"Estados Unidos está cumpliendo su destino como pacificador, pero es una paz que se logra mediante la fuerza": esto lo dijo Donald Trump en su discurso ante las Naciones Unidas en septiembre de 2020.

Aquel mensaje, inspirado en la doctrina de Ronald Reagan de alcanzar la paz por medio de la fuerza, sintetizaba la esencia de su visión para este nuevo mandato.

Así, a finales de octubre de 2025, el presidente estadounidense anunció por Truth Social la reanudación de las pruebas de armas nucleares, justificando la medida con los programas de ensayo desarrollados por Rusia y China.

"Estados Unidos posee más armas nucleares que cualquier otro país. Esto se logró, incluyendo una completa modernización y renovación del arsenal existente, durante mi primer mandato. Rusia ocupa el segundo lugar, y China un distante tercer puesto, pero la situación se igualará en cinco años. Debido a los programas de pruebas de otros países, he ordenado al Departamento de Guerra que comience a probar nuestras armas nucleares en igualdad de condiciones. Este proceso comenzará de inmediato".

Con ese anuncio, Trump dejó claro que la administración estaba dando un giro importante a la política de disuasión o de guerra nuclear estadounidense.

excusas

La declaración generó confusión sobre si se trataba de pruebas explosivas (detonaciones reales) o de simples simulaciones técnicas. Consultado por la prensa, el propio Trump evitó ofrecer precisiones.

Días después, el secretario de Energía, Chris Wright, aclaró el aparente alcance de la orden presidencial durante una entrevista con Peter Doocy en el programa The Sunday Briefing de Fox News. "Creo que las pruebas de las que estamos hablando ahora son pruebas de sistema. No son explosiones nucleares. Son lo que llamamos explosiones no críticas", explicó Wright.

El funcionario subrayó que las pruebas no se parecerán a las últimas realizadas por Estados Unidos en 1992, cuando se detonaron armas nucleares bajo el desierto de Nevada.

Por ello, precisó que los ensayos actuales estarían enfocados en evaluar sistemas y componentes de las ojivas, así como el rendimiento de los materiales nucleares, sin provocar reacciones de fisión.

La aclaratoria del secretario fue fundamental, ya que el Departamento de Energía (DOE, sus siglas en inglés), a través de la Administración Nacional de Seguridad Nuclear (NNSA, sus siglas en inglés), es la agencia responsable de supervisar, mantener y realizar las pruebas del arsenal nuclear estadounidense.

Aunque Trump aludió al Departamento de Guerra, la estructura real de control y ensayo nuclear recae en el DOE, no en el Pentágono.

Este organismo civil dirige los laboratorios nacionales de Los Alamos, Lawrence Livermore y Sandia, donde se desarrolla la investigación nuclear y se realizan simulaciones avanzadas del arsenal.

No obstante, en la misma línea, el jefe del Pentágono, Pete Hegseth, sostuvo que la reanudación de las pruebas contribuiría a "reducir" la probabilidad de una guerra nuclear, afirmando que una capacidad probada y actualizada refuerza la disuasión estratégica.

Hegseth ofreció estas declaraciones durante una conferencia de prensa junto al secretario general de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), Kao Kim Hourn, donde defendió la medida como un paso "necesario para preservar el equilibrio global de poder".

Por su parte, el vicepresidente J.D. Vance calificó las pruebas como un elemento esencial de la seguridad nacional, argumentando que "una nación nuclearmente preparada es una nación que disuade agresiones".

La reanudación de las pruebas de armas nucleares estadounidenses podría tener implicaciones de seguridad muy negativas para Estados Unidos, a menos que se demuestre de forma concluyente que existe una necesidad técnica o de seguridad absoluta. Claro está, en el caso hipotético de que la administración Trump quiera aparentar respetar cierta legalidad.

De hecho, sobre aquello, durante los últimos 27 años el administrador de la NNSA y los directores de los tres laboratorios nacionales han certificado anualmente, tras extensas revisiones, que "no existe ninguna razón técnica para realizar ensayos nucleares explosivos".

Ese consenso técnico ha sido la columna vertebral de la moratoria decenal que mantuvo al país fuera de las detonaciones desde 1992.

