La Comunidad del Caribe (Caricom) nació con la promesa de articular posiciones soberanas; sin embargo, en los últimos años su margen de maniobra y su autonomía estratégica se ha reducido coincidiendo con las sanciones contra Venezuela, con el debilitamiento de Petrocaribe y con la expansión de los instrumentos políticos, energéticos y militares de Estados Unidos que reconfiguran el tablero regional.
Dos actos muy recientes ilustran esta tendencia. El primero es el comunicado emitido a finales de mayo de 2025, en el que la Secretaría General de la Caricom respaldó públicamente la postura de Guyana en la controversia por el Esequibo. Caracas lo calificó de "insolente" y denunció que respondía a intereses corporativos vinculados con ExxonMobil.
El segundo es la decisión del gobierno de Trinidad y Tobago, anunciada el 6 de junio, de "evaluar el uso de fuerza letal" contra embarcaciones venezolanas y de revisar los proyectos energéticos conjuntos tras la revocatoria de licencias estadounidenses, lo cual evidencia la capacidad de Washington para condicionar la política de seguridad y la agenda energética trinitense.
Conviene destacar que Venezuela, aunque no es un país miembro de esa Comunidad, es un actor clave con gran interacción en el Caribe, por lo tanto, las abiertas hostilidades a un país de esa región, con claros visos de orquestación, sugieren el surgimiento de una pretendida nueva arquitectura política regional centralizada en la ruptura de vínculos.
Desde una perspectiva de conjunto, estos episodios anuncian un proceso más amplio en el que la Caricom, lejos de su vocación integradora original, avanza hacia un encuadre estratégico definido fuera de la región.
A partir de estas señales se explorarán las dinámicas diplomáticas, energéticas y de seguridad que empujan al bloque a operar cada vez más bajo parámetros estadounidenses y las implicaciones que ello conlleva para la soberanía colectiva del Caribe.
Marco histórico-estructural
Caricom se creó el 4 de julio de 1973 con la firma del Tratado de Chaguaramas, mediante el cual Barbados, Guyana, Jamaica y Trinidad y Tobago asumieron la meta de coordinar políticas exteriores, armonizar los sistemas fiscales y fomentar economías de escala regionales. El bloque se amplió durante los años ochenta e incorporó, a partir de la Revised Treaty de 2001, el proyecto de Mercado y Economía Únicos (CSME) y nuevas instituciones como la Corte de Justicia del Caribe, con sede en Trinidad.
Desde su nacimiento, la franja marítima caribeña ha ocupado un lugar central en la seguridad hemisférica estadounidense. Como recuerda nuestra analista Betzabeth Aldana Vivas —refiriéndose a la doctrina de Alfred Mahan y a los corolarios de Monroe y Roosevelt—, Washington ha tratado el Caribe como "mar de maniobra" y "zona de guerra no declarada". La Iniciativa de la Cuenca del Caribe (CBI) de 1983, las intervenciones en Granada y Haití, y el despliegue permanente del Comando Sur ilustran ese patrón de tutela.
Hace dos décadas, en 2005, Caracas introdujo un contrapeso energético-financiero: Petrocaribe. El mecanismo permitía a 18 Estados comprar crudo venezolano a precios de mercado, financiando entre 40% y 60% de la factura a 25 años al 1% de interés, y amortizar partes del saldo con bienes o servicios. Para Hugo Chávez "Petrocaribe se ha convertido de verdad en un mecanismo de cooperación sin precedentes" que desafiaba la lógica de dependencia tradicional del área.
Los beneficios fueron tangibles. Durante la crisis financiera de 2008-2009, Jamaica refinanció hasta 3% del PIB anual vía Petrocaribe; según el economista jamaicano Wesley Hughes, sin ese colchón "la economía de Jamaica habría estado en circunstancias espantosas". Programas de electrificación en Haití, bonos alimentarios en Nicaragua y subsidios al transporte en Dominica completaron el mapa de políticas anticíclicas financiadas con el acuerdo.
