La política colombiana se prepara para un nuevo capítulo con la consolidación de Iván Cepeda Castro como candidato presidencial del Pacto Histórico (PH) para este 2026. Su figura, sin embargo, trasciende la coyuntura electoral para encarnar una de las trayectorias más coherentes en la defensa de los derechos humanos y, simultáneamente, una de las antagonistas históricas del uribismo.
El pasado 8 de marzo, se realizaron las elecciones legislativas y consultas interpartidistas en el vecino país. En el Congreso las fuerzas se distribuyeron sobre todo entre el PH y el Centro Democrático (CD). El primero, logró la mayoría de votos en Senado, consiguiendo 5 curules más que hace cuatro años con casi 4,4 millones de votos (22,82 %). Por su parte el CD logró 4 curules más con casi 3 millones de votos (15,63 %). Y en tercer lugar se ubicó el Partido Liberal, que perdió una curul pero se mantuvo en 13 con el 11,7 % de los votos.
En las consultas interpartidistas, donde no participó Cepeda por decisión del Consejo Nacional Electoral, la senadora Paloma Valencia se posicionó como ganadora de la Gran Consulta por Colombia con el 45,70 %, es decir 3,2 millones de votos.
Posteriormente, el candidato nombró como fórmula vicepresidencial a la reconocida lideresa indígena del pueblo nasa, Aída Quilcué. La actual senadora ha jugado un papel destacado en el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) y en escenarios internacionales como la Unesco, donde ha trabajado en temas de paz y derechos colectivos.
La herencia de una lucha
Nacido en Bogotá el 24 de octubre de 1962, Iván Cepeda Castro representa una de las figuras más emblemáticas de la izquierda colombiana contemporánea y su biografía está indisolublemente ligada a la violencia política que ha marcado la historia reciente del país.
Es senador del PH, miembro de la Comisión Segunda del Senado y ha sido uno de los principales arquitectos de la política de paz total del gobierno de Gustavo Petro. Hijo del senador Manuel Cepeda Vargas, dirigente de la Unión Patriótica (UP) asesinado el 9 de agosto de 1994 por agentes estatales en colaboración con paramilitares; y de Yira Castro, concejal de Bogotá por la Unión Nacional de Oposición fallecida en 1981, Cepeda heredó una tradición de militancia comunista que definiría su rumbo vital.
Su formación académica incluye estudios de filosofía en la Universidad San Clemente de Ohrid de Bulgaria y una especialización en derecho internacional humanitario en la Universidad Católica de Lyon, Francia. Sin embargo, fue el magnicidio de su padre —reconocido posteriormente por la Corte Interamericana de Derechos Humanos como parte del genocidio político contra la UP— el detonante que lo impulsó desde la docencia en estética en la Universidad Javeriana hacia la defensa de los derechos humanos y la política.
En 2003, Cepeda cofundó el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice), organización que agrupó a miles de familiares de víctimas de crímenes cometidos por agentes estatales. Este trabajo le valió amenazas que lo obligaron al exilio en Francia en el año 2000. Su incursión en la política electoral comenzó en 2009 con el Polo Democrático, obtuvo una curul en la Cámara de Representantes en 2010 con 35 mil votos, la cuarta votación más alta por un candidato en esa circunscripción.
Desde 2014, ha sido copresidente de la Comisión de Paz y formó parte del equipo negociador del gobierno en los diálogos con el Ejército de Liberación Nacional (ELN). Su labor como facilitador en los diálogos de paz con las FARC (2012), así como su mediación en la entrega del Clan del Golfo, lo han posicionado como una figura clave en los procesos de negociación con grupos armados.
El 26 de octubre de 2025, Cepeda alcanzó el 64,40% de la votación para ser el ganador de en la consulta interna del PH con 1,5 millones de votos (64,40% de la votación). Así superó a la exministra de Salud, Carolina Corcho, y al exalcalde de Medellín, Daniel Quintero. Esto lo convirtió en el candidato de la coalición para las elecciones presidenciales cuya primera vuelta será el próximo 31 de mayo.
Contra Uribe y el establishment (valga la redundancia)
La relación entre Iván Cepeda y Álvaro Uribe Vélez constituye uno de los capítulos más intensos de la política colombiana reciente cuyas raíces se extienden por más de una década de confrontación judicial y mediática. El origen del conflicto se remonta a las investigaciones del ahora candidato sobre las presuntas relaciones del paramilitarismo con congresistas y políticos en 2014, un fenómeno conocido como la "parapolítica".
En medio de un debate en el Congreso de la República, Cepeda se atrevió a poner en la palestra pública al entonces senador del CD y lo cuestionó por supuestos nexos con las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Uribe respondió abandonando el recinto y dirigiéndose a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para denunciar a Cepeda por supuesta manipulación de testigos. La denuncia se fundamentaba en entrevistas que este había realizado desde 2011 con reclusos como Juan Guillermo Monsalve, administrador de la hacienda Guacharacas, propiedad de la familia Uribe Vélez.
El giro inesperado llegó el 16 de febrero de 2018, cuando la citada Corte determinó que no existían pruebas contra Cepeda y, en cambio, halló indicios de que Uribe y su abogado, Diego Cadena, habrían intentado influir en testigos para desacreditar al senador. El 24 de julio de 2018, la CSJ llamó a indagatoria a Álvaro Uribe por presunto soborno a testigos en actuación penal y fraude procesal.
