La reciente acusación de la fiscal estadounidense Pam Bondi contra el presidente Nicolás Maduro —de liderar simultáneamente el Cártel de los Soles, el Tren de Aragua (TdA) e, incluso, el Cártel de Sinaloa— es una burla a la razón y al derecho internacional, y comprende el clímax de una operación de desinformación sostenida, orquestada desde los centros de poder de Washington, que ha convertido a Venezuela en un chivo expiatorio permanente para justificar sanciones, intervenciones encubiertas y políticas migratorias de corte fascistoide.

En el centro de esta maquinaria de demonización no hay una investigación seria, ni evidencia judicial, ni pruebas forenses. Hay un informe fraudulento, redactado por Joseph Humire, director del Center for a Secure Free Society (SFS), un think tank conservador ligado con la extrema derecha estadounidense.

La acusación proviene de InSight Crime, que "identificó cinco entradas de eventos en el rastreador que parecen haber sido completamente inventadas" en un documento que, lejos de ser un análisis, es una ficción ideológica con consecuencias reales: la militarización del sur de Estados Unidos, el endurecimiento de las políticas migratorias y la reactivación de la agenda de "intervención humanitaria" contra Venezuela.

El informe, titulado "Descarrilando el Tren de Aragua", publicado por la Heritage Foundation el 5 de diciembre de 2024 y firmado por Humire, se presenta como un documento estratégico para la "seguridad hemisférica". Pero lo que revela no es una amenaza criminal real sino una mentira calculada, construida a partir de supuestos, generalizaciones y una manipulación descarada del lenguaje.

"InSight Crime no encontró ninguna base para las entradas falsas, y los departamentos de policía locales informaron a los investigadores que los supuestos delitos eran inexistentes. InSight Crime analizó más de 90 de las entradas y descubrió que muchas se basaban en fuentes no verificadas", reseña un reportaje publicado en The Guardian sobre el tema.

Por su lado, Humire sostiene que "el TdA es una organización delictiva 'producto de las políticas del gobierno venezolano, donde se funden el Estado con las redes criminales'", y que las prisiones venezolanas funcionan como "centros de poder para los objetivos geopolíticos del presidente venezolano Nicolás Maduro, imponiendo control social sobre la población y entrenando a reos venezolanos en cómo penetrar en comunidades migrantes".

Estas afirmaciones no tienen base empírica. Son una invención ideológica, a lo mucho. El TdA, como bien ha documentado Misión Verdad, era hasta hace pocos años un grupo delictivo de alcance local, surgido en el interior de la cárcel de Tocorón, en el estado Aragua. Su transformación en una "organización criminal transnacional" coincidió con una ofensiva mediática en 2023 impulsada por medios como The Economist, CNN, Telemundo e Insight Crime —este último con patrocinio del Departamento de Estado—, precisamente cuando se intensificaba el discurso antimigratorio en EE.UU. y se preparaba el terreno para la campaña de Donald Trump en las elecciones de 2024.

• Incluso las oficinas de inteligencia estadounidenses contradicen la versión del vínculo entre el TdA y el Palacio de Miraflores.

Humire, exanalista del Departamento de Estado y figura recurrente en los círculos de política exterior de la derecha estadounidense, aprovechó esta narrativa para inducirla como política de Estado. Su informe no es un análisis independiente: reproduce, casi textualmente, las líneas centrales del libro-reportaje El Tren de Aragua: la banda que revolucionó el crimen organizado en América Latina, escrito por la periodista venezolana Ronna Rízquez. Un escrito que, escribe nuestro analista Diego Sequera, "cumple con todas las pulsiones confirmatorias que asocian al TdA con el gobierno, con más de una pirueta que le dé la cuadratura al círculo", y que constituye "un océano de desinformación que se aguanta con unos cuantos islotes deshabitados de certezas verificables, no obstante torcidas hasta sus últimas consecuencias sin importar el pacto de verosimilitud".

En efecto, el apoyo en fuentes secundarias y una narrativa deliberadamente ficcional para la consideración de políticas gubernamentales en Washington conjuga una deslegitimación de esa misma matriz, tanto por origen como por sus consecuencias.

El informe de Humire se convirtió en documento rector para la segunda administración Trump, que lo adoptó como base para una estrategia de "seguridad integral" contra Venezuela. No se trata de luchar contra el crimen organizado, sino de legitimar una política de injerencia destructiva.

