En medio de una escalada sin precedentes en el Caribe, la administración Trump 2.0 ha desplegado una campaña letal en el marco de una estrategia destituyente contra Venezuela, pero que en general ha repercutido negativamente en el entorno geopolítico.

Lo que se presenta públicamente como una operación antidrogas revela, bajo la superficie, una arquitectura de poder mucho más inquietante: la Agencia Central de Inteligencia (CIA) "está proporcionando la mayor parte de la información utilizada para llevar a cabo los polémicos ataques aéreos letales", según fuentes familiarizadas con las operaciones, citadas por The Guardian.

Más aun, una de ellas afirma sin ambages: "Son la parte más importante".

Este rol central de la CIA marca una ruptura radical con las operaciones anteriores de interdicción marítima, tradicionalmente lideradas por la DEA o la Guardia Costera, cuyas acciones, aunque controvertidas, operaban dentro de marcos de detención y rendición de cuentas.

En cambio, "la información de la agencia [...] no está diseñada para servir como prueba legal", explica Mark Lowenthal, exsubdirector de análisis de la CIA, y sigue: "No producimos pruebas. Tenemos información. No es lo mismo que pruebas".

Esta distinción es crucial: mientras que la justicia requiere evidencia verificable, la inteligencia opera en la sombra, con el único objetivo de anticipar o neutralizar amenazas —reales o construidas— sin necesidad de demostrarlas.

La consecuencia directa es que "es probable que la información que la agencia recopila sobre cualquiera de los presuntos contrabandistas, vivos o muertos, siga siendo clasificada y no se haga pública", incluso frente al "interés público mundial y del debate sobre el asesinato de civiles".

Esta opacidad deliberada permite que decisiones de vida o muerte se tomen sin transparencia ni posibilidad de apelación. Como señala una fuente citada en el reporte: "La información proporcionada por la CIA [...] está diseñada para 'no llegar nunca a los tribunales'" ya que la agencia "hace todo lo posible por proteger sus fuentes y métodos".

Reconfiguraciones imperiales

La narrativa oficial intenta enmascarar esta lógica letal bajo una retórica de seguridad nacional. Anna Kelly, subsecretaria de prensa de la Casa Blanca, declaró: "Todos estos ataques decisivos han sido contra narcoterroristas designados que traen veneno mortal a nuestras costas".

Trump, por su parte, afirmó en redes sociales que "los servicios de inteligencia estadounidenses confirmaron que esta embarcación transportaba principalmente fentanilo y otras drogas ilegales".

Pero más allá de videos de baja calidad y declaraciones genéricas, "la administración ha anunciado públicamente seis [ataques] más sin revelar nunca detalles sobre los objetivos, salvo el número de personas muertas y la acusación de que los barcos transportaban narcóticos".

Desde el punto de vista del Derecho Internacional, estas operaciones carecen de fundamento. Harold Koh, profesor de esa especialidad en Yale y exasesor legal del Departamento de Estado, ha sido contundente: "El presidente no tiene autoridad para llevar a cabo ejecuciones sumarias en alta mar, especialmente cuando existe la opción de captura, que es la que se ha utilizado hasta ahora".

El Caribe no es un campo de batalla; los supuestos contrabandistas no son combatientes en un conflicto armado. Por tanto, su eliminación constituye una violación del Derecho Internacional humanitario, que prohíbe el uso de fuerza letal contra civiles fuera de un contexto de guerra.

Detrás de esta estrategia se perfila una intención geopolítica más amplia: "Varias fuentes afirman que los funcionarios de la CIA han estado tratando de desempeñar un papel más central en los objetivos de política exterior de la administración Trump en el hemisferio".

Este impulso no responde únicamente a la lucha contra el narcotráfico —una narrativa ya desmentida por informes de la propia DEA y otras agencias estadounidenses e internacionales, que en ninguna parte mencionan Venezuela como un factor de importancia en el tráfico de drogas hacia Estados Unidos— sino a una lógica de contención y desestabilización. Al criminalizar al Estado venezolano mediante la etiqueta de "narcoterrorista", Washington construye un pretexto para justificar sanciones extraterritoriales, deportaciones masivas y, potencialmente, una intervención militar directa.

En este escenario la CIA no actúa como un mero órgano de inteligencia sino como el brazo operativo encubierto de una política de cambio de régimen.

Su participación permite a la administración Trump actuar con impunidad institucional: "Un portavoz de la CIA se negó a comentar esta noticia y remitió cualquier otra pregunta al Pentágono. Un portavoz del Comando Sur [...] remitió las preguntas a la Casa Blanca". Esta triangulación deliberada de la responsabilidad institucional refuerza un sistema de poder que opera al margen del derecho, de la transparencia y de la soberanía de los Estados.