Frente a ese marco técnico, el principal impulsor intelectual de la reapertura del debate no es un científico sino un asesor político: Robert C. O'Brien, exconsejero de Seguridad Nacional de Trump en la primera administración y hoy es miembro del Consejo Asesor de Inteligencia del Presidente.

O'Brien ha defendido públicamente la necesidad de reanudar ensayos y capacidades asociadas por motivos esencialmente políticos y estratégicos. Sus argumentos sostienen que si China y Rusia se niegan a negociar de buena fe, Washington debe reforzar su posición no solo modernizando el arsenal, sino también recuperando capacidades industriales y de prueba que envíen una señal de poder en la mesa de negociación.

En ese sentido, O'Brien llegó a proponer incluso la reanudación de la producción de isótopos fisibles, uranio‑235 y plutonio‑239 como parte de una estrategia de presión.

Esa línea de pensamiento muestra la lógica política del presidente estadounidense que trata de usar la demostración material de capacidad como palanca negociadora y disuasiva. Pero choca de frente con la evaluación técnica y con el riesgo estratégico.

En resumen, este tipo de decisiones lo que hacen es aumentar la probabilidad de error político y de escalada recíproca.

Trump siempre genera reacciones

En una entrevista con CBS, el mandatario estadounidense aseguró que países como "Rusia, China, Pakistán e incluso Corea del Norte están realizando pruebas a gran profundidad bajo tierra, donde la gente realmente no sabe lo que está sucediendo". Sin embargo, como suele hacer, no presentó evidencia verificable que respaldara tales afirmaciones.

Ante el anuncio, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, señaló que el presidente estadounidense "debería ser informado correctamente" sobre la naturaleza de los ensayos rusos, recordando que los sistemas Burevestnik y Poseidón, mencionados por Trump, se encuentran en fases de validación tecnológica, no de pruebas nucleares detonativas.

Por otro lado, la Organización de las Naciones Unidas advirtió que los riesgos nucleares "ya eran alarmantemente altos" y que ningún país debía "aumentar la probabilidad de un accidente o un error de cálculo" mediante nuevas pruebas.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de China expresó su "seria preocupación" y exhortó a Washington a cumplir sus compromisos con el Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares (CTBT).

En la esfera doméstica, las divisiones políticas fueron evidentes, pues los demócratas en el Congreso cuestionaron el retorno a la lógica de la Guerra Fría. La senadora Jacky Rosen, representante del estado de Nevada, donde se realizaron las últimas detonaciones estadounidenses en 1992, declaró: "No hay ninguna razón en el mundo para volver a realizar pruebas con explosivos. Haremos todo lo posible para detenerlo".

Otros líderes demócratas calificaron la medida como un acto de temeridad con consecuencias globales, advirtiendo que podría "abrir la puerta a una reacción en cadena de proliferación nuclear". El gobernador de California, Gavin Newsom, fue aún más duro al describir la decisión como "una señal de debilidad disfrazada de fuerza", y añadió que Trump "ni siquiera sabe qué agencia es responsable de estas pruebas", recordando que corresponde al Departamento de Energía y no al Pentágono.

El nuevo START

Este asunto también debe entenderse dentro del marco del Nuevo Tratado de Reducción de Armas Estratégicas (Nuevo START), firmado en 2010 y prorrogado hasta febrero de 2026. Este acuerdo impone límites de 1.550 ojivas estratégicas desplegadas y 700 misiles balísticos intercontinentales o lanzados desde submarinos, además de establecer un régimen de inspecciones in situ y verificación satelital.

Aunque el tratado no prohíbe las pruebas subcríticas ni las defensas antimisiles, sí funciona como pilar del control de armamento entre Washington y Moscú. Sin embargo, en 2023, Rusia suspendió su participación porque Estados Unidos había bloqueado inspecciones recíprocas.

Entonces, la decisión de Trump de reanudar las pruebas parece un paso más hacia la erosión del marco legal. La eventual expiración del START en febrero de 2026 abriría la puerta a un escenario sin reglas, donde Estados Unidos mediría su arsenal sin mediaciones ni auditorías internacionales.