La ventana empezó a cerrarse a partir de 2017, cuando las sanciones estadounidenses sobre la estatal Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) redujeron el flujo de barriles y de financiamiento. Paralelamente, Washington reforzó su propio arco de influencia a través de la Iniciativa de Seguridad de la Cuenca del Caribe y la Iniciativa de Seguridad Energética del Caribe (CESI, por sus siglas en inglés).
En el terreno militar, el ejercicio Tradewinds 2024, coordinado por el Comando Sur y Barbados, reunió 26 naciones en maniobras navales, cibernéticas y de respuesta humanitaria, lo que consolidó una densa red de interoperabilidad que afianza la dependencia logística caribeña de EE.UU. Así, la erosión de Petrocaribe, sumada a la expansión de la infraestructura diplomática y castrense estadounidense, ha ido reconfigurando el balance de poder dentro del bloque caribeño.
La línea discursiva sobre el Esequibo
En 2025 la Caricom emitió dos documentos que muestran un tránsito inequívoco hacia la defensa de la posición guyanesa. El comunicado final de la 48.ª Reunión de Jefes de Gobierno condenó cualquier "intrusión" venezolana en el Esequibo, declaró "contrarias al derecho internacional" las anunciadas elecciones venezolanas en la zona y reafirmó su "apoyo inequívoco" a la "soberanía e integridad territorial de Guyana". El texto margina el Acuerdo de Ginebra de 1966—marco que reconoce la disputa—y, al no mencionarlo, presenta el territorio como asunto cerrado.
Esa misma lógica se reforzó el 26 de mayo, cuando la secretaria general Carla Barnett, al felicitar el 59.º aniversario de independencia guyanesa, reiteró "el firme respaldo" de la Comunidad a la "seguridad e integridad territorial" de Georgetown y calificó el diferendo como "preocupación perenne" del bloque.
Ninguna alusión apareció a la explotación del bloque Stabroek. Según cartas y editoriales de Stabroek News, el contrato petrolero de 2016 permite a ExxonMobil descontar hasta 75% de los ingresos brutos como "recuperación de costos", lo que deja un margen muy reducido para el Estado guyanés. Cálculos difundidos por Kaieteur News indican que en 2024 el consorcio liderado por Exxon recibió 10 mil 400 millones de dólares, mientras el Tesoro de Guyana percibió apenas 2 mil 600 millones. Un despacho de Reuters precisa que las utilidades del consorcio subieron 64% ese mismo año gracias a regalías y tributos "relativamente bajos".
Diversos medios locales denuncian que esos recursos rara vez se traducen en mejoras tangibles para la población y que los mecanismos de control permanecen opacos, con el gobierno actuando sobre todo como facilitador de la petrolera.
Respaldar sin matices la narrativa aparentemente soberanista de Guyana equivale, por tanto, a ofrecer un paraguas diplomático a un enclave corporativo donde la mayor parte de la renta la captura ExxonMobil, mientras el pueblo guyanés recibe beneficios limitados y el interés nacional queda subordinado a los de Washington.
Ese trasfondo se refleja en la interlocución de alto nivel con Estados Unidos. A finales de marzo, como parte de su primer recorrido en la región, el secretario de Estado Marco Rubio viajó a Kingston y luego a Georgetown, donde advirtió que "un ataque a Guyana o a ExxonMobil sería un muy mal día para Venezuela", insinuando despliegues navales conjuntos.
La coincidencia temporal entre las gestiones de Washington y el endurecimiento retórico de la Caricom sugiere que la Comunidad no está simplemente reforzando la postura de un Estado miembro sino un entramado de intereses corporativos y estratégicos que excede la región y deja en segundo plano la legitimidad histórica del reclamo venezolano sustentado en el Acuerdo de Ginebra.
