En los últimos años, la política exterior de Estados Unidos ha incorporado de forma cada vez más explícita el control de los flujos energéticos como una herramienta central de presión geopolítica. Sanciones, bloqueos comerciales, condicionamientos financieros y, en casos extremos, acciones militares abiertas han sido articuladas en torno a un mismo objetivo: impedir que países considerados adversarios utilicen sus recursos energéticos de manera soberana y al margen del sistema dominado por Washington.

Ese es el eje que recorre el artículo "Cómo Washington usa la energía como arma", del economista Michael Hudson, donde se examina la forma en que el comercio mundial de petróleo y gas ha sido progresivamente militarizado y subordinado a un conjunto de reglas no escritas que sostienen el orden internacional promovido por Estados Unidos.

La energía como instrumento de coerción geopolítica

La gestión del petróleo se ha ido convirtiendo en un mecanismo de presión capaz de condicionar decisiones económicas, diplomáticas y de seguridad en países considerados estratégicos o adversarios.

"El control del petróleo es uno de sus métodos clave para lograr un control unipolar sobre el amplio comercio mundial y los acuerdos financieros dolarizados", señala el texto de Hudson, al describir cómo el acceso a la energía se transforma en una palanca de poder que permite a Washington inducir crisis económicas, desindustrialización o dependencia externa. En ese esquema, no se trata únicamente de asegurar el suministro propio, sino de decidir quién puede comerciar, con quién y bajo qué condiciones.

El análisis subraya que todas las economías modernas dependen del petróleo y el gas para sostener su funcionamiento básico, desde la producción industrial hasta el transporte y la generación de alimentos. Esa centralidad convierte a la energía en un "cuello de botella" deliberadamente administrado. "Estados Unidos puede hundir las economías de dichos países en el caos cortándoles el acceso al petróleo", afirma el artículo, describiendo una lógica de coerción que opera incluso sin necesidad de intervención militar directa.

Esta estrategia se inscribe en un contexto en el que Estados Unidos ya no cuenta con los incentivos positivos que tuvo tras la Segunda Guerra Mundial, cuando su capacidad industrial y financiera le permitía atraer aliados mediante crecimiento y reconstrucción.

"El poder coercitivo estadounidense actual se sustenta principalmente en sus amenazas de causar daños y caos mediante la creación y explotación de cuellos de botella", se advierte.

Esta dinámica se conecta con el intento de frenar el surgimiento de bloques económicos alternativos, en particular aquellos articulados en torno a Eurasia y al eje China-Rusia. Desde esa perspectiva, impedir que países productores utilicen su energía como herramienta soberana de desarrollo o diplomacia constituye una prioridad estratégica. La posibilidad de que esos Estados comercialicen su petróleo fuera del sistema controlado por Washington es una amenaza directa al orden económico vigente.

El petrodólar y la subordinación financiera

El control del comercio energético se articula con un entramado financiero diseñado para reforzar la centralidad del dólar y canalizar hacia Estados Unidos los excedentes generados por la exportación de materias primas. Michael Hudson explica que este mecanismo es una de las bases del orden económico internacional impulsado por Washington desde los años setenta.

A partir de 1974, tras el aumento de los precios del petróleo por parte de la OPEP, se consolidó un acuerdo que convirtió al dólar en la moneda obligatoria del comercio petrolero. "El resultado fue la creación del mercado del petrodólar, que se convirtió en un pilar de la balanza de pagos estadounidense y, por ende, de la fortaleza del dólar", dice el texto. Bajo este esquema, los países exportadores venden su petróleo en dólares y reinvierten esos ingresos en activos financieros estadounidenses, desde bonos del Tesoro hasta depósitos bancarios.

Este circuito cumple una doble función. Por un lado, garantiza una demanda sostenida de dólares y financia los déficits estructurales de Estados Unidos. Por otro, limita la autonomía de los países productores, cuya estabilidad económica queda atada a un sistema financiero que no controlan. El artículo remarca que este patrón ha sido sostenido mediante presión diplomática y amenazas explícitas. En los años setenta, escribe Hudson, no reciclar los excedentes petroleros en activos estadounidenses "se consideraría un acto de guerra contra Estados Unidos".