Entre sus recomendaciones figura la creación de un grupo de trabajo hemisférico, inspirado en la Operación Inherent Resolve —la campaña militar contra el Estado Islámico en Siria e Irak—, para "derrotar al TdA" mediante una "aproximación de todo el gobierno" (whole-of-government-approach). Esto incluye el despliegue de fuerzas especiales, asesoría militar desde el Comando Sur y la intervención directa en territorios de países vecinos.

¿Se refiere a derrotar a una banda delictiva o destruir el Estado venezolano? La ambigüedad es deliberada.

Crimen y castigo

Pero lo más grave es la instrumentalización del TdA para criminalizar toda una nación. Humire afirma que "el TdA es el proxy perfecto y una herramienta de guerra asimétrica para desestabilizar países democráticos, mientras conserva un alto grado de negación plausible". Y en un giro ideológico torpe, añade: "Porque está vinculado con el gobierno venezolano, el TdA tiene cimientos socialistas", y que sus asaltos a complejos residenciales "representan su ideología de 'invasión' capturando propiedad privada para imponer control social".

Esta asociación entre crimen y socialismo no es casual: es un recurso del anticomunismo del siglo pasado, actualizado con el lenguaje de la "guerra contra el terrorismo". La palabra "invasión", en este contexto, cumple una doble función: por un lado, intenta asociar al chavismo con la criminalidad; por otro, se convierte en un dispositivo de pánico para justificar el endurecimiento de las políticas migratorias.

De pronto, las olas migratorias venezolanas —en su mayoría resultado de las sanciones impuestas por EE.UU.— son descritas como "invasiones híbridas", una amenaza existencial que requiere respuestas militares.

La realidad, sin embargo, es otra. El Tren de Aragua "no revolucionó absolutamente nada de los esquemas depredadores de las economías ilícitas", explica Sequera. Como las maras centroamericanas, el Primer Comando Capital o el Comando Vermelho brasileño, su origen está en la interacción entre el sistema penitenciario y el exterior.

Pero su principal novedad no radicaba en la expansión territorial sino en la capacidad de aprovechar la vulnerabilidad de los migrantes para extorsionar, reclutar y generar miedo.

En el ínterin de construcción de esta ficción se omiten deliberadamente las acciones del Estado venezolano para desmantelar el control del TdA. En 2023 las fuerzas de seguridad recuperaron la cárcel de Tocorón, sede histórica del grupo, en una operación que debió reconocerse como un avance real en la lucha contra el crimen. Pero en lugar de valorarse, se interpretó como una prueba de que el Estado lo controlaba.

Una lógica perversa, solo para Venezuela —y el resto de países del "eje del mal"—: si lo combates, es porque lo creaste.

La narrativa del TdA también sirve para justificar la acusación más delirante de todas: que Nicolás Maduro lidera el Cártel de Sinaloa. Una afirmación que ignora por completo la historia del crimen organizado en México, donde el Cártel de Sinaloa ha mantenido, durante décadas, relaciones opacas con agencias estadounidenses. Como reveló el Wall Street Journal, Ismael "El Mayo" Zambada fue detenido en julio de 2024 tras una operación encubierta del FBI que lo atrajo a Texas con un señuelo. Y su hijo, Vicentillo Zambada Niebla, intentó en su juicio usar la defensa de "autoridad pública", alegando que su padre colaboraba con la DEA. La presidenta Claudia Sheinbaum ha sido clara: no existe ninguna evidencia que vincule a Venezuela con el Cártel de Sinaloa.

Todo esto revela que la acusación contra Maduro es otro intento de dominación. El informe de Joseph Humire es una pieza clave de esa estrategia. Un documento que, bajo la fachada del análisis, es una herramienta de guerra político-mediática. Sus consecuencias son reales: la duplicación de la recompensa por la captura del presidente Maduro a 50 millones de dólares, propuestas para usar Guantánamo como centro de detención de migrantes, la Ley Laken Riley y presiones para declarar a Venezuela como "Estado patrocinador del terrorismo".

La verdad es que el "narcoestado venezolano" no existe. Sí, en cambio, un think tank que miente, una fiscal que repite ficciones y una política exterior estadounidense que instrumentaliza el crimen como pretexto para mantener Venezuela bajo asedio.

Mientras tanto, EE.UU. negocia petróleo con Caracas, levanta sanciones parciales y busca estabilidad energética. La contradicción es evidente: se demoniza al gobierno en público, pero se negocia con él en privado.

La ficción acusatoria contra Maduro no es un error: es un plan. Y mientras haya quien repita el guion sin cuestionarlo, la mentira seguirá siendo política.