El impasse Venezuela–Trinidad y Tobago
El episodio iniciado el 3 de junio, cuando el presidente Nicolás Maduro denunció la captura de un grupo armado que intentaba ingresar desde Trinidad al estado Sucre, funcionó como detonante de una mayor tensión bilateral. Caracas informó que entre los detenidos figuraba un ciudadano trinitense junto con "sicarios colombianos" y entregó la información de inteligencia a Puerto España para su investigación. Un día más tarde, la recién electa primera ministra Kamla Persad-Bissessar respondió con una amenaza pública: toda embarcación no identificada procedente de Venezuela "será enfrentada con fuerza letal" por la Guardia Costera trinitense.
Además, revivió un discurso securitario que vincula la llegada de migrantes venezolanos con el alza de la criminalidad y, en rueda de prensa, subrayó que su gobierno "apoya firmemente la posición de Estados Unidos en asuntos relativos a Venezuela".
Hace poco el gobierno trinitense declaró el "Tren de Aragua" como una organización terrorista, en un contexto de nuevas hostilidades con el gobierno venezolano. Es necesario recordar que esta se trata de una banda extinta en Venezuela y que, según varios servicios de inteligencia estadounidenses, no tiene una estructura de mando única ni responde a las autoridades venezolanas.
Las repercusiones han surgido desde el gobierno de Caracas. El tono belicoso ponía en riesgo la cooperación gasífera en el yacimiento Dragón-Manatee, paralizada desde abril por la revocatoria de la licencia OFAC que permitía a Trinidad importar gas venezolano. La cancelación del proyecto, vital para la planta de gas natural licuado de Point Fortin, refuerza la dependencia trinitense de suministros estadounidenses y empuja a la primera ministra a exhibir alineamiento con Washington, incluso a costa de erosionar una relación histórica con Caracas.
El país trinitario también ha considerado la posibilidad de nutrirse de gas natural asociado a petróleo como resultado de las operaciones de ExxonMobil en Guyana, mediante el despojo írrito de recursos en aguas por delimitar, bajo reclamación venezolana. Este es un elemento que incorpora graves desaveniencias adicionales en la relación bilateral con Venezuela, a expensas de una agenda teledirigida por la transnacional estadounidense.
Frente a la escalada, la Cancillería venezolana calificó la reacción de Persad-Bissessar de "iracunda e injustificada", pidió cooperación judicial y advirtió sobre "juegos geopolíticos ajenos" que comprometen los vínculos binacionales. El tono empezó a moderarse el 9 de junio, cuando el ministro de Asuntos Exteriores trinitense Sean Sobers recibió al embajador venezolano Álvaro Sánchez y ambas partes acordaron "abrir canales diplomáticos" para encauzar las diferencias.
Más allá de la aparente distensión, el episodio revela tres dinámicas estructurales:
- Externalización de la seguridad: la rápida amenaza de "fuego letal" muestra hasta qué punto Puerto de España articula su política de defensa en coordinación con EE.UU., que provee patrullas, inteligencia y entrenamiento militar a la Guardia Costera.
- Reconfiguración energética: las sanciones norteamericanas convierten los proyectos conjuntos con PDVSA en moneda de cambio geopolítica, lo cual limita la autonomía energética caribeña y traslada la palanca de negociación hacia Washington.
- Narrativas migratorias: la criminalización de los venezolanos en Trinidad legitima medidas de contención que sirven a la estrategia estadounidense de presión regional sobre Caracas.
En conjunto, la crisis subraya la fragilidad del tejido de cooperación Caribe-Venezuela y anticipa nuevos puntos de fricción si los mecanismos diplomáticos no logran imponerse sobre la lógica de las sanciones y la influencia de actores externos.
de PetroCaribe al nuevo entramado de poder estadounidense
Como se indicó previamente, el programa Petrocaribe significó un apoyo económico vital para economías caribeñas. Entre 2011 y 2014 Venezuela enviaba más de 100 mil barriles diarios de crudo subsidiado, financiado a 1% de interés con plazos de hasta 25 años. Este volumen, que cubría cerca de la mitad de la demanda energética regional, equivalió a varios puntos del PIB para países como Jamaica y Haití.