La exigencia de privilegios en el comercio de materias primas aparece como una constante histórica. El texto recuerda el caso ilustrativo del derrocamiento de Salvador Allende en Chile. Aunque la nacionalización del cobre no implicaba pérdidas para las empresas estadounidenses, Washington exigía un derecho de preferencia sobre el suministro. Allende se negó por considerarlo una violación de la soberanía chilena, y esa negativa fue suficiente para sellar su destino. La lección que se desprende es clara: no se tolera que un país productor administre sus recursos sin conceder prerrogativas estratégicas a Estados Unidos.

En el caso venezolano, el artículo identifica dos factores particularmente sensibles. El primero es el suministro de petróleo a China, que cubre alrededor del 5% de sus necesidades energéticas. El segundo es el anuncio de Caracas de comenzar a fijar el precio de sus exportaciones en monedas distintas del dólar. "Esta libertad de Rusia y Venezuela para exportar petróleo ha debilitado la capacidad de los funcionarios estadounidenses para utilizar el petróleo como arma", afirma Hudson, explicando por qué estas decisiones fueron interpretadas como una amenaza al orden vigente.

La reacción estadounidense no se limita a sanciones o bloqueos, sino que incorpora mecanismos de apropiación indirecta de los ingresos. El artículo cita el anuncio reciente del Departamento de Energía, según el cual Venezuela podrá exportar petróleo bajo la condición de que "los ingresos se liquiden en cuentas controladas por Estados Unidos", y que su uso quede a discreción de la administración Trump. De esta manera, se permite el comercio solo en la medida en que refuerce la subordinación financiera.

La normalización de la coerción

En la fase final de su análisis, Michael Hudson sitúa el uso del petróleo en un marco más amplio: la sustitución del derecho internacional por un conjunto de normas no escritas definidas unilateralmente por Estados Unidos. Hudson sostiene que la política exterior estadounidense ya no busca compatibilizar sus acciones con la legalidad internacional, sino imponer un sistema en el que su propia definición de seguridad y conveniencia funciona de facto como ley efectiva.

"El orden basado en normas estadounidenses rige la economía mundial actual, no la Carta de las Naciones Unidas", señalando que esta arquitectura se impone mediante la capacidad de generar inseguridad en otros países, ya sea a través de sanciones, bloqueos comerciales, creación de cuellos de botella energéticos o, en última instancia, el uso directo de la fuerza.

Desde este ángulo, la noción de "legítima defensa" es un principio elástico que habilita la justificación de prácticamente cualquier acción. Washington invoca amenazas potenciales —reales o hipotéticas— para legitimar intervenciones preventivas, incluso en ausencia de un ataque efectivo. Se proyecta simultáneamente tanto como la potencia más poderosa del mundo como la más vulnerable, una combinación que le permite reclamar un derecho permanente a actuar primero.

El caso venezolano adquiere relevancia al condensar de forma particularmente clara esta dinámica. El ataque militar y el secuestro del jefe de Estado son una violación directa del Artículo 2(4) de la Carta de las Naciones Unidas, que prohíbe el uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de otro Estado. Sin embargo, esta contradicción no produjo fricción real dentro del sistema internacional dominado por Washington, dado que Estados Unidos conserva su capacidad de veto en el Consejo de Seguridad y puede desatender resoluciones adversas sin consecuencias prácticas.

"El principio operativo es simple", resume el artículo: "Son las normas estadounidenses las que sirven como ley efectiva a la que están sujetos otros países". Dentro de este esquema, la legalidad internacional queda subordinada a la correlación de fuerzas, y la soberanía se convierte en un atributo condicional. En palabras de uno de los asesores citados, "los países soberanos no obtienen soberanía si Estados Unidos quiere sus recursos".

Hudson vincula esta deriva con un cambio estructural en la posición global de Estados Unidos. A diferencia del período posterior a la Segunda Guerra Mundial, cuando podía atraer aliados mediante crecimiento económico, financiamiento y reconstrucción, hoy su capacidad de liderazgo descansa cada vez más en la coerción. "La influencia destructiva es la única herramienta política que le queda a una economía que se ha desindustrializado", relacionando la agresividad externa con el deterioro interno.

El resultado es un orden internacional crecientemente inestable, en el que la instrumentalización del petróleo, el vaciamiento del derecho internacional y la amenaza permanente del uso de la fuerza sustituyen a las reglas compartidas. La acción contra Venezuela debe entenderse como la manifestación más reciente de un modelo orientado a frenar, mediante la coerción, cualquier intento de autonomía económica, energética o monetaria que cuestione la primacía estadounidense.