Stephen Miller es una de las figuras más cercanas a Donald Trump y el principal ideólogo de su política migratoria.

Esa proximidad no solo le ha garantizado influencia sino también presencia constante en el centro del poder. Tras la destitución de Mike Waltz como asesor de seguridad nacional, Bloomberg lo incluyó entre los nombres considerados para el cargo, junto con Richard Grenell y Sebastian Gorka.

Aunque finalmente no fue elegido, Trump lo descartó en una entrevista con NBC News alegando que ese puesto sería una "rebaja" para Miller: "Stephen está mucho más arriba en la jerarquía".

La frase no solo lo ubica en un lugar privilegiado dentro del círculo presidencial sino que confirma que su rol supera, incluso, los cargos formales.

Miller tiene experiencia tanto en el diseño de políticas punitivas durante la primera administración de Trump como —esta vez junto con Tom Homan, el llamado "zar de la frontera", y Kristi Noem, como secretaria de Seguridad Nacional— en el triunvirato migratorio que impulsa una agenda de exclusión sin contrapesos institucionales claros.

Sus medidas ya han tenido efectos visibles a escala local e internacional, y su regreso como Subdirector de Gabinete para Políticas y asesor principal en materia migratoria marca la reactivación de la línea más dura del trumpismo en este segundo mandato.

¿Suspender el habeas corpus?

Miller ha vuelto a generar titulares al sugerir públicamente que el gobierno de Trump está considerando suspender el habeas corpus.

Este principio constitucional garantiza a toda persona detenida el derecho a comparecer ante un juez y cuestionar la legalidad de su detención. Es, en esencia, un freno al poder de la Casa Blanca para encarcelar sin control judicial.

"El privilegio del habeas corpus puede suspenderse en caso de invasión", declaró Miller el 9 de mayo frente a la Casa Blanca. "Diría que es una opción que estamos considerando activamente. Mucho depende de si los tribunales hacen lo correcto o no".

Sus declaraciones se inscriben en una narrativa antiinmigrante que califica los flujos migratorios como una "invasión", lo que permitiría activar medidas excepcionales. Bajo ese argumento, la administración ha intentado aplicar la Ley de Enemigos Extranjeros para ejecutar detenciones y deportaciones rápidas sin supervisión judicial.

Sin embargo, la Corte Suprema en una reciente decisión rechazó el uso de procedimientos acelerados que privaban a los detenidos de su derecho al debido proceso, cuestión que ha sido criticada por Miller acusando de obstruir la agenda del gobierno.

La hostilidad de Miller hacia el poder judicial no es nueva ni aislada. Viene de un plan más amplio, diseñado desde los primeros años del gobierno de Trump, para debilitar los contrapesos institucionales y consolidar el poder ejecutivo en materia migratoria.

El estadounidense ha sido una figura clave en la construcción de esta estrategia, que incluye la nominación de jueces, la reinterpretación agresiva de leyes migratorias y la limitación deliberada del escrutinio judicial.

En síntesis, las declaraciones de este asesor no solo evidencian un choque con el poder judicial sino una ofensiva planificada para implementar la agenda MAGA.

Miller, el artífice

Miller es conocido por ser el arquitecto de las políticas migratorias más restrictivas del primer gobierno de Trump. Entre ellas destacan la separación de familias en la frontera, la reducción drástica de admisiones de refugiados, el apoyo a la construcción del muro fronterizo, la creación de obstáculos al asilo y la redacción de la primera orden ejecutiva que prohibía el ingreso de ciudadanos de varios países, incluidos Venezuela, Irán y Siria.

Egresado de la Universidad de Duke, desde sus años como estudiante se identificaba con posturas nativistas. Su carrera política comenzó en la Cámara de Representantes con figuras como Michele Bachmann y John Shadegg, pero se consolidó en el equipo del senador Jeff Sessions, donde ejerció como director de comunicaciones. Junto a Sessions, Miller se opuso frontalmente a la reforma migratoria bipartidista de 2013, lo cual anticipó el giro radical que adoptaría el Partido Republicano tras la derrota de Mitt Romney.

Mientras los sectores moderados del partido reconocían la necesidad de acercarse al electorado latinoamericano, por ejemplo Miller promovía una lectura inversa: radicalizar el discurso antimigrante para galvanizar a los votantes blancos de clase trabajadora. Esta estrategia, más que ideológica, ha sido instrumental en el ascenso del trumpismo.

Durante la campaña de Trump en 2020 Miller presentó cuatro líneas estratégicas para reformar el sistema migratorio: restringir el asilo, prohibir las "ciudades santuario", ampliar las restricciones de viaje y reducir el otorgamiento de visas de trabajo.

Estas prioridades siguen vigentes en la plataforma política de 2025, con énfasis en la desregulación interna que le permite operar sin filtros institucionales.

El exsecretario de Defensa, Mark Esper, relató en sus memorias episodios que ilustran el estilo de Miller: propuestas de movilización militar a la frontera para enfrentar caravanas migrantes y solicitudes de acciones que bordeaban el uso de fuerza letal, sin respaldo jurídico ni estratégico.

Estas acciones revelan no solo una visión estricta de la migración como amenaza sino también un patrón de comportamiento autoritario.

Actualmente Miller dirige la organización America First Legal, plataforma desde la cual promueve una narrativa de "discriminación inversa" que busca posicionar al votante blanco como víctima de las políticas demócratas. En 2022 esta organización financió campañas radiales en las que se denunciaban supuestas políticas de exclusión contra ciudadanos blancos, lo cual tributa a una línea ideológica racializada.

Respecto a Venezuela, Miller ha reforzado el discurso sobre la criminalización de los migrantes venezolanos.

Tras el pasado debate presidencial declaró ante la prensa que "la criminalidad ha bajado en Venezuela porque los criminales están llegando a Estados Unidos", y aseguró que la tasa delictiva en ese país se ha reducido "más de 60%".

Sin embargo, al ser cuestionado por el periodista José María del Pino (NTN24) sobre si confiaba en las cifras oficiales del gobierno venezolano, Miller evitó responder en varias ocasiones y, visiblemente alterado, terminó elevando la voz para insistir en que los "criminales vienen desde Venezuela". Su negativa a aclarar si respaldaba los datos de una administración que él mismo ha criticado en otros contextos refuerza el uso político y selectivo de cifras para sustentar una retórica antiinmigrante.

A diferencia de otros actores republicanos con inclinación intervencionista o progeopolítica, Miller no se enfoca en la política exterior. Su agenda está centrada en la política doméstica, pero con efectos extraterritoriales concretos: la migración venezolana en Estados Unidos ha sufrido las consecuencias, violatorias de los derechos fundamentales de cualquier ciudadano en el mundo, de su constructo político, al mejor estilo MAGA 2.0.

En definitiva, Miller no necesita un cargo formal para ejercer poder: su verdadera influencia reside en el primer anillo de confianza de Donald Trump. Desde allí, es el ideólogo de una cruzada contra la migración y se proyecta como eje central del trumpismo en su segundo mandato.