Los gobiernos de Venezuela y Estados Unidos han anunciado un "acuerdo histórico" en materia petrolera que supone la concesión venezolana favorable a empresas norteamericanas de 17 campos petroleros.

Donald Trump, y su secretario de Estado, Marco Rubio, anunciaron una asociación que calificaron como "el mayor acuerdo petrolero de la historia mundial".

Por su parte, en la noche del 29 de agosto la presidenta Delcy Rodríguez calificó la alianza como un hito que marcará el "renacimiento económico" del país.

La magnitud y relevancia de este acuerdo amerita un análisis pormenorizado de los anuncios y detalles que han sido explicados por parte de la mandataria venezolana.

ALCANCES Y RESERVAS

Según Rodríguez, el acuerdo será de 25 años. Lo cual contradice lo afirmado en algunos medios de comunicación y cuentas de redes sociales sobre una supuesta duración de 100 años.

El acuerdo incluye el posicionamiento de empresas estadounidenses en ocho bloques petrolíferos, que agrupan a 17 campos. El conjunto de haberes en reservas en dichos campos alcanza los 65 mil millones de barriles de petróleo (bdp).

Sin embargo, la mandataria ha indicado que hay un horizonte de producción alcanzable de 1,5 millones de bdp en los nuevos campos concesionados. Es evidente que desde el día 1 del acuerdo esta meta no se habrá alcanzado. En efecto, el acuerdo tardará meses para dar sus primeros barriles y la meta acumulativa de producción de 1,5 podría tardar años.

Esto sugiere que, durante la duración del acuerdo, según lo planteado por la presidenta, la meta de producción de crudo extraíble será de unos 11 mil millones de bdp, lo cual impone una distinción importante entre los 65 mil millones de bdp anunciados por Trump y la realidad práctica del acuerdo.

El mandatario estadounidense podría estar recurriendo a sus usuales prácticas de anuncios maximalistas, considerando que está en la recta final de las elecciones de medio término de su país, justo cuando transcurre una crisis de precios de combustibles e inventarios de reservas de petróleo a causa de la crisis que su gobierno ha desatado en el estrecho de Ormuz.

Estos elementos indican la imperiosa necesidad de hacer distinciones entre el discurso del presidente y las dimensiones practicas y creíbles del importante acuerdo.

INVERSIÓN, PRODUCCIÓN Y GANANCIAS

El acuerdo promete una inversión de 100 mil millones de dólares para su desarrollo. Un dato no menor sobre este anuncio es la importante contribución que esto haría al conjunto de la economía venezolana, al ofrecer ingresos frescos por nueva inversión.

El flujo anual de miles de millones de dólares en inversión directa en campos podría contribuir significativamente al sistema cambiario venezolano, repercutiendo en la estabilidad del tipo de cambio y la inflación.

El gobierno venezolano ha indicado que espera recaudar "al menos" unos 209 mil millones de dólares en ingresos fiscales durante la ejecución del acuerdo. Eso, sobre la base de cálculo de 65 dólares por costo de barril en el mercado internacional.

La primera mandataria ha indicado que Venezuela espera recaudar, al menos, 19 dólares por cada barril extraído y comercializado. Unos 11 mil millones de bdp con un precio base de 19 dólares representan, en efecto, la cifra indicada.

Sin embargo, los detalles de la base de ingresos se explican claramente al desglosar ciertos detalles del régimen concesionario que aplica a este acuerdo.

RÉGIMEN CONCESIONARIO

Según indicó la presidenta, y tal como reza en la reformada Ley Orgánica de Hidrocarburos (LOH), las reservas venezolanas son intransferibles, siguen perteneciendo a la nación. De ahí que es necesario hacer una distinción entre derechos de explotación y propiedad de las reservas en el subsuelo.

La ganancia estimada de barril extraído y comercializado dentro de los 17 campos será de 19 dólares, pudiendo ser más o menos de acuerdo al coste internacional de los barriles. Este se calcula hoy en 65 dólares.

Esos ingresos se justifican por el régimen de regalías previsto para el acuerdo, según lo indicado en la LOH. En el caso de los campos verdes concesionados, rige un 32% de impuesto sobre la renta (ISLR) y al menos 16% de regalías.

