El senador republicano por Florida Rick Scott es ampliamente conocido por ser uno de los peones más obedientes de Marco Rubio dentro del esquema político de coerción de Washington contra Venezuela. Aunque no tiene raíces cubanas, acompaña al séquito de los "tres cubanos locos" del Congreso estadoundiense, a quienes esta tibuna le ha dedicado perfiles, disponibles aquí, aquí y aquí.

Su longeva alianza con María Corina Machado confirma su adhesión a una estrategia que apuesta por el colapso económico mediante sanciones ilegales, que ha promovido intensamente desde su curul, con el objetivo de cristalizar el cambio de régimen.

En sus declaraciones públicas el senador no ha ocultado que su relación de complicidad con las operaciones de desestabilización en Venezuela es, al mismo tiempo, uno de los fundamentos centrales de su carrera política, identificado regularmente con frases desgastadas como "los días de Maduro están contados".

Detrás de las consignas de manual que lanza sobre Venezuela, existe un historial político y empresarial marcado por el abuso de poder, la corrupción y el oportunismo.

El fraude en el sistema de salud estadounidense

Rick Scott amasó su fortuna como director ejecutivo de Columbia/HCA, la mayor cadena de hospitales privados de Estados Unidos. Durante su gestión, la compañía fue hallada culpable de perpetrar uno de los esquemas de fraude más escandalosos en la historia del sistema de salud pública estadounidense, decisión que afectó programas como Medicare, Medicaid y Tricare.

Las prácticas ilícitas incluían desde el pago de incentivos ilegales a médicos para que refirieran pacientes, hasta la manipulación fraudulenta de diagnósticos, la presentación de informes de costos falsos y una variedad de métodos de facturación engañosa con el fin de maximizar el reembolso federal.

La magnitud de la estafa fue tal que, en 2003, Columbia/HCA aceptó pagar 1,7 millones de dólares en multas, en lo que entonces se convirtió en el mayor acuerdo por fraude médico en la historia de Estados Unidos.

Scott, quien había renunciado en medio de la investigación federal, se retiró con una compensación dorada que recompensó su impunidad: 9.88 millones de dólares y acciones valoradas en más de 350 millones de dólares.

A pesar de estar en el centro del escándalo, el miembro del Partido Republicano nunca fue acusado penalmente. De hecho, cuando fue citado a declarar en el año 2000 invocó la Quinta Enmienda de la Constitución de Estados Unidos, que trata del derecho a no autoincriminarse, en al menos 75 ocasiones.

Años más tarde, lejos de mostrar remordimiento, ha minimizado su rol en el caso calificando la investigación como una "persecución política".

Incluso ha llegado a comparar su situación con los litigios judiciales enfrentados por Donald Trump, lo cual alimenta un discurso de victimización que ha utilizado como escudo en su carrera pública. En 2024, mientras en el Congreso se votaba por importantes proyectos de ley, Scott prefirió asistir al juicio de Trump en Nueva York y declaró que "entendía perfectamente" lo que el expresidente estaba viviendo.

En entrevistas y campañas comparó su caso corporativo con los juicios penales que enfrentó el ahora presidente de Estados Unidos, afirmando que ambos eran víctimas de una persecución por parte del "Estado profundo" debido a su oposición a reformas como el "Hillarycare".

En medios como MSNBC su presencia fue objeto de burla: "Un adulador dispuesto a humillarse en la calle como un triste ventrílocuo", dijo el periodista Chris Hayes. La comentarista estadounidense Joy Reid lo recordó como el hombre que supervisó el mayor fraude al sistema de salud pública del país, para luego enriquecerse con él.

Lejos de quedar relegado por su historial, el ahora senador capitalizó su imagen de "empresario exitoso" para reinventarse como político, ocultando el oscuro y fraudulento origen de su fortuna personal.

Sin embargo, el escándalo de Columbia/HCA sigue siendo una sombra persistente sobre su trayectoria, recurrentemente señalado por adversarios y medios como evidencia de su falta de ética y de compromiso con el bien común de la población estadounidense.

Manipulación electoral y gestión corrupta

Durante sus dos mandatos como gobernador de Florida el hoy senador consolidó una maquinaria política centrada en la restricción del acceso al voto y el favorecimiento sistemático de sus intereses, incluidas empresas vinculadas con su entorno cercano y con su propio patrimonio financiero.

