Veinte días después del doblete sísmico del 24 de junio pasado, el país enfrenta la etapa más compleja de un impacto que no termina cuando la tierra deja de temblar. Este evento telúrico golpeó a la zona más poblada del país, la franja central y costera, no solo ha puesto a prueba la resiliencia material de la nación, sino que exige una disección analítica sobre el costo real de su reconstrucción bajo un asedio económico prolongado.
La realidad post-terremoto expone tanto las fracturas de la infraestructura como una nueva etapa en el tejido social venezolano. Así como las contradicciones del orden financiero internacional frente a una emergencia humanitaria real.
Un panorama y un tejido social por reconstruir
La evaluación preliminar del PNUD sitúa los daños físicos directos en unos 6.700 millones de dólares —aproximadamente el 6 % del PIB nacional—, aunque el rango oscila entre 4.700 y 8.700 millones. Estas cifras, precisó el organismo, solo cubren pérdidas inmediatas de viviendas y bienes económicos.
Modelos utilizados por el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) advierten que al incluir la disrupción productiva, los riesgos geológicos secundarios y la reconstrucción a largo plazo, el costo total podría situarse entre 10.000 y 100.000 millones de dólares, la estimación más amplia divulgada hasta ahora.
Los daños se concentran en el estado La Guaira, declarado zona de desastre, y en sectores de Caracas como Los Palos Grandes y Altamira, además de afectaciones significativas en Carabobo, Aragua, Miranda, Falcón y Yaracuy.
Análisis satelitales de la NASA estiman que 69.431 edificios probablemente resultaron dañados o destruidos, incluyendo más de 400 escuelas, cerca de 1.000 edificios críticos y múltiples sistemas de agua. Sin embargo, el colapso de edificaciones con "planta baja flexible", una vulnerabilidad estructural recurrente en la región, fue particularmente devastador en la franja costera de Macuto, Naiguatá, Caraballeda y Catia La Mar, donde hasta el puente que conecta Caraballeda con el resto del estado quedó destruido el 26 de junio e interrumpió las labores de socorro.
Al 13 de julio, el saldo humano oficial alcanzaba los 4.561 fallecidos, 16.740 heridos y 17.907 personas que perdieron por completo sus viviendas mientras la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), calcula que hasta 6,8 millones de personas podrían necesitar asistencia humanitaria. Como en las otras estimaciones, estas cifras requieren consolidación y aun no se pueden correlacionar con la realidad.
Más allá de la destrucción material, el impacto psicosocial presenta dimensiones que solo se visibilizarán con el tiempo. Cecilia Salas Gatti, psicóloga y consejera de estrés en Naciones Unidas, explicó en una entrevista que el trauma sísmico se distingue por su capacidad de retraumatización: cada réplica reinicia el ciclo de estrés físico y emocional, lo que impide que el sistema nervioso comience a procesar lo vivido.
Las comunidades afectadas enfrentan no solo el duelo por muertes súbitas, sino lo que la especialista denomina "el despojo absoluto": la pérdida del hogar destruye la identidad, los recuerdos y la base de seguridad material. En este escenario, la incertidumbre sobre dónde se vivirá mañana cronifica el estrés y eleva los niveles de cortisol, esto deriva en trastornos de ansiedad y depresión.
Otros especialistas, como Daniel Montero Caon, enfatizan que la recuperación mental requiere trascender el asistencialismo hacia un modelo de salud colectiva. Este enfoque sostiene que la reconstrucción del tejido social y la garantía de derechos básicos son el primer escalón para mitigar el estrés postraumático y la sensación de desamparo en los territorios devastados, donde las condiciones de vida y trabajo fueron abruptamente alteradas.
Los equipos de psicólogos desplegados en hospitales de campaña advierten que, sin un acompañamiento sostenido, el estrés agudo puede enquistarse en trastornos crónicos que afectarán a la población por años. El tejido social, no obstante, sigue siendo el factor protector más potente. Cuando los vecinos se organizan y comparten el dolor, se destruye el aislamiento que el trauma intenta imponer.
Frentes de reconstrucción: RESPUESTAS Y AVANCES
La respuesta estatal se articuló en tres frentes inmediatos: la atención de emergencia, la recuperación temprana de servicios y la planificación de la reconstrucción estructural. El gobierno habilitó más de 80 campamentos transitorios con capacidad para más de 17.000 personas, donde se desplegaron equipos de psicólogos, docentes y trabajadores sociales.
En paralelo, una Comisión Presidencial para la Evaluación de Habitabilidad implementó un sistema de semáforo —rojo, amarillo y verde— para clasificar la seguridad estructural de 856 edificios afectados, 190 de ellos totalmente colapsados.
La recuperación de servicios públicos muestra avances. En La Guaira, la zona cero, el servicio eléctrico alcanzó el 96 % de restitución tras la recuperación de 21 subestaciones. La Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) instaló 47 transformadores y restituyó cinco líneas de transmisión.
El suministro de agua potable, por su parte, se sitúa en torno al 80-84 % de operatividad, con dos frentes de trabajo abiertos en el sistema Maya-Picure y la estación de bombeo Mamo, aunque en comunidades donde las tuberías principales colapsaron por deslizamientos el abastecimiento sigue dependiendo de camiones cisterna.