Pero, según informó la revista Newsweek, entre el 5 y el 6 de noviembre está programado el lanzamiento de un cohete Minuteman III desde la Base de la Fuerza Espacial de Vandenberg, en California, con destino al área de pruebas en las Islas Marshall, en el Pacífico central.

El ejercicio, que replicará la trayectoria de una prueba anterior de mayo, cubriría cerca de 6.700 kilómetros y ha motivado el establecimiento de zonas de exclusión aérea y marítima a lo largo de su ruta.

El Minuteman III, columna vertebral del arsenal nuclear estadounidense, tiene un alcance superior a 9.600 kilómetros. Actualmente, la Fuerza Aérea mantiene 400 misiles en silos repartidos en Colorado, Montana, Nebraska, Dakota del Norte y Wyoming. Aunque operan con una sola ojiva cada uno, el diseño permite portar hasta tres.

En menos de un año de administración, Trump ha demostrado la poca observancia de los acuerdos internacionales y del marco legal existente.

El costo de los ensayos

Esta decisión tiene un componente económico de gran relevancia, debido a que cada prueba nuclear estadounidense moderna se estima en más de 100 millones de dólares, cifra que puede incrementarse según la escala y complejidad del ensayo.

La reactivación de un programa de pruebas a gran escala no solo implicaría esos costos directos, sino que también exigiría una inversión considerable para reconstruir la infraestructura de pruebas, deteriorada tras más de tres décadas de inactividad, y recuperar la experiencia técnica perdida desde la última detonación en 1992.

Históricamente, Estados Unidos llevó a cabo más de 1.000 ensayos nucleares antes de la moratoria de 1991, un volumen que ni Rusia ni China alcanzaron en su programa nuclear.

Según el Bulletin of the Atomic Scientists, entre 1940 y 1996, la inversión total en el programa nuclear estadounidense ascendió a un mínimo de 5,5 billones de dólares, sin contar gastos adicionales para almacenamiento y eliminación de residuos tóxicos y radiactivos (estimados en 320 mil millones de dólares), ni el desmantelamiento de sistemas y materiales sobrantes (otros 20 mil millones).

Tomando en cuenta estos factores, el costo acumulado del programa nuclear supera los 5,8 billones de dólares.

Para dimensionar el peso de esta inversión, los 5,5 billones gastados hasta 1996 representaron el 29% del gasto militar total de ese período (18,7 billones de dólares) y casi el 11% del gasto público total hasta entonces (51,6 billones de dólares).

Durante estas décadas, Estados Unidos destinó en promedio casi 98 mil millones de dólares anuales al desarrollo y mantenimiento de su arsenal nuclear.

A futuro, la proyección de costos sigue siendo igualmente significativa. Según Daryl G. Kimball, de la Arms Control Association, la Oficina de Presupuesto del Congreso calculó que, entre 2025 y 2034, operar, mantener y modernizar las fuerzas nucleares existentes y adquirir nuevas capacidades costará 946 mil millones de dólares, es decir, aproximadamente 95 mil millones de dólares por año.

Esta estimación supera en 25% (190 mil millones de dólares) la proyección anterior, que cubría 2023‑2032, y no incluye los sobrecostos del nuevo programa de misiles balísticos intercontinentales Sentinel, que podría ascender a otros 63 mil millones de dólares.

En suma, la decisión de Trump no solo tiene implicaciones políticas y estratégicas, sino que también abre un enorme desafío económico y ambiental, con un gasto potencial comparable al de décadas de desarrollo nuclear acumulado y con riesgos que podrían prolongarse durante generaciones.

Esto convierte la medida en un asunto de política pública de alta complejidad, más allá de cualquier justificación de disuasión o de competencia geopolítica.

Si la administración Trump llegara a ejecutar plenamente estas pruebas nucleares, el escenario global se tornaría altamente volátil. Otros países con capacidades nucleares consolidadas tendrían el derecho, bajo la lógica de defensa propia, de replicar estas acciones para garantizar su seguridad.

Esto desencadenaría el riesgo de escalada en un mundo donde la historia ya recuerda que Estados Unidos es el único país que ha usado armas nucleares contra población civil.