El cuadro cambió cuando comenzaron las medidas restrictivas de Washington. En una intervención el 16 de mayo de 2025 la vicepresidenta Delcy Rodríguez detalló que se han dictado 1 mil 39 sanciones contra Venezuela y que, entre 2014 y 2020, provocaron una caída de 99% de los ingresos en divisas y pérdidas de 232 mil millones dólares solo en PDVSA. Además, señaló que esas medidas bloquearon 39 buques de la estatal y 30 de comercio internacional, lo cual generó una pérdida de casi 4 mil millones de barriles de producción [equivalentes a 323 mil millones de dólares] entre 2015 y 2022".
Anteriormente, la vicepresidenta denunció ante la Organización Marítima Internacional que "las más de 900 sanciones también han golpeado la ayuda a naciones de menores ingresos, como Haití, que recibía combustible en condiciones ventajosas a través de Petrocaribe", exponiendo el impacto directo de la presión financiera sobre el programa.
La disminución drástica de la producción y las trabas para cobrar o asegurar cargamentos dejaron el acuerdo sin músculo operativo, situación que obligó a los países caribeños a volver al mercado spot o a gas natural licuado (GNL) importado desde la costa estadounidense del golfo.
Washington desplegó nuevas políticas. En energía, la CESI, lanzada por Joe Biden en 2015, incluyó un crédito de 90 millones de dólares para un parque eólico en Jamaica y asistencia técnica de la Usaid; en esa cumbre el entonces vicepresidente advirtió que los Estados caribeños eran "dependientes de un único proveedor externo cada vez más poco fiable" y que "ningún país debería usar los recursos naturales como herramienta de coerción", en una absurda referencia a Venezuela.
Pero la política estadounidense ha promovido, en lugar de una mayor circulación de combustibles en el Caribe, la circulación de las armas y de su estructura de seguridad.
En seguridad, la CBSI ha canalizado más de 556 millones de dólares en patrullas, radares e instrucción policial entre 2010 y 2018, y ha integrado las guardacostas insulares en la logística del Comando Sur.
El componente militar completa la pinza. Además de los ejercicios Tradewinds 2024 (Barbados) y 2025 (Trinidad y Tobago), que reunieron 26 naciones para operaciones combinadas tierra-mar-ciber centradas en la defensa de infraestructuras y rutas energéticas, la 65.ª UNITAS, celebrada en 2024, desplegó 24 marinas y sistemas no tripulados en el arco antillano, signo de la agudización de la interoperabilidad bajo doctrina estadounidense.
Jamaica y República Dominicana: engranajes de la agenda estadounidense
La erosión de Petrocaribe no solo abrió un vacío energético; también dejó al descubierto la forma en que algunos miembros influyentes de la Caricom, en particular Jamaica y República Dominicana, se han alineado de manera constante con los intereses de Washington.
En el caso de Jamaica, la asociación con Estados Unidos es prioritaria y trasciende cambios de gobierno. En la declaración conjunta emitida en Kingston el 26 de marzo de 2025, el primer ministro Andrew Holness agradeció a la delegación encabezada por el secretario de Estado Marco Rubio la ayuda para "fortalecer nuestra vigilancia marítima e inteligencia contra el crimen organizado", señalando que la visita demostraba "la fuerza de una asociación histórica".
Esa cooperación se refleja en la inversión directa que Washington destina a la policía jamaicana y en la participación recurrente en los ejercicios Tradewinds, donde Kingston figura entre las 26 naciones invitadas. La continuidad de este vínculo se observa tanto en el periodo de la administración Biden, cuando Jamaica accedió a la financiación eólica de la CESI, como durante los primeros meses de la administración Trump, que ha elevado el perfil de la llamada agenda de "seguridad hemisférica".
República Dominicana exhibe una sintonía semejante. En materia militar también tiene una participación activa en los Tradewinds y mantiene intercambios regulares de oficiales con el Ejército de Estados Unidos.