El terremoto dañó el cable submarino que conecta a Venezuela con el mundo, lo que afectó el servicio de internet a escala nacional. Sin embargo, en el litoral, la empresa Cantv ejecutó la instalación de más de 17 kilómetros de fibra óptica en campamentos y refugios, mientras que operadoras privadas como Digitel y Movistar se apoyan provisionalmente en enlaces satelitales de Starlink que, gestionado con embajada estadounidense en Caracas, distribuyó más de 1.600 kits de conectividad para equipos de rescate y hospitales de campaña.
En el plano estratégico, se activó la Gran Misión Venezuela Renace, articulada bajo la premisa internacional de "reconstruir mejor". Este plan contempla un censo biométrico para dimensionar la necesidad real de nuevas unidades habitacionales, con una proyección inicial que contempla la construcción de 25.000 viviendas y la entrega inmediata de las primeras 200 viviendas.
Este esfuerzo se complementa en el marco legal con la Ley Especial de Refugios Dignos (2011), que busca transformar los campamentos transitorios en espacios de convivencia con corresponsabilidad estatal y comunitaria, evitando la estigmatización del damnificado.
Además, se han identificado más de 40 terrenos —unos 584.000 m²— para desarrollar "ciudades antisísmicas" con equipamiento urbano integral, en alianza con el sector privado, para ser otorgadas bajo un esquema de créditos bancarios preferenciales para los afectados.
Por otra parte, se anunció una reforma a la Ley de Arrendamientos para liberar hasta 200.000 viviendas desocupadas y una cartera de créditos con subsidios de hasta el 80% para la adquisición de inmuebles, facilitando una solución rápida al déficit habitacional.
La dimensión económica
La brecha entre los recursos disponibles y los requeridos es un reto mayor. Economistas como Luis Oliveros, decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Metropolitana (Unimet), afirman que Venezuela necesita captar al menos 10.000 millones de dólares iniciales de fondos internacionales para empezar a generar diferencias importantes en la reconstrucción.
Esta cifra contrasta con los compromisos de ayuda humanitaria verificados hasta el 1 de julio: Estados Unidos prometió unos 150 millones de dólares canalizados a través de organizaciones religiosas y agencias de la ONU; la Unión Europea aportó más de 5 millones; el Reino Unido, más de 2 millones; y organismos como UNICEF requieren 52 millones solo para su respuesta inmediata, según un recuento elaborado por Miyamoto International.
La ONU, por su parte, solicitó 296 millones adicionales para atender a 1,3 millones de personas durante los próximos seis meses, según el Plan Humanitario Nacional publicado por la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCAH u OCHA por sus siglas en inglés).
El gobierno venezolano anunció un fondo especial de 200 millones de dólares para obras de reconstrucción, una cifra que representa menos del 2 % de lo que los especialistas consideran necesario para los primeros pasos. El economista Asdrúbal Oliveros estimó pérdidas directas que escalan al 8,5 % del PIB, unos 9.000 millones de dólares, y proyectó que el coste total a largo plazo podría situarse entre 12.000 y 15.000 millones considerando la atención de secuelas, la reordenación urbana y el lucro cesante de actividades paralizadas como el puerto de La Guaira, el aeropuerto de Maiquetía y los centros comerciales de la región.
El cuello de botella para la reconstrucción
En este contexto, el debate sobre las sanciones internacionales adquiere una dimensión práctica ineludible. El pasado 25 de junio, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro estadounidense emitió la Licencia General N.º 60, que autoriza temporalmente —hasta el próximo 23 de octubre— transacciones financieras destinadas a la asistencia humanitaria y la recuperación.
Sin embargo, la medida no desbloquea propiedades congeladas previamente y mantiene intacto el régimen de restricciones. Venezuela tiene retenidos entre 20.000 y 30.000 millones de dólares en activos líquidos, oro y bienes en el exterior, incluyendo unas reservas de oro valoradas en aproximadamente 2.000 millones de dólares en el Banco de Inglaterra y activos relacionados con Citgo Petroleum en Estados Unidos.
La presidenta encargada Delcy Rodríguez envió una carta al rey Carlos III solicitando la liberación de esas reservas de oro, insistiendo en que "es de nuestro pueblo y debe estar para atender las consecuencias terribles y trágicas de este doble terremoto". En paralelo, sostuvo una conversación con la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, para solicitar el acceso a recursos bloqueados dentro del organismo.
Un grupo de 113 economistas y académicos solicitó al gobierno de Estados Unidos revisar el régimen de sanciones, mientras que el jefe de la OCHA, Tom Fletcher, advirtió desde La Guaira que las restricciones deberían flexibilizarse para evitar que obstaculicen la recuperación, según El Clarín Web.
La Licencia General 60 es una evidencia del "sobrecumplimiento" bancario que paraliza incluso la ayuda humanitaria, por lo que el propio gobierno estadounidense tuvo que garantizar a sus instituciones financieras que no serían sancionadas por procesar fondos de emergencia.
La ventana temporal, que se cerrará en octubre, deja a Venezuela en una situación de incertidumbre jurídica que dificulta la planificación de una reconstrucción que, según los estándares internacionales de ONU-Hábitat, debe seguir el principio de "reconstruir mejor" para mitigar futuros riesgos.
Sin acceso a sus propios activos y sin financiamiento multilateral suficiente, la reconstrucción del país corre el riesgo de quedar atrapada entre la urgencia de los damnificados y la lentitud de una arquitectura financiera internacional.