¿Por qué un 16% "al menos" de regalías? Esto se explica por la LOH. Para el desarrollo de campos verdes, se establece un margen mínimo de regalías de 16%. Pero cada yacimiento y cada campo son particulares entre sí. Todos tienen niveles distintos de complejidad geológica. Esto sugiere que, a mayor complejidad del campo, menor regalía (hasta el 16%). A menor complejidad del campo, las regalías son mayores, pudiendo alcanzar una cota del 20 ó 25%.

El margen de regalías es porcentual. Esto sugiere que, en un escenario de precio petrolero de 70, 80 u 85 dólares por barril, por concepto de regalías, Venezuela obtendría más ganancias por cada barril extraído en los 17 campos cometidos al acuerdo, lo cual podría ayudar a superar con creces el horizonte de 209 mil millones de dólares anunciados.

Es necesario detenernos en este punto para establecer una comparación con los últimos regímenes fiscales aplicables para nuevos desarrollos (inversión Upstream) en Venezuela.

Hasta este año, el régimen concesionario venezolano se regía por la LOH creada en 2001 y reformada en 2006. Técnicamente, la LOH actual es una reforma de la misma ley de 2001. Pero hay importantes variaciones en cuanto al régimen concesionario para campos verdes. En la ley de los años 2000, el régimen fiscal era de 32% de ISLR y 30% de regalías; eso sí, aplicado a rajatabla a todos los desarrollos.

La debilidad de esa ley era que regía para campos maduros, ofreciendo grandes beneficios, pero creaba serios límites para la inversión en campos verdes. La inversión en campos verdes es sumamente costosa, técnicamente compleja y, en muchos casos, una empresa puede invertir en procesos de exploración y producción y podrían pasar meses o años antes de extraer su primer barril.

Continuando comparaciones, en los años 1990, con la llamada "apertura petrolera", existía un régimen completamente distinto. Para los campos verdes se creó un régimen de ISLR de 32% y apenas 1% de regalías. En lo real, hubo incentivos fiscales y pagos de regalías de 1% que eran irrisorios, en una época en que el barril llegaba a costar 15, 20 ó 25 dólares. Además, los crudos pesados y extrapesados de la Faja Petrolífera del Orinoco, vendidos como bitumen, se referían a precios del carbón. Las empresas se llevaban el crudo prácticamente gratis.

Es necesaria esta distinción para reconocer los márgenes del régimen actual. Hablando de inversión Upstream y desarrollo de campos verdes de crudos no convencionales (tal como es el caso de los crudos pesados y extrapesados de la Faja), el régimen de los 17 campos concesionados a Estados Unidos en 2026 es menos ventajoso para el Estado que el existente en las LOH de los años 2000. Pero es claramente mucho más ventajoso que el régimen de la "apertura petrolera" de los años 1990.

Este elemento es inherente a la soberanía nacional y la disposición ventajosa de los recursos naturales. Más allá de la ponderación matemática evidente, lo importante que se debe apreciar acá es que estos acuerdos son coherentes y pertinentes con las necesidades de inversión en Venezuela.

Continuando en términos comparativos, en el mundo se aprueban nuevos desarrollos petrolíferos que implican grandes inversiones y que están sujetos a gran complejidad técnica. Si miramos el continente, hay casos notables en Colombia, Argentina, Canadá y Estados Unidos. Estos países, al igual que Venezuela, están desarrollando inversiones en crudos no convencionales, basados en roca porosa (Shale oil) y crudos pesados. 

Si se compara el régimen concesionario entre Venezuela y Estados Unidos anunciado durante estos días, con los términos contractuales en esos países, Venezuela obtiene ventajas similares que esos países en términos de impuestos, regalías y Government Take (ganancias de los estados por propiedad de los recursos o renta de los mismos). Dicho así, los ingresos venezolanos en los 17 campos a concesionarse, están dentro del canon internacional de ganancias aplicada a la inversión Upstream en nuevos desarrollos de crudos no convencionales.

