Vie. 11 Octubre 2024 Actualizado 2:37 am

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El presidente español Pedro Sánchez pospuso el reconocimiento de Edmundo González, a pesar de la solicitud del congreso (Foto: ABC España)

El disparo fallido del Congreso español contra Venezuela

El gobierno de España parecer haber optado por una estrategia de cautela en el contexto de la reciente Proposición no de ley del Partido Popular que busca presionar por el reconocimiento ilegal de Edmundo González como supuesto vencedor de las elecciones presidenciales en Venezuela, en una maniobra de desconocimiento a los resultados emitidos por el CNE que dieron como ganador a Nicolás Maduro. 

Frente al movimiento de la derecha española en el Congreso, la ministra portavoz del gobierno, Pilar Alegría, y el presidente Pedro Sánchez, en medio de su visita a China, confirmaron la intención del Ejecutivo de esperar una postura común dentro de la Unión Europea antes de tomar decisiones unilaterales.

Sánchez ha exigido la "publicación de las actas electorales", reafirmó la decisión de no reconocer la victoria del presidente Nicolás Maduro y enfatizó la necesidad de un "margen de mediación" hasta finales de año "para que podamos encontrar una salida que vehicule la voluntad democrática expresada en las urnas". Con lo del margen de mediación Sánchez se está refiriendo, en realidad, al resultado de los comicios presidenciales en EE.UU. en noviembre y cómo España actuaría si gana Trump o Harris.

El mandatario español también defendió la concesión de asilo a González como un "gesto de humanidad", ante las críticas de sectores extremistas en Venezuela y España que cuestionan los acuerdos alcanzados con el gobierno de Maduro para este proceso.

Iniciativa sin fuerza legal vinculante 

Tras la llegada de Edmundo González a España el 8 de septiembre, el Congreso de ese país debatió y aprobó el día de hoy una Proposición no de Ley instando al gobierno a reconocerlo como "presidente electo de Venezuela" y solicitando, entre otras medidas, promover sanciones contra Venezuela.

La Proposición, presentada por el Partido Popular (PP) en agosto, fue debatida el 10 de septiembre en la Cámara Baja y fue aprobada al día de hoy por 177 votos a favor, 164 en contra y una abstención.

El resultado ha sido un reconocimiento simbólico a González como "presidente electo" desde el Congreso. 

El enfoque mediático internacional que rodea esta acción la presenta como un hito crucial en el reconocimiento de España hacia González. Los medios destacaron la presencia de su hija en la Cámara, junto a los prófugos de la justicia venezolana Antonio Ledezma y Leopoldo López, así como la concentración convocada por María Corina Machado para los migrantes venezolanos en Madrid.

Sin embargo, en la legislación española una Proposición no de Ley es una iniciativa parlamentaria sin fuerza legal vinculante para el gobierno. Su función principal es reflejar la postura de un partido o grupo parlamentario, y fomentar el debate y la acción política pero sin generar obligaciones legales para el Ejecutivo.

Durante la discusión, el Congreso fue testigo de las discrepancias entre los grupos parlamentarios. Si bien tanto el PP como el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) se oponen al gobierno del presidente Maduro y se niegan a reconocer la legitimidad de los resultados del 28 de julio, existe una divergencia en el abordaje hacia la situación específica de Edmundo González.

El PP, a diferencia del PSOE, aboga por reconocerlo como ganador de los comicios. Esta postura es apoyada por el partido de ultraderecha Vox, Unión del Pueblo Navarro (UPN), Coalición Canaria y el Partido Nacionalista Vasco (PNV), cuyo respaldo final fue clave para la votación.

En su intervención en el debate, Cayetana Álvarez de Toledo, diputada del PP, presentó la moción como una respuesta desde España a la "represión en Venezuela", y consideró el asilo dado a Edmundo González Urrutia como una "operación diseñada por la dictadura, organizada por Zapatero y facilitada por el Gobierno de España". Esto implica una contradicción abierta con los pedidos del propio PP para que Pedro Sánchez tuviera un papel más activo en la controversia postelectoral en Venezuela. 

El PSOE, por su parte, rechazó la iniciativa del PP por tres razones:

  1. Falta de reconocimiento internacional: ningún país de la UE ha reconocido a González como presidente electo, y la UE no ha mostrado intención de hacerlo.
  2. Precedente con Juan Guaidó: la vía que propone el PP ya fue transitada con Juan Guaidó, sin obtener resultados prácticos.
  3. Posible obstáculo a la negociación: el reconocimiento de González podría entorpecer las negociaciones para una solución a la situación en Venezuela.

