Durante las últimas semanas Estados Unidos ha intensificado su presencia militar en el Caribe y el Pacífico oriental en el marco de lo que describe como una respuesta a amenazas emergentes en la región. Declaraciones recientes de altos funcionarios norteamericanos, junto con movimientos operativos de gran escala, han reactivado debates sobre la naturaleza y el alcance de esta estrategia. En paralelo, medios y centros de investigación han revelado información que añade nuevas capas de complejidad sobre los criterios, objetivos y procedimientos detrás de estos despliegues.

El resultado es un escenario cargado de señales contradictorias: un discurso oficial que apela a la seguridad hemisférica, acciones militares que se ejecutan sin máxima transparencia y gobiernos de la región reaccionando con cautela o preocupación ante los posibles alcances de esta dinámica.

Rubio y la doctrina del hemisferio

El discurso oficial de Washington ha comenzado a organizar una narrativa en la que Estados Unidos estaría librando una "guerra defensiva" dentro de su propio hemisferio. Esa es la premisa que se repite tanto en las declaraciones públicas como en los documentos reservados citados por The Intercept. Marco Rubio, secretario de Estado, es uno de los voceros más directos de esa línea. Durante su reciente gira por Canadá afirmó que "Estados Unidos tiene derecho a defender su hemisferio" y que "nadie en Europa decide cómo protegemos nuestra seguridad". Con ese planteamiento, el gobierno intenta marcar distancia frente a cualquier cuestionamiento externo sobre la legalidad de sus operaciones militares.

En paralelo, The Intercept reveló que el Departamento de Justicia elaboró una opinión legal clasificada para justificar el uso de la fuerza letal en el Caribe y el Pacífico. Esa opinión se apoya en una lista de 24 supuestas "organizaciones terroristas designadas" que incluirían el "Tren de Aragua", el ELN, facciones del Cártel de Sinaloa e, incluso, el llamado e inexistente "Cártel de los Soles". La mayoría de estos grupos ni siquiera sabía que habían sido incluidos en una categoría que implica estar en "conflicto armado" con Estados Unidos, y no existe evidencia verificable de que representen una amenaza real de esa naturaleza.

Este marco discursivo tiene un efecto doble. Por una parte, amplía lo que el Ejecutivo puede hacer sin consultar al Congreso: se afirma que los ataques no son "operaciones policiales" sino actos de guerra en curso, lo que habilitaría, según la narrativa oficial, el uso preventivo y letal de la fuerza. Por otra parte, establece un universo paralelo en el que la Casa Blanca puede declarar enemigos armados sin proceso judicial ni verificación independiente, lo que traslada la lógica de la "guerra contra el terrorismo" hacia el entorno latinoamericano.

La justificación se construye sobre un vocabulario de amenazas inminentes y presuntos vínculos con el narcotráfico, aunque los propios informes del Congreso señalan que los militares no siempre conocen la identidad de quienes están atacando. Legisladores que accedieron al informe clasificado describieron el argumento legal como "poco convincente", y algunos expertos consultados por The Intercept lo calificaron directamente como "una guerra ficticia". Aun así, este andamiaje narrativo le ha permitido a Washington reivindicar una "autoridad soberana" para actuar de forma unilateral en el Caribe, incluso cuando los hechos no sostienen las afirmaciones oficiales.

El universo paralelo de la "guerra contra el narcoterrorismo"

El giro discursivo que enmarca estas operaciones como parte de un "conflicto armado" no existe en un vacío. La narrativa de defensa hemisférica se combina con hechos militares concretos que alteran el equilibrio geopolítico del Caribe y proyectan una intención más amplia que la simple "interdicción contra el narcotráfico". La llegada del portaaviones USS Gerald R. Ford, con más de 5 mil tripulantes y 75 aeronaves, sintetiza mejor que cualquier comunicado la magnitud de la apuesta estadounidense: una presencia permanente y flexible, capaz de operar en múltiples direcciones y escenarios.

Esa expansión coincide con una oleada de ataques letales que han afectado embarcaciones venezolanas, colombianas y también mexicanas en el Pacífico. El elemento común es la unilateralidad, Washington actúa aun cuando carece de aval internacional, de autorización del Congreso y de evidencias verificables. La figura del "narcoterrorista" funciona así como un pasaporte jurídico para saltar la legalidad vigente y, al mismo tiempo, como un instrumento de ampliación territorial de ese marco excepcional.

Las revelaciones de The Intercept, especialmente la creación de listas clasificadas de enemigos y el uso de inteligencia opaca para justificar ataques, muestran un modelo de intervención que se ancla en una combinación de fuerza letal a distancia y una definición expansiva de amenaza. En ese sentido, la región se convierte en un espacio de experimentación para una doctrina de guerra sin declaración, en la que el enemigo es declarado retroactivamente y los hechos consumados sustituyen el derecho.

El Caribe, Sudamérica y el Pacífico son, dentro de esta lógica, un corredor estratégico donde se reconfigura la hegemonía estadounidense tras su declive relativo en otros teatros globales. La presión sobre Venezuela ocupa un lugar central, pero no exclusivo: la arquitectura de "conflicto armado" permite extenderse hacia otros países sin modificar la narrativa base. El resultado es un ambiente de militarización gradual, donde la frontera entre seguridad y operaciones encubiertas se vuelve difusa.

Este cuadro plantea desafíos regionales que no se resuelven únicamente con declaraciones diplomáticas. La construcción unilateral de un estado de guerra, aun sin admitirlo formalmente, instala un riesgo de escalada que afecta varios países simultáneamente y redefine las reglas del juego en el hemisferio.

En ese sentido, la respuesta de Venezuela mediante ejercicios militares y la activación de estructuras de defensa territorial es la decisión correcta frente a un escenario donde cualquier incidente puede adquirir dimensión estratégica y donde la disuasión se convierte en la única garantía real de soberanía.