El gobierno estadounidense no hace una concesión de gracia al permitir que sus empresas paguen más a Venezuela que Argentina o a Guyana. En realidad, se rige por una realidad técnica. Aunque el crudo venezolano pesado y extrapesado es muy denso y complejo para extraer, los costes de inversión para extraer cada barril siguen siendo manejables y pueden ser comparativamente mucho más bajos si se compara con otros campos en Estados Unidos o Argentina.

Los crudos no convencionales, tal como es el caso de los petróleos de la Faja, requieren ventajas e incentivos importantes para las costosísimas primeras etapas de inversión. Esto implica regalías e impuestos moderados. El caso del acuerdo entre Venezuela y Estados Unidos no es excepcional, ni extremadamente fabuloso para ninguna de las partes. Está completamente dentro del canon de inversión Upstream y nuevos desarrollos de crudos no convencionales en todo el mundo.

ALGUNAS VARIABLES POLÍTICAS Y GEOPOLÍTICAS

En lo político, hay un primer elemento muy importante a discernir. El gobierno venezolano ha demostrado tener la capacidad política e institucional para gestionar y debatir un acuerdo a este nivel y encontrar importantes ventajas en una asociación precedida por la coerción asimétrica. Negociar con Estados Unidos no es fácil, nunca, menos en el contexto venezolano posterior al 3 de enero.

El acuerdo anunciado por la presidenta Rodríguez es, desde la perspectiva venezolana, claramente práctico, viable y ventajoso. Esto es posible a expensas de dos realidades objetivas: Estados Unidos necesita petróleo con perspectiva de largo plazo y el gobierno venezolano actual dirige las dinámicas del país; es el que tuvo la resistencia operativa pese a la presión constante durante 12 años de sanciones. Dicho de otra forma: era tiempo de negociar.

En segundo lugar, esta negociación desdibuja los puntos cardinales trazados en los discursos de ambas partes. Estados Unidos ha ejercido sobre Venezuela una coerción asimétrica, mientras que el gobierno venezolano ha empleado la adaptación estratégica para sortear el contexto. Sin embargo, entre ambas aristas, convive la congruencia práctica y la convergencia que siempre ha regido las relaciones entre Washington y Caracas: el vector petrolero. Este es el terreno de las asociaciones reales y es el punto donde los imperativos ideológicos y consignas se diluyen para darle paso a la realpolitik en su dimensión más nítida.

En tercer lugar, el acuerdo anunciado refiere uno de esos pocos momentos en la política donde el beneficio de uno no necesariamente es el perjuicio de otro. Los datos divulgados por la presidenta aclaran de manera irrefutable que ambas partes ganan.

Venezuela, que siempre ha reconocido a Estados Unidos como un mercado destino y un gran cliente del petróleo venezolano, en nuevas condiciones, reestablece los parámetros de una relación que nunca debió romperse a causa de las sanciones ilegales.

En el ámbito geopolítico, este acuerdo sugiere un importante replanteamiento del contexto de la energía venezolana y también de las necesidades de Estados Unidos.

Desde una perspectiva puramente discursiva, negociar con el chavismo no ha sido una situación ideal ni para Trump ni para Rubio. Pero las explicaciones a ello no yacen en Caracas, sino en el Estrecho de Ormuz. La aventura militar estadounidense en Irán ha desfigurado las condiciones de seguridad en el paso marítimo, en el Mar Rojo y en toda Asia occidental, cambiando la arquitectura política sobre las cuales se ha erigido la correlación de poder militar estadounidense. El resultado es fatal: la región de las grandes cuencas petroleras no es ni será exactamente lo mismo que fue antes de febrero pasado.

El inventario petrolero en reservas de Estados Unidos está cerca del colapso y los precios de los combustibles no dan tregua a la población y la economía.

Independientemente de que la crisis actual remita, las condiciones estructurales en la relación de Estados Unidos con Asia occidental se han fracturado. Aquella región ya no es un espacio seguro para nuevas inversiones tal como un día lo fue.

O dicho de otra forma: las condiciones geopolíticas se mantienen alineadas para que Venezuela recupere el sitial de actor energético relevante. Pero este no es un camino sencillo; el país tendrá que lidiar con el desafío de afianzarse a la geometría variable que ha regido su modelo de relaciones internacionales para mitigar los nuevos riesgos de alta exposición y dependencia al mercado estadounidense.