La diputada Cristina Narbona criticó la postura del PP e instó a evitar que "los venezolanos sean una vez más el ariete del Partido Popular contra cualquier cosa que haga el gobierno de Pedro Sánchez".

El PP, al tiempo que presiona por una postura más agresiva hacia el gobierno venezolano, busca debilitar el de Sánchez en el contexto general de la política española.

Si bien esta iniciativa solo posee un valor simbólico, funciona como un arma narrativa para el PP porque le permite atizar las divergencias dentro de la coalición gobernante, como sucedió con la obtención del apoyo del PNV, socio parlamentario del PSOE que siempre se ha caracterizado por el oportunismo.

Por su parte el presidente Sánchez, al reafirmar su postura poniendo de manifiesto las contradicciones del PP en sus intentos de ejercer presión sobre el Ejecutivo, mantiene el control sobre los criterios que guian la respuesta de su gobierno ante el tema venezolano.

Inicialmente, el PP exigió al gobierno que concediera asilo a Edmundo González basado en el argumento de que corría peligro en Venezuela. Sin embargo, tras el otorgamiento del mismo algunos miembros del PP, como la diputada Cayetana Álvarez, criticaron la decisión mediante el alegato de que beneficiaba al mandatario venezolano.

La contradicción interna del partido se hizo más evidente cuando Alberto Núñez Feijóo, líder del partido conservador, declaró que habría tomado la misma decisión que el Gobierno.

"Cuando escucho a la oposición, es lo de siempre, decir que no a todo lo que haga el Gobierno, como sea y donde sea. Si asilamos es porque asilamos, si no asilamos es porque no. Quedan desnudos en su incongruencia”.

Reticencia europea a un Guaidó 2.0 

El resultado de la Proposición del PP en España se presenta como antesala al debate que el Europarlamento llevará a cabo la próxima semana en Estrasburgo, cuando se plantea votar por una resolución para reconocer a Edmundo González como "presidente electo", en su primer pleno tras los comicios europeos. 

Varios grupos políticos, entre ellos el Partido Popular Europeo, Renovar Europa, Grupo de los Conservadores y Reformistas Europeos, y parte de la Alianza de Socialistas y Demócratas (S&D), han solicitado la inclusión de este tema en el orden del día, con un debate programado para el martes que contará con la participación del alto representante de la Unión, Josep Borrell, y una votación de resolución el jueves.

Hasta ahora la postura oficial de la Unión Europea se alinea con la del gobierno español: rechaza la victoria del presidente Maduro pero también desestima la demanda de los sectores de oposición que exigen el reconocimiento de Edmundo González como presidente electo, y se mantiene en la solicitud de la "publicación de las actas".

El fracaso de la experiencia Guaidó es demasiado reciente para que Europa se sienta confiada en repetir una táctica similar, más aun cuando los actores encargados de implementar este escenario, tanto dentro como fuera de Venezuela, exhiben mayores signos de rápido agotamiento en apoyarla que los observados durante el primer intento de establecer un gobierno paralelo. El supuesto candidato vencedor decidió abandonar el país y desmarcarse, por ahora, de la agenda golpista de María Corina Machado. 

Las operaciones conjuntas de Repsol en Venezuela son un aspecto fundamental de la postura cautelosa adoptada por el gobierno español. La compañía española posee 40% de la empresa mixta Petroquiriquire, en asociación con PDVSA, que recientemente amplió sus capacidades de producción y extensión del área geográfica para su operatividad en el territorio venezolano.

Elementos como este sugieren que en el contexto europeo, incluso latinoamericano, una estrategia más pragmática ofrece mayores ventajas, en contraste con los intentos de aislamiento internacional que tuvieron repercusiones económicas más allá de Venezuela, y que no lograron cristalizar el esperado cambio de régimen. 

De esta manera, aumentan los indicios de que el enfoque momentáneo de la "comunidad internacional" y la estrategia radical de María Corina Machado no terminan de ser del todo compatibles. Se tiende a favorecer un abordaje que equilibre los intereses estratégicos al otro lado del Atlántico, aunque ello no suponga que los esfuerzos por reanimar la operación de cambio de régimen hayan cesado definitivamente. 

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