Al mismo tiempo Santo Domingo ha firmado acuerdos de preclearance migratorio, que permiten a oficiales de Aduanas y Protección Fronteriza de EE.UU. instalar un puesto en el aeropuerto dominicano y realizar allí, antes del embarque, todos los controles de pasaporte y aduana; además, ha adjudicado licitaciones de terminales de gas natural licuado a capital estadounidense, lo cual ha consolidado su dependencia energética externa.
El conjunto de acuerdos que Estados Unidos mantiene con Jamaica y República Dominicana ha alineado la diplomacia de ambos gobiernos con la narrativa estadounidense contra Venezuela: Kingston votó el 1 de agosto de 2024 a favor de una resolución injerencista del Consejo Permanente de la OEA que se entrometía en los asuntos electorales de Venezuela. Por otro lado Santo Domingo, a través de la Alianza para el Desarrollo en Democracia, suscribió un comunicado del 10 de enero de 2025 que alimentaba la narrativa de "fraude electoral" promovida por María Corina Machado y Edmundo González.
Los incentivos de Washington se convierten en posturas abiertamente hostiles hacia el gobierno de Maduro y refuerzan el relato que lo presenta como ilegítimo y desestabilizador para la región.
Brasil extiende la mano al Caribe… sin soltar la de Occidente
La Cumbre Brasil-Caribe celebrada en Brasilia el 13 de junio de 2025 incorporó a Brasil como nuevo actor de cooperación para la Caricom. Bajo el lema de "una nueva etapa de integración, desarrollo sostenible y prosperidad" el presidente Luiz Inácio Lula da Silva firmó seis instrumentos: un acuerdo de cooperación técnica con Bahamas; convenios de servicios aéreos con Barbados y Surinam; dos memorandos con República Dominicana sobre formación diplomática y modernización de la administración pública; además, cuatro países caribeños se adhirieron a la Alianza Global contra el Hambre impulsada por Brasil.
No obstante, análisis previos en esta tribuna revelan una ambivalencia en la política exterior brasileña. Su presidencia pro tempore de los Brics+ se ha visto marcada por intentos de frenar la expansión del bloque para evitar conflictos con el dólar y con los mercados occidentales. Destaca también su participación como único país latinoamericano invitado, en el ejercicio de ciberdefensa Locked Shields 2025 de la OTAN, hecho que autoriza a la Alianza para incidir en la defensa cibernética brasileña.
En junio, la agencia TASS confirmó que Vladímir Putin no asistirá a la próxima cumbre de los Brics en Río de Janeiro porque Brasil, miembro de la CPI, "no pudo garantizar su inmunidad", lo que evidenció la influencia occidental sobre la política exterior de Brasilia.
Así, Brasil se presenta como socio sur-sur del Caribe mientras acepta límites impuestos por la arquitectura atlántica. Para la Caricom el saldo es una codependencia híbrida: recibe asistencia técnica, financiamiento y mercado desde Brasil, pero sin que ello modifique la primacía de Washington, cuyas fuerzas continúan entrenando y equipando las guardacostas insulares. La nueva agenda brasileña convive, por tanto, con la infraestructura de seguridad y energía dominada por Estados Unidos, sin generar un verdadero contrapeso.
menos soberanía, más subordinación
El panorama que emerge muestra a la Caricom transitando desde un proyecto concebido para articular intereses propios hacia una plataforma cuyas decisiones reflejan, cada vez más, la agenda de actores extrarregionales. Respalda sin matices la postura guyanesa en el Esequibo, se pliega a los programas de seguridad y energía elaborados en Washington y abraza la cooperación brasileña sin alterar el predominio atlántico.
A cambio, exhibe como logros promesas de combustible y un presunto paraguas defensivo de Estados Unidos, beneficios más nominales que reales que, en la práctica, profundizan la dependencia y reducen el margen de soberanía regional.
Entender este viraje —y reconocer que la neutralidad institucional se ha erosionado— resulta esencial para cualquier lectura sobre futuros pronunciamientos del Caribe relacionados con Venezuela e, incluso, la viabilidad de reactivar mecanismos como Petrocaribe en circunstancias en que la correlación de fuerzas vuelve a inclinarse claramente hacia Washington.