En el ámbito electoral, el entonces gobernador impulsó múltiples medidas que han sido ampliamente denunciadas como mecanismos de supresión de la voluntad ciudadana.

Promovió leyes de identificación de votantes y firmó reformas que limitaron el sufragio anticipado, endurecieron los requisitos para el registro de nuevos electores y restringieron la aceptación de votos por correo.

Los sectores más afectados por estas políticas fueron los jóvenes, afroamericanos y latinoamericanos, grupos con histórica inclinación hacia el Partido Demócrata.

Varios tribunales invalidaron partes de esta legislación por considerarlas inconstitucionales y discriminatorias, y subrayaron la intencionalidad política detrás de su redacción.

Uno de los casos más emblemáticos fue su política respecto a la restauración de derechos electorales para personas con antecedentes penales. Scott eliminó la restauración automática, impuso largos períodos de espera y aplicó un sistema discrecional de clemencia, que solo aprobaba un pequeño porcentaje de solicitudes.

La medida fue calificada por un tribunal federal como "arbitraria e inconstitucional", y convertía a Florida en uno de los estados con mayores tasas de privación del derecho al voto.

Además, bajo su mandato, firmó mapas distritales elaborados por una legislatura estatal dominada por los republicanos. Estos mapas fueron posteriormente anulados por los tribunales, que concluyeron que constituían un caso de gerrymandering diseñado para garantizar la permanencia del poder conservador en la península.

Aunque Scott no fue el autor directo del rediseño, su respaldo mediante la firma del proyecto lo convirtió en cómplice directo de un sistema comicial manipulado desde las instituciones.

La defensa del aparato electoral no fue la única esfera en la que el entonces gobernador actuó ante claros conflictos de interés. Apoyó proyectos de infraestructura con vínculos financieros cuestionables, como el tren privado "All Aboard Florida", promovido por una empresa conectada con su jefe de gabinete.

Casualmente, Scott había rechazado anteriormente 2 mil 400 millones de dólares en fondos federales para un tren de alta velocidad, que habría conectado Miami, Orlando y Tampa, mediante el argumento de preocupaciones sobre su viabilidad, a pesar del amplio respaldo empresarial y de las estimaciones de que generaría más de 27 mil empleos.

Otro caso emblemático fue su apoyo al desarrollo de un gasoducto en el norte de Florida, mientras tenía participación financiera en la empresa constructora del proyecto.

Simultáneamente su administración respaldaba compañías energéticas que activamente obstaculizaban el crecimiento de la energía solar residencial en el "estado del sol", una contradicción que levantó serias sospechas sobre el uso de su cargo para beneficiar intereses particulares a costa del bien público.

En su carrera hacia el Senado en 2018 el acaudalado republicano no solo recurrió a su fortuna personal —gastando más de 78 millones de dólares en lo que fue la campaña más cara del ciclo electoral— sino que también desplegó una estrategia agresiva para controlar el resultado de los comicios. Tras una jornada reñida, la ajustada diferencia de votos activó un recuento automático.

El exgobernador reaccionó presentando demandas legales contra los supervisores electorales de los condados de Broward y Palm Beach, ambos de mayoría demócrata, y acusó al Partido Demócrata de intentar "robar" los comicios.

Estas acusaciones infundadas fueron amplificadas por el entonces presidente Trump, lo cual alimentó un clima de desconfianza institucional y presionó a los funcionarios locales.

La campaña de Scott también capitalizó fallas administrativas, como el deficiente diseño de papeletas en Broward que causó decenas de miles de votos incompletos que afectaron principalmente al electorado demócrata.

El historial del senador republicano no solo delata el tipo de figuras políticas que Estados Unidos promueve como "referentes democráticos" para Venezuela, sino que expone el alto grado de cinismo en la construcción de ese discurso.

Se trata de un político asociado con el mayor fraude del sistema de salud pública estadounidense, con un historial de manipulación electoral y conflictos de interés como gobernador. Su alianza con María Corina Machado y la facción más extremista de la oposición no es sorpresa ya que las agendas ocultas y turbias son puntos de identidad común.