Lo que ocurre en el Caribe no es una operación aislada sino la materialización de una doctrina imperial recalibrada: la guerra híbrida como política de Estado, en la que la inteligencia sustituye el derecho, la narrativa reemplaza la evidencia y la violencia se normaliza bajo el disfraz de la seguridad.

Conjunción letal

La política exterior de la segunda administración Trump ha dado un giro estratégico radical: el repliegue hacia el hemisferio occidental, en lo que constituye una actualización explícita —y militarizada— de la Doctrina Monroe.

Este giro no es meramente retórico. Como revela un borrador del nuevo National Defense Strategy (NDS) elaborado bajo la dirección del secretario de Defensa Pete Hegseth y el jefe de política del Pentágono Elbridge Colby, reseñado por Politico, la prioridad del Departamento de Guerra ya no es China ni Rusia sino la "protección del territorio nacional y del hemisferio occidental".

Esta decisión marca una ruptura con la propia política de la primera administración Trump, que en 2018 declaró a China como "el principal rival estratégico".

En este nuevo marco, la CIA y el Pentágono han establecido una división de roles letalmente eficiente: la agencia de inteligencia actúa como órgano decisorio encubierto, mientras que las fuerzas armadas ejecutan operaciones con una escalada sin precedentes en el Caribe y en la frontera sur.

Ya sabemos que "la CIA está proporcionando inteligencia en tiempo real recopilada por satélites e interceptaciones de señales [...] haciendo recomendaciones sobre qué embarcaciones deben ser alcanzadas por misiles".

El resultado es una cadena de decisión en la que civiles —presuntamente narcotraficantes, cuestión nunca probada— son ejecutados en alta mar sin posibilidad de defensa, apelación o siquiera identificación pública.

El hemisferio amenazado

Paralelamente, el Pentágono ha redirigido sus capacidades hacia el hemisferio americano con una velocidad y contundencia inusitadas. Comenta el reporte de Politico que el Pentágono ha activado miles de tropas de la Guardia Nacional para "apoyar a la policía" en varias ciudades de Estados Unidos y ha desplegado múltiples buques de guerra y aviones F-35 al Caribe "para interrumpir el flujo de drogas".

Este comportamiento, ya lo sabemos, no es simbólico. Los ataques militares en aguas caribeñas fueron un paso sin precedentes en el uso de fuerza letal contra no combatientes.

Además, se ha establecido una "zona militarizada" en la frontera sur con México que autoriza a tropas a detener civiles, una función históricamente reservada a la policía.

Tal convergencia entre inteligencia y poderío militar revela otro matiz en la nueva doctrina operativa: la guerra híbrida doméstica y regional, en la que las líneas entre seguridad nacional, aplicación de la ley y operaciones de combate se disuelven deliberadamente.

Detrás de esa reconfiguración estratégica subyace una racionalidad geopolítica clara. Al reorientar la estrategia de defensa hacia el hemisferio occidental, la administración Trump reafirma la vieja premisa monroísta: América para Estados Unidos.

Pero en su versión actualizada la soberanía de países como Venezuela, Colombia, Trinidad y Tobago o, incluso, México se percibe como una amenaza directa a la seguridad interna. La narrativa del "narcoestado" y las "bandas transnacionales" sirve como pretexto para justificar intervenciones que, en la práctica, buscan restablecer el control hegemónico estadounidense sobre recursos, rutas y gobiernos.

El repliegue de tropas de Europa —como la cancelación de la Baltic Security Initiative— y la posible reducción de presencia en Asia Occidental no indican aislacionismo sino reconcentración imperial.

Como señala un diplomático europeo citado por Politico, el dinero que antes financiaba defensas en Letonia o Lituania ahora se redirige hacia operaciones en el Caribe y la frontera sur, muchas de las cuales compran sistemas militares estadounidenses y consolidan contratos con la industria de defensa nacional.

Un eje de poder sin rendición de cuentas

La conjunción entre la CIA y el Pentágono en esta nueva fase de la política exterior estadounidense configura un eje de poder autónomo, que opera con mínima supervisión del Congreso, sin transparencia judicial y con una narrativa mediática cuidadosamente orquestada.

La CIA decide quién vive o muere; el Pentágono dispara los misiles. Ambos actúan bajo el paraguas de la "seguridad nacional", pero con objetivos que trascienden la lucha contra las drogas o el crimen: el restablecimiento de una esfera de influencia exclusiva en América Latina, mediante la coerción, el sabotaje y la fuerza letal.

En este contexto Venezuela no es un caso aislado sino el laboratorio principal de la nueva doctrina. Y si el despliegue actual continúa su curso, es probable que veamos no solo más ataques en el Caribe sino una normalización de la guerra encubierta como política de Estado en el propio hemisferio occidental.