Este proceso judicial se extendió por más de siete años y, el 4 de agosto de 2020, la CSJ ordenó la detención domiciliaria de Uribe por riesgos de obstrucción a la justicia luego de escuchar una serie de conversaciones —más de 27.000 pruebas de audio— y revisar un documento de más de 1500 páginas. La medida duró aproximadamente dos meses hasta que el expresidente renunció a su curul senatorial, perdió su condición de aforado y el caso fue trasladado a la justicia ordinaria.
El 28 de julio de 2025, la jueza 44 penal del circuito de Bogotá condenó a Uribe a 12 años de prisión domiciliaria, lo halló culpable de fraude procesal y soborno en actuación penal. Sin embargo, el 21 de octubre de ese año, el Tribunal Superior de Bogotá revocó la condena en segunda instancia y le absolvió de todos los cargos. El caso continúa pendiente de un recurso extraordinario de casación ante la CSJ.
El enfrentamiento trascendió lo jurídico para convertirse en una guerra mediática con contradicciones y verdades ocultas. Las vidas cruzadas de ambos representan medio siglo de confrontación ideológica: por un lado, el uribismo, con su discurso de seguridad democrática y mano dura; por el otro, Cepeda, erigido como la voz de las víctimas de esa misma política. Esta batalla ha consolidado su imagen como el principal contendor político y ético del expresidente y de lo que él denomina el "neofascismo" representado por las fuerzas uribistas en el Congreso y en las regiones.
El desafío de una candidatura
El programa de gobierno de Iván Cepeda se articula en torno a la lucha contra la corrupción, la equidad social y la protección ambiental, bajo lo que él denomina una "revolución ética" acompañada de un diálogo nacional. Ha ratificado que su eventual administración no se limitará a hacer "reformas cosméticas", sino a promover transformaciones estructurales en el modelo económico y social del país.
- El candidato señaló la necesidad de atacar la "macro-corrupción colombiana" como pilar central de su gestión. Propone reformas institucionales que garanticen mayor transparencia en la contratación pública, sanciones ejemplares a responsables de desfalcos estatales y el fortalecimiento de la independencia de los organismos de control.
- En lo económico, aboga por un modelo productivo sostenible basado en la industrialización, la innovación tecnológica y el fortalecimiento del campo colombiano acompañado de una reforma tributaria progresiva que reduzca la carga sobre las clases trabajadoras y aumente la contribución de los grandes capitales.
- Su visión incluye convertir a Colombia en "una potencia mundial de la vida, una potencia agroalimentaria y biodiversa". Plantea convertir las regiones más olvidadas de enclaves del narcotráfico en territorios de desarrollo, con agua potable, energías limpias y vías terrestres, fluviales y férreas que conecten la economía campesina con los mercados del país y del mundo.
- En seguridad y paz, propone completar la implementación del Acuerdo de La Habana de 2016 —siendo el próximo gobierno el último en el cronograma acordado— y avanzar en las negociaciones con el ELN. Un elemento central es la "transformación de los territorios" y la sustitución de economías ilícitas por economías productivas, en el marco de una revolución agraria.
El candidato afirma que, si llega a la Presidencia, su primera medida sería "convocar la preparación del diálogo nacional" desde mayo próximo, buscando consensos en temas como "la paz, la seguridad, el problema del narcotráfico y las economías ilícitas, la necesidad de una reforma agraria". Este diálogo podría materializarse a través de una Asamblea Constituyente con límites y agenda determinados, o mediante decisiones legislativas o medidas ejecutivas.
En política exterior, Cepeda ha manifestado posiciones críticas hacia la injerencia estadounidense en la región. En un acto en Madrid el 7 de enero pasado, rechazó cualquier forma de agresión o injerencia y sostuvo que este tipo de acciones vulneran la paz regional, el derecho internacional y la estabilidad económica de América Latina, agregando que "no somos una colonia ni un protectorado". Advirtió sobre la reactivación de la Doctrina Monroe, bajo el "corolario Trump", que califica a América Latina como un espacio de dominación estratégica y amenaza la soberanía regional.
En aquella ocasión lanzó un contundente llamado a la conformación de un gran movimiento global para enfrentar lo que calificó como una “internacional neofascista" y sostuvo que "derrotar el neofascismo no es una consigna, es una condición para preservar la vida". Esta postura anticipa una política exterior de marcado carácter antiimperialista y de solidaridad latinoamericana, con potenciales implicaciones para las relaciones con Venezuela y otros países vecinos en caso de llegar a la Presidencia.
Tras el triunfo del PH en las elecciones legislativas del pasado 8 de marzo, lanzó un mensaje a sus adversarios:
"Hoy comienza nuestro segundo tiempo. Con una bancada fuerte y comprometida, iniciaremos una nueva etapa de transformaciones. Profundizar los cambios, se lo decimos a nuestros adversarios, no es ningún extremismo, ni significa dividir al país, significa hacerlo apenas más justo, más próspero y más humano".
Su candidatura es, en sí misma, un plebiscito sobre la memoria histórica, la justicia y el modelo de sociedad que Colombia quiere construir, con repercusiones ineludibles para el equilibrio político de toda América del Sur.