados "no es sostenible", sugiriendo una futura reestructuración del sistema de protección social.
En ese orden de ideas, anunció la instalación de la Comisión para el Diálogo Laboral que abarque la Constituyente Laboral y de Seguridad Social que está en curso, con participación del Estado, del sector privado, de los trabajadores y los pensionados. El propósito de ello sería avanzar en la construcción de una nueva convención laboral y también en un sistema de seguridad social según las realidades nacionales.
En otro orden de ideas, firmó la Ley Orgánica para la Aceleración y Optimización de Trámites y Procedimientos Administrativos. La firma del instrumento legal marca un hito en la simplificación burocrática del país. Durante su alocución, explicó que la nueva normativa dota al Ejecutivo de herramientas jurídicas directas para desarticular nudos críticos en la administración pública, buscando una mayor eficiencia del Estado.
En materia de reforma tributaria, indicó: "Dispongo instalar inmediatamente el Consejo Nacional de Economía para recibir propuestas en el orden de un nuevo modelo tributario para Venezuela".
En este sentido, pidió que ese modelo sea más eficiente y también impulse plataformas tecnológicas que permitan a Venezuela pasar a un "nivel superior".
Se espera que una reforma al sistema tributario contribuya a su modernización, reducción de la evasión, focalización de los gravámenes en sectores que no comprometan el crecimiento y el empleo, y en una eficacia superior de la hacienda pública.
La mandataria refirió que la recuperación de recursos bloqueados, que son del pueblo de Venezuela, se destinarán inmediatamente a rehabilitar nuestra infraestructura básica (electricidad, agua, vialidad, escuelas, hospitales) y a la inversión productiva, "que garantice ingresos suficientes para mejores pensiones e ingresos de los trabajadores", señaló.
También indicó que existen 500 mil viviendas "congeladas" o fuera del mercado en el país. El propósito es incorporar estas viviendas al mercado inmobiliario para facilitar el acceso al alquiler (renta), especialmente para los jóvenes y nuevas familias que no tienen capacidad inmediata de compra.
De esa manera, solicitó a la Asamblea Nacional una reforma de las leyes relativas al mercado inmobiliario, que construyan nuevas garantías para incentivar la actividades con garantías a arrendadores y arrendatarios.
LAS SANCIONES EN EL CENTRO
Un factor transversal en el discurso presidencial fue el tema de las sanciones contra la economía nacional. Nuevamente, se ha dirigido al gobierno de los Estados Unidos y al país destacando la gravedad y peso que siguen manteniendo las medidas ilegales.
Rodríguez anunció el desarrollo de una agenda de movilización social, en todo el país, a modo de "peregrinaje", lo cual da un perfil político a referir a las sanciones como una inercia que comprometen la estabilización y mejoramiento de grandes variables socioeconómicas.
La movilización está programada para iniciar el 19 de abril, Día de la Declaración de Independencia de Venezuela y concluir el 1º de mayo, Día Internacional de la Clase Trabajadora.
La connotación de esta agitación tiene una denominación claramente simbólica. Se espera que la peregrinación recorra diversos puntos del territorio venezolano para terminar en Caracas.
Desde la perspectiva del Ejecutivo Nacional, el retiro total de las sanciones podría significar el incremento de la base de recursos para sostener los compromisos del Estado venezolano y apalancar las nuevas reformas que podrían surgir en la convención laboral y el sistema de pensiones del país.